Exclusivas de la prensa de papel (15/11/2018)

Según establece el documento, Gibraltar deberá sumarse a los acuerdos internacionales contra el contrabando de tabaco a partir del 30 de junio de 2020. Asimismo, Reino Unido deberá supervisar las medidas de seguridad relacionadas con estos productos para que cumplan los estándares fijados por la Unión Europea y fijar un sistema de trazabilidad a partir de esa fecha. Por otra parte, el preacuerdo establece también que el Gobierno británico tendrá que garantizar un sistema fiscal que impida el contrabando de bebidas alcohólicas y petróleo en la zona.

España y Reino Unido deberán crear un comité que aborde cuestiones como la gestión de residuos, la calidad del aire, la investigación científica y la pesca. En este comité tendrá también presencia la Unión Europea.

Ambas partes han llegado también a un acuerdo en materia de transporte aéreo, de manera que la normativa comunitaria al respecto, que no se aplicaba en Gibraltar hasta ahora, comenzará a aplicarse en la zona desde marzo de 2019. Además, los dos países tendrán que llegar para el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar.

En materia de derechos de los ciudadanos, insta a España y Reino Unido a trabajar en un documento que establezca las garantías de estos residentes y que se monitoricen sus condiciones laborales. (Cinco Días) (El País)

El Ministerio de Educación quiere que en los consejos escolares de colegios e institutos, los órganos de participación y de control y el principal instrumento para que toda la comunidad educativa pueda implicarse directamente en la toma de decisiones, se deje una silla también a un representante del Ayuntamiento, lo que en el sector educativo denominan "comisarios políticos". Es una de las medidas que la ministra Isabel Celaá pretende incorporar en la reforma de la Lomce y que afecta no sólo a los centros públicos, sino que va dirigida especialmente a los concertados. Educación cree que "hay un desequilibrio a favor del titular del centro en las decisiones que se toman, que debiera compartir con el Consejo Escolar de los colegios que reciben subvenciones". Y es que considera que en muchos centros regentados por congregaciones religiosas o por cooperativas de profesores, el director "se ha convertido en el único órgano de gobierno". Así, el Ministerio quiere que estos "comisarios políticos" o nuevos participantes de los ayuntamientos, puedan intervenir en el "control y gestión" de lo que se hace en los colegios y los institutos españoles, "exigiendo una mayor transparencia en la rendición de cuentas". Su idea es "hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en su gobierno", dice en su propuesta. (La Razón)

La ley de cambio climático elude fijar un calendario concreto para cerrar centrales nucleares y de carbón en España. En un giro inesperado, el Gobierno abre así la puerta a negociar un desmantelamiento ordenado y no traumático con Endesa, Iberdrola y Naturgy. El Ejecutivo analiza con las empresas plazos y criterios claros en el laberíntico sistema de autorizaciones y vida útil de las centrales. (Expansión)

DIA ultima un acuerdo con la banca que le va a dar el oxígeno suficiente para rebajar la presión a la que está siendo sometido el balance de la compañía. Según indicaron ayer fuentes financieras a Expansión, firmará "en los próximos días" una refinanciación de todos los contratos de crédito que tiene con 14 acreedores, un proceso en el que participan Rothschild y PwC como socios financieros y Linklaters como asesor legal. DIA cuenta con dos créditos sindicados que firmó entre abril de 2016 y junio de 2017, por valor de 525 millones de euros. Tienen las características de revolving y la compañía va haciendo uso del importe que va necesitando. A 30 de junio, DIA declara haber utilizado sólo 99 millones de este importe, pero fuentes financieras aseguran que su uso ha aumentado en las últimas semanas. Además, las mismas fuentes indican que cuenta con pólizas por 140 millones y préstamos bilaterales por otros 245 millones. Se abre la posibilidad de "aumentar las líneas de liquidez para asegurar el normal funcionamiento de la compañía y el pago a proveedores". (Expansión) (El Economista)

Cepsa mantiene su plan de diversificar las fuentes de financiación tras su frustrada salida a Bolsa por las turbulencias del mercado. La petrolera controlada por Abu Dabi tiene 3.740 millones de deuda bruta y emitirá hasta 1.000 millones en bonos al inicio de 2019. La compañía diversificará así sus fuentes de financiación La nota es preliminar y la colocación está prevista para enero. (Cinco Días)

Más de 1.200 gasolineras tendrán que instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos, alimentados con energía cien por cien renovable, bajo la amenaza de recibir una sanción de hasta 30 millones de euros, según recoge el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Las estaciones de servicio, que tachan de precipitada la medida, tendrán dos años para acometer las obras y adaptarse a la ley. (El Economista)

La presión al alza de los precios está destrozando las previsiones del Gobierno sobre el gasto en pensiones. Tras el repunte de los últimos cinco meses por encima del 2%, y con el último dato correspondiente al mes de octubre, del 2,3%, la Seguridad Social afronta un incremento de la factura de pensiones de 2.800 millones para 2019. Este encarecimiento es fruto de la subida anunciada por el Ejecutivo en función del IPC, que sumará a la nómina ordinaria 1.800 millones de euros, y el pago que se realizará en enero por la desviación de las previsiones de inflación para el presente ejercicio –del 1,6%–, calculado en unos 1.000 millones más. (El Economista)

Sánchez, según fuentes gubernamentales, se inclina ahora por no presentar los presupuestos si no tiene garantizado que los podrá aprobar. Es decir, si no cuenta con el respaldo de ERC y el PDECat. “No los presentará para perder la votación”, aseguran fuentes de la Moncloa.
Lo cual no significa, advierten, que el presidente del Gobierno ya haya tirado la toalla. No, Sánchez sigue confiando en vencer, en última instancia, las resistencias de ERC y el PDECat. Tras el pacto presupuestario con Unidos Podemos, y el respaldo del PNV que en el Gobierno consideran muy factible, los partidos independentistas catalanes con representación en el Congreso tendrían la llave para que las nuevas cuentas vieran la luz. (La Vanguardia)

El empresario vasco Antonio Garamendi será elegido el próximo día 21 nuevo presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y promete una patronal más firme contra el nacionalismo, el populismo y en defensa de los intereses de las empresas frente a la política del Gobierno.Así se está comprometiendo ante las decenas de organizaciones territoriales y sectoriales que le han brindado apoyo. "Se acabó hacer visitas a Junqueras en la cárcel", está asegurando Garamendi en la organización como ejemplo de cambio con la política del actual presidente, Juan Rosell, según afirman a El Mundo altas fuentes de CEOE consultadas.

El jefe de unidad de pensiones de capitalización de la OCDE, Pablo Antolín, lanzó ayer una serie de recomendaciones para la reforma de pensiones española. En primer lugar, explicó que la mejor forma de que los españoles mantengan su nivel de vida después de la jubilación es que “ahorren para la jubilación, más y por periodos más largos”. Los expertos reclaman que los trabajadores ahorren para prestaciones complementarias. Consideran que vincular la edad de jubilación y la esperanza de vida no debería ser igual para todos. (Cinco Días)

"No existe ninguna sociedad instrumental y no ha habido evasión de impuestos", aseveró Rienda. Las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de la sociedad propiedad de la secretaria de Estado para el Deporte indican, sin embargo, que la empresa no tenía ningún empleado. Solo para los años 2004 y 2008 se especificó que la empresa contaba con una persona asalariada. La ausencia de estructura es para la Agencia Tributaria una evidencia de que, precisamente, se trata de una empresa instrumental. (El Mundo)

El PSOE da marcha atrás. El secretario general de los socialistas en La Rioja, Francisco Ocón, anunció ayer que su partido retirará las enmiendas que hacían referencia al euskera en su propuestas para reformar el Estatuto de Autonomía. Tras el revuelo político generado, los socialistas riojanos han optado por rectificar y cortar de raíz la polémica para que la cuestión no acapare todo el debate estatutario. Desde la dirección federal del PSOE se asegura que desde Madrid no se ha dado ninguna instrucción al respecto para que se retiren las enmiendas. Así lo manifiestan fuentes del área de Organización del partido. Desde la federación riojana se confirma también este extremo. «Ni sabían nada del contenido de las enmiendas ni nos han pedido que las retirásemos», aseguran fuentes del partido en La Rioja. (ABC)

Susana Díaz se enfrenta a las elecciones del 2D despojada ya del aura de sempiterna ganadora en las urnas. Precisamente, su jefe de filas, Pedro Sánchez, la despojó de este atributo, evidenciando que hasta la fecha, Díaz, más que ganar –que también–, hereda. Las encuestas señalan –la última la del CIS, que recupera "la cocina"– que la presidenta andaluza no tiene rivales en la comunidad que construyan una alternativa a los 36 años de gobiernos socialistas, con la paradoja de que casi el 60% del los encuestados pide un cambio y de que la valoración de su gestión es muy mala o mala para el 43%. (La Razón)

Durante el traslado de la selección de documentos comprometedores, el conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente por la Policía, fotocopió íntegramente una caja de documentación. Acto seguido la puso en manos del dispositivo dirigido por Villarejo, que en el momento de su detención albergaba en su domicilio documentación relacionada con la citada Operación Kitchen, bautizada así en referencia a los confidentes próximos a la familia, a los que se les denominaba en clave "cocineros". (El Mundo)

El presidente hará una oferta a Torra tras la sentencia del "procés" y presentará una hoja de ruta para sosegar al independentismo. La propuesta no se pondrá sobre la mesa como mínimo hasta otoño de 2019. En la comparecencia del día 12 de diciembre en el Congreso sólo hablará de reformar el Estatut. (La Razón)