Exclusivas de la prensa de papel (11/05/2018)

El consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, considera que la alianza del grupo italiano con ACS para comprar Abertis “refuerza el papel de España e Italia dentro de Europa, y en el seno de la Unión Europea”. En una entrevista con EXPANSIÓN, la primera que concede desde el lanzamiento de la opa conjunta sobre Abertis, Castellucci revela que “queremos una evolución, no una revolución, que Abertis siga haciendo más de lo mismo”,y dice que “tenemos muy buena opinión” de la actual dirección de Abertis. Además, se muestra convencido de que “ACS y Atlantia crearán un campeón mundial con Abertis”. Añade que “nunca vimos que hubiera una guerra con ACS”, y comenta que su relación con Florentino Pérez “siempre ha sido excelente”.

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, se bate in extremis y busca aliados entre los accionistas para no ser fulminado en un mes por sus primas tras cuatro años al frente del grupo. Gimeno intenta recabar apoyos contrarreloj ante el inicio de los trámites para su destitución por parte de las principales accionistas, Marta y Cristina Álvarez, hijas de su tío, el fallecido exresponsable de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez.El actual presidente del grupo está ganando tiempo y manteniendo contactos con un accionista minoritario con peso específico y presencia en la cúpula como es el caso del fondo del jeque catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani -conocido en los mercados por las siglas HBJ- y también lo intenta con la familia Areces, según aseguran a EL MUNDO fuentes conocedoras de las conversaciones.

La batalla familiar entre la familia de Isidoro Álvarez por el poder en El Corte Inglés aún tiene alguna puerta abierta a un posible acuerdo, aunque fuentes conocedoras de la posición de ambas partes consideran muy complejo que éste tenga lugar. Las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil habrían sondeado a través de terceros la predisposición del presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, para cerrar el conflicto con un pacto. El presidente trata de continuar al frente del grupo, algo que parece innegociable ahora para sus primas, que no contemplarían un acuerdo si antes no se retiran las cuatro demandas contra ellas. (Expansión)

Gas Natural Fenosa quiere robar vehículos a su antigua socia Repsol con su primera gran apuesta para desarrollar infraestructuras privadas de recarga eléctrica. La gasista ha presentado Servicar, un servicio para la instalación, en comunidades de vecinos y en empresas, de puntos de recarga para coches eléctricos que se liga a la venta de su electricidad como condición indispensable. (El Economista)

La vía de la salida pactada está abierta. Según admiten a Cinco Días fuentes cercanas al consejo de administración, existe una negociación abierta para la compra, por parte de las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil, del 7% de las acciones de El Corte Inglés que posee Dimas Gimeno junto a su madre y su tío, indirectamente, a través de la sociedad Cartera de Valores IASA, donde las partes tienen sus acciones. Este se remite a la valoración que se realizó de las acciones en 2015, cuando el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, a través de la sociedad Primefin, adquirió el 10% de la compañía por 1.000 millones de euros.

Han pasado ya 900 días desde que el Partido Popular destapó la caja de Pandora al proponer en su programa de 2015 que cada inversor deba poseer un porcentaje mínimo del 0,55 por ciento del capital de una sicav para que computen como los 100 accionistas necesarios para constituir una sociedad. Una medida que frenó ipso facto el nacimiento de nuevos vehículos y que fue apoyada, además, por Ciudadanos en 2016 en su acuerdo de legislatura, quienes añadieron la idea de devolver el control de las sicavs a la Agencia Tributaria. Y a pesar de que 2017 cerró como el peor año de la historia en creación de sicavs, ambos partidos políticos aseguran a elEconomista que mantienen la intención de llevar esta reforma adelante.

Cuando queda apenas medio año para que Juan Rosell ceda el relevo de la Presidencia de la CEOE, el representante de los empresarios madrileños, Juan Pablo Lázaro, se echa públicamente a un lado en la carrera por la sucesión: “No se puede ser presidente de la patronal a tiempo parcial”, reconoce. El camino está despejado para el otro vicepresidente de la Confederación, Antonio Garamendi. “La mejor opción”, “el perfil idóneo”, dice de él este empresario de raza, dedicado al sector de la logística y el transporte, y ferviente defensor de los intereses colectivos desde que presidió la Asociación de Jóvenes Empresarios. (El Economista)

El Ministerio de Hacienda gravará este año a las sucursales de empresas españolas en territorios de baja tributación y paraísos fiscales. Así lo prevé el Gobierno para adaptarse a las exigencias de la UE en este ejercicio relativas a la transparencia fiscal internacional y al 'exit tax' o impuesto de salida para sociedades. (Expansión)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo ayer un tenso y duro encuentro en La Moncloa con los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Les negó que se vayan a producir cambios en la política penitenciaria para acercar a los presos de ETA y contentar así al PNV, pero las víctimas se mostraron escépticas y llegaron a espetarle: «No negocie la dignidad de las víctimas en los Presupuestos». (El Mundo)

Entre el nerviosismo que cunde en las filas de los socialistas valencianos por la investigación judicial sobre la presunta financiación irregular de cara a las elecciones de 2007, existe una especial preocupación por la rama de Benidorm. Un juzgado de esta localidad indaga -tras la inhibición en enero de la juez de Valencia- en uno de los contratos más polémicos que contiene la instrucción: el de los opinómetros. La adjudicación fue a parar a Opino Media, una empresa que percibió la mayor parte de sus ingresos del Ayuntamiento de Benidorm. (ABC)

El Tribunal Supremo (TS) se ha dirigido al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein con una documentación complementaria de la euroorden dictada contra Carles Puigdemont, en la que propone a los jueces alemanes que entreguen al expresidente de la Generalitat por el delito de sedición. El escrito -al que La Vanguardia ha tenido ­acceso- presenta esta opción como posible calificación alternativa si la justicia germana considera que no se dan los requisitos para entregar al reclamado por un delito de ­rebelión. El juez encargado del caso 1-O en el Supremo, Pablo Llarena, razona que esta segunda acusación, la de rebelión, debe ser examinada como la principal, porque tiene todo fundamento. Pero admite la posibilidad de que los hechos se interpreten como un delito de sedición.