Exclusivas de la prensa de papel (08/03/2019)

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha sido elegido presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés). Esta elección la realiza el grupo de gobernadores y jefes de supervisión, presidido por Mario Draghi (presidente del BCE). Hernández de Cos, que seguirá como gobernador, sustituye en el cargo a Stefan Ingves, gobernador del Banco Central de Suecia. Esta presidencia se ejerce por un periodo de tres años, que puede ser renovado una vez. Será el segundo español que se sienta en la presidencia de este comité. El primero fue Jaime Caruana, exgobernador del Banco de España, quien ocupó el mismo cargo entre 2003 y 2006, justo antes de presidir el BIS, Banco de Pagos Internacionales. (Cinco Días)

Abertis ha garantizado a Atlantia, ACS y a su filial alemana Hochtief, los tres mayores accionistas del grupo de autopistas español, una política de dividendos muy generosa en los tres próximos años. La compañía dirigida por José Aljaro se ha comprometido a distribuir un dividendo ordinario entre 2018 y 2020 de 2.675 millones de euros (equivalente a unos 875 millones de euros por año). Pero además, de manera excepcional, Abertis va a distribuir este año un dividendo extraordinario récord de 9.963 millones de euros. Se trata de uno de los mayores dividendos de la historia en España y es el mecanismo empleado por ACS y Atlantia para traspasar a su participada la deuda de adquisición de Abertis, que se encuentra en el vehículo Abertis Holdco. “En lugar de realizar el pago en efectivo, Abertis asumirá las obligaciones de Abertis Holdco y se convertirá en el nuevo deudor de un principal de 9.975 millones”, indica la compañía en su nuevo programa de renta fija registrado en la Bolsa de Dublín. (Expansión)

La opa de KKR sobre Telepizza se complica. Las gestoras de fondos Bestinver, Perpetual y Highclere han comunicado que no acudirán a la oferta lanzada por el fondo de capital de riesgo estadounidense sobre la compañía de alimentación a 6 euros por acción, con lo que bloquearán la opa en las condiciones actuales, a pocos días de que la CNMV dé luz verde al folleto. KKR lanzó una oferta sobre Telepizza el pasado 21 de diciembre, a 6 euros por título, sobre el 71,44% del capital que no posee, lo que valoraba la compañía en cerca de 600 millones de euros. La opa está condicionada a “que los accionistas de la sociedad afectada titulares, en su conjunto, de, al menos, el 90% de las acciones objetivo acepten irrevocablemente la oferta”. Y estos tres fondos ya cuentan con cerca del 9% de Telepizza o en torno a tres millones de acciones cada uno. Esto supone que KKR tendría que hacerse con el 93% del capital. (Expansión)

Grifols selló ayer su entrada en el mercado chino mediante un intercambio valorado en 1.700 millones: toma el 26 por ciento de la líder en el país, Shanghai RASS, y le cede el 45 de su filial en Estados Unidos. La farmacéutica española Grifols ha encontrado en China la sangre que buscaba para poder seguir creciendo en su exitoso negocio: la transformación en medicamentos del plasma obtenido en las donaciones sanguíneas de voluntarios. El laboratorio familiar catalán necesitaba acceder a un gran mercado para poder abastecerse y el gigante asiático había sido su objetivo número uno desde hace años. Y ayer, por fin, tras meses de negociación la compañía anunció el acuerdo con la firma local Shanghai RASS para poder acceder al deseado mercado chino, el requisito exigido por el Gobierno comunista para poder hacer este negocio. (El Economista)

El consejo de administración de Dia y LetterOne, el primer accionista de la compañía con un 29 por ciento del capital, negocian in extremis un acuerdo para evitar que la empresa entre en concurso de acreedores. Según confirman fuentes próximas a la negociación, las dos partes han mantenido en los últimos días varias reuniones para tratar de acercar posturas, que permitan llevar a cabo un reequilibrio patrimonial que garantice la viabilidad del grupo. La negociación la lideran por parte de la compañía el presidente, Richard Golding, y el consejero delegado, Borja de la Cierva; mientras que por parte de LetterOne ha acudido la mano derecha del magnate ruso Mikjail Fridman, Stephen DuCharme. Al mismo tiempo, ambas partes exhiben en público sus diferencias: el inversor exige la salida de cuatro consejeros.  (El Economista)

Dia encara la recta final del proceso para buscar una alternativa al cierre de 287 tiendas del grupo de distribución, previsto en el plan de ajuste anunciado en su última presentación de resultados. La cadena de supermercados encargó unos días después de este anuncio la venta de este portfolio a PwC, tal y como adelantó EXPANSIÓN, con una doble intención: obtener ingresos extra para lograr liquidez o bajar deuda y, al tiempo, rebajar el ERE que ha presentado a los sindicatos, que incluye el despido de más de 2.000 personas en España, de las que 1.461 corresponden a la plantilla de estos establecimientos. (Expansión)

Las compañías eléctricas lamentan que, a causa de la convocatoria electoral, el Gobierno no celebre una nueva subasta de renovables este año. Entre las medidas del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, del que no pudo más que tomar nota el Consejo de Ministros del 22 de febrero junto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), está adjudicar 3.000 MW anuales hasta 2030. Las grandes eléctricas reclaman la subasta incluso con el criticado mecanismo, aún en vigor, del Ejecutivo del PP. (Cinco Días)

El Servicio Jurídico del Ministerio de Hacienda ha frenado la promesa de la ministra, María Jesús Montero, de entregar 7.000 millones a las comunidades autónomas antes de las elecciones a través de un decreto-ley. El problema, según aseguran fuentes oficiales a este diario, es que han surgido «dificultades técnicas» sobre adelantar dinero de fondos del sistema de financiación autonómica sin tener aprobados los Presupuestos. Se trata de modificar la prórroga presupuestaria de este año vía decreto-ley para entregar a cuenta a las comunidades 7.000 millones más. Esta cifra es el 7,2% de aumento prometido en las transferencias del Estado a las comunidades hasta 2018 para llegar a 102.920 millones de reparto en el sistema. (El Mundo)

La Comisión Europea tiene a España en el punto de mira por las reducciones a los ingresos por alquiler de la vivienda habitual. El Ejecutivo comunitario activó ayer el procedimiento de infracción contra nuestro país, con el envío de una carta. En ella pide eliminar el trato fiscal discriminatorio que afecta a los no residentes, quienes no se pueden beneficiar de las ventajas que ofrece Hacienda. (El Economista)

En el PP se habla mucho estos días de la ex presidenta del Congreso Ana Pastor como candidata a ocupar un buen puesto en las listas de las próximas elecciones. Dentro de las quinielas, a falta de que se conozca la decisión oficial, son más quienes la promueven como mejor opción para encabezar la lista al Parlamento Europeo en vez de como «número dos» de Pablo Casado por Madrid. Pastor es en la actualidad diputada por Pontevedra y prácticamente la única superviviente del «marianismo» que sigue siendo vista dentro y fuera del partido con proyección de futuro. Como «un activo» que no debe desaprovecharse en el nuevo PP que busca mujeres para reforzarse electoralmente. (La Razón)

El Partido Popular afronta estos días una tarea especialmente delicada en cualquier formación política: la elaboración de las listas electorales. Pero en el caso del PP este proceso tiene una dificultad añadida ante el previsible retroceso en las urnas, según indican todas las encuestas hasta el momento. Fuentes de Génova han reconocido que deben hacer un «ajuste provincial» en las candidaturas a diputado, que podría afectar a 50 de los 134 parlamentarios que el PP tiene ahora mismo en el Congreso. (ABC)

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz de la formación naranja, afirma en una entrevista con El Economista que “hemos descartado totalmente gobernar y pactar con Pedro Sánchez o con el PSOE, porque ahora son lo mismo”. Arrimadas cierra la puerta a un pacto tras las elecciones generales entre Ciudadanos y los socialistas y reitera que “hay que echar a Sánchez de La Moncloa a votos, porque es un peligro público”. Ha pasado de ser la musa de los constitucionalistas en Cataluña y la bestia negra del independentismo –a quien consiguió ganar en las urnas– a dar el salto a la política nacional como número 1 de Ciudadanos por Barcelona al Congreso, completando una carrera meteórica en la que aún quedan páginas por escribir. Su objetivo: que el líder de su partido, Albert Rivera, sea el próximo inquilino de La Moncloa y adoptar medidas drásticas para que no se vuelva a quebrar la legalidad. (El Economista)

Ciudadanos va a las generales con las costuras del partido cargadas de tensión. La estrategia de Albert Rivera de apostar todo a intentar sustituir al PP ha tensionado al sector más centrista del partido. Esta sensibilidad, con miembros de peso en la dirección, discrepa del veto al PSOE para pactar tras el 28-A, de la posición ante Vox y de los fichajes de miembros del PP. La táctica se asume, pero la discusión de fondo sobre el cambio de rumbo está latente y puede reactivarse tras las generales, sobre todo si Cs y el PSOE suman para gobernar. Por primera vez, alguien de peso se atreve a disputar las primarias al candidato oficial, como ha ocurrido en Castilla y León.  (El País)

La Guardia Civil acusa al vicepresidente de la Federación Española de Fútbol de «abusar del patrimonio» de la entidad al apropiarse de «casi medio millón de euros» para costear las obras de su casa y del restaurante de su mujer en la localidad tarraconense de Cambrils. También sostiene que utilizó facturas falsas para camuflar el desvío de dinero de las arcas de la federación, haciéndose figurar en las mismas que las obras correspondían a inmuebles ubicados en una localidad catalana diferente. Por todo ello la Audiencia Nacional le atribuye los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad y corrupción entre particulares. (El Mundo)

El presunto fraude de la federación andaluza de UGT con subvenciones de la Junta de Andalucía se eleva ya a 41,7 millones de euros. Es la cantidad que figura en el informe que acaba de presentar el perito judicial en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga la supuesta trama urdida por este sindicato para financiarse de forma irregular con fondos públicos. Esta causa judicial se abre a partir de las revelaciones periodísticas de EL MUNDO y otros medios en 2013. Los episodios más llamativos fueron las cenas con barra libre en la caseta de UGT-A en la feria de Abril de Sevilla que se cargaron a la Junta y los 700 maletines fabricados en Asia que la central sindical regaló a los asistentes a un congreso regional también costeados por la Administración andaluza. (El Mundo)

Ahora, España rectifica y aplica por primera vez a esta nacionalidad, la más numerosa en nuestro territorio, la protección internacional por razones humanitarias. Fórmula que ofrece permiso de residencia por un año, prorrogable, y permiso de trabajo con carácter retroactivo a aquellos a los que se les denegó el asilo. (El Mundo)

El sondeo de Sigma Dos sobre la mujer para El Mundo -realizado en los últimos días de febrero a partir de 1.000 entrevistas telefónicas- permite, por tanto, observar las reivindicaciones femeninas en un contexto de máxima sensibilidad y ante la inminencia de esta cita múltiple con las urnas. La discriminación, la brecha salarial, la precariedad laboral y las cifras de la violencia machista (47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas el año pasado) son algunas de las cuestiones que aborda dicho sondeo. La principal conclusión del mismo es que más de la mitad de las mujeres considera que «no es razonable» que la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOIVG) imponga mayores penas a los hombres «dada su superioridad física». Un 50,4% de las mujeres rechaza esgrimir ese criterio para aplicar una mayor severidad en las condenas, percepción en la que coinciden con los hombres (55%). En términos totales, también más de la mitad de los encuestados (52,6%) desaprueba que la «superioridad física» sea un agravante en la ley aprobada por unanimidad en el Congreso en 2004, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. (El Mundo)