Bronca en el Gobierno por el coronavirus: Iglesias exigió nacionalizar eléctricas e intervenir medios de comunicación, Calviño amenazó con dimitir y Calvo planteó cesarlo

La sesión vespertina del Consejo de Ministros que acabó decretando el Estado de Alarma en España se convirtió en una bronca monumental en la que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, puso al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, contra las cuerdas de la dimisión. O dimite él o nos vamos nosostros, fue el envite de la vicepresidenta económica, que rechaza las medidas de nacionalización de eléctricas e intervención de medios de comunicación que exige el líder de la formación morada y socio de Gobierno de Pedro Sánchez, quien además, y según fuentes parlamentarias, busca tomar el mando de la Sanidad privada y excepciones para las autonomías "históricas" en la aplicación del plan. (El Economista)

Justo cuando se cumplen dos meses desde que arrancara el Gobierno de coalición, la aprobación del decreto del estado de alarma a raíz de la crisis del coronavirus provocó el Consejo de Ministros más tenso entre PSOE-Podemos desde enero. La cita evidenció las fuertes discrepancias que continúan en el seno del Ejecutivo entre los sectores del PSOE más escépticos con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno socialista. Muestra de ello fue la filtración que difundió el equipo de la vicepresidenta primera Carmen Calvo a algunos medios de comunicación en la noche del sábado –cuando aún continuaban reunidos– de que el presidente Pedro Sánchez se estaba planteando la posibilidad de cesar a Pablo Iglesias como vicepresidente segundo. Aseguraba el equipo de Calvo que la ruptura del Gobierno de coalición era un debate que se estaba produciendo en Moncloa por el enfado del líder del Ejecutivo con su segundo ministro a causa de diferencias notables en como abordar la crisis del coronavirus. Otra muestra más; incidían en que Pablo Iglesias se había «saltado» la cuarentena, tras haber dado positivo la ministra de Igualdad en coronavirus, a voluntad propia, mientras que el propio líder morado aseguró que había sido Pedro Sánchez el que le pidió que asistiera presencialmente a Moncloa. (La Razón)

La mayoría de los españoles reprocha al Gobierno que haya tomado tan tarde las medidas para frenar el coronavirus. Son amplia mayoría también los que piensan que el Gobierno en coalición de PSOE y Podemos se ha visto desbordado por la crisis sanitarios y, a día de hoy, sigue tomando decisiones con retraso. Concretamente son un 62,5% los que creen que las medidas del Ejecutivo se están decidiendo tarde. La media en todos los tramos de edad de encuestados satisfechos con la capacidad de reacción del Gobierno es de un 29,2%. Más de la mitad cree que acabará contagiado y casi un noventa por ciento teme una crisis económica. El 68,5% se muestra partidario de ir más allá y aislar regiones como País Vasco y la Comunidad de Madrid. (La Razón)

Ferrovial entra en el AVE británico. La española, a través de Ferrovial Agroman, ha llegado a un acuerdo para incorporarse junto con BAM Nuttall al consorcio que integran la británica Kier y la francesa Eiffage, adjudicatario hace dos años de dos de los siete lotes de la línea de alta velocidad que conectará Londres con Birmingham. El valor de los contratos asciende a un total de casi 2.800 millones de euros. (El Economista)

Algunas de las grandes farmacéuticas, en muchos casos en alianza con organizaciones sanitarias y del mundo científico, están inmersas en la carrera de encontrar una vacuna. Aunque los expertos hablan de que serán necesarios entre 12 y 18 meses para que salga adelante, la secuencia genética del virus publicada por los científicos chinos ha alentado las esperanzas de que llegue en tiempo récord. (Expansión)

El real decreto publicado ayer en el BOE, por el que se declara el estado de alarma nacional en España para frenar al coronavirus, da al Gobierno amplios poderes sobre las empresas energéticas, entre ellas las petroleras (Repsol y Cepsa), eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) y operadores de infraestructuras (Red Eléctrica y Enagás). Todos son críticos para la seguridad nacional. El Gobierno vigilará de cerca su funcionamiento y que no aprovechen la situación para tensionar precios. (Expansión)

El Gobierno estará muy atento a posibles subidas de precios, explican fuentes cercanas al sector, y, de hecho, el real decreto de estado de alarma aprobado este sábado permitirá intervenirlos para garantizar el suministro de productos básicos. Es decir, que si la leche se disparase a precios prohibitivos, por poner un ejemplo, podrían fijar el coste de venta al público de la misma. Responsables del Ministerio de Consumo se reunieron con las organizaciones de consumidores el pasado viernes, entre otras cosas, para abordar este asunto. (El Mundo)

La semana que empieza hoy promete llevar al paro a centenares de miles de personas para quedar como una de las más negras en términos de presentación de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que se hayan registrado. Los despachos laboralistas y gestoras tienen ya listas las comunicaciones mientras los sindicatos se preparan para un aluvión masivo de consultas sobre los derechos de los trabajadores o los trámites para darse de alta en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que también ha cerrado sus oficinas por la pandemia. «Va a ser una avalancha», coinciden distintas fuentes. (El Mundo)

Numerosos expertos, organismos de análisis e instituciones oficiales han advertido de los efectos contradictorios de los incrementos del SMI para la creación de empleo. Ahora, con los datos del desempeño del mercado laboral de 2019 encima de la mesa –en los que ya se descuenta el impacto de la subida del 22% hasta los 900 euros– se puede concluir que el impulso al salario mínimo, completado este mismo año con otra subida del 5%, hasta los 950 euros, supone un golpe a la creación de empleo en los sectores menos cualificado y peor remunerados. Concretamente, este efecto ha generado, según Freemarket, un aumento del desempleo en el percentil de menor remuneración de entre el 1% y el 4% en regiones como Murcia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana. (El Economista)

La presidenta de Ciudadanos esquiva la crítica al Gobierno y aboga por la unidad frente a una crisis sanitaria, la del coronavirus, «sin precedentes». «Este virus no entiende de partidos, ni de ideologías ni de territorios». (ABC)

El ensayo de Can Ruti pretende acortar el tiempo en que un positivo infecta. (La Vanguardia)

En Cataluña, que tiene transferidas las competencias de prisiones al igual que el País Vasco, las rutinas de los presos del «procés» se mantienen, por ahora, inalterables. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat no ha suspendido los permisos de salida de Oriol Junqueras y el resto de dirigentes políticos y sociales condenados por su implicación en el «procés». (La Razón)