Contamos ayer jueves en Hispanidad que la primera reunión entre el Ministerio de Trabajo y los Agentes Sociales para discutir la nueva 'Reforma Laboral' había acabado sin acuerdo. En concreto hubo dos reuniones, la primera para hablar del 'paripé' de la subida del Salario Mínimo, la segunda para poner sobre la mesa los posibles cambios en el subsidio por desempleo.
La última enfrenta a los socios de Gobierno, en concreto, a la Ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, y a la Ministra de Economía y Vicepresidenta Primera, Nadia Calviño.
La reforma del subsidio se debía haber llevado a cabo en 2022, pero ahora el tiempo apremia puesto que el Gobierno prometió a Bruselas hacerlo y de la reforma depende el cuarto desembolso de los fondos europeos.
Las propuestas de Trabajo y Economía están en las atípodas la una de la otra: Calviño defiende la modificación de la Ley de Saciones e Infracciones del Orden Social, para que las sanciones a los desempleados actuén como incentivos para buscar empleo y contra la economía sumergida, por ejemplo, quitándole el derecho a paro si el desempleado rechaza una oferta de empleo. Además, propone mantener el subsidio en los 480 euros actuales e introducir reducciones progresivas en el tercer y cuarto trimestre de cobro.
Por su lado, desde el Ministerio capitaneado por Díaz aseguran que no aceptará propuestas que supongan recortar ayudas. Quieren aumentar la prestación por desemplo de 480 a 600 en los primeros seis meses y superar los 500 en el segundo semestre, incrementarla para que llegue a más beneficiarios, hacer compatible su cobro con un empleo y aligerar la burocracia para que sea más fácil la gestión y el cobro. Díaz defiende que pueden pasar hasta 45 días hasta que desaparezca la inestabilidad de un nuevo trabajo, por lo que quiere que se compatibilice el nuevo trabajo con el cobro de la prestación durante ese tiempo, para mantener la protección en las fases iniciales a la reincorporación al mercado laboral.
Y ojo, recuerden que las prestaciones por desempleo ya suponen la segunda partida con más dotación de los Presupuestos dedicados a trabajo, después de las pensiones. Es decir, desde Moncloa se subvencionan paro y pensiones: así es más fácil gobernar.