(Exclusivas de la prensa de papel 17/06/2021) La UE suspenderá los fondos europeos en caso de violación de la independencia judicial

Las multimillonarias partidas de subvenciones europeas quedarán en suspenso en aquellos países donde se “impida la revisión judicial efectiva de decisiones administrativas” relacionadas con la ejecución de los fondos comunitarios, según el borrador de las directrices elaboradas por la Comisión Europea para aplicar el reglamento de condicionalidad ligado al respeto del Estado de derecho. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se decanta por una aplicación estricta del reglamento y advierte de que además de investigar los riesgos caso por caso tomará en cuenta también la erosión acumulada del Estado de derecho que ponga en peligro la adecuada gestión de los fondos europeos. Ese deterioro “puede justificar proponer medidas que entrañarían un impacto financiero significativo para el Estado miembro concernido”, señalan las directrices. En el terreno de la independencia judicial, España ya recibió un bocinazo de la Comisión cuando el PSOE y Unidas Podemos plantearon una reforma, después abandonada, que pretendía rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bruselas ha advertido de que seguirá muy de cerca la reforma de ese órgano judicial y ha recomendado a España que consulte con la llamada Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que supervisa las reformas de calado constitucional o especialmente sensibles para una democracia de calidad. (El País)

La reforma laboral y las pensiones condicionarán los fondos europeos de 2022 y 2023. Los desembolsos se concentrarán en los dos primeros años de aplicación del plan: unos 18.000 millones en 2022 y unos 17.000 millones en 2023. (El Periódico)Bruselas impone diez controles al año para vigilar la gestión de los fondos. Desde el momento en el que se ejecuten los fondos, la Comisión pone en funcionamiento una mecánica de controles, que son los que permitirán que los fondos lleguen o no a los Estados miembros. Así, desde el minuto cero, el primer examen del cumplimiento de las ayudas tendrá lugar cada dos meses -de carácter bianual, habrá seis controles de este tipo al año-. El siguiente de los controles será más imperativo, y vendrá al sexto mes desde la ejecución de los proyectos (dos controles al año). (El Economista)

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para que queden congelados los contratos de alquiler en zonas que se declaren tensionadas, en principio por un periodo de tres años. Los socios del Gobierno resuelven así una de las discrepancias que bloqueaban la ley de vivienda. Los contratos nuevos en esas áreas tendrían como tope el precio del alquiler anterior. (El País)

La lista de grandes morosos con Hacienda que el Gobierno viene publicando anualmente desde diciembre de 2015, señalando a aquellos contribuyentes con pagos pendientes por más de un millón de euros, acaba de ser arrinconada contra las cuerdas judiciales por una de las mayores deudoras que ha aparecido en ella. Es la consecuencia de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de un recurso presentado por la empresaria Cristina Cort Lagos, que en 2018 encabezó junto a su hermano Luis el ranking de particulares. El alto tribunal decidirá ahora si los contribuyentes con deudas derivadas de delitos fiscales deben aparecer en el listado y si su mera existencia vulnera el derecho a la intimidad de los contribuyentes que figuran en ella. (Cinco Días)

El factor de sostenibilidad que había impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011, que ajustaba las jubilaciones a la esperanza de vida, será derogado este mismo año por el Ejecutivo en su ley para la reforma de las pensiones que está negociando con sindicatos y patronal. Así figura en el borrador del anteproyecto de la nueva ley de pensiones que Seguridad Social envió a los agentes sociales esta semana, y al que ha tenido acceso CincoDías. En su sustitución, el Gobierno “establecerá, en el plazo de 12 meses, y previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”. “Este nuevo mecanismo deberá estar definido en el momento de entrada en vigor de esta ley”, indica el texto. (Cinco Días)

Jaime Sáez de Tejada, director financiero del banco español, afirmó ayer en una reunión con analistas financieros que si se confirma el levantamiento de las restricciones –impuestas inicialmente por la pandemia del Covid hace más de un año–, su entidad podría iniciar en noviembre el programa de recompra de acciones prometido hace unos meses. La idea del grupo que preside Carlos Torres es adquirir alrededor del 10% de su propio capital, que a los precios actuales del mercado tiene un valor de unos 3.500 millones de euros. (Expansión)

José María Álvarez-Pallete prometió una reducción de 9.000 millones de deuda neta este año, algo que hasta ahora los analistas no habían incluido en sus pronósticos, pero que, poco a poco, está calando en las estimaciones del consenso. La teleco española cerró 2020 con un pasivo neto de 41.700 millones. Aunque todavía la media no alcanza los 9.000 millones previamente citados, ya recoge una parte de las operaciones anunciadas en los últimos meses, dejando el apalancamiento en 2,6 veces su ebitda proyectado para 2021 (0,6 veces menos que a comienzos de año), lo que le deja a solo 0,2 veces de la media de las 10 grandes del sector, por debajo de la de Deutsche Telekom y la de Vodafone y solo por encima de la de Orange, que cerrará el año con una deuda de 2 veces. No obstante, recibe un consejo de mantener. (El Economista)

NK5, la firma de asesoramiento capitaneada por Juan José Nieto, estudia el lanzamiento de la que se convertiría en la primera SPAC que cotice en España. Este tipo de compañías, muy frecuentes en otros países como Estados Unidos, nace con un propósito especial de compra. Es decir, con la intención de recaudar capital para realizar una potencial fusión o adquisición de otra compañía, para lo que se les da un plazo de dos años. La intención de NK5 es que esta SPAC tenga un tamaño de 100 millones de euros, según han explicado diferentes fuentes financieras a elEconomista. (El Economista)

La duración de una patente farmacéutica es de 20 años, pero el tiempo de explotación para la compañía ronda el 50%. La investigación, desarrollo clínico y, posteriormente, la aprobación y financiación difícilmente se puede rebajar de los diez años. En esta fase final también se encuentra la puesta a punto de las fábricas para la producción del fármaco. (El Economista)

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reclama un traspaso completo del ingreso mínimo vital al País Vasco. Considera que el ministro Escrivá pretende que Euskadi actúe como una ETT subcontratada por el Estado con el IMV. Además, muestra su enojo por los retrasos en el tren de alta velocidad, dice que el traje de los Estatutos y la Constitución se nos ha quedado pequeño a todos y se muestra partidario de los indultos a los presos del procés. (El Economista)

El Ministerio tendrá que justificar por qué acercó a los asesinos del fiscal Portero de esta forma tras el recurso de su hijo y presidente de Dignidad y Justicia. (ABC)

El Rey fue ayer protagonista de la reunión del Círculo de Economía, y fuentes próximas al Gobierno aclararon que «está informado» de todas las decisiones que afectan a la negociación abierta con ERC para dar una salida política al problema catalán. «Conoce lo que pasa, y seguirá estando informado de cada paso», fue la explicación que dieron, después del duro encontronazo del líder de la posición, Pablo Casado, con el presidente del Gobierno en el Congreso. Moncloa dice que el Rey está informado de su estrategia, mientras en el PP la mayoría comparte el sentido de las polémicas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la «complicidad» obligada a la que el Gobierno forzará a Felipe VI con la firma de los indultos, aunque esta firma entre dentro de sus obligaciones constitucionales. (La Razón)

Por lo pronto, y en lo que respecta a la actuación de la Fiscalía, fuentes jurídicas sostienen que en coherencia con el planteamiento de que no hay razones de justicia, equidad, utilidad pública o arrepentimiento que justifiquen estos indultos, el Ministerio Púbico debería recurrir tan pronto como el Consejo de Ministros aprobara estas medidas de gracia. En su caso como representante de una pluralidad de víctimas de los delitos de sedición y desobediencia y por haber sido parte del proceso penal en el que se ha dejado inefectiva la sentencia. Sin embargo, por primera vez desde el inicio de la causa del ‘procés’ en el Supremo, hay un elemento nuevo: el asunto ya no está en manos de los cuatro fiscales de sala que durante todo este tiempo han llevado la acusación pública, sino de sus compañeros de lo Contencioso-administrativo. Esto implica que al tratarse en definitiva de un movimiento nuevo, la decisión última esté en manos de la fiscal general, Dolores Delgado, y del fiscal en el que delegue esta iniciativa. La Fiscalía es una, y por «coherencia, justicia y dignidad», fiscales adscritos a la Sala Penal sostienen que el Ministerio Público debe recurrir. Sin embargo, no todos los juristas consultados tienen claro que pueda hacerlo. (ABC)

José Manuel Villarejo urdió un plan para extorsionar al abogado Javier Iglesias, según consta en una carta que escribió desde la prisión de Estremera (Madrid) el empresario Alfonso Pazos, quien actuaba como «intermediario» del comisario jubilado. Este preso, según el magistrado que investiga la «operación Kitchen» en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, procedía «bajo las instrucciones» del presunto cabecilla del denominado por Anticorrupción «clan policial mafioso». Y con la misiva pretendía obtener información del letrado, a quien el comisario jubilado consideraba una persona muy cercana a Mariano Rajoy. (La Razón)

El juez investiga si Interior espió las conversaciones de Bárcenas con sus abogados en la cárcel. El juez Manuel García Castellón investiga el espionaje llevado a cabo por el Ministerio del Interior a Luis Bárcenas en la prisión madrileña de Soto del Real cuando ingresó por primera vez en 2013 por el caso Gürtel. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha rastreado durante los últimos meses en secreto cómo se infiltró en el centro penitenciario el operativo para espiar al ex tesorero del PP mientras libraba una guerra abierta contra la cúpula del PP y, especialmente, con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (El Mundo)

«Es mejor sacarlos, en la cárcel son mártires», afirmó a este diario uno de los más relevantes directivos catalanes del Cercle, la influyente asociación que tiene a altos empresarios y banqueros en su cúpula. Este empresario explicó, pidiendo anonimato, que con una inhabilitación y una multa tendrían mucha menor relevancia. No con esas palabras, pero ésa fue la posición que adoptó públicamente ante Aragonés el propio Faus. «Cualquier medida amparada por el ordenamiento jurídico, y los indultos lo son, tendrá el respaldo del Círculo», proclamó. Pidió al dirigente de Esquerra eso sí, que haya «gestos de ida y vuelta». (El Mundo)