(Exclusivas de la prensa de papel 13/04/2021) Bruselas exige al Gobierno de Sánchez una auditoría para controlar el uso de los fondos europeos

Lejos del concepto de ‘millones a fondo perdido’, Bruselas ha impuesto a España un seguimiento minucioso y estricto de las inversiones que se financien con el dinero europeo. La Comisión ha reclamado que el plan de reformas que hoy mismo analiza el Consejo de Ministros y mañana desgranará el presidente en el Congreso, se estructure con un grado de detalle tal que permita después un proceso ágil de auditoría. De hecho, fuentes consultadas aseguran que es precisamente este reclamo el que ha motivado el retraso de un mes sobre lo inicialmente previsto. (ABC)

María Jesús Montero está decidida a «reducir el diferencial» que, afirma, existe en términos de recaudación entre España y la medida europea. Son los «siete u ocho» puntos de Producto Interior Bruto (PIB) que ha señalado en numerosas ocasiones, y que en términos absolutos requeriría un muy notable incremento de hasta 90.000 millones de euros en impuestos. Es el «hachazo fiscal» del que muchos economistas y parte de la oposición han advertido que Hacienda quiere llevar a cabo de forma progresiva y constante durante los próximos años, y que comenzará con la reforma fiscal que afectará ya de una manera muy directa a los Presupuestos de 2022. Hacienda también le ha pedido a los 17 economistas que conforman el comité que analicen la «armonización» fiscal que Montero ha repetido en no menos ocasiones que quiere llevar a cabo. (El Mundo)

El denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, a través del que se vehiculará la llegada de 72.000 millones de euros de los fondos europeos, incluirá ayudas para rehabilitar viviendas por las que los propietarios obtendrán entre el 35% y el 100% del coste de las obras de mejora de los edificios, con el foco en la eficiencia energética. El grueso del dinero centrado en rehabilitación, alrededor de un 70% de las partidas previstas, se destinará a viviendas. El restante irá fundamentalmente a la mejora de edificios públicos y se repartirá a partes iguales entre lo que podrá emplear la Administración General del Estado y los fondos de que dispondrán ayuntamientos y comunidades autónomas para sus inmuebles. Esta materia, con unos 5.800 millones destinados a distintos programas de rehabilitación, es una de las líneas maestras del plan que supervisará hoy la comisión interministerial de seguimiento y que Pedro Sánchez presentará mañana en el Congreso de los Diputados. (El País)

El teletrabajo se extenderá también a los empleados públicos cuando se supere la pandemia. El Ministerio de Función Pública y Política Territorial alcanzaron ayer un acuerdo con CSIF, CC OO, UGT, ELA y CIG para desarrollar el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), que permitirá a los funcionarios públicos trabajar a distancia de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serán de carácter presencial. El acuerdo, firmado este lunes tras cinco meses de negociación, afectará a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales, entre otros. (Cinco Días)

El rescate del Gobierno a la aerolínea vinculada con empresarios cercanos al chavismo, Plus Ultra, acabará con la nacionalización de la compañía si esta no devuelve los 53 millones concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La aerolínea ha avalado su rescate con hasta el 51% de su capital social, según explican fuentes cercanas a las negociaciones a este periódico. Por tanto, si la compañía no devuelve los dos préstamos percibidos, la empresa acabará en las tripas del Estado. Estas mismas fuentes explican que durante los siete años que el Gobierno ofrece de margen para devolver los préstamos «el Ejecutivo podrá exigir la devolución del préstamo al 100% en cualquier momento que no se cumpla. (ABC)

Inditex adelanta un año la previsión de los analistas y confía en la recuperación total de su negocio en 2022. El grupo ha planteado distintos escenarios sobre la evolución de la crisis para la determinación de sus planes y, según explica la empresa, “en el que se considera como más probable y que ha sido empleado en test de deterioro, se espera que los flujos de efectivo vuelvan al nivel previo a la pandemia del Covid-19 en 2022”. Si esto fuera así, Inditex tendría que registrar deterioros únicamente por un millón de euros adicional a la dotación de 172 millones que ya se ha realizado. Pero es que, incluso en el escenario más pesimista, la firma prevé que el cumplimiento de su plan estratégico se retrasaría solo un ejercicio. Todo a pesar de que no se ha podido abrir ya el 100% de las tiendas como se esperaba. (El Economista)

Los representantes de los trabajadores recuerdan que en 2019 ya hubo conflicto y exigen voluntariedad en las salidas. El nuevo grupo tiene 9.154 trabajadores de 52 años o más, de los que un 30% están en Madrid y un 19% en Barcelona. (El Periódico)

La multinacional hotelera Radisson, uno de los referentes internacionales del sector con más de 1.500 establecimientos en su portfolio, ha instalado su centro de excelencia mundial en Madrid. La cadena ha unificado las oficinas especializadas que tenía repartidas en distintas ciudades del mundo, tras encargar un análisis a la consultora EY para buscar el mejor emplazamiento para atraer talento y buscar eficiencia operativa. (Expansión)

Gestionar una especie de salto al vacío, aunque sea con la seguridad del respaldo estatal con que cuenta Aena, es lo que ha podido experimentar su presidente, Maurici Lucena, en el tránsito desde un 2019 récord, en resultados y tráfico, al peor momento de la historia del sector aéreo, el 2020-2021 de la pandemia. El economista forjado en batallas políticas y cargos empresariales de responsabilidad, afirma que la recuperación en los aeropuertos podría arrancar este verano. Defiende un marco tarifario ligeramente al alza para el quinquenio 2022-2026, y cree que Aena seguirá a la cabeza tanto por actividad como en eficiencia. (Cinco Días)

Las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) llevan unos años en el ojo del huracán. A la presión de los partidos políticos se suman los cambios en su fiscalidad, lo que ha provocado que el número de vehículos de ahorro de las grandes fortunas cayera en 2020 a mínimos de 20 años. Una presión que se ha reflejado en su patrimonio, zarandeado el año pasado por los efectos de la pandemia en el mercado. De todas ellas, las 15 que más patrimonio gestionan, ligadas fundamentalmente a grandes fortunas españolas, contaban con un patrimonio de 5.204 millones, un 5,4% menos que un año antes. (Cinco Días)

El Gobierno y el sector financiero han dado carpetazo a la solicitud de moratorias hipotecarias y de préstamos al consumo en plena alza de la demanda. El pasado 31 de marzo terminó el periodo para que las familias y empresas más impactadas por la pandemia pudieran solicitar a la banca el aplazamiento del pago de sus hipotecas por un periodo de nueve meses y de los créditos personales, por hasta seis. (El Economista)

El Gobierno lo ha vuelto a hacer. Una vez más, y dentro de lo que forma parte de una política anunciada ya en el programa de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ha decidido apostar por la renta y despreciar (al menos en parte, porque mantienen el modelo del PP) los requisitos académicos y el esfuerzo del alumno a la hora de otorgar becas y ayudas al estudio. Así se desprende del borrador del Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022, al que ha accedido ABC. (ABC)

De momento, los jueces que han llamado a la puerta europea para desmontar las reformas del Gobierno de coalición no han dado puntada sin hilo y se han asesorado bien antes de recurrir a Bruselas, según confirman a este diario fuentes parlamentarias de la Unión. Hicieron gestiones en el ámbito diplomático y allí es donde recibieron el consejo de que se dirigiesen directamente, y no a través de los políticos, a las instancias comunitarias. El mismo camino que siguieron los jueces del Tribunal Supremo de Polonia y que ha llevado a que a este país, igual que a Hungría, se le abra el procedimiento para aplicar el citado artículo 7 del Tratado. Y por la misma razón por la que se quejan los jueces españoles, por presuntos ataques a la independencia del Poder Judicial. El proceso lleva su tiempo, pero ya se puede anticipar que una representación de los jueces españoles que amparan el escrito de queja será llamada ante el Parlamento Europeo para que informe en Pleno de su queja. El coste reputacional ya es de por sí inevitable, pero el proceso que se abre podría llevar, en el peor de los escenarios, a que se active al artículo 7 del Tratado de Lisboa contra España por esta denuncia de «ataques contra el Estado de Derecho». Si así se considera, conlleva la pérdida de ayudas o incluso del voto en el seno del Consejo Europeo. También puede provocar que se nos aplique, por otra vía, el llamado «mecanismo del Estado de Derecho», cláusula prevista en la condicionalidad para recibir los fondos de reconstrucción. (La Razón)

Uno, como el PSOE, se ampara en las medidas de prevención contra el Covid para reeditar el ‘plasma’ que tanto criticó con los gobiernos de Mariano Rajoy. Otros, directamente, como Unidas Podemos y Vox, aunque con diferencias no dan justificación alguna a su cerrazón para con los medios de comunicación, para que los periodistas puedan ejercer su derecho a informar y proporcionar a sus lectores, espectadores u oyentes, información fidedigna y contrastada. La precampaña electoral en la Comunidad de Madrid está siendo escenario de algunas de las peores prácticas que acechan al libre ejercicio de la profesión periodística. (ABC)

Desde el Ejecutivo reconocen que lo que Sánchez expresó fue una «intención» y que habrá que esperar al 9 de mayo para «valorar la situación». En este punto, el Gobierno vuelve a apoyarse en el criterio de los «expertos» para tomar una decisión y niegan que este paso atrás tenga que ver con las presiones que están recibiendo por parte de las regiones. Es precisamente esta coyuntura electoral, en la que se encuadran las palabras de Sánchez, anticipando el fin de la excepcionalidad, la que no pasa inadvertida para los interlocutores con los que se ha puesto en contacto LA RAZÓN. Incluso desde el propio PSOE, algunas comunidades socialistas califican de «precipitado» el anuncio y ven en él cierto electoralismo del presidente del Gobierno, que ha entrado de lleno en la campaña para el 4-M, confrontando con Ayuso. (La Razón)

El anterior presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, también estuvo implicado en la financiación de actividades yihadistas en Siria. Así lo sostiene la Policía en uno de los informes de la investigación que hace unas semanas llevó a la detención del actual presidente de la CIE, Ayman Adlbi, y de su tesorero, Mohamad Hatem Rohaibani. Tatary, fallecido en abril del año pasado por coronavirus, ha sido el representante de los musulmanes en España desde que se creó la Comisión Islámica de España (CIE) en 1992, entidad que engloba las diferentes asociaciones que representan los intereses de esa comunidad. «Nada se movía sin que él lo supiera», cuenta un ex miembro de la Comisión a este periódico. (El Mundo)

Rocío Carrasco ingresó en agosto de 2019 en el hospital de Sanchinarro por "un mareo". De allí la derivaron a otro centro, donde la trataron por "sobreingesta medicamentosa voluntaria". Pese a la insistencia de los médicos, decidió irse a casa. Ningún documento oficial sostiene el relato de un "intento de suicidio". (El Mundo)