Exclusivas de la prensa de papel (21/03/2019)

Iberdrola y Naturgy rechazan rotundamente ceder a Endesa las centrales nucleares para que sea ésta compañía la que las opere en solitario hasta su desmantelamiento. Y mucho menos hacerlo de forma gratuita. Así lo aseguraron ayer fuentes cercanas a Iberdrola y Naturgy. Es el último capítulo de la pugna que mantienen las tres grandes eléctricas ante el apagón nuclear. Aunque a comienzos de este mes las empresas firmaron un protocolo para un cierre ordenado de las nucleares entre 2027 y 2035, ahora no consiguen ponerse de acuerdo en los detalles de cómo pedir los permisos de funcionamiento adicionales que necesita cada instalación hasta su cierre. (Expansión) (Cinco Días)

El Banco de España señala que la nueva ley hipotecaria, que entrará en vigor el 16 de junio, encarecerá los créditos inmobiliarios. El supervisor nacional destaca en el Informe Trimestral de la Economía Española, publicado ayer, que la limitación de las comisiones para la amortización anticipada de un préstamo a tipo fijo “podría propiciar un cierto aumento de los tipos de interés de los nuevos préstamos”, especialmente en el caso en los que se aplica este tipo. Cabe recordar que la normativa obliga a las entidades a limitar al 2 por ciento del capital amortizado la comisión máxima en el caso de que el cliente cancele la hipoteca de forma anticipada en los diez primeros años de vida, y del 1,5 por ciento, a partir de los 11 años. Antes de esta ley, el banco y el cliente pactaban esta comisión. (El Economista)

La batalla por sobrevivir en el sector bancario español se intensificará por el retraso en la subida de los tipos en Europa. El mapa bancario quedará reducido a seis o siete entidades. El tamaño óptimo para operar en España oscilará entre los 200.000 millones y los 300.000 millones de euros en activos. (Expansión)

El sector del gran consumo apuesta por la digitalización de los canales de venta ‘online’ y físicos para que prospere la convivencia de ambos formatos. (El Economista)

Sanidad ultima con las comunidades un plan para reducir de forma drástica el cupo al que deben atender unos profesionales sobrexigidos tras los años de recortes. Para ello se necesitará la incorporación antes de 2025 de más de 10.000 nuevos médicos y 16.000 enfermeras. Otra medida será la convocatoria de oposiciones cada dos años, después del periodo de crisis que redujo la tasa de reposición hasta solo un 10%. El objetivo es limitar a mil pacientes el ámbito de atención primaria de cada médico y cada enfermera, frente a la media de 1.347 y 1.547 de los que se ocupan, respectivamente, estos colectivos. (El País)

El tribunal tiene decidido celebrar sesiones tanto el lunes 15 como el martes 16 y el miércoles 17 de abril y la vista oral solo se tomará un respiro en los festivos del jueves y viernes santos. Y es que, pese a que aún deben testificar en la vista oral alrededor de 500 testigos, la Sala confía en hacer buenas las previsiones que sitúan a mitad del próximo mes de mayo el visto para sentencia, lo que permitiría que la sentencia se diese a conocer antes de agosto. Como ha sucedido este mes, en abril el tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, habilitará previsiblemente, según las fuentes consultadas, varios lunes del calendario para celebrar sesiones, lo que permitirá seguir ampliando de tres a cuatro el número de jornadas reservadas para la vista oral. (La Razón)

Estas son solo parte de las condiciones en las que malviven los 70 presos de una cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas en la que prestó servicio entre agosto y febrero un teniente de aviación que ayer se presentó como Ronald Dugarte. Tales fueron las brutalidades que este joven uniformado presenció y escuchó de los presos, que decidió desertar el 27 de febrero y darle la espalda al régimen de Nicolás Maduro. Antes de irse, gracias a una pequeña cámara oculta tras un agujero en el bolsillo derecho de la camisa de su uniforme, el teniente Dugarte grabó lo que pudo de la vida en esa prisión donde muchos de los torturadores, dijo, son cubanos. Él dice que se negó a tomar parte en torturas, pero ayer, en una comparecencia por videoconferencia en la sede de la Organización de Estados Americanos detalló los abusos de los que tiene constancia y sobre los que puede testificar: ahogamiento fingido, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y colgamientos, por ejemplo. (ABC)

La tensión crece en el PP. El partido optó ayer por retrasar la comunicación oficial de las candidaturas al Congreso. Casado ha apostado por la renovación y tras «jubilar» a los marianistas en los primeros puestos ahora la polémica está en el Senado y las Europeas, donde la «vieja guardia» está presionando. Las listas electorales están generando tensiones crecientes dentro del PP. Génova optó ayer por la solución extraordinaria de que en vez de aprobarlas todas a la vez, a medida que el Comité Nacional bendecía la decisión, las provincias iban haciéndola pública. La negociación y las dificultades para encajar todas las piezas, satisfaciendo a todas las partes, obligó de nuevo a retrasar la comunicación oficial de las candidaturas al Congreso, al Senado y la lista al Parlamento Europeo. (La Razón)

La histórica ex dirigente del PP vasco María San Gil ha rechazado ser la número dos de Pablo Casado en la lista madrileña del PP a las elecciones generales y ha declinado, también, ser la cabeza de lista para las europeas. (El Mundo)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha pedido explicaciones a la Policía tras desaparecer de golpe la vigilancia sobre su domicilio, que fue asaltado la pasada semana por un individuo todavía por identificar. El instructor del caso Villarejo ha comprobado cómo la vigilancia policial que se desplegó durante las primeras 48 horas ha abandonado su casa y ha exigido que se le razone a qué se debe la medida. Máxime cuando la investigación del suceso, desvelado por EL MUNDO, todavía sigue abierta. Fuentes policiales aseguran a este periódico que el magistrado ha trasladado su malestar después de que no haya vuelto a ver en las inmediaciones de su domicilio ningún rastro del dispositivo que se le puso durante las primeras horas. (El Mundo)

Unos 120 presos de ETA de los 227 que hay en cárceles españolas han presentado escritos en los que acatan la ley con el fin de mejorar su situación en prisión. En ellos, reclaman cambiar su actual clasificación penitenciaria del primer grado, el más duro, por el segundo, que les permitiría solicitar permisos si cumplen otros requisitos y, sobre todo, optar a ser acercados a cárceles vascas. Interior, que ha trasladado a 26 etarras, rechaza que este gesto sea suficiente e insiste en que Prisiones valora otros datos antes de decidir un acercamiento. (El País)

El president Quim Torra reconoció ayer que ya contaba con el parecer del Síndic de Greuges sobre los lazos amarillos desde la semana pasada. A pesar de ello, el martes anunció que encargaba un informe a Rafael Ribó sobre si debía retirar esos símbolos de la fachada de los edificios de la Generalitat y que haría caso de su resolución y no de la Junta Electoral Central. El Síndic reiteró ayer su opinión favorable a retirarlos. (La Vanguardia)