Cs, PNV y ERC aumentan sus exigencias sobre una última prórroga del estado de alarma ante la debilidad de Sánchez

Ciudadanos sólo se sentará a negociar si Sánchez plantea una prórroga de 15 días, como las anteriores, o de "un plazo razonable", que siempre sea menor de un mes. Fuentes de la dirección del partido explican que habría sido entendible proponer plazos del estado de alarma de un mes al comienzo de la crisis, pero no ahora, cuando estamos avanzando en la desescalada. uentes del Ejecutivo sostenían este lunes que con Cs las relaciones son "buenas", pero admitían que están hablando con "todos los que se han interesado", en referencia al PNV y ERC. Los dos han puesto como condición reforzar la capacidad de decisión de las comunidades en este proceso y han añadido sus propias peticiones. Otras fuentes del Gobierno confirman que se está realizando un esfuerzo por conseguir la abstención de ERC, lo que conduce a una ajustada suma, que pasaría por el voto a favor del PNV, PRC, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís y Más País (168 votos); y por la lotería final de que se abstengan los republicanos, que lo haga Cs o los dos a la vez. (El Mundo) (La vanguardia) 

Encuesta NC Report: La mayoría cree que prorrogar el estado de alarma es una merma de sus libertades. La mayoría piensa que el Gobierno ha abusado de esta situación, pese a que ha servido para frenar la pandemia. Un 45,4%, en contra de que el estado de alarma dure un mes. (La Razón)

Unánime rechazo empresarial a alargar el estado de alarma. Las patronales resaltan que el confinamiento resta hasta un 1% del PIB a la semana. (El Economista)

Según el barómetro de No Com para Expansión, el Ejecutivo sólo le inspira confianza al 34% de los encuestados, por detrás de los alcaldes (39%) y las comunidades autónomas (45%). “Hay un motivo por el que los ciudadanos desconfían del gobierno español y del francés, algo que no pasa en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Italia, a pesar de los fallos que ha habido”, explica Pierre Giacometti. “Francia y España tienen el mismo problema de imagen de gestión de crisis por falta de reacción, de transparencia y de adecuación del estado a la crisis sanitaria, como ponen de manifiesto la actuación tardía para mantener el 8-M o las elecciones municipales en Francia. Además, ha habido muchos cambios de criterio, como es el asunto de las mascarillas”. Es decir, que España no sólo retrasó el inicio el control de la pandemia para mantener las celebraciones del 8 de marzo, a las que varios ministros llamaron a acudir, lo que obligó a mantener otro tipo de eventos, sino que el Gobierno también mantuvo una política errática, desaconsejando medidas de prevención que después pensó que podían ser convenientes o, incluso, obligatorias como es el caso de las mascarillas. (Expansión)

El 47% de los ciudadanos ya está más preocupado por la crisis económica que por las consecuencias sanitarias del coronavirus, de acuerdo con una encuesta de No Com para EXPANSIÓN. “Es normal que persista el miedo al coronavirus, es la primera vez en varias generaciones en la que hay una amenaza de este tipo, aunque precisamente por eso la economía está muy ralentizada”, explica Pierre Giacometti, cofundador de la consultora No Com. Sin embargo, “dentro de un mes el impacto económico de la crisis va a ser mucho más visible. El miedo al virus va a bajar progresivamente, va a bascular más hacia el impacto económico”. (Expansión)

Según explicaron fuentes conocedoras del diseño de esta prestación, el cobro por parte de este primer grupo de 100.000 hogares se hará “de oficio”, sin necesidad siquiera de que tengan que hacer la solicitud. Esto podrá ser así porque se trata de familias a las que ya se tiene detectadas que cumplen los requisitos. En cuanto a los requisitos para solicitar la renta mínima que ya han trascendido está el tener al menos 23 años y acreditar ausencia de ingresos o rentas bajas (aún por determinar), incluyendo un “test de patrimonio neto”. Este test, según explicó ayer Escrivá, tendrá en cuenta los activos de la familia menos su deudas. Aunque de esta evaluación del patrimonio se excluirá la vivienda habitual hasta un determinado valor que aún no se ha concretado. Esto quiere decir que la ley fijará un valor medio de vivienda habitual por encima del cual, los propietarios quedarán fuera de esta ayuda asistencial, al entender la Administración que podría utilizar su vivienda como herramienta financiera para obtener ingresos necesarios para vivir en ausencia de otras rentas. (Cinco Días)

La renta mínima llegará a un tercio de lo prometido. El Gobierno ha adelantado un año la implantación de su prometida renta mínima vital, destinada a las familias más desfavorecidas. Sin embargo, la precipitación le ha llevado a dar palos de ciego y a errar en los cálculos sobre el número de beneficiarios e incluso en el marco normativo. Al final, las unidades familiares beneficiadas descienden drásticamente a un máximo de 325.000 en 2020, un tercio de lo prometido. (La Razón)

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, está dispuesta a seguir ayudando a los países más endeudados como España e Italia «sin pestañear», pero pide «generar un crecimiento sólido y sostenible» como solución a largo plazo. Defiende en una entrevista concedida a cuatro medios europeos, entre ellos EL MUNDO, la creación de un fondo europeo de recuperación «masivo» para ayudar a los países más afectados por el coronavirus. A su vez, pide «revisar el Pacto de Estabilidad» y recuerda que «no puede haber un fortalecimiento de la solidaridad financiera sin una mayor coordinación de decisiones». (El Mundo)

Las protestas contra Pedro Sánchez ya no son cosa de «los ricos» del barrio de Salamanca de Madrid, como de forma torpe trató de hacer creer Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso. Resulta que las protestas contra el presidente del Gobierno no solo se han extendido a distritos como el de Carabanchel y otros muchos de la ciudad -también a localidades como Galapagar y Alcobendas-, sino que alcanzan a ciudades como Córdoba, Logroño, Sevilla, Pamplona y Zaragoza, con distinta intensidad y sin llegar en ningún caso a cifras importantes de congregados. «Pero la marea se extiende, y quien no lo quiera ver se equivoca», dicen las fuentes consultadas. (ABC)

Un grupo discreto de «patriotas» con «valores íntegros» organiza las protestas diarias contra Sánchez. Unas protestas que los vecinos califican de «espontáneas» y que desde el pasado 15 de mayo se engloban bajo el movimiento Resistencia Democrática. ¿Pero quién conforma este movimiento? «Un núcleo reducido de patriotas, gente con formación y con valores íntegros». Ésa es la definición que hace María Luisa Fernández, coordinadora y portavoz del movimiento, que no da nombres concretos por «mantener la privacidad» pero incide en que «el fondo es el patriotismo». Ella es abogada, analista de defensa y de ascendencia militar. Otro punto común, el linaje militar, que se repite entre varios organizadores, según fuentes de ese movimiento que no quieren revelar su identidad. «Esto es un movimiento de ciudadanos con valores e independiente de partidos políticos que lucha por la libertad», coinciden. Dentro de ese núcleo, un grupo de «tres o cuatro personas» se encargan de la impresión de las cartelerías contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (El Mundo)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha concedido la autorización que había pedido Vox para celebrar manifestaciones en las cuatro capitales catalanas el próximo 23 de mayo. El ministerio considera que en esas concentraciones no se hubiera podido garantizar el derecho a la salud de los manifestantes. Fuentes del ministerio explican que en estas convocatorias colisionan dos derechos fundamentales, el de manifestación y el derecho a la salud. Y añaden que, tras estudiar las peticiones de Vox, se ha optado por priorizar el derecho a la salud, ya que los convocantes “no indicaban el número máximo de asistentes ni daban garantías sanitarias para los propios manifestantes”. (La Vanguardia)

Presenta hoy un segundo sondeo encargado a la empresa Intercampo sin concurso. La entidad trabaja para la «Fundación Sistemas», presidida por él mismo y afín al PSOE. (La Razón)

Los especialistas destapan que el modelo adquirido no es apto para enfermos críticos de Covid-19. Cada uno costó 1.010 euros y Sanidad justificó su compra para dotar de ventiladores a estas unidades. (La Razón)

Sanidad solo entrega a las comunidades el 12 por ciento de las mascarillas adquiridas. La gestión del material de protección para hacer frente al coronavirus sigue siendo uno de los principales agujeros en la actuación del Gobierno de Sánchez durante toda la crisis. Desde que se instauró el mando único con el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el Ministerio de Sanidad ha firmado diversos contratos para adquirir 821 millones de mascarillas, ante el déficit claro que existía en España sobre todo entre los profesionales sanitarios y en las farmacias. De esa cantidad solo ha entregado a las comunidades autónomas poco más de 100 millones de unidades, es decir un 12,2 por ciento del volumen global, según los datos ofrecidos por el ministro en su última comparecencia en la Comisión de Sanidad. (ABC)

Catedrático de Inmunología de la UVA. Vocal de la Sociedad Española de Inmunología, insiste en que «la pandemia no ha terminado» y llama a «mantener el distanciamiento social y la higiene» hasta que llegue la vacuna para prevenir o los tratamientos eficaces para curar. "Los epidemiólogos calculan que para estar protegidos necesitaríamos una tasa de inmunidad del 50% o 60%, lo que permitiría evitar que se propague un nuevo foco. Para llegar a eso hay dos caminos: la infección natural, es decir, que se vaya infectando la gente, o la vacunación. Con la tasa de muertes que está dejando esta primera oleada yo no pensaría en llegar a esa tasa con la infección natural, sería el apocalipsis. Podría suponer multiplicar por diez las muertes registradas. La inmunidad de rebaño  llegará con la vacuna".  (El Mundo)

Europa subestimó las primeras alertas de la irrupción del coronavirus. Los 30 miembros del consejo técnico del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) consideraron, en su reunión del pasado 18 de febrero, que el riesgo de propagación del coronavirus en el continente era bajo, y su posible impacto en el sistema sanitario “de bajo a moderado”. Así figura en las actas, a las que ha accedido EL PAÍS, de la cita en Suecia de los responsables sanitarios de la UE, entre ellos el español Fernando Simón, pese a que ya había casos diagnosticados en suelo europeo, en su mayoría importados. (El País)

Pese a que Madrid se encuentra todavía en la fase cero de la desescalada por decisión del Ministerio de Sanidad, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se prepara ya para afrontar el día después de la pandemia, la reconstrucción de Madrid tras el tsunami del coronavirus. Un proceso que el ayuntamiento va a abordar de la mano de un nutrido grupo de expertos y directivos empresariales de primer nivel. Así, Martínez-Almeida y la vicealcadesa de Madrid, Begoña Villacís, mantuvieron ayer un encuentro con José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia; José Bogas, consejero delegado de Endesa; Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña; Emilio Gayo, presidente de Telefónica España; Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec; Miguel Garrido, presidente de CEIM, Víctor Madera, presidente de ICD Salud-Quirón, y Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española. (Expansión)

Santander reorganiza su gestora de fondos y da un impulso al negocio de grandes clientes. Santander Asset Management ha creado un equipo de ventas institucional a nivel internacional para potenciar la llegada de grandes inversores. La gestora busca captar la inversión de grandes fondos soberanos, fondos de pensiones y aseguradoras internacionales con grandes balances. Se trata de un segmento en el que el banco no tenía el foco y en el que ve ahora importantes oportunidades. (Expansión) (Cinco Días)

Jorge Pérez de Leza (Madrid, 1967), consejero delegado del grupo inmobiliario Metrovacesa, ha trabajado desde casa durante todo el confinamiento, al igual que toda la plantilla. El grupo comienza ahora la vuelta a la oficina, aunque no será hasta junio cuando la mayor parte de los empleados vuelvan a la actividad presencial. La crisis ha permitido acelerar proyectos de digitalización que permitirá a la compañía ser “más efectiva” con sus clientes, asegura. (Expansión)

Grandes grupos empresariales –entre los que están los españoles Inditex, Iberdrola, Telefónica y Acciona– han enviado una carta a 30 gobiernos en la que piden que la reconstrucción de las economías se realice en base a planes ecológicos. (Expansión)

Los propietarios de vivienda en alquiler no han ajustado precios en plena pandemia. De hecho, durante el mes de abril registraron una subida anual del 10,9% en el conjunto de España, según el índice inmobiliario de Fotocasa, lo que supone el mayor incremento en lo que va de 2020, después de varios meses con una tendencia mucho más moderada en la evolución del precio del alquiler. (El Economista)

Pregunta.–Usted destapó el escándalo y se convierte, paradójicamente, en el primer condenado de la investigación. ¿Cómo valora el fallo?

Respuesta.–Un fallo vergonzoso. La sentencia es contraria al espíritu de la Directiva Europea 1937/2019, que protege a las personas que informan sobre actos de corrupción. Una vez más, la maquinaria judicial atropella a la persona que se rebela contra el establishment de la corrupción. Esto es grave, pues se atenta contra la libertad de dar y recibir información de los ciudadanos. Parece que los poderes quieren una sociedad amordazada y con miedo de informar del expolio de fondos públicos. (El Mundo)

Esquerra despegaría con hasta 41 diputados y el PSC se situaría como segunda fuerza en votos.
Cs perdería la mitad de los escaños, CUP y PPC duplicarían sus electos y Vox entraría en el Parlament. (El Periódico)