Exclusivas de la prensa de papel (19/07/2018)

El Ministerio de Fomento busca un nuevo salto tecnológico para el sector público del ferrocarril y lo va a hacer con la ayuda de Telefónica. La punta de lanza en esta estrategia va a ser Renfe, que buscará tecnologías disruptivas para entrar definitivamente en el siglo XXI a través del lanzamiento de una incubadora y aceleradora de empresas de tecnología. Se trata de un recurso poco frecuente aún en el sector público, tras experiencias como la de Correos (CorreosLabs) o RTVE (Impulsa Visión). Siguiendo la estela del operador ferroviario iría el otro gigante del sector, Adif, también dependiente de Fomento. (Cinco Días)

Forestalia negocia el mayor crédito del año para energías renovables. La compañía aragonesa se encuentra en conversaciones avanzadas para armar un project finance que le permita desarrollar los parques eólicos que ganó en la subasta de mayo de 2017. En concreto, la compañía necesitará entre 1.200 y 1.800 millones de euros para poder desarrollar los parques eólicos que tiene en cartera. Las conversaciones con la banca permitirán la instalación de un total de 51 proyectos que pueden acogerse a las condiciones de la subasta de renovables. (El Economista)

Los clientes podrán cambiar de banco con un esfuerzo mínimo. El proceso será similar al que ya funciona en la telefonía. Las entidades tendrán un plazo máximo para ejecutar el traslado de una cuenta corriente de 13 días. El servicio, además, será gratuito para los consumidores. Las transferencias y las domiciliaciones se cambiarán automáticamente, se transferirá el efectivo y se cerrará la cuenta de origen si así lo solicita el cliente.— La portabilidad llegará al sistema financiero español en los próximos días, junto con las cuentas básicas a 36 euros anuales como máximo diseñadas por el Ministerio de Economía. (El Economista)

La ampliación del plazo de los contratos de alquiler y la limitación de las garantías disuadirá a los propietarios de poner su vivienda en alquiler, lo que elevará la presión sobre los precios, según los expertos. Analistas como José Luis Ruiz Bartolomé, José García Montalvo, Manuel Gandarias o Julio Gil reclaman, en cambio, incentivos para los dueños y una mayor seguridad jurídica para animarles a entrar en el mercado. (Expansión)

Más de 74.600 euros diarios –74.603,14 euros– es lo que le cuesta a España almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central nuclear de Vandellós I y más de 74.000 euros es lo que seguirá pagando cada día hasta que dichos residuos puedan ser trasladados a algún punto de nuestro país. El Almacén Temporal Centralizado (ATC) proyectado en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) es su destino final, pero el proyecto, que lleva años estancado, sufrió ayer un nuevo alto en el camino: el Ministerio para la Transición Ecológica decidió paralizar el permiso para su construcción y, a la espera de conocer la resolución de este nuevo episodio, la deuda con el vecino galo sigue subiendo. (El Mundo)

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que recabar todos los apoyos parlamentarios posibles para sacar adelante las nuevas figuras impositivas a las empresas tecnológicas y la banca que prepara. Y la posición de los nacionalistas vascos se antoja de nuevo clave en el éxito de los planes socialistas. El PNV ya ha manifestado en el Congreso de los Diputados su disposición a respaldar la creación de nuevas figuras, aunque exige al Ejecutivo del PSOE negociar la letra pequeña de esos tributos y, sobre todo, sumarlos al concierto vasco. (ABC)

El Ministerio de Hacienda está dispuesto a lanzar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 pese a que el Senado –o incluso el Congreso– puedan vetar la semana que viene el techo de gasto, paso previo necesario para lanzar las Cuentas del próximo ejercicio. “Lo que van a votar las Cámaras son los objetivos de estabilidad, el déficit y la deuda. También el techo de gasto, sí, pero no es eso sobre lo que se van a pronunciar diputados y senadores. Si hay veto, lo único es que tendremos que lidiar con la senda de déficit antigua”, explican a este periódico fuentes del entorno de la ministra del ramo, María Jesús Montero. (El Economista)

La reestructuración de deuda autonómica que tiene el Gobierno sobre la mesa cuenta con varias opciones y una de ellas es convertir la deuda a corto plazo que tienen las comunidades autónomas con la banca en préstamos a largo que asumiría el propio Estado. El Ministerio de Hacienda ha reactivado esta opción y estudia acometerla, confirman fuentes del departamento a ABC, en lo que supondría pasar créditos a menos de un año con entidades financieras a otros a plazos superiores que cubrirían los mecanismos de financiación del Gobierno central. Ello aumentaría el pasivo contraído con el Estado, aunque no el total, ya que sería pasar pasivo de una caja a otra. Esta opción beneficia especialmente a Cataluña, que con 4.543 millones cuenta con la mitad de los 8.733 millones de deuda autonómica a corto plazo.

El Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska está ultimando la reorganización de sus dos grandes áreas: la Policía y la Guardia Civil. Es más que probable que el decreto con la nueva estructura sea aprobado este mismo viernes en el Consejo de Ministros, según explicaron fuentes cercanas al propio Ministerio. Se espera una amplia remodelación de nombres en ambas cúpulas policiales, pero sobre todo en la policial. Estas fuentes explicaron que Grande-Marlaska entendió desde el principio que era mejor que cada Cuerpo tuviera un único mando policial, un único uniformado por debajo del director general. (El Mundo)

Aún no hay fecha para la comparecencia a puerta cerrada del director del CNI, Félix Roldán, para que explique el «caso Corinna», pero según explican fuentes parlamentarias ésta no será inmediata. Según informan, aunque la comparecencia haya sido a petición propia de Félix Sanz Roldán, los miembros de la Comisión de Investigación abierta por IU y Unidos Podemos, a la que se han sumado los separatistas ERC, PDeCAT y Bildu, han de estar presentes en la misma, y en concreto la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, se encuentra de baja maternal y es insustituible. (La Razón)

Pablo Casado está seguro de que cuenta con los apoyos para imponerse en las primarias del PP el próximo fin de semana. “Es un error no querer debatir de ideas. Esto no es Operación Triunfo”, asegura en una entrevista con EL PAÍS. El candidato popular asegura que su partido quiere ser “todo a la derecha del PSOE” y sostiene que el asunto de su máster es “irrelevante y capcioso”. “Hablar de valores no es una secta. Queremos ser todo a la derecha del PSOE”. “Me he partido la cara por Rajoy. Hacer autocrítica no es atacar su legado”.

La Justicia ha vuelto a dar un severo varapalo a la política lingüística aplicada por el Gobierno de coalición formado por PSPV y Compromís en la Comunidad Valenciana. Después de anular el decreto de educación plurilingüe en los colegios, al entender que se discriminaba a los estudiantes que escogían aprender en castellano, ahora ha anulado partes sustanciales del decreto que impone el valenciano como lengua principal de uso en la Administración regional y en su relación con comunidades autónomas «pertenecientes al mismo ámbito lingüístico», lo que en la práctica implica a Cataluña y las Islas Baleares, ámbito conocido por algunos como Països Catalans. (El Mundo)

Hay muchas posibilidades de que el pulso se mantenga, por la vía de someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mediante una cuestión prejudicial. Llarena plantearía que los jueces alemanes se han extralimitado. La iniciativa permitiría que el Supremo juzgue a los exconsellers, sin tener que ubicarles en la vista junto a un Puigdemont al que, si acepta su entrega, no podría acusar ahora de rebelión. La intervención del Tribunal de Luxemburgo no tendría el efecto de permitirlo. Se quedaría en una instrucción para el futuro. Pero una resolución favorable aliviaría el revés inicial y evitaría la imagen del banquillo con doble rasero, uno menos grave para Puigdemont y otro más riguroso para sus exconsellers. La duda del Supremo deriva del riesgo de recibir otro varapalo, esta vez desde Luxemburgo. (La Vanguardia)

La Policía acusa a los Mossos de pactar la entrega de urnas durante el referéndum ilegal del 1-O con sus organizadores. En sus conversaciones por la emisora llamada Cecor, los investigadores han hallado un patrón común: aparentar que las urnas se intervenían cuando en realidad se trataba de entregas acordadas. Estas entregas se realizaban, además, cuando ya no tenía sentido intervenir las urnas. Es decir, una vez que ya había terminado la votación y se había realizado el recuento de papeletas. (El Mundo)