Exclusivas de la prensa de papel (25/09/2019)

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se prepara para una tramitación más accidentada de lo esperado para su nombramiento como Alto Representante de la política Exterior de la UE. En la respuesta que ha enviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo manifiesta que no ve la necesidad de vender sus acciones en compañías multinacionales, a no ser que los diputados le obliguen a hacerlo. La publicación de la carta en la prensa alemana ha suscitado comentarios cáusticos en aquel país, incluyendo indicaciones que prevén que su audiencia puede ser un procedimiento tormentoso. (ABC)

BBVA reconoció ayer que Antonio Béjar ya no pertenece a la plantilla de la entidad financiera. La salida de Béjar, que hasta el pasado mes de julio presidía Distrito Castellana Norte (la antigua ‘operación Chamartín’) y que durante muchos años antes trabajó para BBVA en distintas áreas del grupo, es la segunda que se produce. La primera fue la marcha de Eduardo Arbizu (responsable del área de Supervisión, Regulación y Control Interno) el pasado mes de julio, tras unos procedimientos iniciados por la entidad a raíz de la investigación puesta en marcha para esclarecer las relaciones comerciales que el banco mantuvo con el excomisario, José Manuel Villarejo, hoy en prisión preventiva acusado de haber cometido varios delitos, entre ellos el de espionaje a empresarios, políticos y periodistas, de 2004 a 2017. (Expansión) (El Economista)

Red Eléctrica va a renovar en profundidad la cúpula directiva y el consejo de administración de Hispasat, una vez cerrada la compra de la compañía a Abertis. Con ese objetivo, el consejo de administración de Red Eléctrica Corporación aprobó en su reunión de ayer proponer a la junta de accionistas de Hispasat el nombramiento de Miguel Ángel Panduro como nuevo consejero delegado de la compañía de satélites. El directivo sustituirá en el cargo a Carlos Espinós, que ha dirigido la empresa desde el año 2011, de la mano de Abertis. En principio, la junta de accionistas de Hispasat está prevista para el próximo día 3 de octubre. (Cinco Días)

Baraja créditos del ICO e incentivos de Aena. (Cinco Días)

La quiebra de Thomas Cook va a ser aprovechada por competidores y empresas turísticas para reforzar sus negocios. TUI, el mayor grupo turístico europeo, y aerolíneas de bajo coste como easyJet y Jet2 se preparan para pujar por los activos más valiosos. A IAG le interesan los derechos de vuelo de Gatwick. (Expansión)

La comisaria de Industria, Elzabieta Bienkowska, defendió ayer en el VI Foro Industrial de el Economista, patrocinado por Ence, Ferrovial y KPMG, que las administraciones no están para crear empleos. En uno de sus últimos discursos en el cargo, la política polaca defendió que hay que invertir en educación para poder afrontar la revolución digital. A su vez, los empresarios reclamaron una regulación común para impulsar la transformación digital y dejar de frenar a las compañías. (El Economista)

El magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante toda la etapa de Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tiene ultimada la redacción de una sentencia con la que, a priori, pretende amparar y absolver a las ocho personas que fueron condenadas en abril de 2015 a tres años de cárcel por los episodios de violencia que se produjeron en el asedio al Parlamento catalán en junio de 2011. Esta ponencia de Conde-Pumpido será debatida por el pleno del TC en las próximas semanas y no está previsto que las deliberaciones y el fallo definitivo se conozcan antes de que el Tribunal Supremo dé a conocer su sentencia contra los golpistas del 1-O. Sin embargo, la ponencia de Conde-Pumpido, elaborada ya desde el pasado mes de junio, está generando tensiones internas en el Tribunal no solo por la desautorización que supondría para la Sala Penal del Supremo y su sentencia condenatoria por aquel asalto al Parlament, sino porque de facto contribuiría a elaborar una nueva doctrina constitucional sobre el concepto de «violencia». Esta tesis podría dejar sin efecto los argumentos que el Supremo pueda adoptar en su fallo contra Oriol Junqueras y los demás dirigentes catalanes juzgados, en el supuesto de que fueran condenados por rebelión. (ABC)

Menos de una hora tardaron los seis magistrados de la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en rechazar los recursos interpuestos por los familiares de Francisco Franco contra la decisión del Gobierno de exhumar sus restos del Valle de los Caídos y su posterior reinhumación en El Pardo. Una decisión que causó satisfacción en el Ejecutivo y «profunda decepción» en la familia, que recurrirá. El Vaticano, la diócesis de Madrid y la comunidad benedictina del Valle acatarán la sentencia. (La Razón)

Como ya sucedió con los de Santiago Abascal, la presencia de un sexto partido pone de nuevo a prueba la ley electoral y el reparto de escaños para el Congreso de los Diputados. Con el antecedente de Vox y la fragmentación del voto en el espacio del centroderecha, surge la incógnita de qué efectos tendrá la entrada de Errejón sobre la viabilidad de un futuro gobierno de izquierdas. La respuesta depende en gran medida de la cantidad de territorios en los que decida finalmente concurrir, pero la expansión de Más Madrid podría costar a sus antiguos compañeros alrededor de un 40% de escaños. (El Mundo)

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil entre 2011 y 2016, asegura en Madrid, adonde ha acudido para participar en actos de la UGT y del PCE, que el Gobierno de su país, comandado por Jair Bolsonaro, “es neofascista”. Rousseff afirma también en una entrevista con EL PAÍS que la destrucción de la Amazonia supone además la de la soberanía de Brasil y reitera que su destitución fue un golpe de Estado. “Mi salida fue el primer acto de una pieza teatral para implantar un modelo neoliberal. Fueron irresponsables y unieron a una crisis política una crisis económica para impedir la vuelta de Lula”, señala. (El País)

Los nueve independentistas radicales detenidos el lunes en varias localidades de la provincia de Barcelona llevaban cuatro meses, desde mayo, comprando y ensayando fórmulas para la elaboración del material incendiario incautado en los registros que se hicieron tras los arrestos, según se desprende de las investigaciones realizadas en el último año y medio por la Guardia Civil. (La Vanguardia)