Exclusivas de la prensa de hoy
El BCE subió ayer un cuarto de punto los tipos de interés, hasta el 4%, y los sitúa en su nivel más alto en casi 15 años.
Y en política --para escándalo de muchos--, PP y Vox han cerrado acuerdos en Toledo, Guadalajara, Burgos, Elche, Valladolid y otros nueve ayuntamientos.
Estas son las exclusivas del día:
Fuentes de la inspección afirman que no hay medios para aplicar la norma firmada ayer entre Díaz y los sindicatos, y que tendrá que ser aprobada con las Cortes disueltas. (La Razón)
Las universidades expresan a Escrivá su «máxima preocupación» por el Estatuto del Becario. Los vicerrectores temen que recaiga sobre las universidades la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas no remuneradas. (ABC)
Distintos bancos de inversión, como Goldman Sachs, Barclays o JP Morgan, tienen claro que los dos partidos mayoritarios de nuestro país, Partido Socialista y Partido Popular, coinciden en su compromiso de «implementar» este apoyo fiscal que brinda Europa. Ahora bien, también reconocen que «el proceso electoral aumenta la incertidumbre sobre si el Ejecutivo será capaz de completar la revisión del Plan de Recuperación para finales de junio y recibir el apoyo adicional europeo. Si esto fuera así, el Tesoro podría fracasar en su intención de recibir 11.000 millones de euros de prefinanciación adicional [el equivalente al 1% del PIB] por parte de la Unión Europea para el segundo semestre del año, con el riesgo de tener que incrementar sus necesidades de financiación», apuntan los analistas de Goldman Sachs. (El Mundo)
Vuelve a activar por tercera vez el proceso de venta del edificio de oficinas de 45.000 metros cuadrados que posee en pleno Barrio de Salamanca. Recorta a 156 millones de euros el precio de salida de un activo por el que hace tres años solicitaba 196 millones y aparca la idea de hacer una puja al alza. (ABC)
La compañía pública recibirá ofertas hasta dentro de un mes, cinco años después de su último contrato. (ABC)
Santander releva a Simoes al frente de Europa y nombra a Castro e Almeida.
Javier Sáenz de Jubera: "En España vamos a llegar a 10.000 MW solares en 2023".
El 28-M disparó el trasvase de votantes de izquierdas a Feijóo, y el marco de acuerdos postelectorales hace más relevante el centro. (La Razón)
El PP evalúa los efectos de las concesiones a Vox en la Comunidad Valenciana. El acuerdo asume las tesis de Vox en materias de género, de medio ambiente o de inmigración ilegal. (La Vanguardia)
La dirección del PP recela del pacto valenciano con Vox: “Nos falta poner de portavoz a una tonadillera”. Génova defiende el acuerdo pese a las cesiones a los ultras con la violencia machista, que el texto denomina como “violencia intrafamiliar”. (El País)
La coacción a Sumar cesó el viernes en privado y el lunes en público, después de reservarse ocho puestos reales de salida. En el equipo de Díaz dan por zanjado el asunto. (La Razón)
En una insólita reclamación ante la Junta Electoral Central asegura que hay una «ocultación intencionada de datos de obligada publicación» como el domicilio del organismo que realiza el sondeo. (ABC)
El SUP había tachado de «despropósito» y una «humillación sin precedentes» que la Delegación del Gobierno en el País Vasco haya elegido a una persona con el historial de Atziber Bañuelos para este cometido. (ABC)
La Audiencia Nacional está estudiando la situación de 21 condenados por delitos de terrorismo elegidos en las listas de EH Bildu del 28-M para comprobar si tienen pendiente el pago de alguna responsabilidad civil. De ser así, los sueldos públicos a los que accederían dentro de unos días podrían ser embargados. El tribunal actúa a petición de Dignidad y Justicia, que el pasado día 8 presentó un escrito listando a los electos y pidiendo que se investigara si aún debían afrontar algún tipo de indemnización. Conforme a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, es el Estado el que afronta de forma inmediata el pago de las indemnizaciones y luego reclama el dinero a los condenados. (El Mundo)
Marlaska apoya que la Benemérita no cumpla el protocolo de seguridad que obliga a dejar el arma y mostrar el DNI si no van en comisión de servicio. (ABC)