(Exclusivas de la prensa de papel 04/11/2021) El Gobierno oculta los acuerdos con la UE para recibir los fondos europeos

El Gobierno español y la Comisión Europea tienen ya redactado con opacidad el contrato operacional para los nuevos fondos europeos, según confirman a este diario fuentes conocedoras. El contenido ya está pactado a falta sólo de la firma oficial final, según las citadas fuentes, y es el conocido como Operational Arrangement. Se trata del paso previo necesario para que España pueda empezar a solicitar los nuevos fondos Next Generation tras el anticipo de 9.000 millones recibido el pasado agosto. El documento encierra los detalles operativos de cómo España podrá recibir los hasta 140.0000 millones previstos hasta 2026 y va acompañado de anexos con las reformas a realizar. El Gobierno es reacio hasta ahora a hacerlo público y ni siquiera ha explicado en el Parlamento lo que ha querido incluir en el documento antes de acordarlo con Bruselas, pese a que trasciende esta legislatura. No obstante, las fuentes consultadas señalan que el contrato no despliega nuevas condiciones para la obtención del dinero más allá de las previstas, aunque sí detalla el método de seguimiento y evaluación por parte de Bruselas. El Ministerio de Hacienda, el de Economía y Moncloa han preparado el documento junto a la Comisión Europea con secretismo, sin explicar en ninguna comparecencia parlamentaria, ni siquiera en el debate presupuestario de ayer miércoles, los términos que querían acordar con Bruselas.  (El Mundo) (ABC)

En el Ejecutivo ya advertían el martes de que para que el acuerdo lo sea «con todas las partes» deberá ser «justo y equilibrado». Esto es, no se renuncia a la vocación de hacer partícipes a los empresarios y sus intereses. La propia Calviño también reconocía que «nuestro objetivo tiene que ser que la patronal se sume». Tal como publicó ayer este diario, desde el Gobierno se había trasladado a Podemos que para lograrlo «tendrán que ceder» y desde el entorno de Yolanda Díaz se respondía ayer con la disposición a «ceder en lo que haga falta para que haya acuerdo». En Trabajo sostienen que la vicepresidenta «no se levantará de la mesa del diálogo social» hasta lograr cerrar un pacto, un acuerdo para el que el tiempo corre. Debe estar listo antes de que acabe el año, aunque se convalide ya en 2022, y Díaz quiere alicatarlo este mismo mes de noviembre. (La Razón)

El Gobierno ha retirado de la mesa del diálogo social sobre la reforma laboral su plan de limitar al 15% la contratación temporal de una plantilla. No se trata de abandonar la idea de poner un tope a la temporalidad, pero se apuesta por hacerlo en cada sector a través de la negociación colectiva, según fuentes de la negociación. El tope general del 15% figuraba en el documento más reciente que manejaban las partes, pero quedó aparcado ayer en la reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. (El País)

Solo en cuatro países se pagan más impuestos al empleo que en España. La subida del 0,5% en las cuotas provocará una caída de un 0,2% en la ocupación, advierten los economistas. (ABC)

La subida de cotizaciones de Escrivá recaudará en 10 años menos que la factura de las pensiones de este mes. Una estimación del grupo de investigación Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y de Valencia, de los recursos que recaudaría la propuesta de Escrivá da como resultado 17.000 millones en una década. «En 2020 las bases de cotización por contingencias comunes de todo el año ascendieron a 333.320 millones. El 0,5% supone 1.667 millones de cotización extra, que, a su vez, son 0,15 puntos de PIB de 2020», explica Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial. (El Mundo)

El plan Escrivá solo cubre el 1,6% de las pensiones del ‘baby boom’. La nueva propuesta de un alza en cotizaciones no aliviará un déficit de 60.000 millones. (El Economista)

Los trabajadores cotizarán más de media unos 8 euros al mes y todavía no está claro si ello se descontará del sueldo o irá a cargo de la empresa. (El Periódico)

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto municipal de plusvalías exime de su pago mientras Hacienda no apruebe la nueva ley. Los juristas advierten que esta no podrá tener efectos retroactivos. (La Vanguardia)

El TC evita un aluvión de reclamaciones pese a considerar ilegal el impuesto de plusvalía. Los ayuntamientos españoles se han quedado, por el momento, sin su segunda fuente principal de ingresos después de que el Tribunal Constitucional confirmase ayer la sentencia por la que anula el llamado impuesto de plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). Sin embargo, el mismo fallo salva a los consistorios ante el esperable aluvión de reclamaciones, que podría costar millones de euros a las arcas municipales teniendo en cuenta que cada año ingresan por este tributo alrededor de 2.500 millones de euros. La sentencia, sin embargo, trata de evitar esta situación al acotar muy estrechamente los casos en los que los contribuyentes podrán reclamar la devolución del tributo a partir de ahora. (El Mundo)

Ribera ha planteado al sector un tope de 60 euros el MWh a la electricidad generada por estas plantas. (ABC)

El colapso en la cadena de suministro ya está afectando en las tiendas a las principales empresas de distribución que operan en España. Algunas reconocen problemas puntuales en el stock de algunos productos, sobre todo aquellos procedentes de Asia, que es donde está el atasco en el transporte marítimo en los puertos. Ikea ya está teniendo problemas con algunos accesorios y El Corte Inglés ya raciona la compra de productos de alta demanda como videoconsolas, para evitar la especulación. Mientras, los gigantes mundiales del ecommerce, Amazon y Aliexpress se refuerzan por mar y aire con su logística propia para sortear el colapso. (El Mundo)

La proporción entre las operaciones de segunda mano y las matriculaciones alcanza máximos en más de una década. Los vehículos de ocasión se encarecen además un 15%. (Expansión)

Eysa, Setex y ACE se han impuesto a Empark y han conseguido adjudicarse el contrato de gestión de los aparcamientos de los principales aeropuertos españoles. Aena, en la reunión celebrada el pasado 28 de octubre, decidió adjudicar los dos lotes, unas 120.000 plazas de parking, con los que contaba el contrato a la unión de las tres empresas, dejando fuera al resto de compañías para los tres años que durará el acuerdo. (El Economista)

Dos años y medio después de su llegada a Deoleo, Ignacio Silva, el presidente del gigante aceitero español, propietario de marcas como Carbonell, Bertolli, Carapelli o Koipe, ha logrado lo que parecía imposible. Tras años aplastada por el peso de la deuda, tras varios rescates y pérdidas continuas, Silva ha dado la vuelta a la situación y pone en marcha ahora un nuevo plan estratégico hasta 2026 con el que la compañía, ya en beneficios, crecerá hasta 15 puntos por encima del mercado, duplicará su ebitda y afianzará su liderazgo en todos los países en los que opera. (El Economista)

El grupo La Caixa, primer accionista de Naturgy a través de CriteriaCaixa con el 26,7%, y GIP (Global Infrastructure Partners), que tiene el 20,6%, mantienen vigente el acuerdo parasocial que firmaron en 2016, cuando el fondo norteamericano entró en el capital del grupo energético español. Así consta en los informes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y así lo ratifican todas las fuentes consultadas. (Expansión)

Blackstone prepara una reestructuración de su socimi Albirana, una de las grandes sociedades propietarias de vivienda en alquiler en España, y que previsiblemente acabará en una venta de activos, según fuentes conocedoras. Esta operación se sumará al reciente proceso de venta que actualmente mantiene el fondo estadounidense de una cartera de casas en arrendamiento de su socimi Testa. Esta firma norteamericana, el gran casero del país, ha sido crítico con diferentes medidas tomadas sobre el sector por parte del Gobierno en los últimos años. (Cinco Días)

Windar pondrá la guinda a las salidas a Bolsa en 2021. El fabricante de torres eólicas tiene previsto debutar en el último mes del año con una valoración tentativa de 800 millones de euros, según indican fuentes financieras. Si nada se tuerce, será el cuarto debut en el mercado español, tras los de Línea Directa, Ecoener y Acciona Energía. (Cinco Días)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte a bancos y gestoras de fondos: “No se pueden comercializar en España fondos cotizados de criptodivisas sin autorización”. El boom que han supuesto las monedas digitales en todo el mundo y el furor que han causado entre los inversores ha llevado a las entidades financieras a estudiar las maneras de ofrecer acceso a criptoactivos a sus clientes, dentro de los límites que permite la regulación. (Expansión)

La pandemia de Covid-19 hizo que, en 2020, la esperanza de vida se redujera en la mayoría de los países y que se perdieran más de 28 millones de años de vida en 31 países de ingresos altos y medianos, entre ellos España, según un estudio publicado por «The BMJ». La mayor reducción de la esperanza de vida en 2020 se observó en Rusia, EE. UU., Bulgaria, Chile y España. (ABC)

El Gobierno veta la comparecencia de 40 cargos por las vacunaciones. PSOE y Podemos niegan la comparecencia de los implicados propuestos por la oposición, por lo que ni Illa, ni Darias, entre otros actores clave, tendrán que dar explicaciones. (La Razón)

En lo que llevamos de año, en total se han celebrado 163 actos entre homenajes a miembros de la banda terrorista, fiestas populares, pintadas y pancartas que ensalzan la figura de los etarras o manifestaciones a favor de la amnistía de los presos. Actos que humillan a las víctimas del terrorismo, que ven cómo los verdugos son convertidos en héroes y donde «hay una sensación de que nada se puede hacer o nadie quiere responsabilizarse» de su celebración, apuntan las víctimas. Por esa razón, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) reclamó ayer a los grupos parlamentarios, a excepción de EH Bildu, que apoyen su propuesta de enmienda de modificación del Código Penal para tipificar el delito de humillación a las víctimas del terrorismo como un delito autónomo de enaltecimiento del terrorismo. (ABC)

El Tribunal Supremo ha justificado la inadmisión de los recursos presentados por el Partido Popular y Vox contra el nombramiento de la ex ministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado bajo la premisa de que, aunque «los partidos políticos son instrumentos fundamentales de participación política de los ciudadanos en el Estado democrático», carecen de «legitimación en la impugnación de cualquier acto que pueda tener relevancia política o que pueda ser considerado un acto político». Sin embargo, una juez del Supremo ve nula la elección de Delgado. Rechaza que PP y Vox no estuvieran legitimados para recurrir el nombramiento de la fiscal general del Estado y defiende que la Sala debió anularlo por falta de idoneidad para el cargo. (La Razón)

El Ministerio de Educación ha reducido el peso de la Economía en el nuevo currículo y ha rebajado los contenidos mínimos de esta asignatura en la enseñanza obligatoria. Los alumnos de 4º de la ESO elaborarán un proyecto empresarial, pero ya no se garantiza que en toda España se impartan conceptos básicos como los tipos de interés, la inflación, el déficit público, las políticas de desempleo o los planes de pensiones. Los cerca de 5.000 profesores que imparten esta disciplina están muy enfadados con el Gobierno y anuncian movilizaciones de protesta, que se suman a las de los gremios de Filosofía, Latín o Griego. (El Mundo)

El objetivo es repetir el esquema del Congreso que dio la victoria a Casado No acepta el pulso de la presidenta madrileña y confía en la candidatura de Almeida. (La Razón)

El PP reclama a Casado liderazgo para zanjar la guerra interna con Ayuso. Cargos municipales, diputados, senadores y eurodiputados muestran su estupor por el desgaste que sufre el PP y reclaman al presidente que no delegue en nadie la solución al pulso en Madrid. (ABC)

Ayuso y Martínez-Almeida comieron el jueves pasado para evitar "la guerra civil" en Madrid. Mientras la dirección nacional del PP intenta empujarlo un poco más hacia las primarias y él revela en privado sus planes, José Luis Martínez-Almeida también practica la diplomacia fina. Como avanzó ayer EL MUNDO en primicia, el alcalde de la capital estuvo comiendo en la Puerta del Sol –sede del Gobierno regional madrileño– con Isabel Díaz Ayuso el pasado jueves, 28 de octubre, para intentar limar «tiranteces» y renovar su compromiso con el «ticket» electoral que ambos forman desde 2019. (El Mundo)