Exclusivas de la prensa de papel (06/05/2019)

El control de la jornada laboral ya está aquí. Las empresas están obligadas desde el próximo 12 de mayo a llevar un registro diario del horario de todos sus trabajadores. Es también obligatorio para las actividades que no se presten físicamente en el centro de trabajo, como el teletrabajo. El incumplimiento se considera infracción laboral grave y conlleva severas sanciones. España se convierte así en el país con un control de jornada más rígido. (Expansión)

El informe de los peritos de Banco de España sobre Popular señala a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, como la autora de la filtración a Reuters el 31 de mayo de 2017 que precipitó la resolución del banco. Así lo dice el informe que han elaborado Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández, en su página 242, en un organigrama sobre los últimos meses de Popular. (Expansión)

Abertis, grupo de concesiones controlado por Atlantia y ACS, prepara la venta de sus participaciones en autopistas de Francia, Colombia y Reino Unido valoradas en 100 millones. Los dueños de Abertis van a cobrar un primer dividendo de 863 millones a cuenta de 2018. (Expansión)

El mercado espera que la CNMV se pronuncie en breve sobre la petición de Letterone de allanar su opa sobre la cadena. La estrategia diseñada con el despacho Pérez-Llorca reduce al mínimo la factura final. (Cinco Días)

La venta de la compañía Pastas Gallo va tomando forma. Según fuentes financieras, más de una decena de fondos se han interesado por la firma catalana, en una operación valorada en unos 200 millones. (El Economista)

Nos encontramos a mitad de ciclo y según el último informe de Solvia el alquiler ya ha tocado techo en algunas zonas de España, donde la demanda no podrá asumir nuevas subidas de precio. Hasta marzo los alquileres se han encarecido de media un 1 por ciento en toda España, después de cuatro años de subidas de dos dígitos. (El Economista)

El creciente envejecimiento de la población española, la desindustrialización y la despoblación son causas que están detrás de que la mayoría de regiones españolas no sean capaces de afrontar con las cotizaciones que recaudan en sus respectivas regiones el pago de las pensiones públicas. Madrid, Baleares, Canarias y Murcia son las únicas comunidades que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de los jubilados en un hipotético sistema de base regional. Todas ingresan más de lo que gastan. En trece autonomías pasa lo contrario y, por tanto, estarían en una situación deficitaria si el pago fuera de su competencia. Es decir, que no podrían pagar las pensiones a los jubilados. Así se refleja en un estudio realizado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones. (ABC)

El Gobierno sacará del bolsillo de los españoles 26.500 millones de euros más en la nueva legislatura. Justo después de las elecciones y tras pasar de puntillas en la campaña electoral, anuncia a la UE un alza de la presión fiscal hasta su mayor nivel. (La Razón)

La pretensión de Pedro Sánchez de dar forma a un Gobierno monocolor, integrado por socialistas e independientes, que dé continuidad al que nombró tras su victoria en la moción de censura, choca con la voluntad mayoritaria de los españoles. Según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el 52,9% de los electores es partidario de un Ejecutivo de coalición. Sólo uno de cada tres, el 33,8%, considera el gabinete monocolor como la mejor opción. Entre los encuestados que votaron al PSOE el 28-A, la diferencia entre ambas vías se estrecha. Un 48,6% defiende que Sánchez no incorpore a ministros de otras formaciones mientras que un 45,8% apuesta por la coalición. (La Razón)

Por lo pronto los socialistas van a plantear a Podemos un catálogo de medidas para atraerse su apoyo. El planteamiento de los socialistas, al menos de momento, es el de desarrollar políticas progresistas con Iglesias como socio preferente. Por supuesto, eso descarta cualquier opción de algún acuerdo más estable con Ciudadanos, pero habrá que ver cómo se desarrolla la legislatura, sobre el papel menos inestable que la anterior. (ABC)

La lucha partidista continúa sin que la celebración de las elecciones generaleshaya supuesto una tregua para la no agresión. En 48 horas el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,  podrá saber si es posible establecer una relación institucional con los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera. A ambos, por separado, los ha citado en La Moncloa, Casado este lunes y Rivera, el martes, para abrir una vía de diálogo en asuntos de Estado. La llamada, que según fuentes socialistas no está relacionada con pedirles el apoyo para la investidura, ha despertado los recelos de los líderes del PP y Ciudadanos. (El País) (El Mundo)

Génova tiene que ajustar de manera apresurada su campaña de las autonómicas y municipales, que comienza el próximo viernes, a los malos resultados de las generales. La revisión afecta a la organización de la «caravana» de Pablo Casado y de la plana mayor de la actual cúpula popular, y también al mensaje con el que el PP pedirá el voto en estos comicios. Sobre la marcha y bajo la urgencia de la tensión interna en Génova tienen que rediseñar un calendario de actos y un argumentario que responda a las presiones territoriales para hacer campaña con autonomía y sin verse «contaminados» por la debacle del domingo. Casado no puede desaparecer, pero tampoco mantener la hiperpresencia de estos últimos meses. (La Razón)

El PP vasco, objetivo sangriento de la banda terrorista ETA, trata de sobrevivir entre errores estratégicos que le han llevado a no conseguir ningún diputado en las generales del 28-A. (El Mundo)

La Policía sacó una copia de las llaves de al menos uno de los domicilios de Luis Bárcenas para asaltarlo y apoderarse de documentación comprometedora contra la cúpula del PP. El dispositivo puesto en marcha en el marco de la denominada operación Kitchen consiguió un juego de llaves del inmueble al que los agentes se referían en clave como "el zulo", un estudio situado en la madrileña calle de General Díaz Porlier en el que el ex tesorero popular mantenía reuniones y ocultaba información sensible. Con ellas en su poder, la Policía procedió a hacer una copia, que le permitió, tras varios intentos fallidos, acceder al inmueble. (El Mundo)