Exclusivas de la prensa de hoy
Ayer fue aprobado por el Congreso el comienzo de la tramitación de la amnistía a los delincuentes del procés. Mientras, Junts y ERC hablaron de dos naciones y de estar "preparados" para "aceptar" el resultado del referéndum separatista. Y el PSOE, calladito ante las acusaciones 'indepes' a los jueces. Este país se desmorona.
Estas son las exclusivas del día:
Le había molestado que prácticamente ningún miembro del núcleo duro del PSOE le defendiese en la red social X de la acusación de Feijóo de que el líder del PSOE tenía un "tic patológico" por la carcajada que soltó en el debate en el Congreso. (El Mundo)
La nueva número dos de Igualdad multó dos protestas contra Sánchez. Aina Calvo impuso sendas sanciones como delegada del Gobierno en Baleares. (ABC)
Los socialistas intentan blindar al presidente español en su comparecencia de hoy ante la Eurocámara. (ABC)
«Esto es la ley del embudo. Lo que vale para el PP no vale para nosotros», esgrimen fuentes del Gobierno, en alusión a que el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial está vigente desde 2001, cuando se aprobó bajo un gobierno de José María Aznar. «Rajoy tuvo mayoría absoluta en 2011 y no cambió la ley. Pero ahora que están en la oposición sí quieren», añaden desde el Ejecutivo. «Si Sánchez no está dispuesto a admitir que es imprescindible modificar la ley para despolitizar la justicia, tal como exige Europa, no sabemos de qué quiera hablar», contrapone el PP. «Primero renovar y cumplir con la Constitución», objetan desde el Gobierno. «¿A qué tienen miedo?». (El Mundo)
Fernández-Fontecha ha sido cesado como Letrado de la Comisión Constitucional, que tramitará la amnistía, tras ser crítico con la medida de gracia en un artículo en LA RAZÓN. (La Razón)
El letrado que criticó la amnistía acusa a Galindo de «desviación de poder» por su purga «arbitraria». Fernández-Fontecha alega que su cese también fue un acto «discriminatorio» e «inmotivado» además de una «chapuza». El exjurista de la Comisión Constitucional sostiene que el letrado mayor le condenó al «ostracismo» para evitar que pudiera elaborar informes que perjudicaran al Gobierno. (ABC)
El Partido Popular tiene muchas dudas de que ese documento exista realmente y de que, si lo hay, contenga las conclusiones que expone la también vicepresidenta cuarta. Montero preguntó a la Abogacía del Estado, que decretó que si los objetivos marcados por el Gobierno se rechazan por dos veces en alguna de las cámaras, los Presupuestos se deberán confeccionar con la senda definida en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo remitió a Bruselas en primavera. En ningún caso, según explicó la ministra, las cuentas decaerían.
Y de eso es de lo que desconfía el PP que, a través de su vicesecretario económico, Juan Bravo, y de los portavoces adjuntos Jaime de Olano y José Vicente Marí, han solicitado a la mesa del Congreso más información. Por ejemplo, quién y cuándo encargó el citado informe: qué abogado o abogados del Estado lo firman; cuándo recibió Montero el documento; cuál es su base jurídica; o si la ministra «utiliza habitualmente a la Abogacía del Estado para intentar sortear la aplicación de leyes como ha hecho en este caso». (El Mundo)
La Asociación de Fiscales mueve ficha después de que el Tribunal Supremo anulara el ascenso de la ex ministra Dolores Delgado a fiscal de Sala por «desviación de poder» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal ha presentado una ampliación de demanda en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el procedimiento donde se impugnó el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala coordinadora de Derechos Humanos y de Memoria Democrática. (El Mundo)
La instalación, en la que la antigua CLH tendrá una participación del 50%, está en Houston y albergará uno de los mayores proyectos del mundo de producción de un vector energético. Su intención es traer el aprendizaje y aplicarlo en España. (El País)
Digi ultima la venta a Macquarie de su red de fibra por 1.000 millones. La ‘teleco’ mantiene negociaciones avanzadas para traspasar el 100% de su fibra española a los socios de Onivia, que incluyen a Abrdn, Daiwa y Arjun. (Expansión)
El TS permite a las comunidades de vecinos prohibir los pisos turísticos. Para ello, es necesario que el texto normativo no permita el uso de actividades económicas. Tendría efecto retroactivo, por lo que afectaría a pisos con actividad previa. (Expansión)
Naturgy ficha a Morgan Stanley para la venta de su negocio en Australia. Global Power Generation, sociedad que Naturgy tiene con el fondo estatal Kuwait Investment, sondea desprenderse de sus renovables australianas, el grueso de sus activos. (Expansión)
El rally de Santander impulsa la apuesta de la familia Botín. Ana Botín y Javier Botín afrontan el viernes el vencimiento de dos paquetes de derivados que les permiten comprar acciones a 3,25 y 3,40 euros. (Expansión)
Massimo Giordano: “Si Europa no invierte en IA, perderá competitividad”. El directivo advierte del riesgo de quedarse atrás en la carrera tecnológica frente a EEUU y China. (Expansión)
Abertis obtiene 1.200 millones de la banca para apuntalar su crecimiento.
ACS y Acciona ganan un contarto ferroviario de 2.200 millones.
El juez apura el caso BBVA: Del Rivero y Ausbanc acceden a los datos.
Naturgy explora vender su negocio en Australia.
La concesión de crédito repuntará en 2024 con la bajada de tipos.
Bruselas decidirá la fusión Orange-MasMovil antes del 15 de febrero.
Almirall invierte 300 millones en una nueva tecnología belga.
FCC compra el negocio británico de Urbaser por 464 millones.
Al Meer: "Masdar e Iberdrola llevaran su alianza a las subastas de eólica marina".
A pesar de que la entonces primera edil de Barcelona no tuvo actos oficiales, 'cerró' el Sant Jordi de 2022 con un ágape para las dos comitivas. (ABC)
Expertos en extremismo declaran en sede parlamentaria en Washington que «en los niveles políticos más altos, incluidos ministros del gobierno» se detecta hostilidad o prejuicios hacia los judíos. (ABC)
El Parlament de Cataluña denunció ante la Fiscalía al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por negarse a comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Pegasus, en la que iba a ser interrogado por los diputados para que revelara información secreta sobre las escuchas a dirigentes independentistas autorizadas al servicio de espionaje español. Denunció al Ministerio Público su incomparecencia a la comisión Pegasus. El Ministerio Público archivó la denuncia el pasado julio. (El Mundo)