(Exclusivas de la prensa de papel 17/02/2021) Paschal Donohoe (presidente del Eurogrupo): "Retirar antes de tiempo los estímulos es más peligroso que dejarlos demasiado"

De perfil conciliador y amable, el político irlandés lidera el órgano comunitario en un momento anómalo, que requiere de consensos para encauzar de forma adecuada la recuperación de la Eurozona. «La deuda debe volver a niveles sostenibles en los próximos años, pero ahora hay que sostener la economía», advierte. Donohoe recuerda que los datos del último año, si bien malos, han sido menos terribles de lo que se esperaba la pasada primavera. "Tenemos una atmósfera de incertidumbre, pero creo que las medidas económicas y de salud podrán llevar a la UE a un mejor lugar en los próximos meses". (El Mundo)

El Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está compuesto por 20 profesionales de la administración pública, de los que únicamente tres forman parte de los ministerios de Unidas Podemos. (El Mundo)

El Gobierno ultima las fórmulas para aliviar el exceso de deuda empresarial generado por la pandemia. En estos momentos está trabajando en cómo hacerlo de forma automatizada. La idea es filtrar mucho para ayudar solo a las empresas viables con un problema de sobreendeudamiento, admiten fuentes gubernamentales. Una posibilidad que se baraja es condonar una parte del 70% u 80% que ha avalado el Estado en los llamados créditos ICO. Pero otra opción que está también sobre la mesa es que haya una quita a esos préstamos y que la banca asuma la pérdida que le corresponda por la parte no avalada. Todavía no está decidido, apuntan estas fuentes. No obstante, las entidades y el Banco de España rechazan que el sistema financiero tenga que soportar un quebranto. (El País)

La banca exige ayudas directas a las empresas para contener un estallido de impagos. Las pymes reclaman transferencias como en Francia, mientras Economía se instala en ambigüedades como «aliviar la carga financiera». (ABC)

La campaña lanzada por el Ministerio de Trabajo para actualizar las cotizaciones de las empleadas domésticas que figuran dadas de alta en la Tesorería de la Seguridad Social está siendo un quebradero de cabeza para los hogares que quieren actualizar sus datos y evitar sanciones a partir del próximo 31 de marzo. Al igual que ha sucedido con otras iniciativas decretadas por el Gobierno en tiempos de pandemia, su ejecución por parte de la Administración o, en este caso, los ciudadanos, está siendo más que complicada. Funcionarios de la Tesorería de la Seguridad Social consultados por este diario indican que si hay problemas no se están notando de su lado del mostrador, aunque admiten que la brecha digital, especialmente en el caso de empleadores de avanzada edad, va a ser un problema para la actualización de las nóminas y cotizaciones de las empleadas del hogar. Entre los inspectores de trabajo no hay dudas de que cuando llegue abril, su departamento iniciará trámites para notificar infracciones. (El Mundo)

El principio de contributividad de la Seguridad Social podría estar en entredicho según un informe de la Fundación Civismo sobre las pensiones. El estudio refleja que los trabajadores con rentas más altas cotizan a la Seguridad Social, de media, durante su vida laboral un 36% más de la pensión que reciben una vez abandonan el mercado laboral. Y esa cohorte de población supone el 22% de los cotizantes. (El Economista)

CaixaBank negocia su entrada en el crédito sindicado que está armando BNP Paribas para financiar la opa de IFM sobre Naturgy. La entidad aportará 450 millones y el fondo ve un respaldo a su oferta. El fondo australiano IFM prepara la financiación de su oferta por el 20,6% de Naturgy. La entidad ha encargado a BNP Paribas, con la ayuda de Allen & Overy, que lidere la creación de un sindicato bancario que aporte cerca de 2.000 millones. Según indicaron fuentes conocedoras de la operación, la entidad francesa ha logrado aunar a los dos principales bancos españoles en la operación: Banco Santander y CaixaBank. (El Economista)

Naturgy y Catalonia Hotels han presentado su dimisión del pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona, donde ocupaban dos de las sillas de plata (como se conocen a los 14 asientos que se consiguen mediante aportación económica). Ambas compañías señalaron ayer que la decisión no está relacionada con discrepancias con la línea independentista marcada por el hasta ahora presidente de la entidad y nuevo diputado de JxCat en el Parlament, Joan Canadell, aunque varios miembros del pleno expresaron a EXPANSIÓN que existe una pérdida de interés por participar en las sesiones porque sus propuestas son continuamente ignoradas. (Expansión)

El área de infraestructuras de Acciona ha dado la talla en el ejercicio más complejo para el sector constructor debido al impacto del Covid. Según los datos provisionales, el grupo español ha cerrado 2020 con récord de contratación al haber superado los 8.000 millones de euros en nuevas adjudicaciones, lo que representa un salto exponencial respecto a la media de los últimos cinco años, en los que la empresa de la familia Entrecanales contrató algo más de 5.000 millones al año. (Expansión)

Telefónica ultima un acuerdo con el fondo Asterion para desprenderse de un nuevo paquete de centros de datos. A cambio, la teleco tiene previsto entrar en Nabiax, la compañía de centros de datos de Asterion, con un porcentaje del entorno a un 20%, según indicaron ayer a CincoDías en fuentes cercanas a la operación. La operación estaría valorada en unos 100 millones de euros. (Cinco Días) (El Economista)

Repsol se prepara para sacar a bolsa su filial de energías renovables. La compañía ha fichado como banco asesor a JP Morgan y como coordinador legal a Linklaters y a Uría. Las tres entidades serán las encargadas de diseñar la operación y calcular el momento perfecto para llevar a cabo esta operación, un extremo que podría producirse en la primera ventana de oportunidad que detecten estas entidades. (El Economista)

Ni Ferrovial, ni la alianza de Comsa y Serunion ni la francesa Newrest. Ninguna de las empresas que había expresado su interés para participar en el concurso de los servicios a bordo de Renfe, que incluyen entre otros los de las cafeterías en los trenes, ha presentado finalmente una oferta, según indican a elEconomista fuentes sindicales y empresariales. De este modo, la licitación, cuyo plazo para trasladar las propuestas expiraba este martes, ha quedado desierta y ahora el operador ferroviario tendrá que tomar una decisión sobre una cuestión que afecta a los más de 1.800 trabajadores que prestan estos servicios y forman parte en la actualidad de la plantilla de Ferrovial. (El Economista)

El grupo noruego Fredensborg, propietario del 50% de la cadena española Servatur, sale a la caza de nuevas oportunidades de inversión en el mercado español. Según han explicado diferentes fuentes financieras a elEconomista, el grupo ha contratado a la división de banca de inversión de Alantra para invertir 500 millones de euros en hoteles en España. El planteamiento de la compañía pasa por agrandar su cartera hotelera aprovechando las necesidades de recapitalización del sector y la bajada en los precios de estos activos en el país. Este diario contactó con Alantra, que declinó hacer comentarios sobre esta información. (El Economista)

La venta de Alvinesa, la mayor destilería española, acelera. Artá, la gestora de capital riesgo de la familia March que cuenta con el 30% de la compañía, ha seleccionado a los cuatro fondos finalistas para hacerse con la firma. Se trata de un vehículo de private equity de Goldman Sachs, los europeos ICG y Riverside y una entente entre Freeman y Torreal. Las pujas parten de los 300 millones. El 70% del capital está en manos de la familia Cantarero, fundadora de la destilería, en la que Jesús Cantarero es CEO. (Cinco Días)

La banca trata de mitigar el impacto de los tipos bajos impulsando la venta de hipotecas a interés fijo. Las grandes entidades del país ya comercializan el 66% de las nuevas hipotecas que dieron a lo largo de 2020 a tipo fijo. El mercado da un vuelco en una década, cuando más del 98% de la financiación era a variable. (El Economista)

La presidenta de la Comunidad de Madrid presenta hoy ante los agentes sociales y económicos los proyectos de inversión en el marco de los fondos de ayuda procedentes de la UE. (Expansión)

El Partido Popular ha reaccionado al mal resultado de las elecciones catalanas del 14-F con un golpe sobre la mesa para romper de una vez por todas con su pasado más oscuro de corrupción, que otra vez ha sido protagonista en una campaña electoral. Ante el Comité Ejecutivo Nacional, Pablo Casado anunció la mudanza de la sede nacional para dejar atrás, como parte de una etapa negra, todo un símbolo, Génova, 13, que se relaciona sin remedio con los escándalos del partido de épocas anteriores. (ABC)

El PP tiene hipotecada su sede de Génova hasta 2036 con el Banco Santander, pagó por ella 39,9 millones y necesita ingresos. Bárcenas cerró la adquisición en lo alto de la burbuja con un préstamo hipotecario a 30 años que aún no ha sido devuelto en su totalidad. El partido entró en déficit en 2019 tras las derrotas electorales. (El Mundo)

El PP ingresaría hasta 70 millones por vender su sede y 160.000 euros al mes por alquilarla. Las estimaciones de Idealista y Colliers recuerdan que el valor dependería del uso final del inmueble. (Cinco Días)

A la espera de que el juez que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos decida si incorpora también a la causa las pesquisas para intentar esclarecer si la ministra de Igualdad, Irene Montero, utilizó a una trabajadora del partido –ahora asesora de la ministra– para el cuidado de sus hijos, el conocido como «caso niñera» ha llegado ya a la Fiscalía Anticorrupción. Manos Limpias presentó ayer una denuncia por delitos de prevaricación y malversación. El colectivo de funcionarios pide a la Fiscalía que se cite a declarar a la ministra de Igualdad Solicita además que testifique la exabogada de Podemos que denunció al juez el «caso niñera». (La Razón)

La evaluación de la gestión de la pandemia de Covid-19 sigue siendo la gran asignatura pendiente en España. Casi doce mes después de que estallara la peor crisis de salud pública de los últimos cien años, con más de tres millones de contagiados y 66.600 muertos oficiales reconocidos, los trabajos para analizar los errores cometidos y mejorar la respuesta frente al virus no sólo no han comenzado, sino que ni siquiera han visto aún la luz los criterios bajo los que deberían regirse. De momento, las promesas que efectuó en octubre el ya ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, de poner en marcha la investigación «en el plazo máximo de un mes», han caído en saco roto, para desesperación del grupo de reputados especialistas españoles que ha venido demandándola a través de la revista científica «The Lancet» durante los últimos meses. (La Razón)

España recibirá el cuádruple de vacunas en el segundo trimestre. Las previsiones que maneja la Unión Europea son llegar a los 300 millones de dosis de las tres compañías hasta ahora aprobadas (Pfizer, Moderna y AstraZeneca) más unos 80 millones de Janssen, según algunas fuentes. En total, serían 380 millones, de los que a España le corresponden el 10% según el criterio de población. Estos viales serían suficientes para vacunar a unos 28 millones de españoles en julio, dejando para el resto del verano a otros cinco millones y así lograr el 70% de la población. (El Economista)

Podemos sigue enfrascado en su particular ofensiva contra la institución monárquica y contra el actual Rey Felipe VI. Desde el Congreso de los Diputados hasta el pleno de muchos ayuntamientos del país. En la localidad madrileña de Móstoles, la formación morada ha lanzado una propuesta para que la Princesa de Asturias renuncie a sus planes de comenzar sus estudios de Bachillerato en Gales a partir del próximo curso. La iniciativa formulada por su portavoz, Mónica Monterreal, plantea que la Princesa Leonor realice esos estudios desde septiembre en un instituto de Móstoles: “Desde Podemos Móstoles pedimos a la presunta próxima jefa del Estado que en lugar de despilfarrar todos los años más de 76.000 euros, que serán pagados por todos los españoles y españolas, estudie en uno de los institutos de educación secundaria de la localidad”. (La Razón)