Exclusivas de la prensa de papel (18/10/2018)

Acciona y el fondo británico Pioneer exigen a la Generalitat que les indemnice con 1.037 millones como consecuencia de la liquidación del contrato de la concesionaria de agua Aigües Ter Llobregat (ATLL), cuyo concurso público fue ganado por Acciona y posteriormente anulado por el Supremo. La cifra incluye una compensación por lucro cesante de 769 millones, estimada por PwC. (Expansión)

Santander compensará a Andrea Orcel por la pérdida de retribuciones variables en UBS por valor de 20 millones. El futuro consejero delegado de Santander tendría pendientes de cobro bonus desde 2013, como el derecho a recibir acciones. (Expansión)

El socio turco de BBVA, Dogus Holding, ha decidido poner a la venta el Hotel Villa Magna de Madrid, uno de los más emblemáticos establecimientos de lujo de la capital. El grupo otomano ha sacado al mercado este activo en el marco del plan de reestructuración de su deuda como consecuencia de la crisis de la lira. (El Economista)

El aplazamiento sine díe de la colocación en Bolsa de un 25% del capital de Cepsa por parte de su accionista único, el fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, ha dejado en suspenso los compromisos que este había plasmado en el folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV), que le habría llevado a debutar hoy en la Bolsa después de siete años. Entre dichos compromisos figuraba la renovación del consejo de administración de la filial española o la venta de la participación del 42% que esta tiene en el gasoducto de Medgaz a su propietario árabe por 500 millones de euros. (Cinco Días)

Alcoa se suma a Cemex y a Vestas y anuncia la clausura de dos de sus tres plantas en España. El Gobierno afea a la estadounidense que se queje del alto precio energético y la acusa de falta de inversión. (Cinco Días)

El Gobierno comunica a Bruselas que destinará un 6% y un 4% del PIB a ambas partidas el próximo año, los mismos porcentajes que en 2018. Las partidas para Defensa, protección del medio ambiente y vivienda tampoco ganarán recursos. (La Razón)

El Ministerio de Hacienda ha retrasado hasta el mes de marzo la aprobación de los Presupuestos. Con ello el Gobierno busca una coincidencia con la acusación definitiva de la Fiscalía a los líderes soberanistas a la espera de que se suavize el delito de rebelión –lo que ahora no parece probable– y poder sumar el apoyo de ERC y PDeCAT, que a día de hoy se encastillan en el "no". (La Razón)

El Plan Presupuestario que ha remitido el Gobierno a la Comisión Europea concreta que en la subida del diésel solo estarán exentos el gasóleo profesional y el gasóleo bonificado. La subida del diésel que plantea el Gobierno a Bruselas afectará a 500.000 autónomos. Es el escenario que marca el Plan Presupuestario que remitió el Ejecutivo a la Comisión Europea el lunes, que concreta que se va a subir el diésel con el objetivo de recaudar 670 millones de euros y que estarán exentos el gasóleo profesional y el gasóleo bonificado. Esto significa que quedan fuera los transportistas con vehículos de peso superior a 7.500 kilos, unos 50.000, pero que el alza afectará de lleno a taxistas, conductores de VTC, agentes comerciales, furgonetas de reparto, microbuses, ambulancias, grúas, maquinaria no agrícola e industrial, fontaneros, electricistas y profesionales de obras y reformas, entre otros. (Expansión)

Este miércoles en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que los trabajadores por cuenta propia comenzarán a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales a partir del 1 de enero del próximo año. Este anuncio solo satisface en parte al presidente de la Federación de Autónomos ATA,Lorenzo Amor, que se muestra preocupado por las consecuencias que va a tener la subida del SMI en el millón de autónomos empleadores. (El Mundo)

El Gobierno negocia con los agentes sociales una subida de las cotizaciones máximas para el próximo año que arrancará desde un 5% de incremento. Fuentes conocedoras de la negociación explican a El Economista que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha defendido que las cotizaciones máximas se revalorizasen en igual porcentaje que las mínimas. Por este motivo, antes de que se anunciase la subida del SMI a 900 euros (lo que supone un incremento del 22%), la voluntad del Ejecutivo era cumplir con el acuerdo alcanzado en diciembre según el cual el SMI, y por tanto la base mínima de cotización, se incrementase un 5% el próximo año. (El Economista)

La sustituta de la juez Alaya paralizó la causa en la que se investiga el empleo de las transferencias de financiación en todas las consejerías. En realidad, la causa de las transferencias a la Agencia IDEA -la caja pagadora de los ERE- que ahora ha puesto bajo sospecha a los gobiernos socialistas andaluces entre 2000 y 2011 se remonta a años atrás. A 2015, para ser más exactos.Ese año, la entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, precursora de la investigación, dejó el órgano judicial desde el que destapó los grandes escándalos de corrupción en Andalucía tras ascender a magistrada de la Audiencia Provincial. Su despacho lo ocupó una juez hasta entonces especializada en Familia, María Núñez Bolaños, y entre sus prioridades no estaba, precisamente, impulsar el procedimiento que coloca bajo la lupa el destino de más de 3.000 millones de euros gestionados por la Administración andaluza en doce años. (El Mundo)

La reforma de la polémica ley mordaza será mucho más profunda de lo que pretendía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los socialistas y Podemos, su principal socio parlamentario, negociarán retirar de la norma las devoluciones en caliente de inmigrantes en situación ilegal, que Marlaska ha propuesto mantener, al menos provisionalmente. El PSOE también está dispuesto a conversar sobre la demanda de Podemos de retirar de la ley las limitaciones para tomar imágenes de policías cuando están de servicio, otro punto sobre el que el ministerio propuso solo un leve retoque. (El País)

El Gobierno da carta de naturaleza al hecho de ceder a Pablo Iglesias el poder de negociar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado para 2019. En La Moncloa nadie se ha desvinculado de la reunión que el secretario general de Podemos mantendrá mañana viernes con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners. (ABC)

El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, constató ayer la "utilización de centros educativos para actos de reivindicación política" en Cataluña y condenó estas actuaciones porque "la libertad de expresión no puede justificar los actos de adoctrinamiento en la educación". "La educación enseña a pensar, pero no puede decirte lo que tienes que pensar", recalcó, e instó a las autoridades educativas de Cataluña y del Gobierno a actuar para "evitar" el uso de las aulas con fines políticos. (El Mundo)

El asesor de Puigdemont avisa: "Sin muertos la independencia tardará más". (La Razón)

Los republicanos lograrían 10 u 11 concejales frente a 8 ó 9 de Barcelona en Comú. Ciutadans, con Valls, se quedaría con 7 ediles, el PSC con 6 y el PP no obtendría representación. (El Periódico)