(Exclusivas de la prensa de papel 10/09/2021) El Gobierno de Sánchez gana tiempo al optar el BCE por una retirada suave de la ayuda

Basta revisar que el BCE compró 18.119 millones de deuda pública española sólo en el último mes de San Basilio y totaliza ya más de 140.000 millones desde el inicio. Es decir, el grueso de la emisión extra que ha tenido que lanzar el Estado para financiarse desde el estallido de la pandemia. Por todo ello, si se analiza la importante decisión del BCE de este jueves en términos políticos nacionales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ganado tiempo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, presentó de la forma más suave posible lo que no deja de ser una delicada medida: el principio del fin de este programa de emergencia. La francesa anunció la primera ralentización del ritmo de compras y dio a entender que a final de año podría tomarse la decisión definitiva. Es el segundo gran aviso desde que el pasado 10 de diciembre el BCE anunciara que quizá no agotaría el montante dedicado al PEPP. (El Mundo)

Agitación en el consejo de administración del gestor del mercado eléctrico en plena oleada de precios récord de la luz. Varios accionistas han puesto sobre la mesa una revisión a la baja de los sueldos de la cúpula del grupo aludiendo al contexto actual de crisis económica. Uno de ellos es Iberdrola, que aprovechó la junta de accionistas del Operador del Mercado Ibérico en Portugal (OMIP) celebrada el pasado 22 de julio para instar un reducción a la baja del sueldo de los consejeros coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo esquema retributivo previsto para el trienio 2021-2023. (El Mundo)

La decisión del Gobierno de suspender una inversión estimada en 1.700 millones de euros en el aeródromo barcelonés aleja la posibilidad de que ERC dé su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, lo que también tambalea la recepción de los fondos europeos de recuperación, vinculados a los compromisos asumidos ante la UE por España, que necesita para ello de unas Cuentas en consonancia con lo presentado a Bruselas dentro del plan nacional de recuperación y resiliencia. No se trata de cifras menores, ya que el dinero europeo a percibir el próximo año ronda los 20.000 millones. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, parece el político más perjudicado -y señalado por el Ejecutivo central como responsable de la paralización de los planes para hacer de Barcelona un hub intercontinentalpor su negativa a ampliar El Prat si es a costa de invadir el espacio natural protegido de La Ricarda, pero en lo que a estrategia política concierne, puede ser el más beneficiado. (El Economista)

Después de este revés, Aena prepara ya un plan B para mantener el volumen de inversiones, por 2.500 millones, que acompañarán al segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2). La nueva hoja de ruta para el periodo regulado 2022-2026 debe aprobarse en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre y en el documento vendrán fijadas tanto las actuaciones de Aena como las tarifas con que se remuneran las inversiones. Una vez que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ordenó el miércoles la retirada del proyecto para elevar la capacidad de El Prat, Aena ha puesto en revisión el plan inversor. (Cinco Días)

El bloqueo a la ampliación del aeropuerto de El Prat ha provocado una tormenta política en Cataluña y ha soliviantado a los empresarios, que se mostraron ayer indignados. El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, fue categórico al afirmar que “tanta irresponsabilidad nos puede llevar al empobrecimiento, a la ruina económica de Cataluña y a hipotecar el trabajo futuro de muchos de nuestros jóvenes”. El Gobierno central y la Generalitat se intercambiaron duras acusaciones, y el resultado final es que la ampliación del aeropuerto –que iba a suponer una inversión de 1.700 millones de euros y la creación de más de 80.000 empleos– se aparca hasta el año 2026. El motivo de la controversia es el impacto medioambiental que la ampliación de una de las pistas tendría sobre el espacio natural protegido de La Ricarda. (Expansión)

L-GAM, el fondo participado por la familial real de Liechtenstein, avanza en la venta de Grupo BC, el líder español en gestión de hipotecas. Según indican diferentes fuentes financieras a elEconomista, el fondo del Principado ha entablado negociaciones con el estadounidense Silverlake. La operación supondría el traspaso de una participación mayoritaria en Grupo BC, valorado en más de 500 millones de euros. L-GAM ostenta actualmente el 70% de la firma. (El Economista)

Los representantes de los trabajadores de la nueva Unicaja ya adelantan los planes de ajustes de la entidad, tras su fusión con Liberbank, a pesar de que el nuevo banco aún no ha hecho oficiales los datos. El grupo financiero podría presentar un ERE para 1.000 empleados, lo que supondría un ajuste del 10% de la red, compuesta en la actualidad por 9.660 trabajadores, según estimó ayer CSIF. Las conversaciones para iniciar el recorte podrían comenzar este mismo mes de septiembre, aunque según fuentes consultadas Unicaja aún no ha convocado a los sindicatos. (El Economista)

En julio, Juan Carlos Conde tomó el relevo de Carlos Teixeira al frente de la multinacional Teva, uno de los grandes productores de genéricos. La compañía prepara novedades en su fábrica de Zaragoza. (El Economista)

Según idealista y pisos.com, desde que la normativa entró en vigor hace un años, la oferta se ha reducido en torno al 40% mientras que las rentas han caído incluso menos que en Madrid. (La Razón)

España tiene todo a su favor para convertirse en un centro neurálgico para la interconexión de decenas de cables submarinos de telecomunicaciones. La posición geográfica de sus costas, justo frente al continente americano y a escasos kilómetros del africano, permiten a la Península Ibérica convertirse en la principal alternativa europea al Reino Unido. Desde la nube al fondo del mar, España acoge 27 cables submarinos, con el deseo de multiplicar estos despliegues en los próximos años. La sensibilidad del Gobierno español hacia este negocio es manifiesta, siempre consciente de la oportunidad que representa. Así, a preguntas de este periódico, fuentes del Ejecutivo han reconocido su interés por facilitar los trámites burocráticos y eliminar las barreras para incentivar una actividad de extraordinaria importancia estratégica. (El Economista)

Las polémicas cercan al ministro, pero Sánchez hoy se hará la foto con él al frente de la comisión de seguimiento sobre los delitos de odio. Sánchez no dará su cabeza tras mantenerlo en la reciente crisis de gobierno. El ministro descarga en la Policía la gestión de la falsa agresión de odio homófoba. Los agentes trasladaron sus dudas al titular de Interior desde el primer momento. (La Razón)

El expresidente del Gobierno que construyó la relación más estrecha que España ha tenido con EE.UU. en décadas recuerda y analiza lo ocurrido en una fecha que considera un cambio de era. Y lo hace desde la decepción que le produce la retirada de Kabul, un hecho que, no tiene dudas, tendrá un alto coste para el mundo. José María Aznar (Madrid, 1953) era presidente del Gobierno de España cuando se produjeron los atentados del 11-S. Afirma que estos supusieron un cambio de era para la humanidad. En ese cambio, admite, también se pueden enmarcar los atentados de Madrid en 2004 que precipitaron el vuelco electoral que entregó el poder a los socialistas. Pero lo que más preocupa e irrita a Aznar en este momento es el caótico final de la operación Libertad Duradera y la certeza de que el islamismo radical es incompatible con las sociedades abiertas. (ABC)

El Tribunal Constitucional afronta una nueva fractura con motivo del recurso de Vox contra el segundo estado de alarma contra la pandemia, que abarcó desde el 25 de octubre al 9 de junio pasados. El ponente, el magistrado del sector conservador Antonio Narváez, tiene ultimado su proyecto de sentencia desde antes del paréntesis de agosto, pero en términos que siguen sin concitar consenso. El motivo es que cuestiona tanto el grado de control parlamentario que existió mientras estuvo en vigor el segundo decreto sobre el estado de alarma, como la delegación de competencias hacia las comunidades autónomas, realizada en aras de un modelo de gestión de la crisis sanitaria basado en la llamada cogobernanza. Ningún magistrado, en suma, ha podido leer todavía el texto preparado por el ponente, aunque desde hace meses, mientras se deliberaba la primera sentencia, se dio por hecho en el tribunal que la segunda también sería objeto de alguna tacha de inconstitucionalidad. (El País)

Reclama al juez que investiga la entrada del líder polisario en España que les imponga 150.000 euros de fianza si siguen en la causa. (La Razón)

“El Gobierno hace vulnerables a los que no lo son para comprar votos”. (El Economista)

Ayuso planea un viaje a EEUU durante la Convención del PP. Adelantaría su regreso para poder estar en Valencia el día del cierre del cónclave. (La Razón)

La Policía no pudo examinar las ropas que llevaba el denunciante el día de la supuesta agresión, ya que las había lavado. (El Mundo)