Exclusivas de la prensa de papel (06/03/2019)

Hasta 2018, la entidad desviaba sus dividendos procedentes de la UE a Jersey; desde entonces, ha agregado a su entramado otras dos empresas de las Islas Caimán. La gestora de fondos omitió de su organigrama a la empresa de Jersey y otras tres de Delaware en un documento de 2018 dirigido a inversores. (ABC)

BBVA ha incumplido el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de remitirle antes del día 18 de febrero todos los contratos con el excomisario José Manuel Villarejo. BBVA ha incumplido el requerimiento del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de remitirle antes del día 18 de febrero todos los contratos que mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo. Concretamente, el juez remitió un escrito al banco el pasado día 14, en el que le solicitó toda la documentación sobre los contratos que estableció con grupo Cenyt, holding empresarial del excomisario, y toda la documentación que la red societaria comandada por el exespía remitió a la entidad durante los años que trabajó para ella. (El Economista)

LetterOne, el brazo inversor del magnate ruso Mikhail Fridman (propietario de un 29 por ciento de Dia), se muestra dispuesto por primera vez a conceder un préstamo participativo por el importe que fuera necesario para evitar la quiebra de la cadena de supermercados, algo a lo que hasta ahora se había negado. En plena guerra con el consejo de administración de la compañía, ha anunciado que está dispuesto “a inyectar capital inmediatamente en forma de préstamo participativo si fuera necesario”, lo que evitaría que la compañía caiga en causa de disolución. Esta opción está siendo utilizada, en su opinión, por el consejo de administración de Dia como “una amenaza”, a pesar de que LetterOne afirma haberle presentado varias opciones para evitar caer en concurso de acreedores. Fuentes financieras aseguran que la “solución” propuesta por Fridman “es artificiosa ya que no ha logrado el visto bueno ni desde el punto de vista legal, ni de la compañía ni de la CNMV”. (El Economista)

Iberdrola cederá a largo plazo el 57% de la capacidad de su red de fibra óptica a Lyntia, el grupo de redes ópticas para telecomunicaciones, por 260 millones de euros. Con el acuerdo, Lyntia pasará de 17.500 a 30.000 kilómetros de fibra en España y complementará sus tendidos, logrando presencia en toda España. El acuerdo posiciona a Lyntia como una alternativa para dar servicios a las operadoras para el 5G. (Expansión)

Mientras Iberdrola y Naturgy quieren fijar ya un calendario concreto de cierre de las instalaciones, Endesa pide flexibilidad, de manera que se establezca un calendario meramente orientativo acorde con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), presentado hace unos días. El proyecto contempla que “durante el periodo 2021-2030” se producirá un descenso de la potencia instalada de las centrales nucleares superior a los 4.000 megavatios, potencia que se corresponde con cuatro reactores de los siete que se encuentran actualmente en funcionamiento”. El proyecto “prevé la finalización de los otros tres reactores en el período comprendido entre 2031 y 2035”. Informalmente se había barajado un cierre escalonado en función de cómo fuera venciendo la vida útil de las nucleares, y alargar, como media, a un total de casi 46 años esa vida útil. (Expansión)

Las nucleares firman hoy el pacto con Enresa, pero Endesa lo hará el martes. (Cinco Días)

La salida a Bolsa de Cepsa entra en vía muerta. La compañía ha comunicado ya a los bancos que formaron el sindicato colocador el pasado otoño que no tiene intención de reactivar la operación este año, según fuentes financieras, después de que el mal momento de los mercados diese al traste con la operación solo tres días antes de su debut. Rothschild trabaja para que Mubadala capte al menos 2.100 millones. Dos inversores y un industrial están en la recta final del proceso de venta. (Cinco Días) (El Economista)

Movimiento de relevancia en la alianza entre Telefónica y China Unicom en el negocio del big data en el mayor mercado asiático. Una actividad en la que constituyeron en 2015 una filial, participada en un 55% por la teleco china y un 45% por el grupo español. Ahora, ambos han aprobado la entrada de un tercer socio, en este caso el gigante chino del comercio electrónico JD.com, según desvela Telefónica en su informe financiero anual. (Cinco Días)

Las nuevas normas contables sobre los arrendamientos van a tener un importante impacto sobre la deuda de las empresas del Ibex 35. En concreto, estas grandes compañías verán engordar en 35.164 millones de euros en conjunto su pasivo desde este año con la aplicación de la NIIF 16, según se desprende de sus cuentas anuales, a falta de los datos de Siemens Gamesa e Inditex, que pueden acercar el total a los 40.000 millones. Telefónica, IAG, Santander, BBVA, Naturgy, CaixaBank y Repsol son las que mayores volúmenes se anotarán, junto a Inditex, previsiblemente. (Cinco Días)

La red de blanqueo que utilizó empresas en paraísos fiscales, muchas de las cuales realizaron pagos a través del banco lituano Ukio Bankas, introdujo en España más de 370 millones de euros entre el 2004 y el 2017 a través de 357 empresas pagadoras radicadas en paraísos fiscales, principalmente Islas Vírgenes y Bahamas, mediante más de 12.000 pagos a 2.700 beneficiarios, entre empresas y particulares, muchos de ellos ciudadanos rusos o empresas regentadas por estos. Pero también a empresas españolas que, supuestamente, recibieron el dinero a cambio de servicios prestados o productos vendidos. Esta trama se pone de manifiesto como consecuencia de la investigación llevada a cabor por un equipo de periodistas, coordinado por el Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en la que ha participado El PERIÓDICO DE CATALUNYA, junto con medios de otros 20 países.

El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido frenar el anteproyecto de ley que debe regular la retribución de las renovables y las redes para el próximo periodo regulatorio. El Gobierno no quería meterse en un enfrentamiento con el Partido Popular por este asunto, ya que la extrema y urgente necesidad de aprobar esta retribución por Real Decreto Ley resulta más que dudosa, a tenor de que es un medida que debe ponerse en marcha a partir del año que viene. La decisión del Partido Popular de no abstenerse en la votación ha provocado que el Ejecutivo paralice esta tramitación y que ya quede para el siguiente Gobierno que surja de las elecciones del 28 de abril.  (El Economista)

Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gana las elecciones generales del 28 de abril, convertirá la regulación y el control de la economía digital, o de la economía colaborativa, en uno de sus primeros objetivos de gestión. Así lo anunció ayer ante la plana mayor del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; el director general de la OIT, Guy Ryder; los presidentes de las patronales, CEOE y Cepyme, y los secretarios generales de CCOO y UGT. También estaban presentes los consejeros de Empleo o de Trabajo de las 17 comunidades autónomas. El presidente del Gobierno sostiene que no va a permitir “que la mal llamada economía colaborativa, bajo la falsa apariencia de modernidad, degrade los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores”. (Expansión)

La utilización de funcionarios del Gobierno en beneficio del PSOE no sólo se circunscribió al Ministerio de Exteriores. La orden que se dio a los ministerios para que enviaran propuestas políticas para el Grupo Parlamentario Socialista se produjo en múltiples ocasiones y vino de más arriba, del Ministerio de Presidencia que dirige la vicepresidenta, Carmen Calvo. Así lo corroboran los correos electrónicos que envió la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en enero a todos los departamentos. Se les pedía que los empleados públicos escribieran «iniciativas» para que las «presentara» el PSOE, por su falta de «músculo» al contar con sólo 84 escaños. (El Mundo)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atentó contra la ley electoral ya en su primer acto público e inmediatamente después de la disolución de Las Cortes. Sánchez resaltó logros laborales y sociales de su Gobierno en un acto en la sede del Ministerio de Trabajo en contra del artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Ésta establece en su apartado 2 que «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos». (El Mundo)

El Gobierno y el PSOE se agarran a la «legalidad y constitucionalidad» del uso del Real Decreto Ley (RDL), pero expertos jurídicos consultados por este periódico ponen en duda que, como mínimo, no se esté pervirtiendo el espíritu que justifica el empleo de los RDL. Las dudas se acrecientan si se pregunta por la otra pata de este debate, de actualidad estos días: su uso con las Cortes ya disueltas y para convalidación en la Diputación Permanente. (ABC)

El conflicto institucional que mantienen desde hace varios meses el Gobierno y la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, se agudiza incluso cuando las Cortes ya están disueltas y en plena precampaña electoral. Pastor ha pedido un informe a los letrados de la Cámara baja para averiguar si puede bloquear los decretos leyes que en las últimas semanas ha ido aprobando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras su partido, el PP, anunciaba recursos de inconstitucionalidad contra dichos decretos. Los populares cuestionan que estas normas cumplan los requisitos que exige el artículo 86 de la Constitución, que establece que han de dictarse “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”. El PSOE contribuyó a elevar la tensión con un comunicado en el que denuncia “el uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación de plazos de enmiendas” para bloquear medio centenar de iniciativas durante la última legislatura. (El País)

"No vi la entrevista a Borrell, sólo me hicieron referencia. Pero entiendo perfectamente la posición del Gobierno español: están buscando una aproximación, una salida a una elección libre y tratan de no cerrar puertas para poder lograrlo. A veces las declaraciones de prensa y los titulares no lo son todo. Pero claro, siempre nos gustaría que la posición española fuera más dura". "Que Maduro no haya ejecutado su amenaza contra mí le deja en posición de debilidad", dice el presidente encargado de Venezuela. (El Mundo)

«El ambiente es muy malo, el cuerpo está roto y totalmente politizado». Así describe la situación actual de los Mossos d’Esquadra un agente de la Policía autonómica cuando se le requiere una valoración respecto a las declaraciones judiciales de José Antonio Nieto, Enric Millo y Diego Pérez de los Cobos. Todas las fuentes policiales consultadas por ABC exigen mantener el anonimato, lo que da muestra de la tensa situación que se vive entre los agentes de los Mossos d’Esquadra. En esta línea, otro agente de entre los consultados, en este caso de la Brigada Móvil (Brimo) y que estuvo operativo el 1 de octubre de 2017, asegura que en las comisarias «se hacen comentarios sobre el juicio», pero «los agentes independentistas pueden dar su opinión y el resto, no». Y añade: «Nos sentimos muy politizados y esto nos duele. Del juicio se habla, pero los que nos ceñimos a la ley, lo hacemos con la boca pequeña e intentamos minizar el enfrentamiento». (ABC)

Una menor con discapacidad que no puede cobrar la ayuda a la que tiene derecho. Una joven sin posibilidad de federarse en un equipo deportivo o de salir del país. Más de 200 niños rumanos tutelados por el Estado español viven atrapados por la falta de un documento que acredite su nacionalidad. La niña sufre una discapacidad severa, pero no puede cobrar la ayuda a la que tiene derecho. “Para el sistema no existe”, escuchó Justi Carretero, su madre de acogida, al pedir la prestación. Nació en España, pero sus padres biológicos, rumanos, no la registraron en el consulado. Al poco, la Administración española asumió su tutela y pasó a vivir con esta familia. Lleva ya cuatro años en su nuevo hogar. Oficialmente, no es ni rumana ni española. Solo dispone de su partida de nacimiento. (El País)

A Carles Puigdemont, en su exilio belga, no le son favorables las encuestas, así que intenta eliminar todo rastro del PDeCAT y mantener vivo su desafío al Estado, así que ha conseguido imponer a los presos en Madrid en su lista al Congreso: Jordi Sánchez será el uno por Barcelona y Rull, por Tarragona. Sánchez, Rull y Turull podrán ser candidatos pero no tendrán escaño. (La Razón)