Exclusivas de la prensa de papel (14/06/2018)

CaixaBank ha liquidado toda su deuda con los clientes afectados por la comercialización de preferentes en 2009. La entidad ha comenzado a ingresar en las cuentas de sus clientes los importes correspondientes a los canjes por deuda subordinada con plazo hasta 2022 que propuso en 2011 como parte del acuerdo para cambiar las preferentes por otros productos. (El Mundo)

La consultora Deloitte entregó ayer a la Junta Única de Resolución (JUR) europea el tercer informe de valoración de Banco Popular, que determina si los accionistas y acreedores del banco habrían perdido menos dinero si la entidad se hubiese liquidado según la legislación nacional, en lugar de haberse vendido a Banco Santander por 1 euro en junio de 2017. De ser así, los inversores tendrían derecho a una compensación. El informe no se conocerá oficialmente hasta la segunda quincena de julio, pero según ha podido saber EXPANSIÓN, el contenido no trae buenas noticias para los accionistas y acreedores júnior de Popular. Según fuentes conocedoras del documento, de haber procedido con una liquidación ordenada de los activos del banco, las quitas habrían llegado a los acreedores sénior, y a los depósitos de más de 100.000 euros. Los ahorros por debajo de esa cifra sólo se habrían salvado por la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos, que tendría que haber aportado "varios miles de millones que en ese momento no había".

La receta del Gobierno para garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones pasa por complementar los insuficientes ingresos por cotizaciones con impuestos. El objetivo del Gobierno es sufragar así el gasto de una nómina que roza ya los 9.000 millones de euros mensuales. El Ejecutivo contempla un impuesto a la banca, una tasa a las transacciones financieras y otra a las empresas tecnológicas. Pero además, no descarta subir los impuestos generales, según adelantó ayer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, al término de la reunión que mantuvo con los agentes sociales y el presidente Pedro Sánchez. (El Economista)

«Si Sánchez actúa rápido y expulsa al ministro, podrá presumir de ejemplaridad y de haber actuado con contundencia», explicó a El Mundo un destacado miembro de la Ejecutiva. Si optaba por mantenerlo, añadían otras fuentes de la dirección, el Gobierno quedaría en «una situación de debilidad extrema» y ofreciendo a toda la oposición un flanco fácil para hacer sangre al Ejecutivo. En ese intervalo de horas, muchos dirigentes socialistas del entorno más próximo a Sánchez le fueron recomendando una actuación ejemplar. Tanto ministros del Gobierno como personas de la Ejecutiva Federal próximas al presidente le empujaron a tomar una decisión drástica. Algunos consideraron que el cese era «imprescindible» y que, de mantenerse, iba a ser pronto reprobado por el Congreso. La presión, alegaban, podía volverse «insostenible» si no se actuaba con rapidez, como pudo constatar EL MUNDO. (La Razón)

Las fuentes consultadas por ABC explican que Interior se inclina porque Urdangarin cumpla su condena en una cárcel pequeña, y si es posible que no esté muy lejos de Madrid para que las comunicaciones sean rápidas y facilitar así el desplazamiento de los familiares. El centro elegido se mantiene en el más absoluto de los secretos para evitar en lo posible concentraciones de medios de comunicación en el momento del ingreso.

Entre los posibles candidatos que se lo están pensando está José Manuel García Margallo. El exministro y diputado del PP confirmó a ABC que anunciará su decisión en los próximos días, tras conocer al resto de competidores y su programa político. Margallo se siente más cercano a Feijóo o Cospedal, y confiesa que está «en las antípodas de Sáenz de Santamaría». Por ahora, se dedica ya a recoger firmas. Otro exministro, Íñigo de la Serna, mantiene la incógnita sobre sus intenciones. De momento, guarda silencio, pero es una de las opciones más serias que se han manejado para una posible integración o para asumir una responsabilidad en caso de necesidad por parte del partido. (ABC)

Gure Esku Dago, la plataforma que promueve el separatismo en Euskadi y que cuenta con el apoyo del PNV, ha pedido a bares y restaurantes del Casco Viejo de Vitoria la «donación» del 10% de la facturación del pasado domingo, coincidiendo con la celebración de la cadena humana entre San Sebastián, Bilbao y Vitoria. El PP ha denunciado este método de coacción, similar al impuesto revolucionario que usaba ETA. (El Mundo)

Casi cuatro años de investigación no han sido suficientes para aclarar quién o quiénes de los 185 miembros de la tripulación del buque escuela de la Armada Juan Sebastian Elcano fue responsable de introducir 127 kilos de cocaína a bordo durante el crucero de 2014. El descontrol que reinaba en el barco, donde no se registraba a los marineros que embarcaban y desembarcaban, ha obligado a archivar el caso ante la imposibilidad de identificar a los culpables. (El País)