(Exclusivas de la prensa de papel 12/05/2021) Sólo un 1,5% de los fondos de recuperación europeos irán a Sanidad

De los 70.000 millones de euros que recibirá España hasta 2023 desde Europa se dedicarán a reforzar la Sanidad tan sólo 1.069 millones de euros, el 1,5% del total. Con ello, se sitúa, de hecho, a la cola de las políticas prioritarias de inversión, en el puesto 19 de entre las 20 inversiones prioritarias con estos fondos, muy por detrás de otras partidas como el turismo o la movilidad sostenible. Esa cantidad, 1.069 millones de euros a lo largo de tres años, supone además una cifra casi simbólica si se pone en contexto con el gasto sanitario español, que asciende a 75.000 millones de euros anuales incluso sin tener en cuenta los gastos extra que está ocasionando la pandemia. (El Mundo)

Fuga de economistas en puestos clave del Gobierno: cuatro desde marzo por "cansancio" o "razones personales". Dos lugartenientes de Nadia Calviño y dos directores de Moncloa solicitan su salida del cargo en pleno lanzamiento del Plan de Recuperación. (El Mundo)

El Gobierno estudia elevar la penalización sobre los contratos de muy corta duración con una subida paulatina de las cotizaciones sociales. Exactamente, el Ejecutivo planea que la empresa pague cada vez más cotizaciones sociales a medida que se suceden los contratos de corta duración sobre un mismo trabajador. El objetivo es reducir la elevada rotación que tienen muchos trabajadores por culpa de los empleos de corta duración. (Expansión)

La OCDE expresó ayer su respaldo a la política fiscal del Gobierno. “Se requiere una mejor coordinación entre las regiones para evitar grandes diferencias en los impuestos sobre la herencia o patrimonio que podrían promover la migración [cambio de residencia fiscal]”. En España, Agrawal, Foremny y Martínez-toledano (2020) encuentran evidencia de personas adineradas que acudieron en masa a Madrid tras la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio neto en 2011, siendo Madrid un paraíso fiscal interno con un tipo impositivo del 0%.[Los autores] han encontrado que cinco años después de la reforma el stock de personas adineradas en la región de Madrid aumentó en un 10% en relación con otras regiones”, señala la OCDE al mencionar el trabajo. (La Vanguardia)

El Tesoro Público tendrá que devolver en torno a 500 millones de euros a las compañías eléctricas por el cobro indebido del canon hidráulico. Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado la retroactividad de este gravamen que el Gobierno del PP impuso a las empresas en 2015, con efecto retroactivo desde 2013, por el uso de aguas para la producción de energía eléctrica. Esta millonaria devolución se repartirá principalmente entre Iberdrola, Endesa y Acciona. La justicia sí ha validado la aplicación de la tasa a partir de la aprobación del decreto, el 23 de marzo de 2015. (El País)

Solicita amparo a la autoridad gala de Competencia para llegar con el AVE a París, que se ha visto obligada a aplazar. La filial de SNCF ya opera en Madrid-Barcelona. (Cinco Días)

La Comisión Europea pregunta sobre la ayuda a la aerolínea tras la denuncia de Garicano. El Ejecutivo esgrime ante la UE el informe de Ábalos sobre que «las compañías pequeñas también son relevantes». (El Mundo)

Luis Garicano: "El rescate de Plus Ultra es un traje a medida para ayudar a los amigos de Maduro". El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo defiende la ilegalidad de la ayuda a la aerolínea contra las alegaciones presentadas por el Gobierno a la Comisión Europea. (El Mundo)

Iberdrola convocó ayer su junta general de accionistas para el 18 de junio. La eléctrica llevará a la misma la reelección de Juan Manuel González Serna como vicepresidente y consejero independiente, así como de Francisco Martínez Córcoles como consejero ejecutivo de la compañía, el segundo puesto con mayor peso en la compañía. Los accionistas de la eléctrica tendrán que votar también la ratificación y reelección del exministro Ángel Acebes como consejero independiente. La compañía le recuperó el pasado octubre tras la salida de Georgina Kessel. (El Economista)

La gran operación inmobiliaria del año está a punto de cerrarse. Montepino, promotora y gestora de activos logísticos, se prepara para tener nuevo dueño: Bankinter. Según explican fuentes conocedoras de la operación, la oferta finalista de la entidad bancaria, que se presentó a finales de la pasada semana, ha desbancado a la del fondo estadounidense Brookfield, su rival en la puja. La oferta de Bankinter implica unos objetivos de inversión cercanos a los 1.200 millones de euros, según apuntan las mismas fuentes, con lo que la operación catapultaría la inversión en el segmento inmobiliario logístico hasta niveles récord. (Expansión)

La banca se considera razonablemente satisfecha con la regulación final del marco de reestructuración de los créditos ICO aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El conjunto de reglas aprobado recoge la posibilidad de aplicar quitas (reducción del importe nominal de la deuda) a estos préstamos, pero su aplicación no será automática, según las fuentes financieras consultadas. Esta condición era una línea roja para el sector. La banca se resistía a que las quitas se incluyeran en este marco normativo porque no las consideran necesarias ahora que la economía ha empezado a reactivarse. (Expansión)

La implantación del pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad de España multiplicará los recursos de la Administración hasta aproximarse a los 3.000 millones de euros anuales, lo que supondría incrementar en cerca de la mitad el Presupuesto que tiene en la actualidad para infraestructuras viarias el Ministerio de Transportes (2.340 millones de euros). Esto deriva de la posible concesión para la gestión de los peajes y de los ingresos fiscales, a lo que se sumarán los ahorros por la eventual concesión a operadores privados. (El Economista)

Los alojamientos de Barcelona tienen unas perspectivas cada vez más bajas respecto al Mobile World Congress (MWC) 2021 conforme van decayendo expositores presenciales, el último Samsung, el mayor fabricante mundial de móviles, que anunció este martes que su participación será virtual. La GSMA auguraba hace semanas que el formato híbrido del congreso de este año atraería a unas 50.000 personas a Barcelona entre el 28 de junio y el 1 de julio, pero fuentes de los alojamientos de la ciudad han indicado a elEconomista que en el mejor de los casos esperan 10.000, y la mayoría público local, lo que todavía reduce más las necesidades de pernoctación. (El Economista)

El número de empresas registradas en la Seguridad Social ha crecido por primera vez desde que se inició la pandemia. De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, y tras cerrar el último ejercicio con una caída del 3,3%, el tejido empresarial español se incrementó un 3% en marzo y un 4,2% en abril, hasta alcanzar un total de 1,28 millones de sociedades. La construcción, con un crecimiento del 13,8%, suma 16.208 nuevas empresas, lo que supone la mayor cifra en ocho años y coloca a este sector al frente de la reactivación. La industria tecnológica, la energía y la hostelería también inician la recuperación, mientras que la agricultura sigue perdiendo empresas. (El Economista)

La pandemia ha significado una oportunidad de crecimiento para las organizaciones terroristas, según el análisis de riesgos de 2020 del Departamento de Seguridad Nacional. El incremento del uso de la tecnología durante el confinamiento ha derivado en una mayor exposición a la propaganda yihadista. Y los graves problemas socioeconómicos que ha provocado el virus son un «contexto favorable para la radicalización». Una tendencia que, además, se cree que continuará este año, señalan en su informe. El caldo de cultivo perfecto para el yihadismo. (El Mundo)

La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, tiene una estrategia clara para lidiar con el Covid-19 a corto, medio y largo plazo. Está impulsando el desarrollo de nuevas terapias y tiene en mente nuevos contratos con farmacéuticas para vacunas basadas en proteínas. Porque, como muchos espera que el virus se convierta en endémico. El día en el que la UE amplía la demanda contra AstraZeneca incluyendo compensanciones económicas, Kyriakides destaca mirar con un “cauto optimismo” a los próximos meses, sobre todo el verano, en esta entrevista concedida a elEconomista. (El Economista)

La covid ha evidenciado el déficit de personal sanitario en España. Según el colegio profesional, existe un déficit de al menos 120.000 enfermeras para alcanzar la ratio europea. (La Vanguardia)

Usa una treta legal para no publicarlas: «Todas las reuniones son extraordinarias». La falta de estos informes impide saber qué defendió realmente el Gobierno central y cada comunidad autónoma en las decisiones o debates que ha habido en el Interterritorial. Temas tan importantes como la propuesta de algunas regiones de adelantar el toque de queda o de realizar test en farmacias, entre otros. El ministerio que ahora dirige Carolina Darias utiliza una treta legal para no dar a conocer el contenido de estos plenos, pese a que hay gobiernos regionales, el de la Comunidad de Madrid, que los han demandado. (La Razón)

Los cierres territoriales de zonas localizadas para combatir la pandemia tienen cobertura jurídica suficiente sin estado de alarma, pero no así los toques de queda. Ese será el criterio consensuado por los fiscales jefe de los tribunales superiores de justicia, que se reunieron ayer con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Pedro Crespo. Los fiscales pusieron en común sus posiciones respecto al tremendo enredo jurídico ocasionado por los pronunciamientos contradictorios de los tribunales respecto a la aplicación de medidas restrictivas de derechos fundamentales fuera del estado de alarma. (El País)

Que no haya aceptado públicamente aún la oferta de Pablo Iglesias para ser la candidata no quiere decir que Yolanda Díaz no esté pensando ya en el futuro. La líder morada en el Gobierno tiene entre sus objetivos ensanchar Unidas Podemos, y eso pasa por abordar una profunda reconstrucción del espacio para poder volver a ser el movimiento aglutinador que fue en el pasado, donde se concentraron personas procedentes de diferentes formaciones y de diversas sensibilidades, y que lograron apelar a un votante con un perfil más transversal que el actual. Para volver a conseguirlo, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo ha hecho un movimiento táctico de relevancia. Ha incorporado dos fichajes a su núcleo duro para que sirvan de armazón político para esa nueva tarea y contener el empuje creciente del espacio político que encabeza Íñigo Errejón. (El Mundo)

Los Mossos d'Esquadra, la fiscalía y los jueces confían en las prohibiciones cautelares que impiden a los carteristas acercarse a su 'lugar de trabajo'. (El Periódico)

Moncloa prepara los argumentos para vender la medida de gracia. La relación con el independentismo marcará la nueva época. Los indultos son un problema para el PSOE y para el «sanchismo». En Moncloa justifican incluso en Europa la necesidad de mover esta impopular ficha en el tablero nacional. «Nos está perjudicando porque en Europa no entienden que haya dirigentes políticos en la cárcel». Pero este argumento, con el que hace semanas se planteaba el escenario post 4-M, choca con la sangría madrileña y con el coste electoral para Pedro Sánchez, y, por ende, para el PSOE de cualquier medida de gracia, aunque sea parcial, en favor de los líderes del «procés». (La Razón)

Alarma en el Gobierno ante el efecto en sus planes de una repetición electoral en Cataluña
La posibilidad de que la inestabilidad catalana se enquiste y conduzca a una repetición electoral empieza a verse como una posibilidad real en distintos estamentos del Gobierno. Una eventualidad que no cuadra con los planes del Gobierno. Su portavoz, María Jesús Montero, verbalizó ayer la preferencia del Ejecutivo al señalar que es «absolutamente prioritario» que Cataluña pueda conformar un nuevo ejecutivo y «que no haya que volver a preguntar a los ciudadanos sus preferencias y apetencias». En cierta forma el Gobierno trata de empujar el acuerdo trasladando que con esta interinidad «se está produciendo un retraso sobre la hoja de ruta prevista para normalizar la situación del conflicto en Cataluña». (ABC)