Sigue el desastre en la gestión de la crisis: Moncloa pide a las comunidades su plan de desescalada y los presidentes advierten de que no hay ni test ni mapas epidemiológicos

Las comunidades autónomas están diseñando a ciegas sus planes de desescalada. No hay precedente de una situación como ésta, pero tampoco hay una hoja de ruta. Los Gobiernos autonómicos han constituido ya sus grupos de trabajo, al tiempo que tienen designado un representante en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Pero desde el mando único no ha llegado aún ningún criterio para avanzar en esa planificación. Los test y el mapa epidemiológico, que depende de ese testado, son actuaciones básicas para tomar las decisiones más adecuadas para regular la vuelta a la «nueva normalidad» que tiene que seguir al estado de alarma. (La Razón)

Ficha también a otra empresa para reforzar la atención telefónica ante el alud de ERTE. (ABC)

El Ministerio de Sanidad adquirió 2,1 millones de mascarillas del fabricante chino Garry Galaxy el 20 de marzo. Cientos de miles de ellas resultaron inservibles y pusieron en riesgo a los profesionales sanitarios que las usaron. En el contrato de compra se justificaba que «una de las necesidades más imprescindibles es proteger a los profesionales que trabajan en los centros sanitarios», ya que «ellos son los que diagnostican, cuidan, trasladan y tratan a los pacientes de esta infección».Pero Garry Galaxy no tenía entonces licencia para fabricar mascarillas de uso hospitalario. De hecho, no la consiguió hasta 17 días después de ser contratada por el Gobierno. (El Mundo)

Sanidad pagó 31 millones por las mascarillas defectuosas. (La Razón) 

El Gobierno pagó por los test falsos el doble del valor. Los adquirió a 26 euros mientras Bioeasy los vendía a 5 euros y se comercializaban a 13. (El Mundo) (ABC)

Illa compró material sanitario a firmas de yeso o cosmética. (El Economista)

El coronavirus pone en jaque los conceptos de globalización y libre mercado, e impulsa el proteccionismo. Bruselas ultima una norma para permitir la entrada de los Estados en el capital de las compañías europeas para salvarlas de la quiebra. España apoya la iniciativa, pero pide que se extremen las garantías para evitar distorsiones en la competencia. La Comisión Europea quiere que se notifiquen las inyecciones públicas de más de 100 millones, umbral que Alemania y Francia elevan a 500 millones. (Expansión)

La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, planteará este jueves un Programa de Recuperación de la Unión que aspira a movilizar alrededor de 1,6 billones de euros para combatir el impacto económico de la covid-19. Bruselas confía en que la cumbre europea por videoconferencia de este jueves dé luz verde a la iniciativa, lo que permitiría, según fuentes comunitarias, inyectar los primeros fondos antes de fin de año. Pero el choque entre norte y sur, con Los Países Bajos e Italia en las posiciones más extremas, augura una dura batalla. España y Francia advierten que, si no hay un plan común de reconstrucción, la pandemia resquebrajará el mercado interior europeo y desencadenará una competencia desleal en detrimento de todos los Estados miembros. (El País) 

Reticencias en la UE a la propuesta española de un fondo sufragado con deuda perpetua. (La Razón)

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte ha asegurado esta semana en el Senado de su país que España estaría interesada en acudir a la línea disponible del fondo de rescate (MEDE) y que, por eso, no vetará el acuerdo. Unas palabras que contradicen la versión de las autoridades españolas, que en ningún momento sopesan esta opción ya que nuestro país tiene siguiendo acceso a los mercados financieros. Fuentes diplomáticas tachan estas palabras como un asunto de «pura política interior sin ningún recorrido». La Liga de Matteo Salvini acorrala al Ejecutivo italiano para que no recurra a este fondo y considera que el acuerdo alcanzado sobre las condicionalidad del MEDE no es lo suficientemente beneficioso para el país trasalpino. (La Razón)

Un equipo de científicos del Instituto de Salud Carlos III, en Madrid, ha analizado ahora los 28 primeros genomas del virus leídos en España. El rastro de las erratas no conduce a un único paciente cero, sino que confirma “multitud de entradas” de personas infectadas desde otros países durante el mes de febrero, según explica el bioinformático Francisco Díez, primer firmante del estudio. El 23 de febrero, el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, afirmó: “En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad ni tenemos ningún caso actualmente”. Pero parece que para entonces el virus ya campaba a sus anchas. (El País)

Las empresas españolas están haciendo un llamamiento urgente al Gobierno para que inicie cuanto antes el proceso de desescalada y el retorno a la actividad, con el objetivo de evitar así un colapso de la economía como ya advirtió el Banco de España. Entre los sectores donde hay una mayor preocupación están el turismo, la hostelería y el comercio, pero también la industria de las energías renovables. Muchos de ellos han comenzado a hacer llegar sus propuestas al equipo liderado por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para colaborar en el diseño de la vuelta a la normalidad con las máximas condiciones de seguridad para los trabajadores. El proceso de desescalada ya se está iniciando en Europa y España apenas cuenta con una estrategia para llevarlo a buen puerto. (El Economista)

En una entrevista con EXPANSIÓN, el consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, se muestra muy crítico con las ayudas estatales para salvar a algunas antiguas aerolíneas de bandera y pide un apoyo “igualitario para cualquier aerolínea”, en relación a Air France-KLM y Lufthansa. Ambos grupos mantienen negociaciones con varios estados para cerrar diferentes esquemas de ayudas por miles de millones de euros con el objetivo de garantizar su continuidad. IAG, matriz de Iberia, British Airways y Vueling, no lo ha hecho, de momento. (Expansión)

José Luis Bonet (Barcelona, 1941) dejó en 2019 la presidencia de Freixenet y de la Fira de Barcelona para dar prioridad a su segundo mandato en la Cámara de Comercio de España. Y, de repente, se ha encontrado con una depresión económica provocada por el coronavirus más rápida y profunda que la que tuvo lugar entre 2007 y 2013, y con la necesidad imperiosa de exigir al Gobierno que tome medidas urgentes para relanzar a las empresas y reactivar la economía. El Ejecutivo tiene un cierto temor a decidir las medidas fiscales”. “Veo las cosas peor que la caída de la economía en un 8% que pronostica el Fondo Monetario Internacional”. (Expansión)

Los bancos se preparan para revisar sus planes estratégicos para los próximos años tras la crisis inesperada por la pandemia del coronavirus. Las entidades trabajan internamente con varios escenarios sobre el impacto en su negocio, aunque aún no han adaptado sus estrategias. La crisis desencadenada por el coronavirus ha dejado en papel mojado las líneas estratégicas que se habían marcado. (Expansión) 

La banca privada gana clientes que buscan sacar fuera el ahorro. (El Economista)

Dos semanas después de activarse, las empresas apenas disponen de las líneas de liquidez gestionadas por el ICO para sobrevivir al coronavirus. Los bancos cargan contra los múltiples cambios de criterio del Instituto Oficial, que tumba los avales e impide que el crédito llegue a las empresas. Las entidades cuentan con solicitudes que sobrepasan los 40.000 millones de euros en garantías liberadas. (El Economista)

El Gobierno aprovechó el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis aprobado este martes para algo que, en teoría, no tiene que ver con el Covid-19. En concreto, para iniciar el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares (Régimen de Clases Pasivas) desde el Ministerio de Hacienda –donde han estado siempre hasta ahora– al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (Cinco Días)

Rechaza enmendar sus Presupuestos para invertir partidas independentistas en paliar la crisis sanitaria. (El Mundo)

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha imputado a 12 exaltos cargos de Convergència Democràtica (CDC), entre ellos Felip Puig, Pere Macias, Xavier Crespo, Jordi Jané e Irene Rigau, además de varios exdiputados, por un presunto delito de blanqueo de capitales, cuya finalidad habría sido financiar el partido, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El magistrado que investiga el ‘caso 3%’ de presunto pago de comisiones ilegales al extinto partido ha acordado abrir una pieza separada para investigar en profundidad las donaciones que una serie de dirigentes convergentes realizaron a la formación política. (El Periódico)