(Exclusivas de la prensa de papel 04/03/2021) El decreto del Gobierno atenta contra el reglamento europeo de los fondos al relajar los controles

El decreto-ley del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la gestión de los fondos europeos atenta contra el reglamento de la UE sobre su reparto y pone en riesgo el dinero para España. El reglamento comunitario por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia exige «procesos de control sólidos», pero el dictamen del Consejo de Estado ha criticado que, por el contrario, el Gobierno los ha relajado de forma preocupante. Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y miembro del equipo que negoció el reglamento comunitario, considera muy serio el nuevo atolladero en que se adentra el Estado. En una carta dirigida a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, el eurodiputado expone el peligro y urge al Gobierno a modificar el decreto antes de que sea tarde. En la misiva, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Garicano muestra gran preocupación a Calviño: «Visto el dictamen del Consejo de Estado, le escribo para expresarle mi desazón sobre el Real Decreto-ley (...) Ante las graves carencias, mi temor no es sólo que nuestro país gaste mal los fondos europeos, en un proceso potencialmente plagado de corrupción. Además, corremos el riesgo de que tan graves deficiencias pongan en riesgo la aprobación del Plan de Recuperación que el Gobierno deberá presentar el próximo mes». (El Mundo)

Economía tiene la intención de aprobar el plan de los 11.000 millones en uno de los dos próximos Consejos de Ministros. El Ejecutivo debate si traspasar a las comunidades parte de los fondos o conceder él solo los apoyos. También está pendiente decidir si solo se reforzará la solvencia de las compañías o se cubrirán parte de sus costes fijos. (El Periódico)

La Comisión Europea reclama a España que reduzca la temporalidad de las administraciones públicas. El Ejecutivo comunitario quiere vincular esta reforma al Plan de Recuperación y Resiliencia español con el que desbloqueará los fondos europeos. Bruselas considera que la alta tasa de temporalidad laboral española se debe, entre otros motivos, a su elevada incidencia en la Administración, según reconocen fuentes gubernamentales. El problema se concentra sobre todo en las comunidades autónomas y, en concreto, en las áreas de sanidad y educación. Cerca de un tercio de los trabajadores del sector público tienen contratos temporales, una tasa que supera a la del sector privado. “Es un problema que sufren sobre todo maestros y enfermeras”, sostiene una fuente del Ejecutivo. Por eso, el Ministerio de Función Pública prepara un cambio en el estatuto básico del empleado público que limite el uso de los interinos. (El País)

La Seguridad Social bonificará a las empresas que contraten a perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) a través de la concesión del Sello Social. Ese es el plan que está en la última fase de desarrollo por parte de los técnicos del Ministerio que dirige José Luis Escrivá, cuyo objetivo de fondo es evitar que esta prestación se convierta en un foco de generación de economía sumergida, de fraude y de enquistamiento de perceptores de larga duración. La intención de esta prestación, como ha reconocido el propio Escrivá en innumerables ocasiones, es «sostener a las familias en situación de vulnerabilidad para facilitar un reingreso en el mercado laboral con las menos carencias posibles y en el menor tiempo posible». (La Razón)

El Gobierno y la asociaciones representantes de los trabajadores autónomos trabajan en la negociación para la reforma del sistema de cotización del Reta. Como ha avanzado elEconomista, el ministerio que dirige José Luis Escrivá prevé crear unos tramos de ingresos en función de los cuales se establecerán las cuotas de cotización. Uno de los colectivos que se beneficiará de las medidas es el de los trabajadores por cuenta propia que ganan menos del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, los 1,2 millones que obtienen ingresos anuales inferiores a 12.600 euros, que cotizarán menos. Ello favorecerá principalmente a autónomos con actividades de baja retribución como ciertos servicios agrícolas, ganaderos, de servicios de saneamiento o limpieza, o aquellos con una actividad iniciada recientemente. (El Economista)

Trabajo descarta la opción de los ‘riders’ autónomos. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social sus responsables descartaban ayer, en principio, esta posibilidad de que los repartidores sean autónomos, según la futura ley que están manejando. Aunque el texto final no está cerrado, los últimos borradores trasladaban a esta próxima norma la sentencia del Tribunal Supremo que determinó que la relación de estos trabajadores con sus empresas debe ser laboral y no mercantil para lo que tienen que ser asalariados y no autónomos. “La ley rider debe incluir la opción de ser autónomo si el repartidor así lo prefiere por razones económicas, de flexibilidad o de conciliación. No puede ser que, por trabajar con una app, nos prohíban ser autónomos”, reclamó Gustavo Gaviria, portavoz de RepartidoresUnidos.org. (Cinco Días)

Un verano al revés, pero un verano mucho mejor que el de 2020. Las reservas de viajes se han disparado desde la semana pasada, tras conocerse el plan de desescalada de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Cadenas hoteleras y plataformas acumulan ya niveles de reservas que duplican a los de hace un año, si bien las previsiones de demanda global proyectan caídas cercanas al 50% con respecto a 2019. La recuperación será, además, progresiva, concentrándose a finales del verano y principios de otoño el mayor crecimiento de las reservas. Como detalla Meliá Hotels International, en base a los datos de su plataforma, la mayor demanda se concentra “en septiembre, seguido de agosto, octubre, julio, junio y mayo, coincidiendo con los tiempos en que se estima se irá ampliando la inmunidad de rebaño [por las vacunas] en Europa y normalizando la situación”. (El Economista)

El PSOE y Unidas Podemos retoman este jueves las negociaciones por la futura Ley de Vivienda y por si no fuera suficiente la tensión que ambos mantienen por la regulación de los alquileres, se suma ahora la presión procedente de Baleares, donde el gobierno de Francina Armengol ha puesto en marcha la expropiación de 56 viviendas a grandes tenedores y ha disparado las alarmas del sector. Los propietarios temen que el Gobierno replique la normativa balear y extienda a nivel nacional lo que consideran un «ataque contra el Derecho a la propiedad privada». Sus temores se basan en una de las propuestas que Unidas Podemos ha puesto encima de la mesa durante la negociación y en la que plantean exigir por ley a los grandes tenedores que pongan el 30% de sus viviendas en alquiler social. (El Mundo)

Cristina Argelich, experta en expropiaciones: "Es matar moscas a cañonazos, hay fórmulas mejores y menos lesivas". Condisera que es "un mecanismo demasiado agresivo, lo propio sería articular un arrendamiento forzoso por fases, como se hace en el Reino Unido". Allí, la Administración gestiona las viviendas vacías interviniendo por periodos iniciales de 6 meses. (El Mundo)

Los propietarios de Baleares alertan de la falta de seguridad jurídica. La patronal de propietarios Asval, como representante mayoritaria de los propietarios de vivienda en alquiler asegura que la medida supone un «ataque al Derecho a la propiedad privada» consagrado en la Constitución. Además, es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos y «vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer carecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión». (La Razón)

Abengoa, sus asesores y también los acreedores ven casi como única solución para salvar los activos valiosos del grupo la entrada de la SEPI en la filial operativa, Abenewco, según fuentes financieras. La dilación en el rescate desde agosto ha disparado las urgencias de la compañía. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, dotado con 10.000 millones y adscrito a Hacienda, está muy limitado por su normativa, pero fuentes consultadas señalan que el grupo planteará una fórmula que permita su intervención. (Cinco Días)

Unicaja ha puesto en marcha un nuevo plan de prejubilaciones a partir de los 58 años para adelgazar la red, en plena fusión con Liberbank y con el objetivo ganar eficiencia. La entidad inició este nuevo proceso el pasado mes de septiembre, tan solo una semana antes de que ambos bancos anunciaran a la Comisión Nacional de Valores (CNMV) que habían iniciado los contactos preliminares para su unión. El plan de salidas se ejecutará a lo largo de 2021 y 2022 y se ofrece a los empleados desde el 73% del salario neto. (El Economista)

Más de una decena de compañías tecnológicas y operadores de telecomunicaciones -consultadas por este periódico- ponen reparos e inconvenientes a participar en la próxima edición del Mobile World Congress (MWC), previsto para los próximos 28 de junio al 2 de julio. Según ha podido averiguar elEconomista de fuentes del sector, no existe una decisión firme sobre el asunto, ya que se trata de cuestiones que afectan a las corporaciones de alcance global. Sin embargo, las primeras valoraciones particulares invitan a la cautela. “La pandemia no está controlada ni parece que vaya a estarlo en los próximos meses, dado el moderado ritmo de vacunaciones y las restricciones de movilidad en muchos rincones del planeta”, indican desde una firma tecnológica, siempre desde el anonimato al tratarse de grupos multinacionales, donde las decisiones se toman de forma colegiada. (El Economista)

Sísifo, hijo del dios griego Eolo, fue castigado por Zeus a empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada hasta que llegaba a la cima para volver a caer y empezar de nuevo una y otra vez. Este mito griego, como muchos otros, es utilizado para ilustrar problemas del presente, como el que atañe a Telefónica con su deuda, que pesa sobre la compañía y, sobre todo, sobre su valor en bolsa en los últimos años. Tanto es así que Telefónica se ha visto obligada a rendir uno de sus principales bastiones como es el dividendo. Primero fue en mayo del año pasado al introducir el scrip en su retribución a cargo de las cuentas de 2020, aunque mantuvo los 40 céntimos por acción. La semana pasada tuvo que dar un paso más hacia atrás en forma de una reducción del 25% del pago de 2021, prolongando al menos un año más el uso de papelitos. (ElEconomista)

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) considera que el impuesto que grava un 7% la generación de electricidad no contraviene la legislación comunitaria, evitando un desastre en las cuentas del sistema eléctrico nacional, ya que el tributo recauda unos 1.500 millones de euros al año y desde su aplicación, en 2013, ha recaudado cerca de 12.000 millones. Su anulación hubiera provocado un monumental agujero, al tener que devolverlos. (El Economista)

La factura del rescate de las autopistas quebradas durante la anterior crisis va a ser minorada por el Gobierno en 120 millones de euros, cantidad que las concesionarias depositaron en su día como garantía por la explotación a cambio de los peajes. Los trámites y ejecuciones posteriores a la reversión en 2018 de un ramillete de ocho concesiones, titulares de nueve autopistas, siguen adelante de manera inapelable. Y es el turno de la ejecución de avales. (Cinco Días)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el miércoles su conclusión sobre el efecto que hasta la fecha provocan las políticas de tipos de interés negativos que aplica, entre otros, el Banco Central Europeo (BCE). El jefe de la División de Políticas Monetarias y Macroprudenciales de esta institución, Gaston Gelos, comparte con elEconomista algunas de las dinámicas registradas hasta ahora. En este sentido, recuerda que los bancos centrales llevan enfrentándose durante la última década o incluso más a tasas reales neutrales bajas. “Los efectos de la pandemia han acentuado con toda probabilidad estos problemas. Por eso vemos una profundización de las políticas monetarias no convencionales”, asegura. (El Economista)

Moncloa zanjó las ambigüedades. En los últimos días, Unidas Podemos y el PSOE se han movido en la indeterminación acerca de la presencia de cargos de estas formaciones en los actos en la calle que se convoquen el 8-M. El núcleo duro del Gobierno, sin embargo, no albergó dudas: no podían permitirse una imagen de un ministro en una concentración o manifestación, mientras los ciudadanos no pueden ir a ver a sus familiares o no se pueden reunir más de seis personas en un bar. Era munición para la oposición. (El Mundo)

Como la Generalitat, el gobierno vasco será competente para confirmar las salidas que propongan las cárceles bajo su gestión, con decenas de presos de ETA en ellas. La transferencia de la gestión de las cárceles vascas al Gobierno de Vitoria está «cerrada», según fuentes oficiales consultadas, y se formalizará a partir del 1 de abril, mientras el traslado de los presos de ETA a estas prisiones desde centros penitenciarios de toda España avanza a una velocidad nunca vista. Tras permanecer congelada durante siete años coincidiendo con los mandatos de Mariano Rajoy, la negociación del traspaso de las cárceles al País Vasco se ralentizó en 2020 por la pandemia y se impulsó definitivamente en octubre, cuando el PNV volvía a ser clave para Sánchez, entonces para allanar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. (ABC)

El 80% de los presos de ETA ha sido acercado al País vasco. (La Razón)

José María Múgica (hijo de asesinado por ETA): "Hay que romper con los herederos de quienes llevaban las armas". (La Razón)

Que José Ricardo de Prada renuncie a su candidatura. Es la única salida posible que vocales del Consejo General del Poder Judicial ven a la situación de bloqueo entre Ejecutivo y PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras el veto de los populares a este magistrado, autor de los polémicos párrafos de la sentencia de Gürtel que propiciaron la caída de Rajoy. Estos vocales creen que no podrá haber pacto mientras Podemos siga obcecado con este juez, cuyo marcado carácter político hace de imposible cumplimiento una de las condiciones que pusieron los populares para sentarse a negociar: la de alejar del Consejo perfiles tan significados como el de este magistrado. (ABC)

Vocales del CGPJ presionan para nombrar hoy ante la falta de pacto político. Respecto a la posibilidad de que de se puedan realizar hoy esos nombramientos, los vocales consultados por LA RAZÓN coinciden en que «está todo en el aire y lo que salga será con un resultado muy ajustado».  (La Razón)

Don Felipe y Doña Letizia –que tienen 53 y 48 años respectivamente– entrarían en el grupo 9 según la tabla de vacunación del Gobierno, es decir, los comprendidos entre los 45 y los 55 años. Teniendo en cuenta esto, se les administraría la vacuna de AstraZeneca y una fecha estimada para la primera dosis podría ser finales de mayo o principios de junio. (La Razón)

La Agencia Tributaria (AEAT) ha reclamado al Rey Juan Carlos que entregue con premura nueva documentación sobre el coste de los vuelos en jet privado sufragados por la fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans, por los que ha llevado a cabo una segunda regularización fiscal por valor de 4,4 millones de euros. Según ha podido saber EL MUNDO, este requerimiento de documentación por parte de Hacienda tiene por objetivo comprobar la veracidad y validez de la regularización realizada por el Emérito después de que su defensa presentara en febrero un segundo pago por el impuesto de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Esta segunda regularización tiene como objetivo declarar los vuelos que realizó tras su abdicación con la citada fundación off shore, constituida en Liechtenstein. Fuentes próximas al monarca sostienen que se trata de un «trámite ordinario y estándar», llevado a cabo por la Agencia Tributaria siempre que el importe de una regularización es significativo –en este caso asciende a varios millones de euros–. (El Mundo)

La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya que el instructor del procés, el juez Pablo Llarena, plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que Bélgica haya rechazado entregar a España al ex consejero catalán Lluis Puig, prófugo del 1-O. La decisión que Europa adopte será extrapolable a los otros fugados del procés, como el ex presidente catalán Carles Puigdemont o la ex consejera Clara Ponsatí. En su informe remitido al magistrado, al que ha tenido acceso EL MUNDO, los fiscales de Sala recalcan que «la decisión de la justicia belga de no entregar a Lluis Puig por rechazar la competencia del TS y proclamar el riesgo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia es completamente arbitraria y supone una violación del derecho de la Unión regulador de la orden europea de detención y entrega como mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y una quiebra de los principios de reconocimiento mutuo, confianza mutua y cooperación leal que rigen el espacio judicial europeo». (El Mundo)