Exclusivas de la prensa de papel (26/10/2018)

La relación entre Jaume Roures y Miguel Cardenal, que ha entrado a formar parte de su imperio audiovisual, se forjó durante la etapa del segundo al frente de la secretaría de Estado para el deporte, entre 2012 y 2016, cuatro años muy convulsos por los cambios emprendidos en la regulación del fútbol, con la imposición de las normas de Control Económico de los clubes y la aprobación del Real Decreto que regula la venta centralizada de los derechos de televisión. En ese periodo, Roures denunció ante Cardenal, a instancias de Javier Tebas, presidente de LaLiga, a varios directivos, entre ellos un presidente, que le pidieron comisiones a cambio de los derechos de televisión de sus clubes. El caso, en el que intervinieron altos mandos de la Policía, no se judicializó. (El Mundo)

La renovación de los equipos de detección de explosivos en un total de 27 aeropuertos de la red española va a convertirse en la actuación estrella de Aena para la mejora de sus infraestructuras en el periodo regulado 2017-2021. La inversión asciende a 702 millones de euros, sobre el total de 2.185 millones que prevé el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el actual quinquenio. Se trata de adaptar los sistemas que controlan el equipaje facturado, que viaja en la bodega de los aviones, a los cambios normativos establecidos por la Unión Europea. (Cinco Días)

El gran consumo prevé contratar a 25.000 personas durante el periodo navideño, a los que hay que sumar otros 5.600 de la industria textil, según las cifras que barajan Aecoc, Anged y Acotex. La patronal de logística y transporte (Uno) sumará otros 109.000 empleos. (Expansión)

Esta semana, poco a poco, España se ha ido colocando de nuevo en los primeros puestos de la lista de mercados mayoristas más caros. Ayer, el pool español, que gestiona Omel, superaba los 70 euros por megavatio, una especie de barrera psicológica. El precio vuelve así a los niveles de septiembre, cuando se desató la polémica a nivel político por la imparable escalada de la luz, que ha batido un récord tras otro desde el pasado verano. España estaba ayer entre los tres países más caros de Europa, en línea con el francés (Epex France) y a poca distancia del italiano (GME). (Expansión)

En concreto, los partidos independentistas han anunciado que van a maniobrar para que, en el caso de sentencia favorable, el Estado asuma por ley el pago de las indemnizaciones que el sector de las VTC va a exigir por vía judicial para compensar la expropiación de las licencias y la limitación de su actividad. “Vamos a introducir dos enmiendas para asegurarnos por ley de que en caso de existir responsabilidad patrimonial lo va a asumir la el Estado”, aseguraron desde PDeCat. Una postura que ha sido respaldada por Foro Asturias, Compromis y el PNV, que creen que el decreto despierta “serias dudas jurídicas”. “Nos parece un despeje al córner de las CCAA del problema y no garantiza quien tendrá que asumir las consecuencias económicas de las posibles reclamaciones”, criticó Joan Baldoví, de Compromis (Valencia). (El Economista)

La sentencia sobre las hipotecas publicada el pasado jueves por el Tribunal Supremo le ha costado a los bancos españoles 9.066 millones de euros de su valor en el Ibex 35, 1.295 millones de media cada día o 53,9 millones por hora. Independientemente del balance que se tome como referencia, lo que está claro es que el polémico fallo del Tribunal Supremo y su posterior rectificación ha pasado factura a la cotización de las entidades, ya lastradas en Bolsa por los cambios en el sector en los últimos años. (El Mundo)

CaixaBank e Ibercaja no han esperado a la resolución final que adopte el próximo 5 de noviembre el Alto Tribunal y han encarecido los créditos para la adquisición de la vivienda. Sus ofertas gancho han elevado el coste para los clientes en el caso de CaixaBank, que solo promociona los préstamos a tipos fijos, en 0,4 puntos porcentuales, mientras que en Ibercaja, tanto en variables como en la mayor parte de las estables, en 0,15 puntos porcentuales. La banca, en este caso, está cumpliendo con sus advertencias. (El Economista)

Cuatro de los seis magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que días atrás modificaron el criterio, hasta ahora avalado sin división jurídica, sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en la tramitación de hipotecas -si la entidad prestataria o el cliente-, dictaron una sentencia radicalmente distinta hace solo once meses, que contradice sustancialmente lo ahora juzgado. El hecho es que ahora debe quedar corregida la incoherencia de esta sentencia frente a casi una decena de resoluciones anteriores, algunas avaladas doctrinalmente también por el TC, porque ha generado inseguridad jurídica severa, gran incertidumbre bancaria, y desprestigio del Supremo. (ABC)

Quienes firmaron hipotecas en los últimos cuatro años y pagaron los correspondientes tributos sobre Actos Jurídicos Documentados –entre el 0,5 y y el 1,5 del importe– podrán recuperar su dinero; pero, subrayan al respecto las fuentes consultadas, lo tendrán que solicitar a las comunidades autónomas donde firmaron las correspondientes hipotecas, ya que fueron las que ingresaron directamente esas cantidades, "las que han liquidado esos tributos", al tratarse de un impuesto estatal pero transferido a las comunidades; devolución que podrán formular por tratarse, de acuerdo con la línea marcada por el propio Tribunal Supremo, de un "pago indebido". (La Razón)

Las declaraciones del Gobierno contra la acusación por el delito de rebelión que pesa sobre nueve líderes del proceso soberanista, así como los contactos políticos con presos y huidos del 1-O para conseguir aprobar los Presupuestos, son según fuentes del Tribunal Supremo hechos de "extraordinaria gravedad". "El problema es que se está asimilando con normalidad lo que es un síntoma de destrucción del Estado de derecho", sostienen las fuentes consultadas. Fuentes del Supremo denuncian que mensajes así por parte del Ejecutivo pueden perjudicar las decisiones judiciales que aún están pendientes en el extranjero, como nuevas reclamaciones de los huidos -por ejemplo, ante una eventual sentencia condenatoria- o la revisión de lo actuado ante el Tribunal de Estrasburgo. "El juez alemán dirá ahora: qué razón tenía yo cuando decía que allí no había una rebelión, si hasta la clase política los está considerando como interlocutores válidos", añaden. (El Mundo)

La situación era igual antes que después del último encontronazo del miércoles entre Sánchez y Casado, y antes y ahora las dos partes tienen claro que el Grupo Socialista no va a respaldar ninguna de las medidas del paquete de reformas impulsadas en su mayoría por el PP, y que en teoría sí tienen el respaldo de la otra fuerza constitucionalista. Todas acabarán decayendo en el Parlamento antes de que se disuelva la legislatura, bien porque se exprima el Reglamento de la Cámara para retrasarlas lo máximo, o, de ser inviable evitar que lleguen a votarse, los socialistas directamente no las respaldarán. (La Razón)

La Ceapa, que agrupa a las familias de los colegios públicos, y la asociación de centros privados Cicae denuncian las cuotas abusivas que cobran centros concertados pese a su subvención y, en su mayoría, al suelo público que han recibido para operar. El St. Paul’s School de Barcelona, por ejemplo, cobra 850 euros al mes a cada niño pese a recibir 1,6 millones anuales de concierto. (El País) (El Mundo)

Bajo un calor y una humedad asfixiante y tras una noche en que la lluvia impidió el descanso, miles de hombres, mujeres y niños seguían avanzando este jueves en su procesión lenta y dispersa hacia el norte por el estado de Chiapas. Llevan recorridos poco más de 100 kilómetros desde que entraron en México. Les quedan más de 2.000 para llegar a la frontera estadounidense. (El Periódico)