Documentos de Sanidad reflejan que se debieron tomar medidas el 25 de febrero

En 2005 el Ministerio de Sanidad preparó un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Gripe y éste se actualizó en 2006. En él se definen las fases de una pandemia (y las que la preceden, como ocurría a finales de enero) y se explica las medidas que se deben tomar. Siguiendo sus anotaciones, las autoridades llegaron tarde al menos dos semanas en las medidas sociales y casi un mes si se contempla la fase de acopio de material. "Es un manual al que atender y que tampoco inventa la rueda, recoge lo que lleva diciendo la OMS ante cualquier pandemia desde principios de los 2000", dice el ex secretario general de Sanidad, Rubén Moreno. "Esos documentos se hicieron cuando yo estaba en el Ministerio y sirvieron de base para la a la pandemia de gripe A de 2009", señala José Martínez Olmos. Todos los expertos consultados coinciden en que aunque el encabezado del documento señale una pandemia de gripe, es perfectamente extrapolable para cualquier pandemia, como la que representa este coronavirus u otros en el pasado. (El Economista) (La Razón)

El PP, finalmente, no presentó su propia propuesta de comisión para dejar en evidencia la «unilateralidad» del PSOE y Podemos, que sí registraron la pasada semana su modelo sin negociarlo con los demás grupos. Pero el Grupo Popular sí formalizó ayer su petición de que la comisión la presida la ex ministra de Sanidad Ana Pastor. La petición se plantea como una exigencia casi innegociable de partida, aunque habrá que ver si los populares mantienen este pulso cuando la izquierda imponga con su mayoría, como es previsible, a su candidata, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. (La Razón)

Desde que se empezaron a detectar los primeros casos, durante la declaración del estado de alarma y hasta finales de marzo, la sanidad y las residencias contaron con 34.800 trabajadores menos que en el último trimestre de 2019. Estos datos, extraídos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020, explican, en parte, la debilidad y el colapso del sistema sanitario y de las residencias en pleno brote del Covid-19. Los datos de la EPA no diferencian entre el sector sanitario público y privado, y CSIF llama a la reflexión sobre los acontecimientos que se han producido en las residencias de ancianos, tanto de gestión pública, concertada como privada. (La Razón)

"Somos de los primeros países que abordamos esta transición porque somos de los primeros países golpeados por la epidemia", dijo el presidente. La afirmación que pronunció este martes Pedro Sánchez no es veraz. Muchos países de Europa ya anticiparon hace días su plan de transición e, incluso algunos, como Alemania, Dinamarca, Italia, República Checa o Austria ya han puesto en marcha algunas de las medidas contempladas. (El Mundo)

La oposición ha dirigido al Ejecutivo un total de 1.411 cuestiones sobre la pandemia, pero los socialistas remiten la información con cuentagotas. (ABC)

El Gobierno ha aparcado el plan con el que pretendía incorporar al Sistema Nacional de Salud a cientos de inmigrantes con perfil sanitario. La iniciativa consistía en facilitar autorizaciones de trabajo a médicos y enfermeras extranjeros que residen legalmente en España pero que no cuentan con un permiso de trabajo. El plan, con los hospitales desbordados y miles de sanitarios contagiados, corría prisa a finales de marzo, pero en la fase final de elaboración se aparcó. El texto nunca llegó al Consejo de Ministros y los promotores de la iniciativa no explican el porqué. (El País)

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales discuten en la Mesa de Diálogo Social cómo serán los Ertes en la fase de la desescalada. Aunque se han acercado posturas , el mayor punto de fricción radica en los plazos en que se mantengan prorrogados los actuales expedientes de fuerza mayor, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Aunque el debate continúa abierto, las posiciones empiezan a decantarse por dos tesis: el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz considera que la prórroga de los Ertes de fuerza mayor se debería limitar a verano, posición que mantendría también CCOO, aunque con flexibilidad para ir adaptando los plazos a la realidad de la pandemia. UGT y los empresarios hablan de final de año, para dar una mayor seguridad a las empresas. En cualquier caso, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que el Gobierno ha aclarado que la decisión final es ante todo una cuestión presupuestaria. Así, la propuesta se ha pospuesto hasta conocer el coste económico de los distintos modelos que se están barajando en la Mesa de Diálogo Social. A tal fin, el Gobierno ha creado una Comisión Interministerial que debatirá el efecto presupuestario de las medidas que se vayan tomando para la desescalada. (El Economista)

A falta de que se conozca la «letra pequeña» del plan de desescalada, expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Hostelería de España tacha las medidas de «precipitadas, con falta de consenso del sector y con muchas incógnitas», según un comunicado. Por su parte, la Confederación Española de Comercio (CEC) hahablado de «un moderado optimismo» ya que el plan adelanta «al máximo la apertura del comercio de proximidad» y lo hace de forma escalonada por provincias. Sin embargo, exigen al Ejecutivo la implementación de planes de relanzamiento del pequeño comercio y de protocolos de seguridad específicos. (ABC) (El Economista)

El dinero sigue fluyendo a la economía pese a la debacle económica del coronavirus. Tendam, dueño de Cortefiel, ultima financiación de entre 120 y 130 millones para resistir el cierre obligado de todas sus tiendas. Se trata además del primer gran préstamo que apoya el ICO con dinero público, además de avalar las aportaciones del resto de entidades, según indican fuentes financieras a CincoDías. (Cinco Días)

PharmaMar ya tiene luz verde del Gobierno para los ensayos clínicos en humanos para evaluar la efectividad de su antitumoral de origen marino Aplidin (plitidepsina) en pacientes con coronavirus. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha autorizado a la biofarmacéutica el inicio de estos ensayos con Aplidin, un estudio multicéntrico, aleatorio, paralelo y abierto que pretende evaluar el perfil de seguridad y la eficacia de tres dosis de este fármaco, que inicialmente trata el mieloma múltiple, en pacientes con Covid-19 que precisen ingreso hospitalario. (Expansión)