(Exclusivas de la prensa de papel 09/03/2021) La Abogacía del Estado apoya llevar a la UE la "impunidad" generada por Bélgica con los fugados del 'procés'

La Abogacía del Estado ha remitido sus alegaciones al instructor del procés en el Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena, donde considera procedente el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) frente a la negativa de la Justicia belga de entregar al ex conseller catalán de Cultura Lluis Puig, prófugo del 1-O. En su informe, conocido por EL MUNDO, la abogada del Estado Rosa María Seoane califica la actuación del tribunal de apelación belga de «una quiebra radical de los principios de confianza y reconocimiento mutuo en que se funda la Orden Europa de Detención Entrega (OEDE) prevista en la Decisión Marco de 2002». Para los servicios jurídicos del Gobierno, Bélgica no ha considerado que «se genera un elevado riesgo de impunidad de personas que tratan de eludir la Justicia siendo sospechosas de haber cometido un delito», en referencia a los fugados Carles Puigdemont, Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí. (El Mundo)

La Comisión Europea vigila las medidas anticorrupción para el reparto de los fondos. El reciente informe del Consejo de Estado alertó sobre la necesidad de una mayor vigilancia. Desde el pasado enero, la Comisión Europea ha repetido el mismo mensaje a los Estados miembros al hablar del fondo de recuperación. Los 672.500 millones de euros del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, el principal pilar del fondo, representan una oportunidad única para superar la recesión y transformar las economías europeas. Por eso, la Comisión ha pedido a los gobiernos más ambición en las reformas, objetivos y calendarios más claros, y sistemas de control robustos para prevenir el conflicto de intereses, la corrupción o el fraude al gastar el estímulo comunitario sin precedentes. Estos sistemas de control son “vitales”, por lo que “estaremos vigilando muy de cerca durante las próximas semanas y meses”, advirtió el pasado enero el vicepresidente ejecutivo de la Comisión al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis. (El Economista)

El Gobierno lo tiene claro: hay que garantizar a toda costa la españolidad de Naturgy, si, al final, da vía libre a la oferta pública de acciones lanzada por el fondo australiano IFM por 5.060 millones de euros por el 22,69% del capital de la compañía. Con este objetivo en mente, trabaja la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Ejecutivo, Nadia Calviño, que estudia ahora esta operación después de inhibirse la ministra de Industria, Reyes Maroto, en esta decisión por un manifiesto conflicto de intereses, al formar parte su marido de la plantilla de la energética. (La Razón)

Naturgy prepara nuevos bonus para su cúpula en plena opa. a junta de accionistas que tiene previsto celebrar hoy Naturgy aprobará cambios en el sistema de retribución a Francisco Reynés, su presidente ejecutivo, y por extensión a otros miembros de la alta dirección. En la práctica supondrá blindar posibles incentivos a muy largo plazo para la cúpula de la compañía, primera gasista en España y tercera eléctrica. Así se desprende del orden del día que será sometido a aprobación. La junta se produce en plena opa parcial lanzada por el fondo australiano IFM, que quiere hacerse con el 22,69% del capital del grupo energético a 23 euros por acción, en una operación de 5.060 millones de euros. (Expansión)

El Gobierno cede ante la banca tras las continuas alertas del peligro que supone para el sector financiero aplicar quitas a los préstamos avalados por el ICO de forma generalizada. Fuentes financieras y gubernamentales confirman el papel decisivo que tendrán las entidades a la hora de determinar a quién conceder una quita y cómo llevar a cabo la reestructuración de la deuda de las empresas y pymes afectadas por el Covid-19, ampliando el margen de actuación más allá de los ICO. (El Economista)

Las entidades tienen ya el 10% del crédito en negocios vulnerables al Covid-19. La gran banca española tiene una exposición crediticia de en torno al 10% de su cartera a los sectores más afectados por el Covid. Según los datos facilitados por las distintas entidades, los grandes bancos suman más de 190.000 millones de euros en préstamos a los sectores más vulnerables a la pandemia como son el turismo, el ocio, la restauración, el transporte, el petróleo y el gas y el comercio minorista. El sector señala que dentro de esta exposición crediticia está una parte relevante de los préstamos avalados por el ICO. (El Economista)

Lightsourcebp, subsidiaria de renovables de la petrolera británica, invertirá más de 2.000 millones de euros en España hasta 2025. La empresa cuenta con una cartera de unos 3.000 MW en el país y sigue buscando oportunidades de crecer en el mercado; acaba de cerrar la adquisición de 845 MW a Iberia Solar –en enero compró otros 1.060 MW a RIC Energy– y confía en incorporar otra cartera de hasta 750 MW antes de dos meses. (El Economista)

El mal año de Renfe por el impacto de la pandemia sobre la demanda de viajeros no ha frenado el plan de la compañía estatal de potenciar su presencia en el exterior, especialmente en el mercado europeo liberalizado. El operador público ultima su primera gran adquisición fuera de España con la toma de una participación mayoritaria del grupo checo Leo Express, operador privado pionero en Europa al sacar provecho de las oportunidades del mercado ferroviario abierto. Según las fuentes consultadas, Renfe ha alcanzado un principio de acuerdo para tomar una participación inicial del 50%, que podría ampliarse en una segunda fase si obtiene el visto bueno del Consejo de Ministros. La empresa pertenece a la familia Novotný, una de las grandes fortunas de la región. (Expansión) (Cinco Días)

Euskaltel ultima la venta de hasta el 49% de su red de fibra. Cuenta con varias ofertas sobre la mesa, pero la que tiene más visos de triunfar es la del fondo francés Infravia, según indican fuentes financieras a este periódico. La teleco vasca espera captar en torno a 500 millones y valora su filial en unos 1.000 millones. (Cinco Días)

Hasta ocho automovilísticas invertirán más que Tesla en los dos próximos años de recuperación de la industria tras el shock de la pandemia de coronavirus. La percepción del fabricante innovador, la atracción mediática que logra y la demanda voraz que genera en bolsa –sus acciones suben un 730% desde los mínimos de marzo y capitaliza ya casi medio billón de dólares– chocan con la realidad de los datos. Es cierto que el grupo de Elon Musk incrementará su gasto en capital (capex, en la jerga financiera) según las previsiones de cara a 2022. (El Economista)

El próximo 1 de julio entran en vigor las nuevas reglas del IVA aplicables a los intercambios comerciales online en la UE, por el que se crea un régimen opcional de ventanilla única que permite ahorrar costes mediante la utilización de una única declaración IVA, reduciendo el número de países de la UE en los que será necesario registrarse para recaudar e ingresar el IVA sujeto a distintos tipos impositivos. Los servicios contratados en línea por consumidores de países comunitarios que sean enviados o prestados desde otro país quedarán sujetos al IVA del Estado de llegada de la mercancía o en el que esté establecido su destinatario, no en el país donde se ubicaba el proveedor. Una gran parte de las nuevas medidas tienen que ver con las entregas de bienes suministrados desde territorios de fuera de la UE con el objeto de eliminar distorsiones de competencia y combatir el fraude. Asimismo, los bienes importados de países de fuera de la UE con un valor inferior a 22 euros dejan de estar exentos del IVA. El Consejo de Ministros aprobó el 4 de agosto un proyecto de ley que se adapta a esta normativa, pendiente de validación en el Congreso, y Hacienda acaba de llevar a audiencia pública el Reglamento que lo desarrolla. Si estas normas no estuvieran en vigor cuando se acerque el 1 de julio, Hacienda publicará una resolución que las condense porque las nuevas reglas son de obligado cumplimiento desde 1 de julio, explica Alberto Monreal, socio de PwC Tax & Legal Services. (Expansión)

Reclama niveles más exigentes de presentas para financiarlas promociones por las dudas sobre la economía de las familias. (Cinco Días)

Michael Spence: “Si los bancos centrales obvian la inflación perderán su credibilidad”. (El Economista)

Las Spac (Special Purpose Acquisitions Company) son una de la opciones que están planteando los bancos de inversión asesores de las numerosas empresas españolas de renovables que quieren salir a Bolsa o que buscan socios, financieros o industriales, que contribuyan a su desarrollo. Así lo aseguran fuentes del sector de las renovables. En estos momentos, en España hay casi una decena de grupos que, de forma más o menos oficial, han anunciado planes para salir al parqué o para dar entrada a uno o varios socios que refuercen los recursos con los que crecer en renovables y nuevas áreas energéticas vinculadas a la transición ecológica. (Expansión)

El viejo PP se enfrena a Luis Bárcenas dividido y con mucha desconfianza entre ellos. La plana mayor de ese viejo PP está citada como testigo en el juicio que analiza en la Audiencia Nacional las obras de la sede nacional por su presunta financiación a costa de la caja B del partido. A la cabeza, los dos ex presidente del Gobierno José María Aznar y quien tomó el relevo del partido, Mariano Rajoy, que no se hablan entre ellos. Rajoy y Aznar preparan sus estrategias por separado, pero lo mismo ocurre con los demás señalados en los «papeles». Más que de una acción concertada debe hablarse de estrategias individuales, dirigidas a que cada uno, en la medida de lo posible, pueda salvarse a sí mismo. El principio general es el negarlo todo, pero en todos los casos la preocupación también es la misma: hasta dónde está dispuesto a llegar Bárcenas y cómo evitar «cargar con el muerto». Ayer el ex tesorero siguió apuntando nombres, pero sin ninguna prueba nueva que sirva de base para sus acusaciones. (La Razón)

Bárcenas manipuló facturas para pagar menos por la obra de Génova. El fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral, quien acusa a Luis Bárcenas de pagar más de un millón de euros en dinero negro para sufragar las obras de remodelación de las obras de la sede del Partido Popular, mostró ayer facturas que el ex tesorero reconoció haber manipulado. LA RAZÓN ha tenido acceso a varios de estos documentos, que permitieron al PP ahorrarse el 8% del coste total de las obras además del IVA del dinero negro, según confesó Bárcenas en su declaración en el juicio de la Caja B. (La Razón)

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado abrir tres nuevas líneas de investigación en torno a Podemos. En un auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el magistrado sostiene que procede incoar tres procedimientos independientes a la causa principal donde se investiga los pagos a la consulta Neurona. La decisión la ha adoptado tras la documentación que aportó la ex abogada de Podemos Mónica Carmona. En concreto, el juez acuerda investigar el presunto cobro por parte del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias de las costas procesales dimanantes de un juicio que ganó el partido. Pero también la presunta utilización por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de la ex diputada y actual asesora suya, María Teresa Arévalo, como cuidadora de sus hijos con fondos públicos o de la propia formación política. (El Mundo) (La Razón)

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha formalizado un recurso de casación ante la Sala Segunda del Alto Tribunal en el que cuestiona la arbitrariedad del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada en la absolución de Dolores Iparaguirre, alias Anboto, por un atentado cometido contra una comisaría de Oviedo en 1997. Se trata de uno de los numerosos procedimientos que la dirigente etarra tiene pendientes en España y por los que ha sido entregada por Francia, donde también cumple varias condenas. La semana pasada la junta de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo estudió el anuncio de recurso del fiscal de la Audiencia Nacional contra esta absolución y tomó la decisión de formalizarlo el viernes. (ABC)

El Ministerio del Interior acordó el pasado mes de enero acercar al País Vasco y progresar de grado al etarra Juan Ramón Carasatorre Aldaz, condenado, entre otros crímenes, por el asesinato en 1995 del concejal del Partido Popular en San Sebastián Gregorio Ordóñez. La decisión del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se produjo en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel donde está ingresado el terrorista, el Centro Penitenciario Castellón II. (El Mundo)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de ABC, ha instado a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a informar sobre por qué y quién decidió que el Rey Felipe no acudiera a Barcelona el pasado septiembre para presidir la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, como hace el jefe del Estado cada año. En concreto La Moncloa debe entregar «copia de la documentación a disposición del Gobierno, cualquiera que su formato, relativa a la decisión adoptada, justificativa o explicativa de la conveniencia de la ausencia del Rey a dicho acto y fecha y órgano que acordó dicha decisión». (ABC)

Tras una vida como activista ambiental, denuncia cómo los más extremistas se han adueñado del movimiento 'verde' y bloquean alternativas como la energía nuclear. "Ser alarmista da dinero y poder", asegura el autor de 'No hay apocalipsis' (El Mundo).