Exclusivas de la prensa de papel (31/10/2018)

Ferrovial, que ayer presentó resultados hasta septiembre con una caída del beneficio hasta 59 millones de euros, ha llevado a cabo una profunda remodelación de su cúpula directiva. El detonante ha sido la salida de Enrique Díaz-Rato, desde 2006 consejero delegado de Cintra, la filial de concesiones del grupo fundado por la familia Del Pino. El adiós del veterano directivo ha provocado cambios en el resto de las divisiones de la empresa. A partir de ahora, las riendas de Cintra las toma Alejandro de la Joya, primer ejecutivo del área de Construcción de Ferrovial. A su vez, De la Joya será sustituido por Ignacio Gastón, que ocupaba el puesto de consejero delegado de Ferrovial Servicios España. Según las fuentes consultadas, Ferrovial manejó varias opciones para sustituir a Díaz-Rato con otros profesionales de la empresa como el actual CEO de Aeropuertos Jorge Gil e, incluso, con personas ajenas a la empresa. (Expansión)

Eroski, que puso ayer al día sus cuentas del primer semestre, se encuentra de nuevo inmersa en duras negociaciones con sus acreedores para refinanciar su deuda, casi cuatro años después de abordar un proceso similar. Según se recoge en el informe de gestión consolidado a 31 de julio de 2018, la dirección del grupo está negociando con los bancos un nuevo calendario de pagos de la deuda, más allá de la fecha de vencimiento actual, para adecuarla a la generación de flujos, “no teniendo dudas sobre que dichas negociaciones finalizarán con éxito en las próximas semanas”. Estas negociaciones están siendo intermediadas por el banco PJT Partners. (Expansión)

Solvia, la división inmobiliaria de Banco Sabadell, ha cerrado la venta al family office de Carmen Godia de tres hospitales por 200 millones de euros. Las instalaciones, ubicadas en Barcelona, San Sebastián y Erandio (Bizkaia), están alquiladas al grupo hospitalario Quirónsalud, perteneciente a la alemana Fresenius. Sabadell reduce así lastre inmobiliario en su balance, conforme a las reiteradas recomendaciones del Banco de España y del Banco Central Europeo. (Cinco Días)

La venta de Solvia, el servicer del Banco Sabadell, encara su recta final. Tal y como ha podido saber El Economista, el fondo estadounidense Cerberus se postula como el favorito para quedarse con esta compañía, valorada en una cantidad superior a los 300 millones de euros. Según fuentes de mercado, ayer se presentaron las ofertas vinculantes por Solvia Servicios Inmobiliarios –la firma encargada de la comercialización de activos–, entre las que sobresalieron las de Cerberus, Intrum (la sociedad fruto de la fusión de Justitia y Lindorff ) y la de otro fondo extranjero, siendo el primero el favorito del proceso, que está siendo coordinado por Alantra.

La incertidumbre jurídica se cierne sobre las sicavs, los vehículos de inversión utilizados por grandes patrimonios y que tributan al 1% en Sociedades. Aunque la tormenta nunca llega a descargar, cada vez son más los propietarios de estas sociedades de inversión colectiva de capital variable que deciden deshacerlas. Desde finales de 2015, cuando comenzó el ruido político sobre esta figura, el número de sicavs ha caído en 660, lo que supone una reducción del 19%. (Cinco Días)

España aplica el impuesto más caro de Europa para la constitución de las hipotecas, el mismo que estos días está generando polémica por la decisión del Supremo de eximir a los prestatarios de su pago e imponérselo a los bancos. La decisión, eso sí, deberá ser ratificada el próximo lunes por el Pleno del Alto Tribunal, tras el cambio de doctrina tan trascendental para el mercado de los créditos para la adquisición de la vivienda. En los últimos días las entidades están argumentando en su defensa que en los países de nuestro entorno lo sufragan los clientes que piden la financiación, por lo que de mantenerse la nueva jurisprudencia España sería el primero en el que lo asumiría el sector financiero. (El Economista)

A partir de ahora empieza una nueva etapa, con efectos sin duda en los Presupuestos de 2019. Se abre el debate de totalidad, que se celebrará a mediados o finales de noviembre, y a partir de ahí el Grupo Popular pedirá de nuevo semanalmente y de manera continua que se amplíe el plazo de enmiendas parciales. Otra vía para dilatar la tramitación de la reforma que el Gobierno necesita aprobar para cumplir su acuerdo con Podemos para eliminar el veto del Senado y aumentar el nivel de gasto público. De hecho, el Ejecutivo se comprometió a no someter a votación la senda de estabilidad presupuestaria hasta lograr la modificación de esta ley orgánica, cambio legislativo que apoyan también ERC, PDeCAT y PNV. (La Razón)

Pedro Sánchez reivindicará hoy, en un acto de homenaje a la Constitución, el artículo 2 de la Carta Magna que durante la contienda de las primarias del PSOE en 2017 defendió reformar para garantizar la plurinacionalidad del Estado y dar así encaje a las demandas de Cataluña con un modelo federal. El presidente defenderá la "indisoluble unidad de la Nación" mientras negocia los presupuestos con los partidos secesionistas. El PSOE siempre sostuvo que su receta para solventar el conflicto territorial en Cataluña pasaba por una reforma en clave federal de la Constitución, capaz de recoger las sensibilidades y las aspiraciones nacionales de ciertas regiones como la catalana. (La Razón)

El PP fue desalojado del Gobierno con la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero Ciudadanos también fue despojado de su papel de socio político del Gobierno. Liberado de esta cadena, la formación naranja ha consumado un giro radical en su estrategia en el Congreso. Rompe la entente con el PP que bloqueaba decenas de iniciativas en el Congreso. Su posición ahora es dar vía libre a la tramitación de iniciativas en función de sus intereses políticos y estratégicos. Prueba de ello fue que este martes en la Mesa del Congreso se levantó un primer bloqueo a 15 proposiciones de ley, pues no se pidió más prórrogas al plazo de enmiendas a la totalidad. Una situación que se produjo apenas 12 horas después de que Ciudadanos desbloqueara la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad que trata de sortear el veto del Senado a la senda de déficit. (El Mundo) (ABC)

La familia está decidida a trasladarla a la cripta que poseen en la catedral de La Almudena, un destino que no comparte el Ejecutivo. Esto ha creado incluso una situación controvertida a nivel diplomático, que ha llevado al Vaticano a matizar el optimismo de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que tras su reunión con Pietro Parolin hablaba de "acuerdo" para que "obviamente" no se inhume al dictador en un enclave tan simbólico de la capital. Moncloa, que hasta hace días lamentaba no tener "margen" para impedirlo, asegura ahora contar con "mecanismos legales" para ello, a pesar del rechazo de la familia. Éstos pasarían por invocar la Ley de Memoria Histórica –en su artículo 15– y el propio preámbulo del real decreto ley que impulsaba la exhumación en lo referente a evitar la "exaltación". Así lo señalan fuentes del Ejecutivo que se aferran a que "las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". (La Razón)

Impuestos: “Subirlos es propio de la izquierda. En nuestro ADN está bajarlos, como en 2011 y 2012”.
Presupuestos: “Se han calificado de tramposos, voluntaristas... y esas cosas son ciertas”. Eutanasia: “Defendemos la dignidad del ser humano. Somos partidarios de los cuidados paliativos”. (El Economista)

La dirección del PP no conoce el alcance de las grabaciones entre María Dolores de Cospedal y el comisario corrupto José Villarejo porque la ex secretaria general no recuerda lo que trató con él, según fuentes del partido. Ante este déficit de información, el presidente del PP, Pablo Casado, optó de nuevo ayer por guardar silencio y por que sea ella quien dé explicaciones. Mientras, se abre paso en el partido la petición de "dimisión". (El Mundo)

ERC sería la primera fuerza política con el 25,3% de los votos y 37-39 diputados (ahora tiene 32), lo que supone cuatro puntos más que en las elecciones del 2017, cuando se quedó en tercera posición. JxCat perdería siete puntos respecto a las últimas elecciones y podría pasar de segunda a cuarta fuerza, con el 14,5% de los sufragios y 22-23 escaños (ahora tiene 34). La CUP, que retendría a tres de cada cuatro votantes, sumaría tres puntos y se auparía los 9-10 diputados (hoy tiene 4), con el 7,4% de las papeletas. Los partidos independentistas obtendrían conjuntamente un 47,2% de los votos, una décima menos que en los comicios del año pasado. Es decir, seguirían sin alcanzar el 50%. Inés Arrimadas, vencedora de las últimas elecciones, cedería 2,8 puntos y, con el 22,5% de los votos, pasaría de 36 a 30-31 escaños. En cambio, Miquel Iceta subiría 3,5 puntos y, con el 17,3% de los sufragios, pasaría de 17 a 23-24 diputados. (El Periódico)