Exclusivas de la prensa de papel (09/05/2018)

Las entidades financieras que participan en el préstamo de 3.650 millones de El Corte Inglés mantendrán su apoyo financiero al grupo. No obstante, apremian a la compañía a cerrar el conflicto accionarial y la batalla por la presidencia lo antes posible. (Expansión)

Las reclamaciones por los gastos asociados a la firma de una hipoteca, como el arancel del notario, se han convertido en la nueva pesadilla de la banca. El Supremo dejó claro en febrero que el sujeto pasivo del impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, que supone cerca del 70% de estos gastos, corresponde al hipotecado y no a la entidad financiera tras meses de dudas jurídicas y sentencias contradictorias en los juzgados. El año pasado, los servicios de atención al cliente de la banca recibieron más de 400.000 reclamaciones sólo en el caso de los bancos cotizados, según la información pública disponible. Parte de ellas acabarán en los juzgados. (Expansión)

La convocatoria de la primera subasta de las frecuencias de telefonía móvil de 5G se conocerá en los próximos días, “o principios de junio, como muy tarde”, según fuentes consultadas por elEconomista. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya ha redactado la orden que marcará los plazos y condiciones para el reparto de espectro radioeléctrico más importante de los últimos siete años. No existen previsiones sobre la recaudación, aunque el botín esperado por el Estado podría superar los 130 millones.

Los alquileres pasarán en 2019 a apuntarse como pasivo, lo que reducirá el beneficio neto. Una mayor ratio de apalancamiento puede encarecer la financiación. (Cinco Días)

La Comunidad Valenciana se ha sumado este martes a la guerra que las Administraciones mantienen contra los apartamentos turísticos. Las Cortes Valencianas pactaron las enmiendas a la nueva Ley de Turismo que se aprobará antes del verano y concederá un amplísimo margen de maniobra a los Ayuntamientos para regular en función de sus necesidades una actividad que crece a velocidad vertiginosa. En la ciudad de Valencia, la entrada en vigor de la ley implicará que los nuevos pisos turísticos quedarán limitados mayoritariamente a bajos y primeras plantas. (El País)

Comidas en restaurantes, alojamiento en hoteles, reparaciones de vehículos y... prostíbulos. La UCO de la Guardia Civil investiga el uso que se dio desde la fundación de la Junta de Andalucía para formar a los parados a las tarjetas de crédito a disposición de sus directivos, tarjetas opacas o black de las que han pedido información, a través del juzgado, al gobierno de Susana Díaz. (El Mundo)

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en octubre de 2017 un contrato de 66.515 euros para dinamizar y apoyar la participación ciudadana en el distrito de Fuencarral a una UTE formada por la asociación Andecha y la cooperativa Cyclos, uno de cuyos socios y trabajadores es Mariano González Tejada, que participó en la elaboración del programa de movilidad con el que se presentó Ahora Madrid a las elecciones de mayo de 2015. (El Mundo)

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena remitió el pasado 23 de abril a la Fiscalía de Alemania un nuevo escrito en el que ahonda en los indicios recabados hasta ahora sobre el gasto de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre por parte del Govern encabezado por Carles Puigdemont. Con este nuevo documento, el magistrado intenta aclarar a las autoridades alemanas las dudas que estas plantearon sobre la existencia del delito de malversación que esgrimió, junto al de rebelión, en su orden europea de detención para solicitar la entrega del expresidente de la Generalitat. Llarena utiliza como principal argumento que, aunque la investigación determine finalmente que algunos gastos no se hicieron efectivos, el delito de malversación seguiría existiendo en grado de tentativa, ya que sí existiría una "obligación de pago asumida" por la Generalitat. (El País)

El expresidente catalán, Artur Mas, ordenó diez operaciones de pago de dinero público con cargo a las arcas de la Generalitat e incluso directamente a las de la Administración Central para financiar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, según concluye el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. En su informe final, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el fiscal Miguel Ángel Torres certifica que Mas autorizó el uso de 4,99 millones de dinero público a través de distintas partidas «sin cobertura legal» e incluso confirma que la primera factura de la campaña de publicidad institucional para la consulta fue pagada directamente por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Ante el recurso de inconstitucionalidad del TC contra la Ley de Presidencia, Carles Puigdemont se hará a un lado y designará a un candidato. El Consejo de Ministros se reúne esta mañana para acordar y presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presidencia de la Generalitat que permite la investidura a distancia de Puigdemont. Este recurso del Ejecutivo será aceptado por el Constitucional y dejará la ley suspendida. Aquí cae el último muro de contención de Carles Puigdemont, que no podrá seguir poniendo palos a las ruedas y tendrá que facilitar el nombramiento de un nuevo gobierno, que en su argot será «un gobierno provisional» sometido al «Consell de la República» en el exilio. En las próximas horas, el expresident grabará un vídeo para dar el nombre del elegido. (La Razón)

La Fiscalía belga duda de que se pueda extraditar por desobediencia y malversación a los exconsellers refugiados porque en su Código Penal no existe la primera, y la segunda no parece suficientemente acreditada. Si en Alemania el juez Pablo Llarena tiene dificultades para concretar la acusación de malversación, en Bélgica la Fiscalía no ve claras las eventuales imputaciones. (La Vanguardia)

El reconocimiento a una Euskalherria «con identidad propia, asentada en siete territorios» introduce de lleno a la Comunidad Foral de Navarra dentro del Estatuto Vasco y su soñada nación vasca. Los «siete territorios» se refieren a las tres provincias vascas, las tres del País Vasco francés y a Navarra. Es decir, el PNV marca desde Vitoria cómo tiene que ser reconocida Navarra. Y esta idea no sentó demasiado bien en la Comunidad Foral. Al menos a una parte de su representación política. Tanto UPN como el PP saltaron para mostrar su rechazo a la inclusión de Navarra en el Estatuto de la Comunidad vecina. Pero el resto de partidos callaron. (ABC)