- La Udef requisa en Andorra los datos de Banco Madrid de los años 2010 a 2014
- Santander ganará 3.000 millones más al año
- Brasil aprueba "con condiciones" la compra de GVT por Telefónica
- Orange negocia vender a MásMóvil redes de ADSL para comprar Jazztel
- Abertis prepara la salida de CVC de su capital de forma inmediata
- San José abre ocho años después el mercado chileno de renta fija
- La crisis de Túnez elevará un 40% el turismo extranjero en Semana Santa
- El Congreso rechaza volver a pedir al Gobierno una solución para Fórum-Afinsa
- Hacienda niega indemnizaciones por el céntimo sanitario
- El negocio de la auditoría factura un 10,5% más respecto a 2014
- Uno de cada dos despidos colectivos se declara nulo
- Ciudadanos recibe 1.000 afiliados desde las elecciones de Andalucía
- Mercedes Alaya: «La Junta utilizó los fondos de formación para el clientelismo»
- Pedraz rechaza el embargo que reclama el fiscal para Oleguer Pujol
- El Senado pide que la Semana Santa sea patrimonio de la Unesco
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, dieron ayer una rueda de prensa conjunta en la localidad alpina de Seyne-Les-Alpes, la población más cercana al lugar donde se estrelló el avión de Germanwings el martes. "Tenemos que estar a la altura de la situación", señaló Rajoy. "Queremos identificar y repatriar a las víctimas en las mejores circunstancias posibles", explicó. "Vamos a ser solidarios, vamos a trabajar juntos y vamos a investigar juntos", enfatizó. Técnicos de los tres países participan de forma conjunta en la investigación de las causas del accidente.

El director de la Oficina de Investigaciones y Análisis francesa (BEA), Rémy Jouty, descartó que se produjera una explosión en el aire, debido a la dispersión y el pequeño tamaño de los restos del avión y señaló que se pueden tardar "semanas o meses" en llegar a conclusiones sobre el contenido de las cajas negras. Una noticia adelantada en la noche de ayer en la edición digital de The New York Times aseguraba que, según una fuente militar que participa en la investigación, uno de los pilotos del avión había salido de la cabina y no pudo volver a entrar en ella. Llamó a la puerta e incluso, según este testimonio, "se puede escuchar que está intentando echar abajo la puerta", sin obtener respuesta desde el interior de la cabina.

En lo que respecta a las exclusivas del día, el juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid ha decretado el concurso de acreedores de Banco Madrid (filial de la intervenida Banca Privada de Andorra), al considerar que la entidad financiera estaba en riesgo de insolvencia técnica. El auto del juez constata que el Banco Madrid tenía una situación financiera equilibrada, pero que la acusación de blanqueo de capitales y la intervención de la entidad por el Banco de España precipitaron una "situación de pánico" entre los clientes que se apresuraron a retirar fondos por 124 millones de euros en tres días. Precisamente, ese el argumento que van a utilizar un grupo de clientes y empleados del banco para presentar una denuncia conjunta contra la intervención de la entidad ante la Audiencia Nacional, al considerar que fue la "actuación desproporcionada" del supervisor bancario la que provocó la insolvencia y no la situación del banco, según anunció ayer el bufete Cremades & Calvo-Sotelo que les representará en el proceso, publica El País. 

La Udef requisa en Andorra los datos de Banco Madrid de los años 2010 a 2014. En una iniciativa inusual, la Policía española se ha visto obligada a desplazarse al Principado de Andorra para recabar datos de clientes de Banco Madrid de los últimos cinco años, porque no estaban en los servidores informáticos de la filial española. Las autoridades andorranas han prestado colaboración y facilitado información que, para estupor de la Fiscalía Anticorrupción, no estaban en poder de Banco Madrid, sino de su matriz, Banca Privada d'Andorra (BPA). Entre los investigadores ha sorprendido que información de la teóricamente autónoma filial española no se encuentre en su poder, sino en la de su propietario, en otro país, señala El Mundo.  

Santander quiere elevar su resultado operativo anual hasta en 3.000 millones de euros gracias a la captación de nuevos clientes desde ahora a 2017, según dijo ayer su consejero delegado, José Antonio Álvarez, en una conferencia con inversores en Londres. Este incremento permitirá el cumplimiento de los objetivos del banco, que espera situarse en cabeza de rentabilidad de la banca europea. Además, la entidad va a invertir 500 millones de euros para mejorar la gestión del riesgo y reducir la morosidad, apunta Expansión.

Telefónica ha culminado su semana más grande de los últimos años con dos acontecimientos transcendentales para su futuro: confirma la compra de GVT, valorada en 7.500 millones, y aprueba una ampliación de capital de 3.000 millones para afrontar la operación con holgura. El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), la autoridad brasileña de Competencia, aprobó este miércoles la compra de la filial de Vivendi en Brasil, GVT, por parte de Telefónica "con condiciones". La más relevante es la venta de su participación en Telecom Italia. El grupo español, que ya ha recibido el visto bueno del regulador de telecomunicaciones local, Anatel, supera así el último obstáculo regulatorio, lo que le permitirá cerrar la operación y reforzarse en Brasil, que es uno de los mercados estratégicos del grupo, informa El País.  

Orange, el tercer operador de telecomunicaciones en España, está negociando un acuerdo con MásMóvil para venderle una parte de la red de ADSL que tiene instalada. La operación es consecuencia de la insistencia de la Comisión Europea en que Orange mitigue la pérdida de nivel de competencia que se va a producir en el mercado español con la compra de Jazztel, sobre la que el grupo galo ha lanzado un opa por 3.400 millones de euros. Entre las condiciones que había impuesto Bruselas a Orange, como requisito para aprobar la compra de Jazztel, figuraba la necesidad de que vendiese parte de su red, allí donde resultase duplicada con la de Jazztel. Eso implica la venta de una parte pequeña de la red de fibra, sobre todo en Madrid y Barcelona, ya que el solape de las redes de los dos operadores es muy pequeño, por la escasa magnitud de la de Orange, informa Expansión.  

Abertis prepara la salida de CVC de su capital de forma inmediata, según El Economista.

San José abre ocho años después el mercado chileno de renta fija, apunta El Economista.

La crisis de Túnez elevará un 40% el turismo extranjero en Semana Santa, vaticina El Economista.

La Comisión de Sanidad del Congreso rechazó ayer volver a pedir al Gobierno que busque una solución para el medio millón de familias afectadas por la estafa de Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza Gespart, que nueve años después de estallar el escándalo aún no han recuperado sus ahorros, recordando que el pasado mes de noviembre ya se le instó a tomar medidas en esta materia. La diputada de CiU Lourdes Ciurò defendió una proposición no de ley en la que se exigía al Ejecutivo que «actúe con la mayor celeridad posible y valore la propuesta planteada por la plataforma de afectados», que pasa por que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) compre los derechos de crédito de los afectados, adelantándoles así sus ahorros. Una posibilidad, recordó, que «ya se aplicó en otro gran escándalo» y que «permitiría a las familias recibir de inmediato la mayor parte de sus ahorros, hoy bloqueados por causa del procedimiento judicial en marcha» y que en el 84,4% de los casos no supera los 50.000 euros, afirma ABC. 

El Consejo de Ministros, a instancias de Hacienda, ha denegado de golpe 1.395 solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado realizadas por contribuyentes, especialmente transportistas, por el céntimo sanitario. Este impuesto, que entró en vigor en 2002, fue declarado ilegal por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en febrero de 2014. La solicitud de la responsabilidad patrimonial del Estado era la vía para lograr indemnizaciones por el pago del impuesto en ejercicios ya prescritos a efectos fiscales. El caso acabará en el Tribunal Supremo, cuenta Cinco Días.  

El negocio de la auditoría factura un 10,5% más respecto a 2014, señala El Economista.

Uno de cada dos despidos colectivos se declara nulo. La reforma ha encarecido el coste para la empresa, indica El Economista.  

En las 72 horas transcurridas desde la celebración de las elecciones andaluzas, Ciudadanos, que obtuvo nueve diputados, ha recibido un millar de nuevas altas. La formación de Albert Rivera ha alcanzado los 19.400 afiliados frente a los 6.000 del partido de Rosa Díez y se prepara ahora para recibir a más militantes de UPyD, recoge El País.

La juez Mercedes Alaya sigue hundiendo el dedo en la llaga de la corrupción andaluza institucionalizada. Si primero fue con el caso ERE, ahora es con el avance en la investigación de los abusos multimillonarios con cargo a las ayudas para la formación profesional de la Junta de Andalucía, claves para tejer una «red de clientelismo político» a prueba de elecciones. egún fuentes del caso –sobre el que aún pesa el secreto de sumario–, Alaya justifica las acusaciones de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones en que desde la antigua Consejería de Empleo de la Junta se tuvieron que impartir «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales de la Administración autonómica «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación profesional, «creando de esta forma una red de clientelismo político», destaca El Mundo.

El juez Santiago Pedraz ha rechazado embargar la comisión de cuatro millones de euros que correspondió a Oleguer Pujol por la venta del edificio madrileño de Gran Vía 32 a Amancio Ortega. Deniega así la solicitud de la Fiscalía, que le había pedido que bloquee el dinero para que el hijo del ex presidente autonómico catalán deje de «blanquear» fondos, y lo hace porque asegura que la operación, cerrada y publicitada hace tres meses, «no le consta». El juez Pedraz justifica su decisión de rechazar el embargo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción aludiendo a que «no consta la efectiva venta del inmueble» situado en el número 32 de la Gran Vía de Madrid, pese a que se materializó el pasado mes de diciembre, explica El Mundo.  

Todos los grupos políticos del Senado han apoyado una propuesta para que la Semana Santa sea incluida en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La idea parte de una propuesta del grupo popular en el Senado, que después fue modificada hasta conseguir un texto que consensuaron todos los grupos. En ella, los grupos popular, socialista, de CiU, Entesa Pel Progrés de Catalunya, PNV y grupo mixto proponen modificar el texto inicial para que en ella se defienda que para el Senado, las diversas manifestaciones culturales, religiosas y populares que se producen en Semana Santa son susceptibles de ser declaradas parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, informa ABC.

Abdeluahid Sadik Mohamed, retornado de Siria, desvelará los detalles sobre los 13 jóvenes que una célula en Ceuta envió a morir por el Estado Islámico. Su testimonio será decisivo para construir la acusación contra los 11 supuestos miembros de la célula ceutí que desde ayer están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. Exreclusos de Guantánamo y tres predicadores fueron claves para arrastrarlos a la muerte, dice El País.

José Ángel Gutiérrez
josangel@hispanidad.com