Exclusivas de la prensa de papel (08/11/2018)

La contundente retórica desplegada por el PSOE y Unidos Podemos para cargar contra el Tribunal Supremo -por rectificar su primer fallo y endosar después el pago del impuesto de las hipotecas al cliente y no a las entidades bancarias- se ha visto comprometida por la hemeroteca, que ha dejado al descubierto que ambos partidos respaldaron durante los años de la crisis económica subir este impuesto cuando no había dudas de que éste repercutía directamente en el ciudadano y no en los bancos.Es más, Podemos, uno de los actores políticos que más aspavientos está haciendo con este tema para deslegitimar la decisión del Poder Judicial, llevó precisamente la subida del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que es un gravamen cedido a las comunidades autónomas, entre las promesas de su programa para las elecciones autonómicas de 2015. Y, como consecuencia de esto, votó a favor en Aragón en el año 2015 para elevar la presión fiscal en un 50% de lo que ya estaba. (ABC) (El Mundo)

La agencia Moody’s cifró en 640 millones el coste anual de asumir el tributo. El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) eleva esa cifra a 1.147 millones. El Banco de España no ha valorado la medida del Gobierno, pero fuentes de la institución señalan que cualquier modificación en la ley hipotecaria puede tener consecuencias económicas en los precios y las cantidades de la financiación por tratarse de un mercado con millones de usuarios. "La competencia es fuerte y el coste no se va a trasladar de golpe, pero a medio plazo es innegable que lo haremos al igual que otros sectores repercuten, por ejemplo, las subidas del precio del petróleo", señala un directivo. (ABC) (La Razón) (El Economista)

Bank of America Merrill Lynch opina que la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez puede tener un efecto negativo en el beneficio por acción de los bancos, ya que "la dura competencia hará difícil pasar ese coste a los clientes". Tomando una tasa media en España del 1% sobre las hipotecas, y asumiendo que ésta no es trasladada a los precios finales al consumidor, los analistas del banco estadounidense estiman un recorte medio del 3% en el beneficio del sector para los ejercicios 2019 y 2020. En términos absolutos, la tasa implicará un gasto bruto de unos 450 millones anuales para los seis bancos españoles que analiza Merrill. (Expansión)

Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto a las hipotecas a los afectados les queda aún una bala en la recámara para poder reclamar el dinero de esta tasa que, según dictó el Alto Tribunal, le corresponde pagar al cliente y no al banco: que la justicia europea rectifique la sentencia. Asociaciones de consumidores y despachos de abogados coinciden en que ahora todos los caminos conducen a Luxemburgo, donde está la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Europa es una posibilidad que está claro que hay que jugar, porque es muy posible que corrija el fallo del Alto Tribunal español", señala Jesús Arriaga, socio director del despacho Arriaga y Asociados. (El Mundo)

"Lo único bueno del Pleno es que ya ha acabado", decía ayer un magistrado de la Sala Tercera con tono socarrón. Intentaba sacarle algo de humor a una situación a la que nadie en el Tribunal Supremo le ve ninguna gracia. "Muchos salimos del Pleno muy tristes. Cambiar de jurisprudencia dos veces en 15 días deja una sensación muy mala. Esto es tremendo", afirmaba otro miembro veterano de la Sala, que reconoce no haber vivido una crisis así antes en el Alto Tribunal.Preguntando en el Supremo, lo más fácil es encontrar críticas a la gestión de su presidente, Luis Díez-Picazo, en particular a su convocatoria del Pleno. Pero algunos magistrados extienden ya las críticas a algunas reacciones a públicas a la decisión del martes. "Parece que si votas a favor del banco eres un canalla y si votas a favor al consumidor, no. Eso es muy populista. Como si nos quisieran coaccionar. Que si no hacen ustedes lo que yo quiero le armo un pollo en la calle. ¿Entonces para qué estamos nosotros?", dice un magistrado que respaldó "una jurisprudencia consolidada de 30 años". Y sitúa la responsabilidad inicial en la Sección Segunda, que "sin motivo suficiente" cambió ese criterio. "Nos hemos metido nosotros solitos en el lío", se lamenta. (El Mundo) (ABC)

Zara traspasa todas las fronteras. Inditex inaugura hoy la nueva tienda online de venta global de su principal enseña (www.zara.com/ww), con la que extenderá de una sola tacada la oferta de Zara a 106 nuevos países, logrando un alcance total de 202 mercados: hasta ahora Zara tenía tiendas físicas en 96 países y sumaba, además, tienda online local en otros 49. (Expansión) (El Economista)

Renfe paraliza la puesta en marcha del EVA, la alta velocidad de bajo coste anunciada a bombo y platillo por el Gobierno de Mariano Rajoy y que iba a llegar a Barcelona en 2019. "Se han hecho algunas consultas internas, algún contacto con proveedores, pero de lo demás no hay nada hecho. No se ha avanzado nada en el proyecto", explican fuentes de Renfe. (El Economista)

El gigante mexicano Alsea, propietario en España desde la semana pasada del Grupo Vips, se ha atragantado con el tapeo patrio. Su cadena Cañas y Tapas, que llegó a sumar un centenar de establecimientos justo antes de la crisis, en el año 2008, ha ido cerrando progresivamente en los últimos años la mayor parte de su red, que se ha reducido en más de un 80%. Actualmente, solo cuenta con 16 locales en España y otros dos más en el extranjero: en Lisboa y en París. (El Economista)

Comienza la cuenta atrás para cerrar una de las mayores operaciones de capital riesgo del año. El grupo americano Laureate International Universities, dueño de universidades en más de 15 países, puso a la venta hace semanas sus centros en España y Portugal. Según ha podido saber Expansión a partir de fuentes financieras, hoy es el último día para que los interesados lancen sus ofertas por un paquete que engloba los centros de España y Portugal. Laureate, que contrató los servicios de Goldman Sachs para esta operación, es el dueño de la Universidad Europea de Madrid, la de Canarias y Valencia, así como del Real Madrid Graduate School y el IEDE Business School. A éstas se suman los centros portugueses IADE, el Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) y la Universidade Europeia (UE).

El Gobierno español está preparando una Ley que le permitirá tomar medidas de emergencia si Reino Unido sale de la Unión Europea (UE) el próximo 29 de marzo de 2019 sin un acuerdo amistoso de ruptura, lo que pondría en peligro de un día para otro el actual flujo libre de personas y mercancías entre las dos partes. Dicha normativa, que podría tomar la forma de un Decreto ley, busca otorgar al Ejecutivo de Pedro Sánchez la potestad para mantener abierta la frontera española a los viajeros británicos sin necesidad de visado, además de autorizar los vuelos entre los dos países y evitar que los 750.000 ciudadanos de Reino Unido que residen en España se vean en situación irregular y sin acceso a la Sanidad pública. (Expansión)

A la presidenta de la Junta la pedirán hoy explicaciones por la suma "de 5.000 millones de euros" que el PP ha hecho de las doscientas causas judiciales que tiene abiertas el PSOE andaluz por casos de corrupción. La estrategia irá dirigida a apuntarla directamente a ella en la exigencia de responsabilidades respecto al "negocio político" montado por el socialismo andaluz para "comprar votos y alimentar el clientelismo y un entramado empresarial, familiar, de militantes y de falsos prejubilados" a costa de la desviación de dinero público y con el objetivo de que "el partido se mantuviera en el poder". (La Razón)

Un intermediario, un "enlace muy educado", que dijo hablar en nombre del Ministerio de Justicia, hizo llegar a la familia Franco una oferta del Gobierno para cerrar en paz el asunto de los restos del dictador y dónde serán enterrados, según ha podido saber El Periódico de tres fuentes conocedoras de la propuesta. La oferta concluye que el dictador deberá ser inhumado en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en el panteón donde está su viuda, Carmen Polo. A cambio, el Ejecutivo se comprometería a que haya presencia permanente de guardias civiles "custodiando el cementerio" como garantía de que la tumba del dictador no será profanada. Los siete nietos del dictador lo rechazan y llegarán "hasta el final" para evitar que sea trasladado junto a su viuda. Francis Franco: "No me fío. Si mañana gobierna Podemos, ¿seguiría habiendo guardias civiles en la tumba de mi abuelo?". (El Periódico)