Solo uno de cada cuatro españoles apoya la gestión del Gobierno frente al coronavirus

Solo uno de cada cuatro ciudadanos aprueba la gestión de Sánchez para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica. El porcentaje ha ido cayendo desde que se decretó el estado de alarma. La actuación del Gobierno, lejos de recibir el aplauso de los ciudadanos, está recibiendo cada vez más abucheos: se ha pasado del 35,1 por ciento, al 34,2, luego al 31,1 y ahora al 27,7 por ciento. Son 7,4 puntos de caída en apenas tres semanas, que reflejan el descontento general con los pasos que está dando el Gobierno, pero también con los discursos desde La Moncloa. (ABC) 

La opinión de los ciudadanos sobre el Gobierno se deteriora día a día. El viernes, último día en que el Gesop hizo sus preguntas, fue el día con más críticos: el 42,9% creía que el Ejecutivo está actuando mal contra la crisis. El 21,6% decía ese mismo día que el Gobierno lo está haciendo "normal", mientras que el 30,3% mantiene una opinión positiva. (El Periódico)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, una de las cuatro autoridades del Gobierno en el estado de alarma, dirige las Fuerzas Armadas en uno de los momentos más difíciles de la Historia de España. El despliegue militar comenzó desde el mismo día en el que se decretó el confinamiento de la población y desde entonces la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los tres ejércitos han ido asumiendo cada vez más responsabilidad en la contención del coronavirus. El pasado jueves, al final de otra larga jornada, la ministra concedió esta entrevista a EL MUNDO por videollamada. ¿"Es que alguien puede pensar que el mundo, España, la legislatura va a ser igual? ¿Alguien lo puede pensar? ¿Con la de miles de muertos que hay, con el drama humano que estamos viviendo? Es imposible. Nadie nunca podríamos haber imaginado esto. Cuando logremos acabar con la pandemia, el objetivo es trabajar pensando en los ciudadanos. Los parámetros que teníamos quedan fuera de lugar. Y no sólo en España, en el mundo entero". (El Mundo)

“Si España no sale pronto de la emergencia sanitaria, entraremos en una crisis en forma de L, más prolongada”, según asegura la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una entrevista con EXPANSIÓN. Díaz sostiene que los malos datos del paro, conocidos la pasada semana, “evidencian las debilidades del modelo productivo y laboral” y aboga también por mantener instrumentos como los ERTE, aunque señala que la crisis actual “no va a ser como la de 2008, porque este Gobierno ha nacido para no dejar a nadie atrás”. Además, señala que “no me consta que se vayan a subir las bases máximas de cotización a la Seguridad Social”. (Expansión)

El confinamiento en que vive sumida España también tiene consecuencias en el plano periodístico. Una de ellas es la imposibilidad de asistir presencialmente a las ruedas de prensa. Ante esta circunstancia, Moncloa articuló un mecanismo mediante un chat de WhatsApp, donde los periodistas de múltiples medios lanzaban sus preguntas pero que, en última instancia, permitía a la Secretaría de Estado de Comunicación filtrar y controlar las mismas. Ante las quejas de asociaciones de periodistas y el plante de medios como EL MUNDO, Moncloa rectificó ayer y se abre a organizar ruedas de prensa con «intervención directa de los periodistas». El sistema podría entrar en funcionamiento hoy mismo. (El Mundo) (ABC)

Pedro Sánchez anunció ayer a las comunidades autónomas que La Moncloa está planeando aislar fuera de sus domicilios a los pacientes asintomáticos y trasladarlos a hoteles para que sean apartados de sus familias y evitar así nuevos contagios. Jurídicamente, sin embargo, no es tan sencillo y fuentes del Poder Judicial aseguran que esta medida de aislamiento necesita del consentimiento del individuo o una autorización judicial previa. El aislamiento obligado de los contagiados asintomáticos abre un debate jurídico sobre su viabilidad. (La Razón)  (El Economista)

El Gobierno anuncia ahora pruebas generalizadas a la población, incluso con síntomas leves, algo que la OMS ya pedía el 12 de febrero Admite que hay muchos más contagios de los oficiales e intentará detectar y aislar a los asintomáticos para frenar el coronavirus. (El Mundo) 

Sanidad teme un rebrote del virus en otoño por la mutación. El patógeno que está en nuestro país ya es diferente del que causó la pandemia en China. (La Razón)

"Ninguno de los test chinos que hemos probado hasta ahora funciona". El doctor Julio García, uno de los mayores expertos españoles en Microbiología, avisa de que el fin del confinamiento no será "de golpe": "Las aglomeraciones públicas serán lo último que se autorice". (El Mundo)

El Grupo Popular no apoyará las medidas del Gobierno sobre el coronavirus si el Ejecutivo no se somete al control del Parlamento, sostienen las mismas fuentes. Tampoco las prórrogas al estado de alarma, señalan estos interlocutores. (El País) 

Las CCAA urgen más material y la devolución del dinero «confiscado». Los barones del PP se rebelan contra Sánchez por detraerles 1.250 millones destinados al empleo. (El Mundo)

PRINCIPAL LECCIÓN “La sanidad es nuestra infraestructura de vida en el mundo en que entramos”
EL MUNDO QUE VIENE “Tal vez lo mejor sería que lo decidiéramos e hiciéramos en vez de resignarnos al destino”
DIFERENTES ESTRATEGIAS “Un sistema global interdependiente requiere una gobernanza global”
INTERNET “Ha demostrado su utilidad, pero la enseñanza presencial no desaparecerá”. (La Vanguardia)

Tras una semana convulsa en las relaciones entre el Gobierno central y el PNV, las aguas han vuelto a su cauce. Pedro Sánchez ha mantenido conversaciones con el lehendakari Iñigo Urkullu y con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con las que ha solventado las diferencias entre ambos Ejecutivos. Éstas eran, básicamente, las originadas a causa del decreto de paralización de las actividades no esenciales. (El Economista)

Encuesta NC Report: Urkullu habría logrado la reelección por la mínima. El PNV habría vuelto ayer a ganar las autonómicas, a pesar de perder 28.000 votos. Bildu y el PSE-EE remontan resultado por la acusada caída de Podemos. (La Razón)

El grupo de capital riesgo británico Cinven y el estadounidense KKR han manifestado conjuntamente su interés por invertir significativamente en el capital de MásMóvil. Estas muestras de interés se han producido con anterioridad a la crisis mundial desatada por la pandemia del Covid-19, según han confirmado a EXPANSIÓN fuentes cercanas al proceso. Además de estas dos firmas también han mostrado su interés otras compañías de los sectores de private equityo venture capitalcomo Apollo o CVC, según han confirmado las mismas fuentes que, en todo caso, señalan que se trataba de aproximaciones preliminares. MásMóvil ha declinado hacer comentarios. (Expansión)

“Dado el impacto económico de la crisis, es probable que una recuperación completa del sector tarde de dos a tres años”, explica Daniel Roeska, analista de Bernstein. En esta misma línea se expresan en OAG –firma que maneja una de las mayores bases de datos del sector–, que dice que este es el principal impacto que han sufrido las aerolíneas: “Vemos un momento de reset para el sector”, afirman. (Expansión)

El responsable de Renault en España, vicepresidente de fabricación y logística del grupo francés y presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, asegura que el sector necesitará líneas de crédito para salir adelante.— José Vicente de los Mozos, 58 años, es vicepresidente de fabricación y logística del grupo Renault y presidente de Renault España. Llegó a la presidencia de Anfac en enero de 2018 y se ha comprometido con la patronal hasta finales de este año –uno más de lo habitual–, con el objetivo de consagrar el plan Automoción 2020-40. Liderando la movilidad sostenible. Ahora se enfrenta a uno de los retos más grandes de su carrera, el del coronavirus. (Cinco Días)

Las entidades financieras españolas han puesto sobre la mesa más de 240.000 millones de euros para afrontar los efectos económicos del coronavirus. La banca moviliza esta cuantía, el grueso en forma de financiación, al margen de los avales aprobados por el Estado a través del ICO para hacer llegar la liquidez a empresas, pymes y autónomos afectados por la pandemia. (El Economista)

Los consumidores que no puedan disfrutar durante el estado de alarma de bienes o servicios contratados antes tardarán entre dos meses y un año en ser compensados, según los protocolos fijados por el Gobierno. (Cinco Días)

Los bancos centrales y los Gobiernos de todo el planeta están usando sus poderes para evitar que los círculos de la liquidez se sequen. Pero una cuestión capital sigue sin resolverse: el mercado monetario está congelado. Las emisiones de deuda a ultracorto plazo se han frenado en seco. Incluso las empresas con notas de BBB+ o superiores están refinanciando el denominado papel comercial (pagarés, en español) con colocaciones a medio y largo plazo. Las compañías con peores notas tienen el acceso a esta fórmula prácticamente vetada, según fuentes financieras. (Cinco Días)

Los empleados que han dejado de trabajar, incursos en 446.549 ajustes de plantilla temporales, ascienden a 3.140.772 según los datos de las comunidades autónomas recopilados por ‘elEconomista’. (El Economista)

La pandemia lleva a diversos países a ensayar planes de transferencias directas no universales para compensar la reducción en los ingresos de sus ciudadanos. (El País)

La ensayista francoalemana se fija en lo que ocurre en Europa como institución y como territorio, en un momento delicado para la democracia y las libertades. (El País)

Confinado en su casa, trabaja sobre una fotografía de cuando tenía seis meses Hace tres meses que murió su mujer. Sigue trabajando y reflexiona sobre estos momentos: Hay algo que el hombre no está haciendo bien». (La Razón)

La advertencia del Tribunal Supremo a las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas sobre una posible excarcelación de los líderes del 1-O para que pasen el confinamiento en casa suma ahora un nuevo capítulo. Oriol Junqueras ha presentado una querella en el juzgado de Manresa por coacciones, amenazas y contra los derechos cívicos fundamentales que tiene al Alto Tribunal en el punto de mira. (La Vanguardia)