Exclusivas de la prensa de papel (24/07/2018)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó ayer que es «improbable» que España cumpla el objetivo de déficit del 2,2% pactado con Bruselas. La afirmación se produjo después de que el propio Gobierno haya adelantado a la Comisión que no alcanzará esa cifra, y tras haber negociado incluso una nueva senda de ajuste. La advertencia, por lo tanto, podría resultar obvia, y más partiendo de que algunos motivos para este incumplimiento eran ya conocidos. Sin embargo, el organismo que preside José Luis Escivá introdujo un elemento que no se había tenido en cuenta -o al menos no tanto como otros factores- y que a la luz de las cifras va a resultar fundamental: el lastre que todavía supone el sector bancario. (El Mundo) (La Razón)

Las autoridades que participaron en el proceso de resolución de Banco Popular barajan la posibilidad de que aún en el caso de que la justicia europea decretase la nulidad del proceso, los accionistas e inversores afectados no tendrían derecho a percibir una compensación económica por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) o del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El pasado 6 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) remitió un escrito, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, dirigido a los inversores afectados presentes en la causa, así como a la JUR, en el que les pregunta cómo se llevaría a cabo, según sus respectivos puntos de vista, la anulación de la decisión del 7 de junio de 2017 de resolver Banco Popular. (El Economista)

Citi, Bank of America Merrill Lynch, Santander y Morgan Stanley son los pilotos de la operación para sacar a Bolsa entre el 35% y el 40% del capital en octubre. Y ya están los segundos escalones encargados Son Barclays, BNP Paribas, First Abu Dabi Bank, Société Générale y UBS. En el tercer puesto, estarán los españoles BBVA y CaixaBank. (Cinco Días)

A partir del 1 de septiembre entra en vigor un nuevo protocolo europeo para la homologación de vehículos, derivado del escándalo del dieselgate, que obliga a los concesionarios de automóviles a comercializar los vehículos homologados con el protocolo actual antes de esa fecha o a matricularlos ellos mismos y, en el mejor de los casos, venderlos posteriormente como kilómetro cero, sensiblemente devaluados. Como resultado, los concesionarios ofrecerán descuentos del 35 al 40 por ciento durante el mes que viene, sobre todo los últimos días. (El Economista)

La multimillonaria devaluación de activos que ha hecho Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), con una depreciación de 4.900 millones en el valor en libros de sus centrales tradicionales, ha puesto en alerta a la CNMV. El supervisor ha pedido datos sobre la valoración de sus activos no sólo a Naturgy, sino también a otras eléctricas como Iberdrola y Endesa. Todas presentan resultados esta semana y se espera que den detalles al respecto. (Expansión)

Para la Comisión Europea, los laudos internacionales que conceden indemnizaciones millonarias a favor de los inversores europeos en el sector de renovables no tienen ningún valor, tanto si invocan tratados bilaterales de protección como si esgrimen la Carta de la Energía. Bruselas considera que en ambos casos se trata de normas incompatibles con el ordenamiento jurídico de la UE, que reserva para los tribunales nacionales y europeos la competencia exclusiva de interpretar la normativa comunitaria y garantizar la protección del inversor. “Todas las cláusulas de arbitraje en los tratados bilaterales de inversión entre países de la UE son inaplicables y cualquier tribunal de arbitraje establecido sobre la base de esas cláusulas carece de jurisdicción”, afirma la Comisión en una Comunicación o directriz sobre la protección al inversor publicada el pasado jueves. (Cinco Días)

El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, afirma, en una entrevista con EXPANSIÓN, que la subida del tipo mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades “es injusta y va a recaudar poco”. Opina que “no es el momento de tocar el Impuesto, tras una crisis que cerró 300.000 empresas”. Sobre el pacto salarial: “A lo mejor subir los salarios un 2% obliga a alguna empresa a cerrar”.

Ignacio Ruiz-Jarabo es inspector de Hacienda, fue director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001 y considera que los argumentos esgrimidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para no publicar la lista de contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal que en 2012 llevó a cabo Cristóbal Montoro no se sostienen. Y asegura, además, que la intención de prohibir por ley futuras regularizaciones de este tipo carece de cualquier sentido, y se trata de «una estupidez» ya que se podría revertir fácilmente en el futuro. (El Mundo)

El nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ofrecerá mañana a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, incorporar a miembros de su equipo en las candidaturas de las municipales de 2019, en la estructura de los grupos parlamentarios en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, y también en el organigrama de Génova, a nivel de visecretarías y secretarías ejecutivas, por ejemplo. El equipo de Casado precisa que no se trata de repartir cargos, sino de sumar a todo el partido en un mismo proyecto que tenga como prioridad la regeneración. (La Razón)

La Policía Judicial denuncia que la familia Pujol utilizó su «influencia» para hacer negocios con la Generalitat que presidía Artur Mas. La Udef ha remitido al juez José de la Mata un correo electrónico que revela cómo Jordi Pujol Ferrusola montó una reunión en 2012 entre el fondo de inversión israelí JVP y el exconseller de Economía Andreu Mas, al que presentó a sus clientes como «ministro de Economía» de Cataluña. Los investigadores destacan que Artur Mas se desplazó a Israel tras estas gestiones. (El Mundo)