Exclusivas de la prensa de papel (16/10/2019)

Telefónica ha fichado de nuevo a la consultora especializada McKinsey. En este caso, la consultora va a ayudar a la operadora en la reorganización interna que va a tener que afrontar tras la ejecución, casi inminente, del nuevo Plan de Suspensión Individual de Contratos (PSI), incluido en el nuevo convenio colectivo de sus filiales en España, que va a suponer la salida de entre 3.000 y 4.000 empleados. (Cinco Días)

En estas oficinas está casi o totalmente restringida toda la operativa que implique movimiento de dinero. Es decir, no se pueden hacer ni ingresos ni retiradas. Tampoco pago de recibos, ni de multas, ni de impuestos, ni cambio de divisas. De esta manera, los empleados pueden estar dedicados al 100% a labores de asesoramiento personalizado y de venta de los productos que dejan mayor margen comercial, como los fondos de inversión y los seguros. Estos puntos de venta también atienden al público por las tardes, normalmente hasta las 18.30 horas y con cita previa. (Expansión)

Con un cóctel que incluye menos crecimiento de la actividad, el Gobierno no cambia su previsión de déficit este año en el Programa Presupuestario remitido ayer a Bruselas. La estimación de desequilibrio continúa inalterable en el 2% del PIB. Parte de ello se debe a que el Ejecutivo ha obligado a las comunidades autónomas a ajustar 1.150 millones de euros por adelantos de cierre presupuestario, retenciones y acuerdos de no disponibilidad. Un ajuste que se produce, según explica el Gobierno en el documento, «en respuesta a las comunicaciones y requerimientos efectuados en virtud del artículo 19 y 24 de la Ley de Estabilidad». (ABC)

El Ejecutivo ha cumplido la meta que se autoimpuso en enero y ha reducido a la mitad las cifras de inmigración irregular, un objetivo considerado casi inalcanzable cuando se planteó internamente. Los últimos datos oficiales dan cuenta de 24.159 entradas y muestran, por primera vez desde 2010, una caída del 50% de las llegadas por tierra y por mar. Este alivio notable de la presión migratoria en tan poco tiempo se explica en buena parte por el papel asumido por Marruecos, que se ha empeñado en dificultar la salida de migrantes de su territorio. “Los esfuerzos preventivos de las autoridades marroquíes siguen siendo efectivos y claves para explicar la fuerte reducción del número de llegadas a España durante 2019. Esos esfuerzos incluyen, entre otros, la prevención de miles de salidas por mar y el rescate de 10.700 migrantes”, subraya la Comisión Europea en un informe interno al que ha tenido acceso EL PAÍS. Rabat eleva a 17.000 el número de rescatados en aguas de su responsabilidad y posteriormente devueltos a suelo marroquí. (El País)

El Tribunal Supremo sólo aceptará que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sea puesto a disposición judicial de España si Bélgica cumplimenta la euroorden por el delito de sedición. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, el instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, que activó este lunes la orden de busca y captura europea tras notificarse la sentencia del 1-O, tiene previsto rechazar la entrega del huido si las autoridades judiciales belgas sólo aprecian un delito de malversación de caudales públicos para ponerlo a disposición de España. Asimismo, las fuentes jurídicas consultadas sostienen que en ese supuesto el magistrado rechazaría la entrega pero mantendría activa la euroorden de forma que si Puigdemont decide salir de Bélgica, rumbo a otro país europeo, sea detenido al traspasar la frontera. Si el siguiente estado vuelve a rehusar a entregarlo por el delito de sedición, el juez no prevé en ningún momento retirar la euroorden cursada en las últimas horas. (El Mundo)

La euroorden contra Puigdemont no será fácil ni tampoco rápida. La Fiscalía belga pide la traducción de la solicitud y avisa que es un caso complejo. (La Vanguardia)

El tribunal del procés debatió durante sus deliberaciones todas las alternativas de delito que tenía sobre la mesa: desobediencia, rebelión y sedición. Pero, tras cuatro meses de juicio, apenas necesitó unos días para decantarse por el que finalmente se ha aplicado a nueve líderes independentistas, según coinciden varias fuentes judiciales. Todos terminaron el juicio con la certeza de que hubo violencia, pero descartaron pronto que fuera la que exige el delito de rebelión. Las deliberaciones para la sentencia del procés se iniciaron inmediatamente después de que acabara el juicio, el pasado 12 de junio. (El País)

El aval con mayor fuerza jurídica fue la confirmación del procesamiento por rebelión, el espaldarazo a la investigación por parte de Llarena, que apreció indicios sólidos de un delito de rebelión. El instructor aludió a «un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña». (ABC)

Los fiscales aprecian una argumentación «frágil» en su propia calificación jurídica. «El traje de la sedición no se ajusta, es de otra talla», dicen. Los representantes del Ministerio Público se muestran críticos con el tribunal. Ven argumentos contradictorios y unos hechos probados que, si bien son coincidentes en lo sustancial con los expuestos por la Fiscalía -de quien hace dos años partió la querella del hoy fallecido fiscal general José Manuel Maza, magistrado en excedencia de esta misma Sala Segunda del Supremo-, no son «coherentes» con las conclusiones a las que llegan. (ABC)

Los Mossos se vieron nuevamente muy exigidos por las protestas, muy castigados durante todo el «procés»: si hace un par de años la policía catalana recogía las flores de la ciudadanía, en las últimas horas las tornas han cambiado y ahora solo lidian con la hostilidad del independentismo. (La Razón)

La reunión mantenida el lunes entre un representante de la familia Martínez-Bordiú Franco –su abogado y albacea, Luis Felipe Utrera-Molina– y el del Gobierno –Félix Bolaños, secretario general de Presidencia– acabó con la negativa a todas las peticiones que los deudos del dictador reclamaban para el día de la exhumación y reinhumación, según ha sabido LA RAZÓN de fuentes de la familia. Jornada en la que estarán presentes todos los nietos y bisnietos de Franco, cuyos restos mortales serán trasladados finalmente en helicóptero, según se les comunicó ayer por parte del Gobierno. (La Razón)