(Exclusivas de la prensa de papel 09/04/2021) Los policías que protegían el mitin de Vox dicen que Marlaska no les dejó frenar a los radicales que reventaron el acto

«Nos han dejado vendidos. La orden era aguantar, pero no blindar el acto, no que se pudiera celebrar. Solamente que no se produjeran incidentes», relata a EL MUNDO uno de los agentes destinados en las Unidades de Intervención Policial y que el pasado miércoles tuvo que hacer frente a los disturbios provocados por los autodenominados antisistema durante el mitin de Vox en Vallecas. «Hubiéramos montado un cinturón de no menos de 50 metros entre unos y otros y hubiera sido imposible, no sólo el enfrentamiento sino también hasta el lanzamiento de objetos». Pero había mucha presión «política». La orden de Interior era evitar disturbios, «pero nada más»: «Les daba igual si se suspendía o no el acto». Algunos recuerdan que no es baladí que los que convocaron las protestas sean simpatizantes del partido que cogobierna con el PSOE. (El Mundo)

Policías apuntan a Marlaska: «Nos mandó con material que se rompía». Desde la UIP, consideran que el planteamiento del dispositivo enVallecas «no fue bueno» porque el número de antidisturbios fue «insuficiente». Creen que faltó previsión y dotación de medios ante una concentración que se preveía extremadamente violenta y que contó con un 40 por ciento menos de funcionarios de los necesarios. «Se lanzaron contra nosotros como leones», denuncian. (La Razón)

Anunciado a bombo y platillo durante el pasado verano, el fondo de rescate de empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue concebido inicialmente como un salvavidas para las grandes compañías golpeadas por el coronavirus. Pero hoy, nueve meses después, el mundo empresarial y la oposición claman contra un mecanismo que sigue generando dudas y que ya ha repartido casi mil millones de dinero público.Porque al polémico rescate de Plus Ultra, cuantificado en 53 millones, se unen los recibidos por Duro Felguera (120 millones), Avoris (320 millones) y Air Europa (475 millones). En total, 968 millones otorgados para, según el Gobierno, salvaguardar la viabilidad de empresas estratégicas que soportan miles de puestos de trabajo. (ABC)

Tobias Adrian, el principal consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional, vuelve a tomar el pulso al sistema financiero en el Informe Global de Estabilidad Financiera (GFSR, por sus siglas en inglés). En una conversación con este periódico hace repaso a algunos de los temas que más preocupan a las empresas, inversores e individuos. (El Economista)

La aerolínea Plus Ultra negoció su venta entre los años 2014 y 2016 por un precio de apenas 2,5 millones de euros, unas 21 veces menos que la ayuda estatal recabada ahora. La compañía considerada ahora «estratégica» por el Gobierno que preside Pedro Sánchez entabló en varias ocasiones en esos años conversaciones para su venta con un grupo de empresarios encabezado por Julio Márquez, fundador de Transcarga International Airways, la mayor transportista aérea de Venezuela. (El Mundo)

Acciona quiere colocar al menos un 25% de su filial de renovables. El próximo lunes día 12 celebrará junta de accionistas para aprobar la segregación y tomar la decisión final. Repsol quiere colocar en el parqué su filial de energías limpias, aunque también baraja incorporar a un socio financiero o industrial. Las colocaciones de Ecoener y Opdenergy meten presión en una carrera en la que se sabe de antemano que no hay hueco para todos. Por grande que sea, el apetito inversor por las renovables españolas tiene un límite. Capital Energy, que era el alumno destacado entre los David de las salidas a Bolsa de renovables, tiró la toalla al primer asalto y, por ahora, ha aplazado la operación. (Expansión)

Trilantic Capital Partners, Blackstone y L-GAM participan en el proceso competitivo para la adquisición de Gransolar, según varias fuentes financieras consultadas por EXPANSIÓN, que precisan que Bridgepoint es otro de los fondos que se encuentran entre los candidatos a comprar el grupo español de renovables, especializado en energía solar fotovoltaica. (Expansión)

Los accionistas minoritarios de Abengoa lanzan un salvavidas a la empresa en un momento crítico. Agrupados bajo la plataforma AbengoaShares, se han asociado con la familia mexicana Amodio, primer accionista de OHL, y la energética hongkonesa EPI para presentar una oferta por Abenewco1, la filial de Abengoa a la que se han transferido la mayor parte de los activos en el marco del plan de rescate aprobado por la banca en verano. Según el comunicado remitido por la sindicatura de accionistas, ofrecen 200 millones en financiación y otros 50 millones en avales para tratar de rescatar al grupo de ingeniería andaluz. (Cinco Días)

Estas firmas han visto aumentar entre cuatro y siete el número de expertos que sigue su cotización por el auge de la inversión sostenible y del boom renovable. Al otro lado, Euskaltel pierde tres analistas. (El Economista)

El mercado discrepa de la capacidad anunciada por Bankinter para conseguir compensar en sus cuentas a corto plazo la segregación de Línea Directa, que saldrá a bolsa a finales de este mes. El banco se ha marcado como objetivo un beneficio de 550 millones en 2023. Sin embargo, el mercado prevé que el resultado de la entidad para ese ejercicio se quede un 20% por debajo de su objetivo. (El Economista)

Las demandas por presunta estafa por cambio de las condiciones en los contratos de forma unilateral en los intereses a percibir por la compra de criptomonedas empiezan a aflorar. Unos 300 pequeños inversores han presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra Javier Biosca por presunta estafa de más de 250 millones de euros en inversiones en criptomonedas. Esta es la primera macroquerella depositada ante la Audiencia Nacional, pero no es la única. (Cinco Días)

Los principales gobiernos regionales españoles tomaron buena nota de ese movimiento de Angela Merkel y, en declaraciones a EL MUNDO, reclaman a Pedro Sánchez que presione a la UE para que, si no hay inconvenientes insalvables, autorice la vacuna rusa y puedan comprar cientos de miles de dosis que les ayuden a inmunizar a la población con mayor rapidez. Y que, de paso, contribuyan a reducir al máximo el periodo en el que las autonomías estarán –previsiblemente– sin estado de alarma y sin herramientas jurídicas para cerrar sus fronteras o establecer toques de queda en pos de frenar los contagios. (El Mundo)

Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid: "No sólo hemos hablado con Sputnik, hemos hablado con todos". El responsable de la gestión de la pandemia dice que es su "deber" traer el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible. (El Mundo)

Thierry Breton, comisario de Mercado Interior: “Sin la Sputnik tenemos suficientes vacunas”. El político al frente de la división que supervisa la producción europea de viales cree que el objetivo de inmunizar al 70% se alcanzará en verano incluso si hubiera que prescindir de las dosis de AstraZeneca. (El País)

Fuentes del Consejo de Estado consultadas por LA RAZÓN manifestaron su perplejidad y malestar «incluido el de la Presidenta [María Teresa Fernández de la Vega] porque este Gobierno solo utiliza este Gobierno para las tomas de posesión». Las mismas fuentes han resaltado que «es llamativo» que casi continuamente se presenten los nuevos proyectos de Ley directamente por el Grupo Parlamentario para evitar que el Consejo de Estado tenga que pronunciarse sobre el asunto en cuestión. Existe además «preocupación» por la posible llegada al máximo órgano consultivo del Estado del Vicepresidente Iglesias que el Consejo siempre ha guardado el equilibrio entre las distintas tendencias políticas y ha mantenido una escrupulosa neutralidad política, circunstancia que podría saltar por los aires con la llegada del líder de Podemos. (La Razón)

El Consejo de Estado critica a Sánchez por no tener un plan B. El Gobierno se queda solo defendiendo que no es necesario aprobar ninguna reforma legal para controlar la pandemia sin el marco del estado de alarma. El Consejo de Estado se une a la mayoría de las autonomías y la oposición parlamentaria para enmendar la plana al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que advierte que la legislación actual presenta «carencias» cuando se trata de hacer frente a una emergencia sanitaria y al que pide una reforma que otorgue a las autonomías los mecanismos suficientes para afrontar la actual. (ABC)

Ministerio de Justicia prevé crear a lo largo de 2021 un total de 60 plazas para nuevos jueces, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera necesario contratar a 110 togados. Así consta en un acuerdo de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces del pasado 24 de marzo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. (La Razón)

Pese a las notorias diferencias que exhiben las fuerzas separatistas y que, por el momento, impiden la investidura de Pere Aragonès y la formación de Gobierno, existe un punto de acuerdo entre ellas: todas coinciden en señalar 2023 como el año en el que expira la negociación con el Estado para hallar una salida pactada al «conflicto». A partir de entonces, sostienen con matices, deberá redefinirse la hoja de ruta y privilegiar el regreso hacia la vía unilateral si el Gobierno de Pedro Sánchez no ha allanado antes el camino hacia la celebración de referéndum de autodeterminación pactado y homologable internacionalmente. (El Mundo)

La Generalitat excluye a policías y guardias civiles de los colectivos de riesgo por coronavirus. Denuncian que los mossos ya están vacunados y que los agentes estatales son ignorados. (La Razón)