(Exclusivas de la prensa de papel 05/11/2021) Presupuestos: el Gobierno vuelve a incumplir una promesa y reduce el gasto en educación y sanidad

El gasto del conjunto de las Administraciones Públicas en Sanidad y Educación caerá en 2022 por segundo año consecutivo, que es justo lo que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió no hacer. En el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ambas fuerzas se comprometieron a elevar el desembolso en Sanidad hasta el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) y en Educación, al 5%. Pero lo que evidencia el Plan Presupuestario remitido a Bruselas es que el próximo año, una vez superados o al menos paliados los efectos de la crisis del coronavirus, las dos partidas se alejarán de esos umbrales. (El Mundo)

Nueve meses después de activar la mesa para el diálogo social, el Gobierno ha aminorado en las últimas jornadas sus pretensiones en materia laboral al pasar de comprometerse a «derogar» la reforma del Partido Popular a acometer una «enorme transformación» de «algunas partes» a través de la hoja de ruta que marca Bruselas y después de una pugna interna que ha dañado la imagen de la coalición en un momento decisivo de la legislatura. Los trabajos del Ejecutivo en la negociación con los agentes sociales están centrados en abordar la temporalidad, la subcontratación o la búsqueda de mayores equilibrios entre sindicatos y empresarios. Pero otros aspectos relevantes, como los días de indemnización por despido, «no se van a tocar», ya que esta decisión no forma parte del acuerdo de Gobierno, aunque sí estaba presente en el programa electoral de Unidas Podemos, que ha hecho de la cuestión laboral una de sus principales banderas esta legislatura. (El Mundo)

La vicepresidenta Yolanda Díaz tiene un ministerio volcado en sacar adelante su reforma laboral con sus trabajadores al borde del conflicto por las condiciones en las que desarrollan sus tareas. Los sindicatos que integran la representación de los trabajadores en el SEPE, la Inspección de Trabajo y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) llevan meses demandando más recursos para hacer frente a sus cometidos y no encuentran respuesta ni en Díaz, ni tampoco en el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, con quien se reunieron el pasado 19 de octubre. «Puede que no sea el momento más oportuno en medio de una negociación por la reforma laboral, pero la situación está en un punto en el que nos planteamos ir a un conflicto con el ministerio», explican fuentes sindicales. (El Mundo)

La Comisión Europea ha salido en defensa de que los empresarios no sean orillados en la fase decisiva de la negociación de la reforma laboral. El vicepresidente Margaritis Schinás preparó un vídeo destinado especialmente para ser proyectado ayer en el auditorio empresarial del XX Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) en Córdoba y expresó de forma diáfana un mensaje para el Gobierno: Bruselas considera que la mejor garantía de que la reforma laboral funcione es que obtenga el sí de, no sólo los sindicatos, sino también los empresarios. «La Comisión Europea supervisará la aplicación del Plan por parte de las autoridades españolas. Sin embargo, no hay mejor manera de asegurar su éxito que una amplia apropiación del Plan por parte de los interlocutores sociales y todos los actores económicos españoles. Eso es lo que garantizará que las reformas e inversiones se lleven a cabo y sean duraderas». Fuentes de la Comisión Europea consultadas señalan a este diario que éste es «un aspecto importante» que quiere trasladar Bruselas. (El Mundo)

Indignación empresarial por la reforma laboral y la subida de las cotizaciones. Las organizaciones critican la falta de claridad del Gobierno sobre la reforma laboral, rechazan que se prime el convenio sectorial sobre el de empresa y advierten de que el tejido empresarial no puede soportar más cargas fiscales. (Expansión)

Los empresarios se plantan ante las subidas de costes fiscales y laborales. Los costes han subido un 3% cada año desde 2018 y un 31% el SMI. Las alzas se concentran en 2021 y 2022, además de la presión de costear fondos de empleo. Los directivos buscan fórmulas para renovar el liderazgo. (Cinco Días)

Fuentes de estos gobiernos autonómicos consultadas por LA RAZÓN rebajan cualquier expectativa de la reunión y señalan la dificultad de poner de acuerdo los intereses de todas las regiones socialistas. No es la primera vez que desde instancias superiores, ya sea del PSOE o del Gobierno, intentan mediar para lograr un entendimiento, antes de que la ministra de Hacienda eleve una propuesta concreta. Estas mismas fuentes aseguran que no han recibido “presiones” por parte de la dirección del partido y advierten de que “tampoco las vamos a aceptar”. El pesimismo es tal, que auguran un proceso “largo” para la reforma, en la que vigilarán que “no se privilegie” a ningún territorio, en alusión a Cataluña. (La Razón)

El PSOE ha ofrecido su apoyo al PP para aprobar los presupuestos en las comunidades donde gobiernan los populares para evitar así que dependan de los votos de la ultraderecha de Vox. Es también la estrategia del PSC en Catalunya, si la CUP se descuelga del acuerdo con ERC. La ministra aseguró que el objetivo del Ejecutivo frente a Vox es “intentar que no estén en ningún Gobierno”. Incluso “tendiendo la mano al PP”, resaltó, para facilitar la aprobación de los presupuestos en las autonomías donde gobiernan los populares con el apoyo externo de Vox. Montero defendió sus nuevas cuentas como una “vacuna contra los populismos y los totalitarismos”. (La Vanguardia)

El plan del Gobierno para cebar la hucha de las pensiones y que le permitirá tener un colchón para afrontar el tensionamiento financiero de la Seguridad Social –debido a la jubilación de la generación del baby boom– supondrá, al margen de la subida general, un doble incremento de cuota para las rentas más altas. Ya para el próximo 2022, el Gobierno prevé un aumento de las bases máximas de cotización del 1,7%, en línea con el avance del salario mínimo interprofesional y la previsión de inflación. Para 2023, si el Ejecutivo mantiene el ajuste “automático” de la base máxima que se aplica anualmente en la aprobación de los Presupuestos Generales, las rentas más altas verán incrementadas sus cotizaciones por encima del 2%, ya que se sumará a la subida generalizada del 0,5% que plantea ahora el Gobierno. (El Economista)

30.000 empleos menos si suben las cotizaciones. El Gobierno ha propuesto en la mesa de diálogo social para la reforma de las pensiones una subida de 0,5 puntos en las cotizaciones sociales que se mantendría a lo largo de la próxima década para engordar los ingresos de la Seguridad Social y compensar los gastos asociados a la jubilación de los babyboomer. Esta medida, que afectará directamente a empresas y trabajadores, podría tener un efecto colateral: recortar la creación de empleo en hasta 30.000 puestos de trabajo cada año, según se desprende de distintos estudios. (El Mundo)

Los técnicos del Ministerio de Hacienda trabajan a estas horas a contrarreloj con el objetivo de tener listo para el Consejo de Ministros extraordinario del lunes, que se adelanta al ser el martes la festividad de la Almudena en Madrid, una serie de cambios legales que permitan reactivar inmediatamente el llamado impuesto de plusvalía municipal, según revelan fuentes oficiales. El tributo, una de las principales fuentes de ingresos locales, ha quedado tumbado de facto tras declarar el Tribunal Constitucional que sus sistema de cálculo es nulo por inconstitucional. (Cinco Días)

Abel Caballero (FEMP): "La plusvalía tiene que ser constitucional, no confiscatoria". (El Economista)

El Gobierno ha situado el cheque vivienda de 250 euros mensuales para que los jóvenes paguen el alquiler como una de sus medidas estrella. Pero la ayuda tiene letra pequeña. Los expertos fiscales advierten de que no saldrá gratis, y los receptores de este incentivo tendrán, en muchos casos, que tributar por estos incentivos. El cheque tendrá un coste fiscal para el 33% de los potenciales beneficiarios. (ABC)

En el subsuelo español existen importantes yacimientos de materias primas esenciales para la informática, la electrónica y las energías renovables. Sin embargo, unos 25 proyectos para explotar estos minerales están paralizados, entre otras razones, por la presión ecologista. (ABC)

Las tensiones en la cadena de suministro (por los retrasos en el transporte marítimo desde Asia, la escasez de algunas materias primas y el aumento de precios) ha llevado a los fabricantes de juguetes a animar a los consumidores a que adquieran sus compras de Navidad con antelación ante la posibilidad de que más adelante, si se agotan determinados productos estrella, ya no se puedan reponer. (El Mundo)

Las empresas tranquilizan ante la crisis de suministros y ven excesiva la alarma. Consumidores de bienes como la ginebra Seagram’s, la consola PlayStation 5 o los automóviles Kia se han encontrado con una situación insólita: los problemas de suministro, debidos a dificultades en el transporte marítimo y a la fuerte demanda. Pero las patronales de distintos sectores coinciden en que las carencias resultan ocasionales y no habrá de forma generalizada estanterías vacías. Las empresas jugueteras han observado que algunos clientes temen ya por los regalos de Reyes: “Se está alarmando demasiado. Si no hay una muñeca habrá otra”, dice la gerente de la firma sevillana Osorno-Toyplanet. (El País)

La venta de Eolia avanza hasta su recta final. Su actual dueño, el fondo de pensiones Aimco, recibe esta semana las ofertas finales por la firma española de renovables. Estas son de Naturgy, en alianza con el fondo Plenium, Engie, ERG y Verbund, según indican fuentes financieras. Las pujas parten desde los 2.000 millones. (Cinco Días)

CaixaBank inició ayer la venta de su participación accionarial del 5,42% en el austriaco Erste Group Bank, mediante una colocación acelerada dirigida a inversores institucionales, y liquidará el 4,5% restante que controla por medio de derivados; en total, casi el 10%. La operación de venta estaba previsto que se cerrara a última hora del día, aunque al cierre de esta edición no se había producido aún la venta. La entidad que dirige Gonzalo Gortázar ya informó el pasado 21 de octubre al mercado su intención de salir del grupo financiero. (Cinco Días)

Ocho de los diez mayores bancos europeos por capitalización han aprobado en los últimos meses programas de recompra de acciones, por un valor conjunto de 14.350 millones de euros. (El Economista)

Las 22 firmas que ya han presentado han ganado cerca de 32.000 millones de euros. Para 2021 se esperan más de 50.000 millones. (El Economista)

Los negocios obligados a echar la persiana por los dos estados de alarma se vuelcan con la vía judicial y se abre la posibilidad de reclamar al Estado. Una de las demandas está ya en fase de admisión en el Tribunal Supremo. (ABC)

El PSOE y Unidas Podemos cerraron ayer un acuerdo sobre el contenido de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida hasta ahora por sus detractores como la ley mordaza. Ambos partidos han defendido que esta norma, aprobada por el PP en 2015, limita la libertad de expresión y apoyarán con enmiendas una proposición del PNV para derogar la ley y hacer una nueva. La principal novedad de la nueva Ley de Seguridad será que las multas que se apliquen en este ámbito seguirán «criterios de proporcionalidad» en función de la «capacidad económica» del sancionado. También se tendrán en cuenta criterios como la edad, «en el caso de personas menores», recalcan fuentes de Unidas Podemos. (El Mundo)

El Gobierno da la espalda a los policías y permitirá la difusión de sus imágenes sin autorización. Desde JUPOL denuncian que esta medida es “inadmisible” y pone “en grave riesgo la integridad física de los agentes y sus familias”. (La Razón) (ABC)

El embudo de los pacientes que sufrieron cancelaciones y retrasos en su acceso a especialistas en los peores meses de la pandemia satura la sanidad en toda España. Los expertos alertan de que el sistema falla en el primer peldaño, la atención primaria, y arrastra al resto. (El País)

La delegación europea que se ha desplazado a España para investigar por qué hay aún 376 crímenes de ETA sin resolver está dispuesta a aprovechar a todos los convocados antes de sacar sus conclusiones y apuntar sus recomendaciones. Las preguntas que realizan son a veces más relevantes que las respuestas. «¿La inacción de no resolver los asesinatos, es voluntad política o voluntad judicial?», llegó a plantear uno de los integrantes de la delegación en sus diferentes encuentros, el liberal rumano Vlad Gheorghe, según explicaron a EL MUNDO fuentes cercanas a los convocantes. La delegación europea ha mantenido reuniones con representantes policiales, judiciales y de víctimas del terrorismo. Se han interesado por cómo era y es la legislación que utiliza España para hacer frente a ETA. Han querido conocer los detalles por los que se permiten los homenajes a los terroristas excarcelados. «¿Se imaginan ustedes un homenaje a los asesinos del Bataclan en París tras cumplir sus condenas?», le lanzó Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y peticionario de esta iniciativa a la delegación europea, liderada por la eurodiputada francesa Agnès Evren. (El Mundo)

Juzgar a los jefes de ETA podría resolver 65 asesinatos. La delegación del Parlamento Europeo se reunió ayer con Dignidad y Justicia, quien impulsó la iniciativa de la misión que busca respuestas sobre por qué hay 379 crímenes de ETA sin resolver. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, hizo entrega a la delegación de parlamentarios europeos de un documento donde apunta que hay hasta 65 asesinatos impunes de ETA desde 1990 que aún no han prescrito. (La Razón)

El vecino de Pablo Iglesias e Irene Montero que será juzgado por el supuesto acoso a la vivienda del ex líder de Podemos y de la ministra de Igualdad en 2020 ha pedido su absolución insistiendo en que no cometió delito alguno. En un escrito remitido por su defensa al juez de Collado Villalba (Madrid) que abrió juicio oral contra él, Miguel Frontera asegura que no llevó a cabo las conductas que le imputan tanto la Fiscalía –que pide para él una condena de tres años de prisión– como los abogados del ex líder de Podemos y la ministra de Igualdad. En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la abogada de Frontera, Polonia Castellanos, mantiene que su cliente no realizó «acto alguno de carácter ilícito desde el punto de vista penal». (La Razón)

ABC adelanta el borrador del real decreto de evaluación y titulación para todas las etapas (Primaria, ESO y Bachillerato) que se aprobará próximamente en Moncloa. Los exámenes desaparecen pero la ministra da este curso de plazo para que las regiones elijan. (ABC)

Casado descarta ceder ante Ayuso en la guerra por el poder en el PP. El líder del PP “no se va a dejar presionar” por la presidenta, esgrime la dirección. (El País)

Casado responde al clamor del PP en privado: «El partido funciona y ganaremos las elecciones». (ABC)

Después de que el PSOE de Pedro Sánchez tragara con esta exigencia de los republicanos para obtener su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, el PSC de Salvador Illa ha decidido aliarse con el partido que gobierna la Generalitat para obligar a los cines de Cataluña a proyectar un 25% de películas dobladas o subtituladas al catalán. (El Mundo)

Iván Redondo: "No puede haber reencuentro total sin Puigdemont". (La Vanguardia)