(Exclusivas de la prensa de papel 16/12/2020) La gerente de Podemos reconoció que “no” dio cuenta de su subida de sueldo: “Yo lo decidí”

Rocío Val fue nombrada en marzo de 2019 como gerente del partido por Pablo Echenique, el actual portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados. Y tan solo un mes después decidió subirse a ella y a el tesorero, Daniel de Frutos, el sueldo con la creación de un complemento de coordinación ejecutiva, cuya creación no comunicó a nadie en el partido. Así lo confirmó Rocío Val en su declaración como investigada ante el juez Juan José Escalonilla celebrada el pasado 20 de noviembre, a cuya transcripción ha tenido acceso LA RAZÓN. (La Razón)

El responsable de Finanzas de Podemos, Daniel de Frutos, reconoció el pasado 20 de noviembre ante el juez que investiga al partido por financiación irregular y/o delito electoral que nunca antes se había contratado a una empresa como Neurona, «Que yo recuerde, esta era la primera vez así con un proveedor de estas características», señaló a preguntas de su abogada tras especificar que había participado en campañas anteriores. En la declaración íntegra ante el juez a la que tuvo acceso ABC, concedió que pese a la novedad, «no» pidió explicaciones, porque era asunto del responsable de la campaña y secretario de Comunicación, el también investigado Juan Manuel Del Olmo. Fue él, de acuerdo a su declaración, quien decidió la contratación de esta empresa, de la que el tesorero no sabía «nada». (ABC)

Pablo Iglesias se convirtió en el protagonista del viaje de Felipe VI a Bolivia, acompañado también por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, los días 7 y 8 de noviembre. El vicepresidente segundo se desplazó a Latinoamérica para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente boliviano, Luis Arce. Además, mantuvo una agenda paralela que incluyó encuentros con dirigentes populistas y bolivarianos y la firma de la llamada Declaración de La Paz en contra de «la ultraderecha que se expande a nivel global». Los movimientos de Iglesias causaron malestar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en otros departamentos del Gobierno. La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, se desmarcó públicamente y resaltó que la agenda de Iglesias no es la del Ejecutivo. Como aseguraron entonces fuentes de Exteriores, Iglesias tuvo «una agenda paralela» que llevó a cabo «al margen de la delegación oficial y como líder de Podemos, no como vicepresidente». Sin embargo, ahora y en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Gobierno defiende y asume el contenido de aquella declaración y afirma que no debe retirarse la firma de la misma. (El Mundo) (ABC)

«Arnaldo Otegi Mondragón ejercía, dentro de la comisión creada que se dio a conocer el día 16 de marzo de 2009, tareas de responsabilidad y proyección... en su calidad de portavoz autorizado del grupo extraído de la Izquierda Abertzale encargado de elaborar la nueva estrategia de ETA diseñada en diciembre de 2008». (La Razón)

De hecho, el alcalde de Madrid ya cuenta con el apoyo de varios alcaldes de la región y de presidentes populares de algunos de los principales distritos de la capital, según ha podido comprobar EL MUNDO en conversación con algunos de ellos, que piden mantener el anonimato. Son primeros ediles de algunos de los principales municipios que controla el PP en la Comunidad. Los más activos en defensa de la «tricefalia» son los de la corona noroeste. (El Mundo)

El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que las víctimas puedan reclamar las indemnizaciones impuestas hace décadas, además de establecer que no habrá límite de tiempo para exigir las que se fijen en las nuevas sentencias. El Pleno de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal cambió el lunes su doctrina y resolvió las discrepancias que había sobre cuándo pueden reclamarse las cantidades impuestas en una condena penal. La respuesta es que siempre. El Supremo cambia de doctrina y permite exigir cantidades impuestas hace más de 15 años. La sentencia tendrá repercusión en multitud de casos en todo tipo de delitos. Víctimas de delitos sexuales, de violencia de género o herederos de víctimas de un homicidio reconocidas en sentencias casi olvidadas podrán reclamar al juzgado que ejecute las indemnizaciones. Hasta ahora se interpretaba que transcurridos 15 años desde la condena sin actuar esa posibilidad de reclamar prescribía. (El Mundo)

Defiende la continuidad de la Asamblea Nacional y su reconocimiento como presidente encargado como "la defensa de lo que queda de democracia" en el país. (El País)

La revolución en Repsol sigue con paso firme. La petrolera tiene encima del tapete la venta de una parte de su filial de energías renovables y también de la de clientes. La OPV de la primera está casi asegurada para el próximo año, y la de la segunda es una opción para maximizar su valoración. Sería un estreno gigante, con una valoración mínima de 10.000 millones de euros, la mayor capitalización para una empresa que sale a Bolsa en décadas. Todo depende de quién pague mejor: fondos de infraestructuras y de pensiones en una operación privada, o los fondos de inversión, hedge funds e incluso inversores minoristas en un estreno en Bolsa. (Cinco Días)

«El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) adelantado para el año 2021 se estima en un -2,36% tras la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2020». ¿Y qué quiere decir esta conclusión a la que llega la Universidad de Valencia junto a la Universidad de Extremadura? Que las prestaciones deberían reducirse en ese 2,36% para asegurar la viabilidad y lograr el equilibrio de la Seguridad Social y que, por lo tanto, la prestación media tendría que reducirse en 336 euros al año. (El Mundo)

Alertaron de que las conversaciones entre Corinna Larsen y Villarejo merecían “la atención de las autoridades tributarias”. (La Razón)

La Guardia Civil encontró una factura que considera falsa y que sospecha que sirvió para desviar fondos para sufragar la estancia del expresident Carles Puigdemont en Waterloo. En un informe entregado al juez de instrucción 1 de Barcelona, que dirige la operación Voloh, y al que ha tenido acceso La Vanguardia , la policía judicial concluye que una factura girada en el 2017 por Jaume Cabaní –informático que trabaja a las órdenes de Puigdemont en Bélgica– a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes por valor de 10.594 euros es fraudulenta y sirvió para “transformar parte de una subvención pública” en fondos para el procés. (La Vanguardia) (El Periódico)