Exclusivas de la prensa de papel (14/06/2019)

Carrefour, a través de Carrefour Servicios Financieros, ha registrado un programa en la CNMV que le permitirá lanzar titulizaciones de bonos garantizados con las tarjetas de crédito que otorga a sus clientes en España, por un importe máximo de 2.000 millones. En los próximos días realizará ya una primera operación de la mano de Santander y Natixis. El grupo quiere aprovechar el impulso que está experimentando su negocio de créditos al consumo. De hecho, el mercado español ya es más importante que el francés, con un saldo de 2.173 millones. (Expansión)

El nuevo dueño de Dia, el inversor ruso Mijail Fridman, ultima la ampliación de 500 millones como balón de oxígeno definitivo, pero queda el escollo del precio. Fridman planea hacerla al nominal de diez céntimos, pero accionistas e inversores la quieren menos dilutiva. El inversor ruso alertó de la dilución antes de la opa y se apoyará en el informe de Duff & Phelps que valora Dia en cero euros. (Cinco Días)

El grupo ha acordado con los sindicatos el registro de la jornada de sus empleados. Deberán fichar al inicio y al final, así como cuando hagan pausas de más de una hora, pero no se registrarán como paros en la jornada las pausas para tomar café o fumar que excedan el tiempo de descanso legal de los empleados. (Expansión)

Las pausas para tomar un café, comer un bocadillo o fumar un cigarro; el uso personal de internet, el correo electrónico o las redes sociales; retrasarse al entrar o anticipar la salida; convocar reuniones sin objeto o prolongarlas más allá de lo razonable... Medido en horas de trabajo, las prácticas de presentismo que la nueva ley de registro horario deja abiertas a negociar entre empresas y trabajadores tienen un coste anual de 3.300 millones anuales, según la consultora de recursos humanos Adecco. (El Mundo)

Un grupo inversor liderado por Jaime Bergel, presidente de Gala Capital y socio del fondo HIG en Europa, y Pedro Sáinz de Baranda, ex consejero delegado de Zardoya-Otis y consejero de diversas empresas, está a un paso de convertirse en el nuevo propietario de la sociedad heredera del mítico fabricante de motos Bultaco, que está en concurso de acreedores desde el pasado mes de diciembre tras no poder afrontar el pago de deudas superiores a 11 millones de euros. La única fábrica de Bultaco, ubicada en Montmeló (Vallès Oriental), está paralizada desde abril del 2018 y solo quedan dos trabajadores en plantilla después de que se extinguieran los contratos de los 40 últimos trabajadores por la falta de liquidez. (La Vanguardia)

Tiene nueve páginas, fue firmado el 28 de abril de 2010 en Madrid y refleja comisiones del 4 % por obra. La Policía de Andorra indaga si el contrato que firmó la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) con un abogado de Panamá ocultó un esquema de pago de sobornos. Un mecanismo para hacerse con adjudicaciones públicas por valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, según dos recientes informes confidenciales de los investigadores de este Principado a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Tras suscribir el acuerdo con Mauricio Cort, un letrado español con nacionalidad panameña, FCC recibió siete de las diez adjudicaciones públicas recogidas en los anexos del contrato. Las obras sumaron 434 millones de euros y se ejecutaron entre 2010 y 2014. (El País)

Como mínimo el 36,3 por ciento de los vehículos ligeros de la Administración española tendrá que ser limpio, de acuerdo con la normativa que aprobó ayer el Consejo Europeo sobre la contratación pública del parque móvil, que incluye objetivos vinculantes para los socios comunitarios en función de su capacidad económica y de su exposición a la contaminación. (El Economista)

Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, considera que “sería un fraude para sus votantes dejar que gobierne la izquierda”. En opinión de Monasterio, “el cordón sanitario no lo está poniendo Vox, lo están poniendo el Partido Popular y Ciudadanos” y reivindicó que “no vamos a tolerar que nos traten como unos apestados”. “En el mundo de la empresa del que vengo sería inconcebible lo que ocurre en la política”. Cuando le preguntas si quiere ser consejera de la Comunidad de Madrid y si un cargo de ese perfil sería el precio que su partido piensa poner para que haya Gobierno de centroderecha responde rápido que no es una cuestión de sillas, sino de programas. “Pero no quiero estar de invitada de piedra en la Asamblea de Madrid”, sentencia. “En el Congreso no debería haber partidos que buscan destruir España y la Constitución”. (El Economista)

Teodoro García Egea está siendo el gran protagonista de los pactos del centroderecha. A falta de los últimos coletazos de las negociaciones, el secretario general del PP hace un balance positivo de su tour de force en las tres últimas semanas. Para desmadejar las exigencias cruzadas de Ciudadanos y Vox, su estrategia de negociación se ha basado en "entender muy bien las necesidades de ambos" y priorizar los "criterios objetivos" al reparto de sillas. Por eso cree que "Vox es más útil fuera del Gobierno de Madrid" que dentro, aunque pudiera lograr cargos intermedios en las consejerías del PP. (El Mundo)

Veinticuatro horas después de que el juicio del «procés» haya quedado visto para sentencia, en el Tribunal Supremo (TS) se respalda la actuación de los siete magistrados que han formado parte de la Sala encargada de juzgar a los doce líderes independentistas catalanes. Y no se muestran temerosos de que haya resquicios que esgrimir en ese sentido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la última orilla judicial de los acusados. Fuentes del Supremo apuntan que la labor del tribunal ha sido «complicada» pero, sobre todo, «extenuante», al enfrentarse cada día a escenarios «imprevisibles». Cada mañana, añaden, la pregunta antes de que se reanudase la vista era obligada: «¿Ahora qué va a pasar?».
Esas mismas fuentes se muestran convencidas de que la imagen del Tribunal Supremo ha salido reforzada, pese a la catarata de denuncias de vulneración de derechos fundamentales realizadas por las defensas de los acusados. No obstante, en la cúspide del poder judicial español tienen claro que la institución ha tenido que hacer frente a una «campaña feroz» impulsada desde el independentismo con el único objetivo de «acabar con el prestigio del Tribunal Supremo». En esa misma línea, asumen la dificultad de contrarrestar a «un lobby que lleva dos años masacrando la imagen del tribunal fuera e intentando menoscabar su labor institucional». Para el Alto Tribunal ha resultado especialmente chocante la constante celebración de «juicios paralelos, sobre todo en medios afines a las tesis independentistas, en los que «juristas que ni siquiera han prestado un minuto de atención a la causa han repartido autorías y absoluciones» a la ligera. (La Razón)

Los sindicatos policiales no descartan presentar una querella por el contenido del libro y además piden que a partir de ahora no se acuda a ningún acto convocado por el Ejecutivo que preside Armengol. (ABC)