Exclusivas de la prensa de papel (17/07/2018)

La Justicia mexicana ya ha iniciado las actuaciones judiciales contra el empresario Antonio del Valle por el caso Popular. La Procuraduría General de México ha admitido a trámite la demanda interpuesta el pasado mes de junio por un grupo de inversores mexicanos que perdieron su dinero tras la resolución del banco. Los demandantes piden directamente a Del Valle y a su sobrino, Jaime Ruiz Sacristán (presidente de la bolsa de México), que compensen las pérdidas que sufrieron tras la caída del banco. (El Economista)

Mubadala, el fondo estatal del Emirato de Abu Dabi que controla Cepsa, ha acelerado los trámites para colocar en Bolsa la petrolera. El ministro de Energía de Abu Dabi se ha reunido con Sebastián Albella, presidente de la CNMV, para perfilar detalles, y Cepsa hará un macro road show ante inversores el 23 de julio. La idea es vender más del 25% en una colocación privada en otoño. (Expansión)

Acuerdo a la vista tras varios meses de negociaciones. BBVA y Sabadell están a punto de cerrar con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) la venta de la mayoría de sus activos tóxicos protegidos. Los bancos asumirán un porcentaje mayor de las pérdidas potenciales, mientras que el coste para el fondo ascendería a unos 3.500 millones de euros. (Expansión)

Mutua Madrileña apuesta por las energías renovables dentro de su estrategia de diversificación de su cartera de inversiones. La aseguradora se ha aliado así con el fondo de capital riesgo Ardian para hacerse con dos parques eólicos en España, de los que poseerá directamente el 35 por ciento, informan fuentes del sector. El fondo americano controlará el otro 65 por ciento. Los parques están ubicados en Burgos y Barcelona y tienen una capacidad de 27 y 29,3 megavatios (MW) respectivamente. El primero, ubicado en Ausines, ha sido adquirido a Erbi (Energías Renovables del Bierzo) y a Sinia Renovables, filial de Banco Sabadell, mientras que el segundo, situado en el municipio de Veciana, era propiedad de Avenue Capital y Exus Management Partners. (El Economista)

El decreto ley para recuperar la sanidad universal que prepara el Gobierno otorga atención sanitaria y medicamentos subvencionados a los inmigrantes sin que estén empadronados. Cada comunidad establecerá los documentos necesarios, según el borrador que ha conocido EL PAÍS. La medida rectifica un decreto del PP que dejaba sin asistencia a los inmigrantes irregulares. Extranjeros. El real decreto 16/2012 fijó, entre otros, la limitación del acceso a la sanidad de los extranjeros en situación irregular y españoles que no hubieran cotizado a la Seguridad Social. Para ellos proponía crear un seguro sanitario público que nunca se llevó a cabo. El borrador actual revierte esta situación.

Al encuentro que esperan mantener este mismo mes con el jefe del Ejecutivo llevarán bajo el brazo una batería de nuevas medidas; la principal, que no se suban ni se cree ningún impuesto más que lastre su actividad. En su agenda están escritas también rebajas del IVA desde el 21% al 10% para colectivos como peluquerías, veterinarios o gimnasios, según explica a ABC el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Además, la Federación de Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) –que representan conjuntamente a más del 75% del colectivo– presentaron ayer una propuesta conjunta para que el colectivo de empleados por cuenta propia coticen en función de sus ingresos reales a la Seguridad Social. Para ello, han planteado cinco tramos a los que se acogerían los autónomos en función de sus ingresos y que evitarían, según defienden, que tres de cada cuatro autónomos se vieran afectados o tuvieran que elevar su base de cotización. Dicho de otro modo, un 75% pagaría lo mismo, o incluso menos. (Cinco Días)

El golpe al dinero en efectivo ha tenido su reflejo en los resultados de los dividendos elección puestos en marcha por las cotizadas españolas. Tomando como referencia a Ferrovial, ACS, Iberdrola, Repsol y Santander, cinco grandes cotizadas que hasta el momento mantienen la estrategia de la retribución al accionista vía dividendo opción, se puede observar cómo la penalización fiscal al cobro del dinero contante y sonante ha llevado a los accionistas a preferir la recepción de las nuevas acciones –exenta de tributación– en detrimento del dividendo tradicional. (Cinco Días)

El alcance de su larga lista de enemigos se pondrá de manifiesto el jueves, en las previas al congreso del PP, en la comida que ex ministros de Mariano Rajoy de la primera y segunda legislatura. A todos les une su animadversión por ella. De hecho los únicos que no han sido convocados, según fuentes conocedoras de este encuentro, son los ministros que apoyan a Sáenz de Santamaría en su carrera por la presidencia del PP. Alfonso Alonso, Álvaro Nadal, Íñigo Méndez de Vigo, Íñigo de la Serna, Fátima Báñez y Cristóbal Montoro no han sido convocados. Pero sí el resto. Desde José Manuel Soria, que atribuye a la ex vicepresidenta su caída y llegó a advertir a Rajoy de los supuestos movimientos de Santamaría en contra de algunos dirigentes del PP, hasta José Ignacio Wert y Alberto Ruiz-Gallardón. Estos dos últimos, según fuentes populares, no acudirán pero apoyan el encuentro. En la nómina de adversarios de Santamaría también hay que sumar al ex presidente José María Aznar, que también la culpaba de la difusión de la revisión de su declaración del IRPF. (El Mundo)

Uno de las primeras medidas que quiere tomar Pablo Casado si se convierte en el nuevo presidente nacional del PP es convocar una Convención extraordinaria para el rearme ideológico del partido. En el congreso de este fin de semana no habrá ponencias políticas, al tener carácter extraordinario. Los populares llegan así a su cita para elegir al sucesor de Mariano Rajoy sin un debate profundo sobre sus ideas y su programa. Casado quiere resolver esa cuestión en una cita específica, como explicó a ABC.

En el PP se especula sobre la posibilidad de que el perdedor del congreso se pudiese integrar como secretario o secretaria general del que se imponga en la votación de los compromisarios, pero los Estatutos no dejan abierta esa opción. (La Razón)

A punto de cumplirse un año de los atentados de Cataluña, esta comunidad sigue siendo objetivo preferente. Los servicios de información antiyihadistas han sido reforzados este verano en Madrid, Barcelona y la Costa del Sol, zonas en las que se considera que los terroristas podían intentar algún atentado, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Estas hipótesis, que se basan en datos que poseen dichos servicios, no excluyen, sin embargo, una acción criminal en algún otro punto de España, por la particular forma de operar de los yihadistas, con actores solitarios y células autónomas.

Uno de los grandes donantes de las fundaciones de Convergència Democrática de Cataluña (CDC) ha confesado abiertamente en la Audiencia Nacional el pago de comisiones al partido a cambio de contratos públicos. El empresario catalán Jordi Soler, propietario de la constructora Grupo Soler, donó más de 600.000 euros a las entidades utilizadas por la formación nacionalista para financiarse ilegalmente y el pasado 22 de junio compareció como investigado ante el juez José de la Mata, que instruye el denominado caso del 3% en la Audiencia Nacional, para explicar sus pagos. Con total naturalidad y ante la estupefacción del titular del Juzgado de Instrucción número 5 y de la Fiscalía Anticorrupción, Soler, a cuya declaración íntegra ha tenido acceso EL MUNDO, admitió que "en la Cataluña interior" existía "la sensación" de que CDC tenía una "lista" en la que estaban las empresas que resultaban adjudicatarias. 

Desde mayo del pasado año se encuentra en prisión tras ser acusado de cobrar comisiones y blanquear los fondos en paraísos fiscales. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le acusa de robar a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) 15 millones de euros al negociar los derechos audiovisuales de la canarinha. Rosell rompe su silencio en EL MUNDO y aborda por primera vez todas las acusaciones que pesan sobre él, preguntando cuál es la «mano negra» que le ha llevado a esta situación.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, impuso 8 años de cárcel, frente a los 25 solicitados por el fiscal, a un pederasta que abusó reiteradamente de dos menores. Al no mediar la violencia que exige el Código Penal, la Sala no castigó la penetración anal como agresión sexual, como había solicitado la acusación particular. A ello se sumó otra rebaja sustancial en la pena al apreciar el tribunal dilaciones indebidas por los siete años que duró la instrucción, durante la que sólo se tomó declaración a media decena de testigos y se practicaron cinco periciales psicológicas. Han pasado diez años de este fallo, pero apenas unas semanas desde que la regidora proclamó que la sentencia de La Manada «está profundamente equivocada» y expresó su deseo de que fuera revocada por el Supremo. «Se reconocen los actos de agresión sexual pero se describe mal la situación de intimidación que, sin duda, debió sentir la muchacha», señalaba el pasado mes de abril en un tuit la alcaldesa, quien no dudó en sostener públicamente que «el juez del voto particular demuestra una ignorancia profunda». (ABC)