(Exclusivas de la prensa de papel 09/10/2020) El Comité de Bioética, órgano asesor del Gobierno, está en contra de legalizar la eutanasia

Ni derecho a la eutanasia, ni despenalización. El Comité de Bioética -por unanimidad- se opone a elevar la eutanasia o el suicidio asistido a la categoría de derecho e incluirlos así como una prestación pública más, dentro de la cartera de servicios sanitarios. «Legalizar la eutanasia o el auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra», apunta el documento. Se refieren a «la pendiente resbaladiza» como un riesgo que estaría «tanto en los pacientes que acabaran solicitando la eutanasia bajo la convicción de que, en su situación, es la única alternativa para la sociedad como en el uso de la misma por parte de los poderes públicos en atención al coste de la asistencia sanitaria». Así pues, el posicionamiento de los 12 miembros del Comité expresado de manera unánime está lejos de sostener esta nueva regulación. (El Mundo) (ABC)

Pedro Sánchez va a por todas. Tras el varapalo que ha recibido del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbando su decisión de restringir con una simple orden ministerial el derecho fundamental a la movilidad de los ciudadanos, opta ahora por la vía taxativa: aplicar el estado de alarma en una parte del territorio nacional que afecta fundamentalmente, en principio, a buena parte de la Comunidad de Madrid. (El Mundo)

Si la Fiscalía pide la inadmisión, la Sala puede llevarle la contraria, pero difícilmente prosperaría porque en este asunto no hay ninguna otra acusación. En todo caso, si el Supremo sigue adelante, se daría otra supuesta paradoja en el caso Dina y es la doble condición que tendría el vicepresidente del Gobierno. En el Supremo sería formalmente un imputado mientras en la Audiencia Nacional seguiría siendo víctima. La clave es que son delitos distintos que no tienen relación entre sí, tal y como dijo la Sala de lo Penal en el auto mencionado. (ABC)

El fiscal Navajas podría quedar fuera del informe sobre Iglesias. «Esta vez se harán mejor las cosas» que con las querellas por Covid «y además se jubila». (La Razón)

Obligados a rehacerse de nuevo, en Moncloa no esconden que esto supone munición para que la oposición avance en su operación de desgaste al Gobierno y, por esta cuestión, se muestran contundentes a la hora de establecer un cortafuegos en torno al Gabinete, que –de facto– deja aislado a Iglesias. La estrategia consiste en desvincular totalmente la polémica de la labor del Ejecutivo y encuadrarla en la esfera privada del vicepresidente segundo. «Esto no afecta al Gobierno, es una cuestión de la vida anterior de Iglesias», aseguran. Este argumento se enfoca en dos direcciones, en primer lugar, descarga de responsabilidad al Ejecutivo y, en segundo lugar, permite esquivar la asunción de medidas coercitivas contra el vicepresidente, porque no se trata de haber «hecho un mal uso de su cargo, por haber utilizado dinero público de forma indebida o por ninguna responsabilidad vinculada a su posición actual» que pudiera acabar derivando en una dimisión o un cese. (La Razón)

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Gobierno limitaría las funciones de los miembros del Consejo una vez que venzan sus cinco años de mandato. Si sale adelante el proyecto en que trabajan PSOE y Podemos, los componentes del CGPJ, si quedaran en funciones —como ocurre actualmente debido al bloqueo del PP a su renovación—, no podrían nombrar cargos judiciales. Además, 12 de los 20 miembros podrían renovarse con mayoría absoluta del Congreso, y no la reforzada de tres quintos contemplada ahora. (El País)

El Gobierno puede derogar la obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de las comunicaciones electrónicas si considera que España se enfrenta a una amenaza grave. El TJUE lo permite si afecta a la seguridad. (El Economista)

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (Garanhuns, 75 años) acude a la entrevista por videoconferencia con un traje que le regaló el expresidente de Bolivia Evo Morales. Con evidente tranquilidad, dice que no tiene rencor por haber estado en la cárcel entre abril de 2018 y noviembre de 2019, condenado por corrupción por la Operación Lava Jato a raíz de la compra de un tríplex en un balneario de São Paulo. Sin embargo, anular sus condenas y recuperar sus derechos políticos son prioridades de su agenda. Pese a lo sucedido, es el Lula de siempre, feliz por defender el legado del Partido de los Trabajadores (PT) en la campaña de las elecciones municipales, que se celebran en noviembre en más de 5.500 ciudades. (El País)

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha asegurado que el BCE tiene previstas medidas adicionales si la crisis del coronavirus Covid-19 se agrava. "Tenemos todavía munición y recursos por si esto pasa", señaló. "Estamos valorando continuamente la evolución de la pandemia en el impacto económico y estamos abiertos a recalibrar nuestro programa", añadió. (El Economista)

Hacienda no va a eliminar la exención en el impuesto del IVA de la que goza la educación concertada, esto es, no le aplicará un impuesto del 21% como se había barajado y que había provocado fuertes quejas desde el sector. Fuentes de la Administración confirman a EL MUNDO que ese punto ya no está en discusión, y que ahora los trabajos se centran en qué hacer con la educación privada. Hasta el momento, no hay ninguna decisión tomada en este segundo aspecto. Lo que sí está decidido, insisten estas mismas fuentes, es que no se modificará la situación de la enseñanza concertada. Y de hecho, añaden, desde el Gobierno ya se ha tranquilizado al sector educativo al transmitirle esta decisión. (El Mundo)

Busca elevar la formación bruta de capital del 2% al 6% del PIB en los próximos tres años. Presentará tres decenas de proyectos a la UE para obtener los fondos europeos. (Cinco Días)

Así las cosas, tal y como ha podido saber ABC, la vicepresidenta Calviño ni convocó ni consultó a su consejo asesor para diseñar cómo sería la recuperación de España, para lo cual se creó en buena parte este órgano. Pero no solo eso, sino que el «olvido» de contactar con sus expertos va más allá. Entre ellos están algunos reputados expertos en sus respectivas áreas como Sara de la Rica, José Ignacio Conde-Ruiz, Alicia García Herrero, Raymond Torres, Federico Steinberg o Emilio Ontiveros. Así hasta 17 nombres. (ABC)

El final del verano ha truncado el despertar de la economía española, atenazada por el auge de nuevos rebrotes de coronavirus y la incertidumbre sobre el futuro laboral y económico de millones de familias. Los primeros testigos de esta parálisis son los bancos. Tras la borrachera de financiación concedida a grandes empresas y pymes durante la pasada primavera con cargo a las líneas ICO, las entidades constatan ahora una caída de la demanda de crédito y un aumento récord de los depósitos de los hogares. (El Mundo)

La hostelería continúa mandando SOS tras SOS ante el desastre que se avecina en otoño tras la mala temporada de verano –la peor de la historia de todos los sectores del turismo, según reconoció el propio INE–. «Los nubarrones son negros. Estamos tremendamente preocupados porque ya estamos en una situación de límite y los rebrotes y las restricciones pueden darnos la puntilla». Quien lleva repitiendo sin descanso esta sombría predicción no es una persona cualquiera. Es el presidente de la patronal Hostelería de España, José Luis Yzuel, que advierte que los rebrotes y las restricciones pueden elevar las malas cifras hasta niveles nunca nunca vistos. (La Razón)

La teleco diseña un vehículo inversor en el que daría entrada a socios como fondos de infraestructuras. El plan es paralelo a los acuerdos mayoristas sobre redes con Tele Columbus, Vodafone y Deutsche Telekom. (Cinco Días)

Unicaja y Liberbank deberán recortar, al menos, en torno a mil puestos de trabajo para eliminar las duplicidades que se darían en la red en el marco de una futura fusión. Este ajuste supondría una disminución del 10% de la plantilla global de ambos grupos. Unicaja cuenta con 6.274 empleados y Liberbank, con 3.668, sumando entre las dos entidades 9.942 trabajadores. No obstante, los analistas apuntan, entre las ventajas, que los costes de reestructuración no serán demasiado elevados, ya que ambos bancos tienen un porcentaje de plantilla de avanzada edad. Concretamente, casi el 36% de los empleados de la entidad de origen andaluz tiene más de 50 años. Esto sitúa a Unicaja como el banco con los trabajadores de más edad. Liberbank, por su parte, aúna el 29,5% del grueso de la plantilla con más de 50 años. (El Economista)

Sabadell quiere anticiparse al resto de bancos españoles y convertirse en una de las entidades de referencia en la gestión de la liquidez de las empresas. El banco ha lanzado una batería de fondos de inversión ultraconservadores para dar alternativa al dinero que las empresas tienen en depósitos y cuentas, y por el que los bancos ya están cobrando en España. (Expansión)

El presidente de GPG, Sanjeev Gupta, se posiciona ante el Gobierno español por si se expropia Alcoa. La empresa mostró ayer a las ministras Ribera y Maroto su intención de invertir en España. (El Economista)

Raúl Morales (Soltec): "Salimos a Bolsa para crecer; el Covid apenas nos está afectando". (Cinco Días)

En el mercado de materias primas los metales industriales están avalando la recuperación económica durante los últimos meses. En el cómputo global del año estos recursos básicos ya se están revalorizando, en el índice Bloomberg Industrial Metal Index en 2020, gracias a la recuperación de casi el 30% que ha experimentado desde los mínimos del año que se vieron en marzo. (El Economista)

En los últimos seis años la vivienda de alquiler en Barcelona ha aumentado sus precios un 42%. Unas rentas difíciles de asumir para muchos colectivos –jóvenes, personas mayores y familias vulnerables– que se ven expulsados de la ciudad, ya que los ingresos no han crecido a la par que el valor del arrendamiento, que se situó en el segundo semestre de este año en los 960 euros mensuales. Para intentar aliviar mínimamente esta tensión residencial el Gobierno central y el Ayuntamiento firmaron ayer un protocolo que comportará la inversión directa de 72 millones de euros en 54 promociones municipales de alquiler asequible. Este dinero permitirá acelerar la construcción de 3.614 pisos. (La Vanguardia)