Exclusivas de la prensa de papel (05/12/2019)

Aena ha puesto en marcha la esperada ampliación del aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez, el mayor proyecto de inversión en Madrid para los próximos años junto con la construcción de la nueva estación del AVE de Chamartín. El gestor aeroportuario ya ha lanzado la operación con la adjudicación de los primeros contratos de un plan que, según las fuentes consultadas, requerirá inversiones por unos 2.000 millones de euros. Se trata de uno de los balones de oxígeno más esperados por el sector constructor, que atraviesa un largo periodo de sequía licitadora debido a la prolongada inestabilidad política en el país. (Expansión)

Europa quiere usar todas las herramientas disponibles para transitar hacia una economía verde, porque la lucha contra el calentamiento global es una de las prioridades de la nueva Comisión Europea. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el ovetense José Manuel Campa, lanza un aviso al posicionarse en contra de incentivar la economía verde, como está considerando la Unión Europea (UE). En una entrevista con elEconomista, Campa también avisa de que, a pesar del esfuerzo de consolidación de la banca española, todavía necesita mejorar sus costes operativos y encontrar modelos viables para el futuro: “El entorno de mercado para las entidades españolas es similar al del resto de la Unión Europea: tasas de interés bajas y bajo crecimiento en los volúmenes de préstamos”. (El Economista)

Prepara la adquisición del edificio de oficinas The Post Building. (Cinco Días)

Los directivos del mercado suizo explican a la ministra la importancia de España en sus proyectos de negocio. (Cinco Días)

Los principales directivos de los grandes grupos españoles coinciden en que el cambio climático es un problema para los países, las empresas y los ciudadanos, y supone un reto que exige adoptar decisiones rápidas y asumir compromisos. Así se refleja en la macroencuesta realizada por EXPANSIÓN con los grandes empresarios, que también se felicitan por el hecho de que España albergue la COP25. (Expansión)

Queda menos de un mes para que acabe el año y los nueve millones de pensionistas y los tres millones de empleados públicos que hay en España todavía desconocen cómo serán sus nóminas en 2020. Enredado en el reparto de ministerios con su socio Podemos y en lograr apoyos para la investidura con los independentistas catalanes Pedro Sánchez tiene pendiente decisiones que tienen en vilo a ambos colectivos, teniendo en cuenta que aún no ha aclarado qué referencia utilizará para aumentar las rentas de los mayores y, sobre todo, cuándo lo hará. Lo mismo ocurre con los empleados públicos, que saben que sus rentas aumentarán un 2% en línea con lo pactado entre el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y los sindicatos, pero desconocen cuándo irrumpirá esta subida. (ABC)

Una de las consecuencias más visibles de la inacción política es el agravamiento de las listas de espera y el retraso en los pagos a los proveedores. El Ejecutivo de Quim Torra lidera las demoras de una sanidad pública que se encuentran en un nivel histórico: hasta 671.494 pacientes están pendientes de pasar por el quirófano no antes de cuatro meses. La factura del procés en sanidad es alarmante: 168.000 pacientes esperan ya 146 días de media una cirugía. La otra cara de la moneda de la inestabilidad política y la falta de presupuestos son los impagos. El Ejecutivo catalán ha anunciado que solo abonará en diciembre el 30 por ciento de la factura de medicamentos de octubre a las farmacias, metiendo así de nuevo a este sector en una espiral de impagos, que se inició en 2010 y que solo logró normalizar en 2018. (El Economista)

Los empresarios asumen ya como inevitable un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) y han enviado mensajes directos e indirectos a ambos partidos para que se lleve a cabo una política moderada en cuestiones económicas y territoriales. Tanto la CEOE como el Círculo de Empresarios habían expresado su preferencia por un entendimiento entre los socialistas y el PP, pero tres semanas después del pacto del abrazo se suceden los contactos para tratar de influir en el Gobierno progresista que aparece como más probable. Las organizaciones empresariales reclaman que se eviten fuertes subidas de impuestos y que no se reviertan reformas estructurales de años anteriores como la laboral. Si eso ocurre, avisan, serán beligerantes. (El País)

El PSOE solo trabaja con un plan. Lograr la investidura con el visto bueno de los trece diputados de ERC. Pedro Sánchez volvió ayer desde la cumbre de la OTAN en Londres a apelar al «conjunto de fuerzas políticas». Pero no se trata más que de un ardid argumental al que aferrarse. Justificar que es el rechazo de la derecha lo que le obliga a pactar con ERC. Aunque ni siquiera se haya hecho por parte del PSOE el más mínimo esfuerzo de acercamiento ni hacia PP ni hacia Ciudadanos. (ABC)

Coalición Canaria ha propuesto crear un grupo “regionalista” al que podrían incorporarse Navarra Suma, Teruel Existe, Foro Asturias y el Partido Regionalista de Cantabria. De momento, no hay nada decidido, pero si esta idea prospera podría llevarse a la Mesa del Congreso para que le dé el visto bueno en su reunión de la semana que viene. La creación de este grupo regionalista implicaría que en el mixto se quedasen JxCat, la CUP, el BNG, Compromís y Más País, el partido de Íñigo Errejón. Esta opción incomoda a Errejón, indican fuentes parlamentarias, porque quedarían integrados en un grupo con mayoría nacionalista. (La Vanguardia)

En ese escenario, la vía más probable para que puedan salir de prisión es la clasificación en segundo grado pero con la aplicación del artículo 100.2 del reglamento Penitenciario. Este precepto establece que «el equipo técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados –segundo y tercero–, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que, de otra forma, no pueda ser ejecutado». Con esta vía, que es la misma que se aplicó a Oriol Pujol, podrían salir a diario de prisión y regresar solo para pernoctar, además de tener permisos los fines de semana. (La Razón)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva ya un año en funciones. El mandato actual expiró el 4 de diciembre de 2018, pero el bloqueo político ha impedido renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuya composición se ha quedado anclada en 2013. En estos 12 meses, el CGPJ ha efectuado 41 nombramientos discrecionales, una decisión cuestionada por tres de las cuatro asociaciones de jueces e incluso por algunos vocales del Consejo. Esos nombramientos hechos en situación de interinidad definirán buena parte de la cúpula del Poder Judicial para los próximos cinco años. Y, una vez más, las mujeres seguirán estando infrarrepresentadas: de los 41 cargos asignados, 31 son hombres y solo 10 mujeres. (El País)

FTras años de incumplimientos en la ejecución de las inversiones previstas, con obras clave pendientes de terminarse y una administración ineficiente en algunas redes, Foment del Treball apuesta por un cambio de modelo en la gestión de las infraestructuras catalanas para potenciar de una vez su desarrollo. La patronal considera que la principal prioridad es Rodalies, para las que propone una cogestión entre las administraciones con competencias, es decir, el Estado y la Generalitat. (La Vanguardia)