(Exclusivas de la prensa de papel 04/06/2021) El presidente del Círculo de Empresarios: "Es muy deseable en España un Gobierno como el de Draghi. Se debería buscar una figura"

El nuevo presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala (Cáceres, 1962), es ingeniero de caminos, socio director del grupo financiero Perseo y ha aceptado el cargo, porque quiere aportar al debate de cómo sacar a España de esta crisis. Acaba de presentar el documento España, ante una década decisiva, en el que critica al Gobierno por su debilidad para afrontar reformas. Según el documento, «España está en el laberinto». "Italia es un ejemplo a imitar. La mayor parte del Parlamento italiano se ha congregado alrededor de un candidato que merece la confianza de todos. En España sería eso mismo muy deseable. Si esto no fuera posible, el Gobierno debe buscar los mecanismos de apoyo para conseguir los mismos efectos para que las reformas sean duraderas y se afirme el compromiso del país con ellas". (El Mundo)

La recuperación coge ritmo, gracias al progreso con la vacunación y el enorme gasto realizado por los socios europeos para mantener el pulso de sus economías. La Comisión Europea mantendrá el corsé del Pacto de Estabilidad aflojado también el próximo año. Y aunque ha pedido a los países más endeudados prudencia con el gasto, incluida España, su vicepresidente ejecutivo al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis, señala que es cada Gobierno el que debe decidir cómo realizar la transición. En una entrevista con elEconomista y un grupo de medios europeos, Dombrovskis también se muestra satisfecho con los planes de recuperación recibidos hasta ahora, incluido el español. (El Economista)

El Gobierno ha convertido la futura ley de lucha contra el fraude en una herramienta para modificar algunas figuras fiscales a golpe de enmiendas y por la puerta trasera. Además del hachazo fiscal a los pactos sucesorios, la norma incluye también un cambio sustancial que afectará al resultado tributario del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto sobre el Patrimonio. En concreto, la norma contempla modificar la base imponible de dichos tributos, de manera que ya no tendrá en cuenta el valor real de los inmuebles implicados, sino otro valor de referencia que se establecerá en base a un nuevo baremo pendiente de desarrollo por parte de la Dirección General del Catastro. Su entrada en vigor está sujeta a la aprobación de la ley, cuyo proyecto será remitido al Senado tras la aprobación hace unos días en el Congreso y, en cualquier caso, no tendrá carácter retroactivo. (El Mundo)

La propia naturaleza de los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes), que prevé la suspensión temporal del empleo ante un shock de demanda o un periodo de baja actividad, implica también la esperanza de que estos trabajadores recuperarán su empleo una vez se supere el bache. Ahora bien, tras un año ya de vigencia del actual esquema de Ertes, el Gobierno ya asume internamente que al menos un 30% de los afectados, unos 170.000 trabajadores, no podrá recuperar su puesto de trabajo. Concretamente, la Seguridad Social registró a finales de mayo un total de 542.142 personas protegidas por esta herramienta, lo que supone un descenso de 95.439 trabajadores, con lo que el número de Ertes asociados al Covid se sitúa de esta forma en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. (El Economista)

Las empresas tendrán que contratar, “al menos”, a un nuevo trabajador de forma indefinida y a tiempo completo, cuando establezcan en convenio colectivo la jubilación obligatoria de los trabajadores a partir de los 68 años. Tal como está redactado la última propuesta de preacuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos sobre la reforma de las pensiones, al que EXPANSIÓN ha tenido acceso, la medida puede suponer que por cada empleado que se retire por convenio a partir de los 68 años, la compañía está obligada a contratar a otro trabajador indefinido y a tiempo completo. (Expansión)

Escrivá pretende prolongar el sistema de cálculo de las pensiones del PP. El rechazo del ministro a derogar el factor de sostenibilidad que vincula las prestaciones a la esperanza de vida encalla el acuerdo con los sindicatos. (El Periódico)

Valentín Pich: "Algo falla en materia laboral: el despido es caro y las cotizaciones muy elevadas". (Cinco Días)

El Ministerio de Justicia prepara una batería de medidas recogidas en dos anteproyectos clave para tratar de solucionar el gran atasco que sufren los juzgados especializados en cláusulas abusivas. Entre ellas están los juicios verbales (sencillos y rápidos), los pleitos testigo (que sirven como modelo para miles de casos similares sin celebrar juicio) y las exigencias de buscar un acuerdo previo, así como sanciones a los bancos que dilaten los procesos innecesariamente. El ministerio espera que se acabe la tramitación de los dos anteproyectos para principios de 2022 y se desatasque una situación creada por los bancos para desanimar a los clientes a que pleiteen, a costa de bloquear los tribunales. El sistema judicial se enfrenta a 240.000 demandas pendientes desde hace cuatro años por la costumbre de los bancos de pleitear hasta el final en las cláusulas suelo y otras condiciones abusivas, aunque pierden el 97,5% de los casos. (El País)

Acudió a Lisboa para que el mensaje del Gobierno español cale en la UE: presión a los banqueros por sus altos salarios y reparto de dividendos. (ABC)

Calviño retrasa a septiembre el apoyo económico de los fondos. Achaca la llegada a final de verano por una demora de Rumanía y Polonia. (El Economista)

Luis Planas (Valencia, 68 años) es uno de los políticos españoles más experimentados. Ha pasado media vida en puestos de alto nivel en Bruselas. Conoce al dedillo los entresijos de las negociaciones europeas. Y lleva tres años negociando la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027, uno de los instrumentos más importantes del presupuesto europeo. España recibirá 47.724 millones de euros, pero falta cerrar aún algunos flecos a la vista del fracaso de las negociaciones europeas la semana pasada. (El País)

«No es aceptable que el IMV solamente esté llegando a una cuarta parte de los hogares inicialmente previstos», criticaba duramente Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, al presentar sus enmiendas a la ley del IMV. Los últimos datos de la Seguridad Social reflejan que esta prestación llegó en mayo a 260.206 hogares en los que viven 682.808 personas. Una cifra que se encuentra muy por debajo de los 850.000 hogares y 2,3 millones de personas que el Gobierno estimó hace un año como destinatarios de esta prestación asistencial de la Seguridad Social. (La Razón)

Comunidades autónomas como Madrid o Castilla y León comienzan a gestionar las ayudas directas para ayudar a pymes y autónomos tres meses después de aprobarse y se están topando con una norma farragosa que da pie a numerosas interpretaciones. Desde ATA se asegura que la imprecisión de la norma, que se aprobó un año después de que estallara la pandemia, está provocando que empresarios y autónomos que están siendo castigados por el Covid y que cumplen todos los requisitos para percibir estas ayudas se queden sin hacerlo al no tener deudas y encontrarse al corriente de pago con sus proveedores y empleados, a pesar de necesitarlas para la continuidad de sus negocios. (ABC)

Es una aplicación que permitirá guardar en el móvil DNI, carnet de conducir, exámenes médicos u otra documentación y que dará acceso a servicios públicos y privados, sea online o de forma física. Es el proyecto que ayer lanzó la Comisión Europea bajo el nombre oficial de identidad digital europea, los apodos de e-wallet y caja fuerte numérica y el bienintencionado objetivo de “facilitar la vida a los europeos”. Bruselas podría acotar, de este modo, el poder de las grandes plataformas tecnológicas. Se trata de una cartera digital que permitirá a los ciudadanos de la Unión Europea identificarse online para acceder a la cuenta corriente, solicitar un crédito, entregar la declaración de la renta o inscribirse en la universidad, entre otras actividades. Servirá para moverse no solo online, sino también en el mundo físico, por ejemplo para demostrar que se tiene la edad requerida para entrar en una discoteca. Permite identificarse, pero también almacenar documentos de diverso tipo, como tarjetas de embarque, entradas o certificados diversos. Es como llevar la cartera física con toda la documentación, pero instalada en el móvil. Y según sus promotores, con seguridad garantizada. (La Vanguardia)

Plus Ultra y Cubana de Aviación hacen negocio para cruzar el Atlántico. La compañía española alquila sus aviones a la caribeña para que esta pueda cubrir los trayectos con Europa. Su flota es mayoritariamente de origen ruso y está anticuada, por lo que se enfrenta a problemas de autorizaciones por entrar en el espacio aéreo de la UE. Blue Panorama también utiliza este sistema. (El Economista)

“Nuestra visión es llevar Alvalle a todo el mundo y transformarla de una marca local, cuya presencia se concentra sobre todo en España y Francia, en una enseña global. Las expectativas son muy positivas de cara al futuro”, señala Narcis Roura, director general de PepsiCo en el Sur de Europa, en una entrevista con EXPANSIÓN. El directivo apunta a esta estrategia para explicar las inversiones movilizadas para potenciar Alvalle, que este año cumple 30 años. PepsiCo destinará en 2021 seis millones a ampliar su planta de Alcantarilla (Murcia) con una cuarta línea de producción, apenas un año después de invertir 31 millones para su puesta en marcha. (Expansión)

La reacción de las eléctricas al recorte del Gobierno a los ingresos de las centrales nucleares ha tardado dos días y ha llegado a través de la asociación que engloba a los operadores de los reactores, que son Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. El Foro Nuclear avisa de que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, sumado a las tasas, impuestos y tributos actuales, “aboca al cese de actividad” de las centrales. Habla además sin tapujos de la “asfixia del parque nuclear” y del riesgo de pérdidas tanto de empleo como de la aportación de esta tecnología al sistema eléctrico, que supera el 20%. (Expansión)

Eólicas y nucleares salen en tromba contra los recortes del Gobierno al sector. Asegura que no se benefician de ningún régimen de ayudas y que la medida es un error. (Cinco Días)

La salida a Bolsa de Bankia, hoy absorbido por CaixaBank, sigue coleando tras una década. Hace cinco años, el Supremo falló que cientos de miles de pequeños inversores fueran indemnizados por la deficiente información del folleto de la OPS, y ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abrió la puerta a que también lo hagan los inversores institucionales, al dictar, a consulta del Supremo, que la Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS) pueda reclamar por las inexactitudes del folleto. (Cinco Días)

La sustitución del presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, por parte del Gobierno, que ha colocado a Marc Murtra al frente de la empresa, todavía está teniendo consecuencias en el accionariado de la firma tecnológica. El fondo de Noruega, uno de los mayores inversores del mundo en renta variable, ha deschecho parte de la posición que mantiene en la empresa española: su participación ha pasado del 3,76% al 3,35% esta semana, con la venta de un 0,41% del capital. (El Economista)

Los movimientos de calado en el sector aéreo español, en plena pandemia, se explican por la urgente necesidad de tomar posiciones ante una recuperación que durará un mínimo de dos a tres años y que coge a los aeropuertos del sur de Europa en inferioridad de condiciones respecto a los del centro del continente. (Cinco Días)

Calvo, Capsa, Ebro o Deoleo alertan del alza de costes y de su impacto en sus cuentas. P&G o Kimberly Clark ya han adelantado subidas de precios. (Expansión)

Colonial se refuerza en su filial francesa SFL, de la que quiere controlar el 100% del capital. La compañía comprará la participación de Crédit Agricole en la firma gala y, además, lanzará hoy una opa para el resto de accionistas minoritarios, según informó ayer la inmobiliaria a la CNMV. La operación en su conjunto está valorada en alrededor de 800 millones de euros. (Cinco Días)

La trama empresarial desarticulada por la Guardia Civil el pasado mes de mayo y que vendía como productos ibéricos falsos adulteró los sellos sanitarios, lo que implica un posible delito contra la salud pública. En los envases, que se vendieron en la cadena de supermercados Dia bajo la marca Campo Noble, y a los que ha tenido acceso este periódico, figura un registro sanitario por fuera y otro distinto por dentro, sin control alguno de la trazabalidad y, en algunos casos, utilizando incluso un número de certificado de Certifood como garantía de que se cumplía la normativa de calidad del jamón sin contar con autorización para ello. (El Economista)

Fuentes diplomáticas consultadas por este diario aseguran, sin hacerlo con total certeza, que todo parece indicar que Rabat no está por la labor de mantener el pulso. De momento, Alemania se ha adelantado a España para tratar de normalizar sus relaciones diplomáticas con Marruecos, muy deterioradas como las de nuestro país con Rabat, y ha invitado a los magrebíes a participar en la Conferencia Internacional sobre Libia, que tendrá lugar el 23 de junio en Berlín, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes diplomáticas. De momento, la decisión de acudir o no, aún no ha sido tomada. La iniciativa germánica se valora como un gesto (algo que, se sepa, no ha hecho España) para normalizar unas relaciones que provocaron, como en nuestro caso, que la embajadora en Berlín fuera llamada a consultas a Rabat, una retirada temporal, en definitiva. (La Razón)

Joe Biden vuela la semana que viene a Europa en el que será su primer viaje oficial al extranjero como presidente de Estados Unidos y, de momento, Pedro Sánchez no aparece en su plan de ruta. La Casa Blanca adelantó ayer las líneas centrales de la visita del presidente estadounidense, que se alargará casi una semana, sin que en ellas tenga presencia el presidente del Gobierno de España, que no ha conseguido establecer lazos diplomáticos fuertes con la Administración Biden. Todo lo contrario: EE.UU. ha ignorado a España en la forma –Biden no ha hablado todavía con Sánchez, una rareza en las relaciones diplomáticas entre ambos países– y en el fondo. (ABC)

«¿Por qué las medidas son más duras ahora que cuando teníamos una incidencia de coronavirus mucho mayor y estábamos en estado de alarma?». El enfado de los gobiernos autonómicos consultados es notable. EL MUNDO ha recabado el testimonio de diferentes consejeros de Sanidad, para reconstruir el contenido de la reunión en la que España se partió de nuevo en dos a cuenta del plan para combatir el presunto final de la pandemia: por un lado, las comunidades que se negaron a suscribir un acuerdo sin el suficiente «consenso» y sin debatir los pormenores para establecer unas horquillas «flexibles» en función de las características propias de cada territorio. Por el otro, las autonomías del PSOE, entre las que hubo unanimidad de acción, pero no hay unanimidad de criterio. (El Mundo)

Rajoy, Cospedal y Fernández Díaz serán citados a declarar tras el verano y se estudia llamar también al líder popular. (El País)

Rajoy hace llegar al PP que «hay muros» para evitar su imputación. El último movimiento judicial con el «caso Kitchen» deja en evidencia, según el «aparato» del PP de aquella etapa, una de «las grandes debilidades» del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ante este escándalo. Las últimas imputaciones son «la prueba» de que por medio «hay muchas personas y muchos intereses», y que esto puede ser «otro lío para Génova si no lo manejan bien políticamente». Las «maniobras» desde el entorno de Rajoy para que se mantenga el silencio de confesión «bajan hasta segundos niveles», y es prioritario el nombre de José Luis Ortiz, jefe de Gabinete de Cospedal. En el PP quieren confiar en que el ex presidente tiene «influencias» en el ámbito judicial, pero también les preocupa que Ortiz «fuera íntimo de El Gordo» (comisario cómplice de Villarejo), y que «haya más de dos voces en un secreto, hace imposible que se guarde». (La Razón)

Rajoy, inquieto: “Con que no me empapelen tengo bastante”. El expresidente del Gobierno afirma esto en una conversación coloquial. (El Economista)

El presidente colombiano advierte de que los bloqueos son un intento deliberado de frenar la reactivación post-Covid y están instigados por quienes pretenden «cabalgar el odio» y rentabilizarlo electoralmente. Son ya cinco las semanas de paro general, con enormes pérdidas económicas, miles de despidos, en medio del peor pico de Covid que sufre Colombia, y sin una salida clara a la vista. «La pandemia ha exacerbado deudas y brechas sociales que venían de décadas atrás. Muchas personas hacen reclamaciones muy fuertes y vemos expresiones de odio, incendiadas por quienes, en sus pretensiones políticas, quieren cabalgar en ese odio», afirma Iván Duque en entrevista con EL MUNDO. (El Mundo)

El Parlamento danés aprobó ayer una normativa que permitirá al Gobierno enviar a los peticionarios de asilo a un centro de refugiados fuera de Europa, con la idea de que esté ubicado en África. Según esta propuesta, impulsada por el Ejecutivo socialdemócrata de Mette Frederiksen, las personas que lleguen a Dinamarca solicitando asilo serán enviadas a un tercer país, donde se tramitará su caso. La estancia allí, sin embargo, no será temporal mientras dure el proceso: si la respuesta es favorable, no podrán volver a territorio danés, sino que tendrán derecho a protección en ese tercer país, que también será el encargado de deportarlas si la solicitud acaba rechazada. (La Vanguardia)

Mesa de trabajo sobre el aeropuerto de Barcelona sí, pero con condiciones previas que aclaren el papel de cada uno de los participantes y la toma de decisiones. El Gobierno central ha respondido así a la convocatoria anunciada esta semana por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que impulsa un proceso de negociación sobre la posible ampliación del Prat con las principales administraciones, empresas y entidades implicadas. (La Vanguardia)