Exclusivas de la prensa de papel (13/04/2018)

Todavía hay margen hasta el 22 de mayo para elegir a un president y salvar la legislatura –si no se convocarán elecciones automáticas–, pero los últimos acontecimientos han puesto el terreno a favor de la estrategia del núcleo duro de Puigdemont y la CUP, que pasa por mantener el pulso con el Estado. La decisión de los tribunales alemanes –poniendo en libertad y eximiendo del delito de rebelión a Puigdemont– ha supuesto una inyección de ánimo a este sector del independentismo, que ahora parece marcar como siguiente paso el intento de investidura de Puigdemont. Para ello, han conseguido dar recorrido parlamentario a la reforma de la Ley de Presidencia para intentar una elección a distancia y es algo que podría tener un desenlace inmediato. (La Razón)

Los escoltas del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz detectaron el jueves de la semana pasada un vehículo camuflado de la Generalitat que realizaba vigilancias en la puerta de su domicilio. El dispositivo de seguridad de Fernández Díaz, al comprobar que un coche con las lunas tintadas permanecía aparcado en la puerta de la casa con sus ocupantes dentro, se acercó a pedir su identificación. Al verlo, el vehículo sospechoso abandonó el lugar. Tras analizar la matrícula, la Brigada Central de Escoltas y la Delegación del Gobierno han acreditado que se trata de un vehículo camuflado adscrito al Departamento de Presidencia de la Generalitat. (El Mundo)

Los Comités de Defensa de la República (CDR), el brazo «borrokero» del independentismo catalán, ha logrado ya implantarse en la totalidad de las capitales de la Unión Europea y en ciudades importantes de diversos países del Continente, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. Está rápida expansión de los CDR, que ya han protagonizado algunas acciones de «bajo nivel», se ha logrado gracias a la colaboración que han encontrado en los grupos antisistema y de extrema izquierda, relación que es investigada. (El Periódico)

El juzgado que en el último año y medio ha instruido la denuncia que presentó el PP en una Comisaría por la presunta financiación irregular de PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià, el socio mayoritario de la coalición Compromís, ha constatado indiciariamente la existencia de una presunta trama de falsificación de facturas que permitió a ambas formaciones políticas superar el presupuesto en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.En concreto, las diligencias apuntan a «unos hechos de financiación irregular de dos formaciones política, PSPV y Bloc/Compromís», que se habrían materializado a través de una presunta red de «falsedad documental con carácter continuado». (El Mundo)

Crisis universitaria: “Sospechamos que PP y PSOE han usado la universidad pública para colocar a sus afines”. Defensa del PP: “Presentar una querella criminal contra un medio es una maniobra para matar al mensajero”. Presupuestos: “Mantendremos nuestro apoyo a las Cuentas públicas al margen del caso Cifuentes”. Adelanto electoral: “No tenemos miedo a medirnos en las urnas, pero lo ideal es una legislatura fructífera”. Cataluña: “La candidatura de Sànchez demuestra que los secesionistas quieren alargar el procés”. (El Economista)

De celebrar la «riqueza» lingüística de España que recoge la Constitución a la discriminación del castellano. Como un rodillo que avanza imparable, las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales llevan años legislando en lo que se está perfilando como un ataque sin tregua a la lengua común. El castellano, desamparado. Hace dos días se tenía conocimiento de los nuevos criterios de contratación de la Orquesta Sinfónica de Baleares, en los que el catalán pasa a ser mérito, quizás la más pintoresca regulación a favor de una lengua que, en otros campos como es el del ejercicio de la medicina, sin embargo, tiene consecuencias mucho más graves. (ABC)

Cristóbal Montoro se ha reservado la posibilidad de condonar o realizar una quita sobre la deuda de las comunidades autónomas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. En concreto, la disposición adicional centésima trigésima sexta expone que «se autoriza al Gobierno a aprobar incentivos a las Administraciones Territoriales en función del grado de cumplimiento de las reglas fiscales y los objetivos específicos asignados, con el fin de que los menores recursos consecuencia de la devolución de las cuotas de reembolso de deudas frente al Estado tengan un impacto menor sobre su ratio de deuda». «Estos incentivos», prosigue el texto y aquí reside la clave, «podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras». (El Mundo)

Atlantia ha vinculado la españolidad de Abertis a la presencia de ACS y Hochtief en el vehículo que controlará los títulos de la concesionaria. Según se desprende de la ampliación del folleto de la oferta aprobada por la CNMV, los integrantes del acuerdo mantienen un pacto de diez años, renovable por periodos similares, que obliga a tener la sede de Abertis y del holding accionarial en España. No obstante, si este pacto se rompe, el propietario tendrá la capacidad de poderse llevar la sede. La concesionaria italiana además deja patente su control en esta operación, ya que nombrará a cinco consejeros frente a los cuatro de ACS y Hochtief. La italiana nombrará también al consejero delegado y al financiero. (El Economista)

OHL culminó ayer la venta de OHL Concesiones a IFM por 2.775 millones, lo que aportará unos ingresos netos de 2.158 millones. La constructora que preside Juan Villar Mir destinará el grueso a cancelar los 1.500 millones de deuda que acumula y próximamente anunciará el pago de un dividendo extraordinario que se situará en el entorno de un euro, lo que implicará un desembolso cercano a los 300 millones. (El Economista)

El negocio de Amazon se dispara en España. Aunque la estructura societaria de la multinacional estadounidense impide conocer la cifra total de ingresos que genera su actividad en el mercado español, las cuentas que acaban de presentar las cuatro sociedades del grupo obligadas a comunicar sus cifras de negocio al Registro Mercantil ofrecen pistas acerca del gran crecimiento que está experimentando su negocio. Las cuatro filiales, que suman 289 millones de euros de facturación y 2,4 millones de euros de beneficio, pagaron 4 millones por impuesto de sociedades. (Expansión)

La secretaria de Estado de Función Pública resalta que toda plaza ocupada por tres años de manera estructural saldrá a concurso público. Confía en que la Administración vuelva a atraer al talento y eleve el número de opositores incluso en los puestos directivos. (Cinco Días)

La Abogacía exige a Hacienda que no criminalice a abogados y asesores fiscales. El decano del Colegio de Madrid se ha reunido con la Agencia Tributaria y con la Fiscalía para trasladarles su preocupación por la imputación automática de los abogados en los procesos por delito fiscal. (Expansión)