Exclusivas de la prensa de hoy
El grupo islamista terrorista Hamás ha amenazado este lunes con ejecutar "públicamente" a los rehenes si Israel continúa los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza sin previo aviso a los residentes.
En España, tras la reunión entre Sánchez y Feijóo, este último reclamó al primero elecciones para saber si la ciudadanía respalda su plan de amnistía. ¿A que no saben lo que le respondió el preisdente en funciones?
Estas son las exclusivas del día:
La productividad en España, entendida como la cantidad de producción o Producto Interior Bruto (PIB) que se consigue por cada hora de trabajo, es equivalente a tan sólo el 63% de la alemana, lo que quiere decir que los trabajadores españoles sólo son capaces de producir en una hora seis unidades de producto mientras los alemanes consiguen diez. Así lo recoge un análisis de CaixaBank Research a partir de datos de Eurostat, en el que reflejan no sólo la preocupación por la brecha que existe entre la productividad española y la de otros países, sino la evolución que ha tenido este indicador en los últimos años. «Si nos centramos en la productividad aparente del trabajo de España, su crecimiento promedio entre 2014 y 2022 en términos reales fue el 0,3%, inferior al 0,9% del conjunto de la UE. Adentrándonos en una comparativa internacional, se observa que existe una brecha importante entre el nivel de productividad español y el de la Eurozona y las principales economías europeas», lamenta su autor, Javier García Arenas, economista sénior de Macroeconomía del departamento de estudios de la entidad. (El Mundo)
Bruselas ha obligado a España a cambiar sus planes para financiar los nuevos ERTE que se crearon con la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. El Ejecutivo, principalmente el Ministerio de Economía, intentó que unos 3.000 millones de los créditos del Fondo de Recuperación fueran a parar al fondo de financiación del mecanismo RED. España renunció a un vehículo que financiaba la formación de beneficiarios del ingreso mínimo vital. (El País)
Tres de cada cuatro euros asignados por el Gobierno a organismos dependientes del Estado para el desarrollo de programas estratégicos aún no han sido transferidos de manera efectiva. IDAE, Red.es, CDTI o ADIF apenas han cobrado una cuarta parte de los recursos que se les han asignado para digitalización o planes de transición verde. (ABC)
Las mensualidades se disparan en septiembre por encima del 20% en Barcelona, Palma y Alicante. La ley de Vivienda agrava el problema de demanda y el precio marca otro récord. (ABC)
Guindos ve “un cierto espejismo en la fuerte mejora de la rentabilidad de la banca”. El banquero central pide prudencia a las entidades en el reparto de dividendos y la toma de riesgos. Prevé un aumento del coste de financiación y los impagos que contendrán los altos retornos. (Expansión)
Cos pide a la banca que “destine parte del beneficio” a reforzar su solidez. El gobernador pide al sector que aproveche los tiempos de bonanza para blindarse por si llegaran a materializarse “los peores escenarios de riesgo”. (Expansión)
Torres excluyó a auditoría interna del comité clave de BBVA sobre Villarejo.
Cellnex y las torreras pierden el favor del mercado ante las dudas en el negocio.
ACS y Mundys aportarán capital a Abertis para ir de compras y blindar el rating'.
Caixa cuestiona cómo entró STC en telefónica: "No era la mejor manera".
Daurella refinancia hasta 2029 el crédito que la hizo presidenta.
Sabadell da una vuelta al catálogo de hipotecas y abarata la fija.
Ferroglobe amortizará bonos el año que viene y pagará el dividendo.
El dueño de Mango baja a la mitad el valor de sus inmuebles.
El PP espera que sea el Tribunal Supremo (TS) el que plante cara a la futura ley de amnistía. En Génova dan por descontado que el recurso al TC, de antemano, ya está previsiblemente perdido por las mayorías que hay en el Alto Tribunal (7-4). Ni el Constitucional ni tampoco la calle son la solución, y lo ven de esta forma hasta en el comité de dirección popular. Una vez que se conozca el texto del pacto de investidura, el PP verá si hay espacio para elevar su protesta a Bruselas, apoyándose en el Partido Popular Europeo y con el argumento de que entiende que se está vulnerando el principio de la división de poderes. Moncloa, sin embargo, incluye dentro de su campaña proamnistía el mensaje de que Europa ve con buenos ojos que se cierre la pagina del «procés» y se garantice la estabilidad. (La Razón)
El presidente en funciones le afeó a Feijóo estar intentando hacer una instrumentalización partidista de la Fiesta Nacional del 12 de octubre para que le abucheen los ciudadanos que se acercan al desfile de las Fuerzas Armadas. En ese momento, Feijóo rompió la tensión con un giro sardónico: «No me lo puedes estar diciendo en serio». Y le recordó que ya son muchos los años en los que se han repetido estos comportamientos contra el líder del PSOE. «Sí, hombre, las pitadas las organizaba yo desde Galicia», ironizó el líder del PP. Sánchez no quiso enzarzarse y lo dejó ahí. (El Mundo)
«Hace unos días parecía que se daba por cerrado. El presidente quería ir rápido. Ahora necesitamos darnos más tiempo del previsto inicialmente. No está cerrado. Está aún verde. Si no, iríamos ya a la investidura», exponen fuentes socialistas. «Todavía queda mucho trabajo. Queremos un acuerdo de legislatura, aún hay que trabajar de manera intensa». Una muestra de ello es que los contactos con el PNV han tomado ya también más consistencia. «La pelota ya está en juego. Vamos a ver cómo se desarrollan las conversaciones», dicen los jeltzales. (El Mundo)
Juan Lobato: "Respeto a Junqueras por dar la cara en un juicio e ir a la cárcel, no puedo decir lo mismo de Puigdemont". "A mí ir a nuevas elecciones no me parece un drama pese a la percepción negativa en este país. Si no hay mayorías, para eso está la Constitución y habrá elecciones. Y eso no es malo. A partir de ahí, lo que tiene que hacer cada candidato es plantear el modelo de país que quiere y cada grupo parlamentario, si entiende que ese modelo de país le encaja, votar a favor y si no en contra". (El Mundo)
El Gobierno sigue esforzándose en no incomodar al independentismo durante estas semanas cruciales para la investidura de Pedro Sánchez. En este contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió ayer en el Parlamento Europeo la «presunción de inocencia» de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados ante la Audiencia Nacional por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia de sustancias explosivas. Zarzalejos avisó al comisario de que la eventual aprobación de la ley de amnistía para exonerar a los dirigentes secesionistas dejaría «privadas de contenido» sentencias judiciales y procedimientos en marcha por delitos «muy graves» como la malversación. (El Mundo)
Fuentes del alto tribunal recuerdan que su dictamen, no vinculante, es necesario para tramitar la medida de gracia respecto a los condenados de los ERE. (La Razón)
Israel no colaboró en las diligencias sobre el espionaje al móvil de Sánchez; la cooperación a nivel de inteligencia es mejor. (El Mundo)
El partido político Vox y la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia han decidido dar un paso en el sumario sobre Tsunami Democràtic y acudir a la Audiencia Nacional. Tanto la formación de Santiago Abascal como la asociación de Daniel Portero han solicitado personarse en la causa como acusaciones populares. (El Mundo)
«La pretensión de los acusados de hacer creer al tribunal que son unos simples inmigrantes, y que su conocimiento viene determinado por la vivencia común de las circunstancias propias de inmigrantes que coinciden en la misma patera, y que enlazan sus destinos a la llegada a Europa [...] es insostenible». Así despacha la Audiencia Nacional la tesis de la defensa de dos detenidos por terrorismo islamista al poco de llegar en patera a las costas del Almería, en abril de 2020. (El Mundo)
Desde el sector apuntan a la llegada de chóferes paquistaníes, a los que se utilizaría como mano de obra barata. (ABC)
El Gobierno prepara el reparto de 380 menores migrantes desde Canarias. (La Vanguardia)