Exclusivas de la prensa de papel (23/11/2018)

Fuentes de la delegación que acompaña a Sánchez en su visita a La Habana subrayaron que el presidente "ha sido muy claro" y que España "sigue en el veto". Aunque el acuerdo del Brexit podría aprobarse por mayoría cualificada y con la oposición de España, las mismas fuentes consideraron "impensable" que salga adelante "sin el consenso de los 27" y advirtieron de que "si la declaración política no es unánime no hay declaración". Ni el texto del acuerdo ni el de la declaración política convencen al Gobierno --"si a May le sirven, a nosotros no"-- para el que "hay un interés nacional de España que no está siendo suficientemente defendido", informa Miguel González. (El País)

Ferrovial quiere iniciar el proceso oficial de venta de la división de Servicios antes de que acabe el año, en una operación valorada en unos 3.000 millones. La compañía, asesorada por Goldman Sachs, se plantea una segmentación de la división por actividades o por áreas geográficas para facilitar la venta de un negocio que ha despertado el interés de grandes inversores internacionales. Fondos de infraestructuras y corporaciones asiáticas figuran como principales candidatos. (Expansión)

La compañía de la familia Riberas, dueña también de Gestamp, compra la planta de Vestas para reconvertirla en una acería. (El Economista)

En una asamblea celebrada en la primera semana de noviembre, los propietarios de la central nuclear de Almaraz, las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) volvieron a poner de manifiesto sus discrepancias respecto al futuro de la central extremeña. Las empresas tienen de plazo hasta el 31 de marzo de 2019 para solicitar una prórroga del permiso de explotación del primer grupo, Almaraz I, que caduca un año después, en 2020. Ya en 2023, el reactor cumplirá los 40 años de vida útil. Iberdrola y Naturgy han promovido, sin Endesa, un encuentro con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez. La decisión se ha de adoptar por unanimidad de los socios. (Cinco Días) (El Economista)

Acciona ha activado su defensa en la exigencia de 1.074 millones por la resolución anticipada de la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), cifra negada por el Govern de la Generalitat de Calatuña el pasado día 8. La compañía ha presentado alegaciones a la resolución de la comisión constituida por la Administración catalana para finiquitar la relación en ATLL. El Govern consideró que es la propia Acciona y sus socios quienes han de pagar 38,4 millones. (Cinco Días)

Ganar dinero en bolsa no está siendo fácil, pero tampoco en renta fija. En general, el precio de la deuda emitida en todo el planeta está retrocediendo este año por los menores estímulos de los bancos centrales. El Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, uno de los índices de renta fija más seguidos a nivel mundial, acumula pérdidas del 3,16 por ciento en el año; en noviembre llegó a caer un 3,7 por ciento. (El Economista)

El Banco Central Europeo (BCE) examinará por primera vez los criterios de concesión de las hipotecas y otros préstamos, como los que se destinan al consumo. El supervisor quiere dar un paso más para frenar de raíz el crecimiento de los activos tóxicos en la banca europea. (Expansión)

Luigi Di Maio se muestra firme en su desafío a Bruselas por el expansivo Presupuesto de su país para 2019. "Quiero dialogar con la UE en términos de recortar el despilfarro, aumentar la venta de inmuebles y activos de la administración pública, incorporar cláusulas para garantizar que no superamos el 2,4% de déficit. Pero tiene que quedar claro que en Italia no habrá otra carnicería social. Los italianos hemos pasado en 10 años por reformas laborales, aumento del IVA, reforma de las pensiones, subida de impuestos a las empresas... Y todos los políticos decían que lo había pedido Europa. Yo creo en una UE solidaria que lleve adelante sus principios, pero la carnicería que nos piden no es posible. Dialogaremos sin renunciar a más derechos para los italianos", afirma. (El País)

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, ha decidido no abstenerse y su propósito es, por tanto, mantenerse al frente del proceso y del juicio por el caso 1-O. Marchena ha sido objeto de recusación por parte de nueve de los procesados en este procedimiento judicial, que han alegado una supuesta falta de imparcialidad de dicho magistrado para juzgar a los dirigentes independentistas. Ante ello, hubiera podido optar por la abstención, y apartarse del enjuiciamiento del caso. Pero según diversas fuentes de la propia Sala Penal, ha resuelto seguir al frente del tribunal que juzgará el 1-O por estimar, en sustancia, que su imparcialidad no puede ser cuestionada a causa de las con­sideraciones contenidas en el ­whatsapp que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, remitió a sus parlamentarios. El juez Francisco Monterde resolverá si tramita la recusación contra el magistrado. (La Vanguardia)

El mensaje que el miércoles envió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para condenar el espectáculo de ERC en el Pleno del Congreso no dejó contenta a toda su bancada. El sector más crítico con la dirección socialista actual expresaba ayer su malestar por las casi cuatro horas que el jefe del Ejecutivo tardó en reaccionar. Sánchez no estaba en el Congreso cuando sucedieron los hechos pero según fuentes socialistas "se enteró rápidamente". Sin embargo, tardó tanto en enviar el mensaje que cuando lo hizo casi toda su bancada había condenado ya la actitud de ERC a través de las redes sociales. (ABC)

El diputado de ERC Gabriel Rufián recibe cada mes un sueldo superior a los 7.000 euros por acudir al Congreso de los Diputados para representar el papel de "hooligan" del independentismo, ya sea en comisión o en las sesiones plenarias. Una sobreactuación que, en algunos casos, como se hizo manifiesto el pasado miércoles, incomoda a su jefe de filas, el veterano Joan Tardá. (La Razón)

Fuentes próximas al afectado niegan que Edmundo Bal hubiera planteado problemas para intervenir en el juicio conforme al criterio establecido por su superiora, la abogada general del Estado Consuelo Castro. "Ha actuado con lealtad a la Abogacía y al Gobierno. Ha cumplido todas las instrucciones, salvo firmar un escrito de acusación que no era suyo", explican esas fuentes. El propio Bal ha rechazado hacer comentarios sobre su destitución. (El Mundo)

El nuevo PP prevé que seguirán las filtraciones "controladas por el Gobierno" sobre la presunta "operación Kitchen" de los papeles de Bárcenas, aunque ni Casado ni su "núcleo duro" estuvieron en esa etapa. La crisis judicial e institucional puede ser más determinante de lo que parece en que se acorte la legislatura. El análisis está ya encima de la mesa de trabajo de la mayoría de los partidos, empezando por la principal fuerza de la oposición. Es crisis política, judicial y económica, una "mezcla" que deja cada vez menos margen para la hoja de ruta que preferirían en la nueva dirección popular, la de ganar tiempo hasta las próximas elecciones generales aunque en público hace meses que en el discurso oficial está instalada como consigna la exigencia de que se disuelva ya la Legislatura. (La Razón)

El chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas facilitó a la Policía las claves de la alarma de su escondite: un estudio en el que ocultaba documentación. Sergio Ríos, que fue captado como confidente en la denominada operación Kitchen puesta en marcha para robar a Bárcenas su arsenal contra el PP, filtró el código que permitió al dispositivo policial acceder al inmueble sin orden judicial y sustraer material sensible. El conductor guió a los agentes hasta allí tras asegurar que Bárcenas y su mujer habían ocultado documentos en un viejo arcón. (El Mundo)