Exclusivas de la prensa de hoy
La militancia del PSN respaldó ayer el acuerdo para formar Gobierno en Navarra con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, aunque necesita la abstención de Bildu. Mientras que el PP no negociará con Sánchez si mantiene el "pacto de la vergüenza" en Navarra.
Estas son las exclusivas del día, empezando por las económicas:
La salida de Antonio Béjar, hasta ahora presidente de DCN, promotora participada por BBVA y Sanjose del desarrollo conocido como Operación Chamartín, tras ser imputado por el caso Villarejo, evita que nada pueda empañar la aprobación de este plan urbanístico, que será elevado al Pleno del Ayuntamiento de Madrid que se celebra hoy. Antonio Béjar, hasta ahora presidente de Distrito Castellana Norte, la sociedad promotora del desarrollo conocido como Operación Chamartín, ha sido destituido de su puesto tras conocerse el pasado viernes que ha declarado ante la Justicia tras ser imputado por la investigación sobre el Caso Villarejo. (El Economista)
Ferrovial acelera su salida de Amey. El grupo ha realizado una ampliación de capital de más de 300 millones de euros para sanear el balance de su filial británica de servicios de cara a lanzar el proceso de venta. La desinversión en Amey, en números rojos por la ruptura de un contrato con el Ayuntamiento de Birmingham, se enmarca en el plan de Ferrovial de abandonar el negocio de servicios. (Expansión)
Mapfre da un paso más en la diversificación de sus inversiones con su entrada en el sector inmobiliario francés. La aseguradora y su socia Swiss Life han invertido al 50% un total de 296,1 millones de euros en nueve inmuebles en París que suman un espacio total de 22.000 metros cuadrados. La operación es la mayor apuesta realizada por Mapfre en el mercado inmobiliario galo, apuntan en la compañía española. (Expansión) (Cinco Días)
Bankia presenta sus resultados semestrales hoy lunes y, a la vista de lo que pasó en el primer trimestre y lo que esperan los analistas para este y los siguientes periodos, es muy probable que el consejero de la entidad, José Sevilla, acabe aceptando lo que se viene adelantando en las reuniones privadas con los expertos: el banco cumplirá con la mayor parte de los objetivos del plan estratégico que termina en 2020, pero no se alcanzará, ni de lejos, la cifra de 1.300 millones de euros de beneficios al final del periodo y, por lo tanto, la rentabilidad no llegará al 11% previsto. (Expansión)
Santander ajusta los precios de sus hipotecas para defender sus márgenes y su cuenta de resultados en el nuevo escenario de tipos de interés. Ante el bajón económico en Europa, el BCE está preparando un nuevo paquete de estímulos y abre paso a la posibilidad de una bajada del precio del dinero en la zona euro en los próximos meses, lo que presionaría aún más los precios del activo de la banca. (Expansión)
Naturgy ha cerrado un acuerdo con Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador del sistema eléctrico de Portugal, para venderle por unos 150 millones de euros –167,4 millones de dólares– el cien por cien de Transemel, una sociedad chilena dedicada al negocio de transporte de electricidad. Con la operación cumple el objetivo desinvertir hasta 3.000 millones incluido en su Plan estratégico 2018-2022. (El Economista)
Economía modificará la Ley de Sociedades de Capital para un mayor control por la Sociedad Estatal de Particiones Industriales (Sepi) de algunas de sus participadas, como Red Eléctrica, Indra y, en menor medida, Enagás. También, se reforzarían los nucleos duros de las cotizadas con accionistas estables. La propuesta incluye en el derecho societario un sistema llamado de “Atribución de voto adicional por lealtad”, que la compañías lo incorporarían a sus estatutos para duplicar los derechos de voto de accionistas estables, incentivar la permanencia en el capital y reducir las presiones cortoplacistas sobre la gestión de las empresas. Así, la Sepi podría llegar a votar por un 40 por ciento frente al 20 por ciento que tiene en REE, por un 10 por ciento en Enagás (tiene un 5 por ciento) o por un 37,4 por ciento en Indra (tiene un 18,7 por ciento). (El Economista)
Si en febrero el gasto de varios ministerios ya superaba el 50 por ciento de lo previsto para 2019, esta tendencia no ha hecho sino ir a más en los siguientes meses del año. Según indican los últimos datos de Hacienda, que datan de abril, los departamentos dependientes del Estado y del Gobierno ya habían ejecutado el 68,2 por ciento del gasto presupuestado para este año, por lo que no es descabellado pensar que tres meses más tarde ya hayan superado el 70 por ciento. Es decir, que el Ejecutivo cuenta con menos de un tercio de sus presupuestos para terminar el año. (El Economista)
En apenas seis meses, la Inspección de Trabajo ha detectado 8.076 falsos autónomos en plataformas digitales de reparto (Deliveroo, Glovo...). La lucha contra la práctica empresarial de forzar a los trabajadores a darse de alta como autónomos cuando deberían ser asalariados es un objetivo del plan de lucha contra la explotación laboral, que entró en vigor en agosto del año pasado. Siguiendo esta instrucción, los inspectores han hallado 32.067 empleados que deberían cotizar en el régimen general, según la evaluación del Ministerio de Trabajo de los 11 primeros meses de este plan trienal, a la que ha accedido EL PAÍS. (El País)
Las comunidades autónomas se perfilan como grandes ganadoras del decreto que aprobó el Gobierno para que los bancos paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas en vez del cliente, a través de una mayor recaudación. Las regiones prevén ingresar este año un 11% más por el conjunto del impuesto de AJD y el de Transmisiones Patrimoniales (ITP). De los 9.838 millones que esperan las regiones por ambos tributos, la banca afrontará en torno a 670 millones, según Moody’s, ya que los bancos deben pagar solo elAJD referido a los préstamos hipotecarios, mientras que estos gravámenes también salpican a escrituras y otro tipo de documentos y operaciones. (ABC)
No parece que Carmen Calvo, la flamante vicepresidenta «única» de Pedro Sánchez haya salido airosa de los dos «embolados» que el líder del PSOE le ha encargado durante su breve estancia en La Moncloa. Su promesa estrella en el discurso de la moción de censura, la exhumación de Franco, permanece embarrancada en los tribunales. El acercamiento de mínimos con Podemos para garantizarle a Pedro Sánchez la renovación de su contrato presidencial, duerme el sueño de los justos. En ambos dosieres, y así me lo reconocen varios dirigentes socialistas, se halla la «impronta Calvo»: poca capacidad de diálogo, repelús a confrontar con el adversario –llámese éste familia de Franco o Pablo Echenique– y altas dosis de engreimiento. (La Razón)
El PSOE trabaja ya en lograr la investidura de Pedro Sánchez el próximo mes de septiembre. Sin embargo, aunque no es el escenario deseado, desde el partido se ha dado instrucción para mantener las estructurales provinciales que prepararon las elecciones generales de abril y autonómicas y municipales de mayo, por si hay que repetir los comicios. En caso de una repetición electoral, nadie discutirá la decisión del presidente en funciones. Si las bases de un eventual acuerdo con Unidas Podemos no están claras, mejor ir a elecciones, señalan dirigentes de distintas federaciones. (El País)
El PSOE se debate entre ir a las elecciones o gobernar en solitario. (La Vanguardia)
El portavoz en el Congreso defendió ante los suyos la necesidad de no bloquear un Ejecutivo del PSOE con Podemos. Frente a él, la línea dura de Esquerra, que apostaba por el «no». (La Razón)
El tiempo y una carta remitida por la dirección de EH Bildu de Navarra a sus militantes han confirmado lo que Javier Esparza (Pamplona, 1970) venía advirtiendo desde el pasado 26 de mayo. El partido de Arnaldo Otegi cuenta con "garantías" de que si María Chivite es designada presidenta el próximo viernes 2 de agosto continuará con la senda marcada por Geroa Bai (la coalición nacionalista dirigida por el PNV) y por EH Bildu. Esparza acusa directamente al presidente en funciones Pedro Sánchez de avalar este acuerdo con "los amigos de los asesinos de ETA". (El Mundo) (ABC)
Revela gratificaciones hechas por el Gobierno del PP para acceder a información sobre los planes de los secesionistas. También aflora pagos de 40.000 euros en dispositivos de contravigilancia a los 'mossos' que espiaron a Jorge Fernández Díaz. Los datos fueron entremezclados con otros documentos sobre el espionaje a Luis Bárcenas. (El Mundo)
En el Alto Tribunal se prevé que el fallo se conocerá como pronto en la segunda quincena de septiembre, o como tarde en la primera de octubre próximos. La Sala Penal ya tiene escrito el primer capítulo de la resolución, relativo al tratamiento que se ha dado en este proceso a los derechos individuales y de defensa. Presumiblemente, el Supremo sostendrá que los derechos de los procesados han sido plenamente respetados. Y al propio tiempo el fallo va a rechazar la idea de que la convocatoria del 1-O supuso un mero ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Si admitiera tal hipótesis, la sentencia tendría que ser absolutoria y ya se habrían acordado las correspondientes libertades. Y ha sucedido lo contrario, porque el Supremo ha denegado las excarcelaciones solicitadas tras el final del juicio. (La Vanguardia)
Los Mossos d’Esquadra consiguieron recuperar un gran número de conversaciones mantenidas entre los terroristas el mismo día de los atentados del 17 de agosto del 2017. La clave estuvo en la recuperación de los terminales telefónicos tras la masacre, encontrados en los coches utilizados en la Rambla y Cambrils así como en la casa de Alcanar (Tarragona) que utilizaban como base de operaciones, y la identificación de hasta 13 números de teléfonos “conspirativos”, según la terminología de los informes policiales, que se sumaban a los personales. (La Vanguardia)