(Exclusivas de la prensa de papel 15/10/2020) El asalto del Gobierno al Poder Judicial complica los fondos de la UE para España

El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, sostiene que «la reforma del CGPJ pone en peligro que España reciba los 140.000 millones de la UE». En declaraciones a EL MUNDO, el economista señala que ha hablado en las últimas horas con, entre otros, miembros de la Comisión Europea sobre el golpe al CGPJ y que encuentra «sorpresa y preocupación». Y declara: «En la UE siempre atrae la idea de equilibrar medidas y cuando el foco estaba en Polonia y Hungría, España ofrece este flanco. Además de grave por lo que supone, Sánchez se arriesga a perder un dinero con el que quiere contar en su mandato». «Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, ¿que hará Bruselas si España nombra el GGPJ por la mitad más uno?», escribió ayer enTwitter el viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski. (El Mundo) (La Razón) (El Economista)

El Gobierno asegura que la reforma para renovar el Poder Judicial no está en cuestión en Europa. (La Vanguardia)

El Gobierno no se limitará a rebajar la mayoría cualificada de tres quintos (210 votos) del Congreso por una mayoría absoluta (176) sólo en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si la falta de entendimiento con el PP persiste, Moncloa quiere extender esa operación a otras instituciones donde es necesario el concurso del primer partido de la oposición, como el Defensor del Pueblo. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, no lo descartó hace unas días y ahora fuentes del Gobierno lo sitúan en el horizonte de su acción política, una vez que se ha consumado la presentación de una proposición de ley de PSOE y Podemos para modificar la ley orgánica del Poder Judicial. (El Mundo)

En el Consejo del Poder Judicial, doblemente vapuleado -por ser objeto de la reforma y porque se ignora su opinión-, ya se está calibrando una respuesta a lo que consideran un paso más del Ejecutivo para, amparado ahora en el Legislativo, «tomar el control de los jueces» como ha hecho en la Fiscalía General al poner al frente de la misma a la exministra de Justicia Dolores Delgado. Fuentes del órgano señalan que «hay que ir con cautela» -la proposición aún no ha pasado el trámite de la admisión- pero se muestran firmes y convencidos de que la reforma «es inconstitucional». Entre las opciones que se barajan está la de denunciar el «atropello» en Europa, donde si ya se duda de que el actual sistema de elección de los doce vocales jueces por parte de los políticos garantice esa necesaria imagen de independencia respecto al poder político -así lo expone de forma recurrente el informe Greco- , con esta reforma «se van a llevar directamente las manos a la cabeza. Habrá un toque de atención». (ABC)

Vocales piden a Lesmes un Pleno extraordinario para abordar la reforma judicial que quieren PSOE y Podemos. (La Razón)

El Gobierno de coalición quiere que la eutanasia sea un derecho al que puedan acceder todos los ciudadanos cuanto antes y sin ninguna cortapisa. Eso es lo que se desprende de las enmiendas que tanto PSOE y Podemos presentaron este miércoles en el Congreso a su propia proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. La mayoría de sus propuestas para modificar el actual articulado de la norma están encaminados a acelerar los procesos, rebajar los requisitos y ampliar todo lo posible la cobertura de lo que han denominado «prestación de ayuda a morir». Para poder cumplir con su objetivo, los grupos parlamentarios que forman la coalición de Gobierno proponen en sus enmiendas -a las que ha tenido acceso ABC- cuestiones muy controvertidas como la eutanasia exprés o que el suicidio asistido se pueda aplicar a una persona con «padecimiento crónico» y no solo a un enfermo terminal, como planteaba el texto original. Además las comisiones encargadas de supervisar todos los procesos ya no se llamarán «de control» sino que pasarán a ser «de garantía». (ABC)

El debate de la directiva popular se decantará a inicios de la semana que viene, a más tardar, pero cada cual tiene ya su opinión. Este periódico ha podido sondear que, hoy por hoy, hay práctica unanimidad entre los dirigentes nacionales del PP a la hora de rechazar la moción de censura de Vox. Todos los consultados por EL MUNDO quieren votar "no". "Pero no sé qué tendría que ocurrir para que finalmente pasáramos a la abstención", concede un alto cargo nacional del PP. Sin embargo, otra dirigente alude a la prudencia, porque "es un tema complicado y las dos posiciones tienen ventajas e inconvenientes". (El Mundo)

Génova: “Lo que diga Bárcenas debe ir a la espalda de Rajoy”. Esto abre una vía de agua a Génova, aunque en su estrategia de pasar al ataque también lo hacen en este punto, y ayer tarde advertían «de que lo que le quede por decir a Bárcenas o a su mujer debe ir a la espalda de Rajoy». Frente a la seguridad que se transmite desde Madrid, fuera del partido la percepción tenía más matices. «Quizás debería temblar Pablo». (La Razón)

Fernando Valdés, el magistrado del Tribunal Constitucional procesado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, presentó ayer su renuncia al cargo antes de que la Fiscalía presente su escrito de acusación ante el Supremo. Con la dimisión de Valdés, el Tribunal Constitucional pierde un juez progresista que firmó numerosos votos discrepantes con la mayoría conservadora del organismo, tanto en causas sociales como en relación con derechos fundamentales como los de representación política, a propósito del procés y la suspensión de sus líderes antes de ser condenados. El sector progresista se queda con dos o tres magistrados, según los casos a dirimir. Son Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer y Cándido Conde Pumpido. (El País)

Los sociólogos han pasado de augurar que la pandemia desarrollaría en los ciudadanos ciertas dosis de hipocrondría social (cuidado de uno mismo y de los suyos con celo), a alertar de que la intensidad de la vida social espoleada por meses de encierro pueden hacer mella en la población española en mayor medida que en otros países, menos volcados a las interacciones con familiares y amigos. Los epidemiólogos no dejan de pregonar en ese desierto impopular que dicta que los bares, el corazón de la vida social en España, son ya el principal canal de transmisión del coronavirus. (ABC)

Sanidad despedirá a una cuarta parte de la plantilla de la Agencia del Medicamento en plena segunda ola. 126 de los 217 interinos de la Aemps podrían perder su puesto en pocos meses. Son casi una cuarta parte de la plantilla de una agencia clave en la lucha contra la Covid. (El Mundo)

"Hay que pensar en planes una vez que la recuperación se vuelva más fuerte y la pandemia haya pasado para que los países comiencen a acumular reservas, reduciendo sus niveles de endeudamiento y mejorando la situación fiscal", señala. Este consejo es aplicable a nuestro país, que sufrirá el mayor golpe entre las principales economías del mundo este año. Aunque la proyección para 2021 indique un repunte del 7,2% es importante destacar que la economía española no comenzará a reducir su tasa de desempleo hasta un año después. Todo ello en un momento en que la dependencia del turismo y el elevado número de contratos temporales son solo algunos de los factores que dificultan aún más la recuperación en España con respecto a otros países. (El Economista)

El proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos. El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos. (El Economista)

El Ejecutivo se reserva la decisión final a la negociación política y con agentes sociales. El documento que se remitirá a Bruselas no detalla aún las medidas tributarias sin acuerdo entre PSOE y UP. (El Periódico)

El sindicato CSIF denuncia que Función Pública ha presentado "un proyecto de oferta de empleo público que reduce en un 37,6% el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019". (El Mundo)

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la legislación laboral del PP ha demostrado durante estos meses que no sirve para la situación actual. “Hemos sorteado la reforma laboral”, declaró Díaz en un programa especial de EL PAÍS en el que respondió a los lectores del diario. El primer cambio en esta materia, anunció, será el que acabe con la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales. (El País)

El sector de la hostelería ha sido uno de los más penalizados por la pandemia sanitaria, y está todavía hoy sujeto a una enorme incertidumbre por las nuevas restricciones aprobadas en distintos territorios para frenar la segunda oleada del virus. Ayer, sin ir más lejos, Cataluña anunció el cierre de bares y restaurantes durante un periodo de 15 días. El otro sector que ve peligrar su futuro tras la crisis es el del automóvil. Aquí, el grado de vulnerabilidad financiera supera el 30% ante el profundo retroceso en la venta de vehículos que ha dejado la crisis. Ambas actividades elevan de manera notable el índice general por su elevado peso sobre la economía española y lo sitúan en torno al 20%, seis puntos más que antes de la crisis.  (El Mundo)

Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat): «El Gobierno ya llega tarde. Hay que reconstruir el turismo». «Nos sentimos olvidados. El Gobierno no ha entendido la importancia del turismo». (El Mundo)

CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación Bancaria La Caixa, ha llevado a cabo un proceso de rotación de sus inversiones no estratégicas entrando en sectores como la alimentación y distribución al adquirir pequeñas participaciones en Amazon, Nestlé, Danone y Grifols. Este tipo de inversiones no estratégicas alcanza un valor de mil millones. Las mayores participaciones empresariales de Criteria son CaixaBank, Naturgy, Telefónica, Cellnex, Suez y Saba. (Expansión)

Santander quiere asegurar el abono del dividendo para sus cuatro millones de accionistas. Pero para llevarlo a cabo debe antes buscar fórmulas para hacer frente al cupón de las emisiones de participaciones preferentes que tiene en marcha a pesar de que la entidad registrará pérdidas en 2020. En los folletos de las emisiones se establece que si Santander no paga a los preferentistas tampoco puede distribuir dividendos entre los accionistas. (Expansión)

La Inspección de Trabajo ha dado un nuevo golpe en su batalla contra los falsos autónomos. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado de alta de oficio en el régimen general de la Seguridad Social a 4.066 repartidores de Amazon que trabajaban como autónomos, tras una denuncia de UGT que demandaba que la relación de estos trabajadores con la compañía es laboral y no mercantil. Trabajan en vehículo propio en Madrid y Barcelona para el gigante del comercio online. La decisión sigue al fallo del Supremo a favor de un ‘rider’ de Glovo. (Cinco Días)

Félix Gullón, el hijo menor de María Teresa Rodríguez, la principal accionista de Galletas Gullón, se convierte en competencia de la empresa de su familia. El directivo, que ocupaba el cargo de director de Expansión de Galletas Gullón hasta junio, cuando abandonó la empresa tras 17 años en la misma, ha llegado a un acuerdo con Cerealto Siro Foods para adquirir su fábrica de Jaén y lanzar su propia marca de galletas. El empresario salió del consejo de administración de Gullón en 2019, al igual que sus hermanos Rubén y Hernán, coincidiendo con la decisión de su madre de nombrar presidenta a Lourdes Gullón, su otra hija, y nombrar consejero delegado a Juan Miguel Martínez Gabaldón, hasta entonces director general. (Expansión)

Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi y dueño de Cepsa, ha entrado en el capital de Enagás al adquirir el 3,1 por ciento por unos 160 millones de euros, según la información remitida a la CNMV. Mubadala afirma que su interés es cobrar el elevado dividendo que paga Enagás. El fondo se convierte en el quinto accionista, tras la Sepi, Amancio Ortega, Bank of America y Blackrock. (El Economista)

El gigante textil gallego aspira a 100 millones de la UE para una sede ecoeficiente en Arteixo. La multinacional quiere que el 80% de sus instalaciones sea renovable en 2025. (El Economista)

Los trabajadores acusan a Royal Caribbean de liquidarla con ayudas públicas. Los despidos afectarán a 350 trabajadores, el total de la plantilla. (Cinco Días)