Exclusivas de la prensa de papel (07/11/2019)

Abengoa ha contratado al banco de inversión Lazard para buscar un socio, preferiblemente industrial, con el que crecer en el negocio principal de la compañía sevillana, los proyectos de ingeniería y construcción (EPC), según informan a elEconomista fuentes conocedoras del proceso. La empresa que preside Gonzalo Urquijo está abierta a diferentes fórmulas, pero la pretensión es dar entrada en el capital al nuevo inversor. En paralelo, la multinacional quiere concretar nuevas alianzas estratégicas como las firmadas en el pasado con la canadiense Algonquin o la saudí Acwa. En esta línea, acaba de sellar una joint venture con FCC para encargarse de la construcción de las plantas fotovoltaicas que tiene Iberdrola en cartera en España. Abengoa ya fichó a Lazard para vender su participación en Atlantica Yield. (El Economista)

Aena tiene previsto lanzar esta semana el concurso para adjudicar la gestión de las torres de control de 12 aeropuertos. La compañía pública adopta la decisión después de comprobar el éxito del modelo implantado en 2011 y que puso fin al monopolio que hasta ese momento ejercían los controladores de Enaire. Según las fuentes consultadas, Aena licitará el nuevo concurso por siete años, ampliable a tres años más (prórrogas anuales), con una cifra de negocio conjunta de unos 140 millones de euros. Entre los compañías interesadas figuran FerroNats (Ferrovial) y Saerco, los actuales operadores cuyos contratos expiran en los próximos dos años. Otros operadores europeos han mantenido contactos con Aena para participar en el concurso. Sobresale la nórdica Avinor, con mucha experiencia en la gestión remota de torres. Entre los líderes del sector también figura la alemana DFS. (Expansión)

La familia mexicana Amodio está examinando su operación de entrada en OHL con un 29% a la luz del respaldo financiero de la banca a la constructora de Villar Mir. Mientras KPMG prepara la operación, el grupo inversor negocia con los bancos. (Cinco Días)

La empresa de atención telefónica cesa a la presidenta del comité de empresa del centro de Lleida aplicando el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, avalado recientemente por el Constitucional. (El Periódico)

El pleno del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó ayer la remisión al Consejo de Estado (vía Ministerio de Economía) de su propuesta definitiva de circular sobre la metodología para fijar la retribución del transporte de gas natural (red troncal) y de las plantas de regasificación que regirá entre los años 2021 y 2026, que afecta básicamente a Enagás. El pleno deja la rebaja frente a la metodología actual en una media del 10,5% en seis años. Los ingresos caerán un 28% desde 2020 hasta 2026. (Cinco Días)

La industria de los elaborados cárnicos en España se enfrenta a una factura equivalente al 12% de su cifra de negocio anual y que amenaza con presionar sus márgenes durante un lustro como consecuencia de la peste porcina africana. Este virus, que afecta a los cerdos –con un 100% de mortalidad–, pero no a las personas, no es nuevo, ya que los primeros brotes tuvieron lugar hace más de una década. Pero desde 2018 afecta a China, el país que genera el 46% de la producción de carne de cerdo del mundo, lo que está generando un efecto dominó en el resto del planeta. (Expansión)

Los trabajadores interinos no pueden convertirse en funcionarios sin aprobar una oposición y, además, solo tienen el derecho a permanecer en su puesto de trabajo mientras no sea cubierto por alguno de los sistemas de provisión, por lo que la legislación vigente no les garantiza un tiempo determinado de permanencia en el puesto. Así lo determina una sentencia de la Audiencia Nacional. (El Economista)

La pequeña y mediana empresa trasladó a la ministra de Economía, Nadia Calviño, sus peticiones. En esa clave, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, enumeró medidas laborales y fiscales calcadas a las del PP. (El economista)

La desaceleración económica sigue sin dar tregua a Europa. Las incertidumbres que siguen frenando el ritmo de crecimiento de la UE obligan de nuevo a rebajar sus perspectivas para este año. España no es ajena a ese enfriamiento y el Ejecutivo comunitario cree que cerrará el año con un avance del PIB del 1,9%, cuatro décimas menos que en las previsiones publicadas en julio. El mismo recorte contempla para 2020, cuando España crecería el 1,5%. Bruselas estima, además, que el déficit será del 2,3% en lugar del 2% previsto por el Gobierno. (El País) (El Mundo)

Alemania ha levantado su oposición pétrea y repetida durante más de cinco años a crear un fondo europeo para garantizar los depósitos bancarios. Es la pata que le falta a la unión bancaria improvisada a contra reloj a raíz de la crisis financiera que castigó a Europa a partir del 2008. De esta unión bancaria, sus dos primeros elementos ya están operativos, tanto la vigilancia que lleva a cabo el BCE como el mecanismo de resolución para garantizar que, en caso de quiebra de una entidad bancaria, se pueda actuar con los mínimos costes para los contribuyentes y la economía real. (La Vanguardia)

Manuel de la Rocha, responsable económico del PSOE, propone armonizar Patrimonio y Sucesiones entre las comunidades autónomas, así como buscar la vía para hacer lo mismo con el IRPF, de forma que “se ponga freno al dumping fiscal en el que están metidas algunas autonomías y que acaba afectando al resto de las comunidades”. (Expansión)

La constructora que rehabilitó el edificio del Partido Socialista 'cobró' la factura gracias a un trato muy beneficioso con una empresa pública controlada por el gobierno de Manuel Chaves. (El Mundo)

Pablo Iglesias, cabeza de lista de Unidas Podemos, insiste en una entrevista con EL PAÍS en su intención de participar en un Gobierno de coalición con el PSOE y avanza que esta vez no dará un paso atrás para facilitarlo. “No me estaría presentando a las elecciones si fuera a aceptar un veto”, asegura. Iglesias opina que Pedro Sánchez “va a buscar lo que algunos llaman una suerte de coalición blanda con el PP”, pero cree que no se atreverá a hacerlo si Podemos sale fortalecido de las urnas. Pablo Iglesias (Madrid, 41 años) aún confía en que Pedro Sánchez abra la puerta a un Gobierno de coalición con Unidas Podemos tras el 10-N, una opción que el presidente en funciones descarta desde la investidura fallida del pasado julio. En una entrevista telefónica, el líder de Unidas Podemos augura que, si consigue buenos resultados en las urnas este domingo, obligará al PSOE a sentarse de nuevo a negociar. Para movilizar a los suyos —y a los “socialistas de corazón”—, Iglesias alerta de lo que considera un giro a la derecha de Sánchez para ser investido con un pacto con el PP. (El País)

Hay un sexto jugador nacional en el tablero del 10-N, Íñigo Errejón. Tras dejar Podemos y un breve paso por la Asamblea de Madrid, presenta un nuevo partido con la etiqueta verde con el objetivo de ser la palanca para formar un Gobierno "progresista". Errejón critica con dureza a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y pretende encarnar la voz de los indignados contra el bloqueo político. (El Mundo)

«La Fiscalía General del Estado pidió la reactivación de la euroorden al juez instructor. ¿La Fiscalía de quién depende? Depende del Gobierno. Pues ya está». Esta declaración del presidente en funciones sobre la extradición de Puigdemont cayó ayer como una bomba entre los fiscales. «Nos ha complicado mucho la extradición», aseguraban a este periódico. Desde Reino Unido a las pocas horas se negaba la entrega de Clara Ponsatí y se consideraba «desproporcionada» la euroorden. Después, el Ejecutivo español matizó que la orden seguía su curso tras un «error» de las autoridades británicas. (La Razón)

La Guardia Civil advierte en uno de sus informes elevados a la Audiencia Nacional de la peligrosidad de "elementos incontrolados". En un informe detallado sobre las actividades históricas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), los especialistas del Instituto Armado concluyen: "Producto del descontento no se descarta que elementos descontrolados y fuera de la supervisión o dirección de organizaciones pudieran realizar acciones violentas, de sabotaje o desestabilizadoras de mayor intensidad o peligrosidad que las llevadas a cabo hasta ahora, como quedaría puesto de manifiesto en las diligencias a las que acompaña el presente informe". (El Mundo)