Exclusivas de la prensa de papel (20/12/2018)

Allianz y Mapfre pujan por ser el socio en bancaseguros de BBVA. Las dos compañías participan en la búsqueda abierta por el banco para recibir ofertas de aseguradoras interesadas en crear joint venture para ir de la mano en el negocio de seguros generales en España y en los países en los que BBVA está presente, con un foco especial en México. La operación, que se cerrará en el primer trimestre de 2019, está valorada en 2.000 millones. (Expansión)

Unicaja y Liberbank afrontan las negociaciones sobre su futura fusión por absorción con la ecuación de canje como principal punto de fricción. Unicaja, la absorbente, quiere controlar más del 60 por ciento de la nueva entidad y que Liberbank, la absorbida, se quede con un 40 por ciento. Mientras, el equipo de esta última aspira a que su paquete accionarial se sitúe en el 47 por ciento. (El Economista)

Construirá en Getafe un almacén de 14.500 metros cuadrados como base de sus ventas por web en la capital. La instalación se suma a otra parcela de 20.000 metros adquirida en Vallecas. (Cinco Días)

El plan incluye el cierre de 821 sucursales en los próximos 3 años. El número de oficinas pasará a 3.640 en 2021. (Cinco Días)

El Ejecutivo comunitario no incluye en este texto desvelado ayer al Peñón de Gibraltar, por lo que la Roca queda en una situación de extrema vulnerabilidad si el 29 de marzo Reino Unido y los Veintisiete terminan como perfectos desconocidos tras una tormentosa relación de 40 años. Según la comunicación elaborada por la Comisión, «las leyes europeas se aplican a Gibraltar en su condición de territorio europeo de cuyas relaciones externas es responsable un Estado miembro». Fuentes diplomáticas confirmaron a LA RAZÓN que la mención específica al Peñón es fruto de presiones del Gobierno español, escarmentado por la inclusión a última hora del artículo 184 del acuerdo de salida. Las mismas fuentes explicaron que los cuatro memorandos de entendimiento y el acuerdo fiscal firmados entre Londres y Madrid en noviembre quedan «en el aire», pues dependían de la aprobación por parte británica del pacto con Bruselas. Las medidas aprobadas ayer por la Comisión dibujan, por tanto, el peor de los panoramas para las autoridades gibraltareñas: si Westminster no refrenda el acuerdo de salida, ninguna medida transitoria ni de contingencia atenuará el más brutal de los Brexits posibles para Gibraltar, que quedará prácticamente a merced de lo que decida España unilateralmente. (La Razón) (El Mundo)

En 2019, le esperan al contribuyente dos subidas al diésel: la que ha anunciado el Gobierno y la que ya aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en los Presupuestos de 2018 y que entra en vigor el próximo 1 de enero. Estas dos alzas supondrán una subida de entre 9,369 y 14,169 céntimos por litro, según la comunidad autónoma, es decir, de hasta 7,75 euros por llenar un depósito de 55 litros. La subida que prevé implantar el PSOE, que pretende equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina, se suma así a la que ya estaba prevista pero que ha pasado inadvertida y que introdujo Cristóbal Montoro en los Presupuestos de este año, de hasta 4,8 céntimos por litro (2,64 euros por depósito) en la gasolina en ocho comunidades y en nueve autonomías en lo que se refiere al incremento del gasóleo. (Expansión)

El Gobierno español se plantea introducir un objetivo de consumo de biocarburantes al sector aéreo dentro de sus políticas ecologistas contra el cambio climático. El Ministerio de Transición Ecológica ultima un proyecto de Ley de Cambio Climático en el que se habilita al Ejecutivo a establecer objetivos anuales de biocarburantes en el transporte por aire de forma similar a como se hace en los movimientos por carretera para reducir sus emisiones contaminantes, según consta en el borrador remitido a las empresas afectadas para su análisis. El plan del Ejecutivo prevé una cuota en el uso de estos carburantes 'verdes' del 2% obligatoria a partir de 2025, lo que supone un movimiento revolucionario en un sector que hasta ahora se autorregulada en su estrategia para reducir emisiones a través de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata). (El Mundo)

Atraer mano de obra cualificada de otros países fuera de la UE para paliar la acuciante falta de trabajadores que padecen algunos sectores y regiones de Alemania. Ese es el objetivo al que responden los proyectos de ley aprobados por el Gobierno de coalición de Berlín, en un momento en el que la extrema derecha ha convertido la migración en un asunto políticamente ultrasensible. (El País)

Mariano Rajoy ha recibido otro varapalo del Tribunal Constitucional. Tras considerar el pasado noviembre que el expresidente del PP incumplió la ley al gobernar diez meses sin control parlamentario, los magistrados del tribunal de garantías concluyen ahora que también se “vulneró” el derecho de los diputados con el veto que ejerció el Gobierno para impedir en el Congreso un debate sobre una proposición de ley del PSOE referida a pensiones no contributivas. (El País)

El Consejo de Ministros que se celebra mañana en Barcelona aprobará previsiblemente una batería de inversiones para infraestructuras en Cataluña. Un guiño con el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca satisfacer las demandas en este ámbito. El plan es sacar adelante varios concursos de carreteras por 200 millones de euros, según explican las fuentes gubernamentales consultadas. Para conservación de la red viaria prevé licitar actuaciones por aproximadamente 60 millones. Con estas medidas, el Ejecutivo quiere empezar a hacer realidad las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que reconoció “un déficit de inversión del Estado” en Cataluña.  (El Economista)

Los Mossos d’Esquadra ayudaron a los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 a desactivar las alarmas de los puntos de votación para que se pudiera realizar la consulta. La Guardia Civil ha tenido acceso a cientos de nuevas comunicaciones de la policía autonómica catalana durante dicha jornada y ha elaborado un extenso informe al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO. En él denuncia la colaboración de los Mossos para neutralizar, con la colaboración de agentes de la Policía Local de diversos municipios, los sistemas de seguridad de los colegios electorales. (El Mundo)