Exclusivas de la prensa de papel (10/12/2019)

Francisco Gómez, ex-ceo de Popular, no cobrará los 9 millones de prejubilación. (Cinco Días)

Las investigaciones internas que está llevando a cabo Iberdrola en torno al caso Villarejo establecen que cuando, en 2011, se creó la responsabilidad de personas jurídicas en el Código Penal los pagos al excomisario ya no se hacían desde la matriz, presidida por Ignacio Galán. En la práctica, esto podría suponer un blindaje para Iberdrola y para el propio Galán. (Expansión)

Iberdrola pide al fiscal investigar un documento que implicaría a Galán en el caso Villarejo. (Cinco Días)

Nueva desinversión a la vista de Banco Sabadell. En paralelo al proceso para encontrar a un socio para su gestora de fondos, la entidad presidida por Josep Oliu tiene también en marcha la venta de su negocio de depositaría y custodia, por el que podría obtener entre 80 millones y 100 millones de euros. Según ha podido saber EXPANSIÓN, el gigante mundial State Street, BNP Paribas Securities y Caceis (del grupo Crédit Agricole) son las tres firmas mejor posicionadas para quedarse con la depositaría de Sabadell, aunque hay otros candidatos en liza. La operación está asesorada por DC Advisory. Sabadell no quiso ayer realizar comentarios al respecto. (Expansión)

Naturgy, Allianz y el fondo soberano canadiense deberán ponerse de acuerdo para materializar el gran plan de Francisco Reynés: reordenar los 10.500 millones de bonos que mantiene en la matriz. Este proyecto, que adelantó EXPANSIÓN el 17 de octubre, busca trasladar la deuda que mantiene la cabecera de la firma a las diferentes filiales en función de sus necesidades. (Expansión)

Tiene intención de cotizar en 2020, pero plantea hacerlo solo a un precio razonable. (Cinco Días)

ING deja sin servicio a los clientes tras una incidencia técnica en su web y en la ‘app’. (El Economista)

Grenergy venderá hasta el 10% del capital para debutar en el mercado continuo. (Cinco Días)

Los destinos españoles de sol copan los paquetes de Easyjet Holidays frente a Italia o Grecia. (Cinco Días)

Los gigantes empresariales están inmersos en operaciones de segregación de activos para buscar socios, dar visibilidad al negocio o buscar ingresos. Se suman a una tendencia internacional propiciada por la elevada liquidez en los mercados. (Expansión)

Si usted es conocedor de que su empresa realiza algún tipo de actividad fraudulenta, quizá haya sentido a partes iguales la obligación de denunciar la situación y el vértigo de hacerlo por el miedo a sufrir algún tipo de represalia. En Estados Unidos, la protección de estos «chivatos» se ha configurado en un elemento esencial para la lucha contra la corrupción, la revelación de cárteles y la investigación de irregularidades empresariales, como destacan los abogados de Cuatrecasas Lara Vivas y Álvaro Fernández en un artículo al respecto publicado en el blog del despacho de abogados. Por eso, era cuestión de tiempo que este blindaje llegase a España. Y el tiempo ha llegado. El pasado mes de octubre, el Consejo de la Unión Europea aprobó la directiva para la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como Directiva Whistleblowing (del inglés whistleblower o denunciante). Aunque 15 estados de la UE ya tienen mecanismos para proteger esta figura, España no se encuentra entre ellos. (La Razón)

Ángel Gurría (OCDE): "Los presupuestos llevan mucho tiempo prorrogados y son irreales". (El Economista)

El Gobierno y los sindicatos están estableciendo ya los primeros contactos para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 por encima de los 900 euros. El objetivo de PSOE y Unidas Podemos, que todavía no ha logrado los apoyos necesarios para formar Gobierno, es que en 2024 alcance los 1.200 euros. El deseo de las partes es que se acuerde en la Mesa de Diálogo Social. (El Economista)

El Gobierno admite ya que incumplirá su propio objetivo suavizado de déficit para este año. Una alta fuente gubernamental asegura a EL MUNDO que no se ve ya posible bajar el déficit público al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) como estaba previsto, pero «se va a intentar acercarse todo lo posible a ese 2%». Por tanto, aunque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, suele recalcar su compromiso con la estabilidad presupuestaria, el Estado se saltará todos los objetivos de contención del déficit marcados este año. No sólo el oficial aún vigente legalmente del 1,3% o el del 1,8% que negoció la ministra de Economía, Nadia Calviño, en Bruselas; también el citado 2%, que es el que anunció la titular de Hacienda, María Jesús Montero, tras las elecciones generales de abril como el nuevo objetivo que se marcaba el Gobierno para este año electoral al ser imposibles los anteriores. (El Mundo)

Aunque en las conversaciones entre socialistas e independentistas se están abordando más temas, éste es el asunto nuclear. Fuentes consultadas por este diario, conocedoras de estos contactos, apuntan como una de las fórmulas que se barajan la creación de una comisión especial de resolución del conflicto en Cataluña. Una comisión específica Generalitat-Estado que podría ser aprobada previamente por el Congreso. (El Mundo)

Sánchez cambiaría a la Fiscal General como gesto a ERC. (La Razón) 

ERC planteará hoy un referéndum y una «amnistía» para los implicados en el «procés». (ABC)

Arrimadas ha vuelto a recordar a La Moncloa que aún no ha recibido una fecha, y la respuesta ha sido dar más largas a esa reunión con la excusa de que Sánchez no tiene ningún problema en reunirse una vez que termine con sus compromisos nacionales e internacionales, pero sin ponerle fecha al encuentro. Sánchez no devuelve las llamadas, ha sido Arrimadas la que se ha vuelto a poner en contacto con Moncloa. Y, por supuesto, el líder del PSOE tampoco se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado. La entrevista se celebrará a dos, sin prisa, puede ser a lo largo de esta semana o ya la próxima. Y sin Casado, a pesar de que en la misiva que remitió Arrimadas se planteaba que se encuentro debía celebrarse a tres para que representase el sentido que teóricamente quería darle la hoy líder de la formación naranja, que es escenificar que hay otra alternativa a la del pacto con Esquerra y con Podemos. Sin el principal partido de la oposición, la entrevista se quedará en una foto sin ningún valor, ya que Ciudadanos ha dejado de ser un partido decisivo por sí mismo al tener sólo diez escaños. (La Razón)

En el Partido Popular se temen lo peor en las negociaciones del PSOE con los independentistas catalanes, después de que los socialistas aceptaran los términos de Oriol Junqueras y compañía y admitiesen que en Cataluña hay un conflicto político. En Génova creen que Sánchez está dispuesto a ceder lo que haga falta para seguir en La Moncloa, y eso incluye un nuevo Estatuto de Autonomía, con el que se tratará de contentar a los separatistas. Pero el PP cuenta con un instrumento que no existía en 2006, cuando se aprobó el actual Estatuto. Se trata del recurso previo de inconstitucionalidad que le permitirá bloquear un eventual pacto del PSOE con los independentistas si rebasa los límites constitucionales. (ABC)

La Junta de Andalucía que presidió Susana Díaz no mostró prisa en intentar recuperar los 680 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, fueron desviados entre 2000 y 2009 en el escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). La Junta denunció 120 casos relacionados con los ERE el pasado 3 de enero, 15 días antes de la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla, según la carta remitida al Tribunal de Cuentas a la que ha tenido acceso EL MUNDO. (El Mundo)

"Lealtad" es la palabra que más utiliza la vicealcaldesa Begoña Villacís para definir el gobierno municipal con José Luis Martínez-Almeida: "Trabajamos a las mil maravillas". Por eso, no hay "ninguna posibilidad" de una moción de censura contra el alcalde, pese a las fricciones con Valdemingómez, Madrid 360 o la reprobación de Ortega Smith. "Somos partidos distintos", pero ahí vuelve a aparecer "la lealtad". (El Mundo)

La Comisión Europea aprobará mañana un ambicioso plan de recorte de emisiones de carbono: hasta el 55% en 2030 en lugar del 40% comprometido antes, según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. Es parte del Plan Verde que quiere lanzar la Comisión que preside Ursula von der Leyen para situar a Europa en cabeza de los esfuerzos internacionales contra la crisis climática. (El País)

Las nuevas pruebas aportadas por dirigentes opositores a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya incluyen «elementos probatorios» que confirman que ni el policía rebelde Óscar Pérez ni ninguno de los integrantes del grupo masacrado de El Junquito «ejecutó ni un solo disparo contra los militares, policías y colectivos civiles (paramilitares) que los asediaban el 15 de enero de 2018». «A los asesinados se les hizo la prueba del ATP (parafina) y salió negativa, no había pólvora en sus cuerpos. Ellos nunca dispararon sus fusiles, incluso tienen las 30 municiones completas más una en la recámara», precisó el ex diputado Azuaje, quien estuvo encarcelado ilegalmente durante más de 400 días en la siniestra sede de la policía política venezolana en El Helicoide, incluso encadenado durante un tiempo a una tubería. (El Mundo)

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás, ha logrado sortear a la justicia durante un lustro. Desde que en 2014 se supo que realizaba gestiones para su lucro particular en las que decía actuar de parte del CNI, el Gobierno o el Rey, este impostor de 25 años se ha sentado en el banquillo una vez y salió absuelto después de que su defensa alegara un trastorno de personalidad narcisista. En 2020, se enfrentará a una sucesión de juicios en los que la Fiscalía pide para él penas que suman casi 30 años de cárcel. Usurpación de funciones públicas, falsedad documental, estafa o cohecho son algunos de los delitos de los que se le acusa. (El País)