(Exclusivas de la prensa de papel 17/07/2021) El Constitucional prepara un fallo contra el cierre del Congreso en marzo de 2020

El parón del Congreso que decidió su Mesa el 19 de marzo de 2020, cinco días después de que el Gobierno decretase el estado de alarma que confinó a toda España por la pandemia, vulneró el derecho al control parlamentario del Gobierno por los grupos de la Cámara baja. El Tribunal Constitucional deliberó ayer sobre el recurso presentado por Vox hace más de un año contra el acuerdo de la Mesa del Congreso que suspendió los plazos de las iniciativas parlamentarias en tramitación entre el 14 de marzo y el 13 de abril de 2020, en pleno confinamiento domiciliario de España por la pandemia. La mayoría conservadora defendió un criterio contrario al del ponente de la sentencia, Antonio Narváez, también conservador, quien proponía desestimar el recurso de Vox. Tras escuchar a sus compañeros de sector, Narváez se comprometió a redactar una nueva sentencia estimatoria del recurso y llevarla al próximo pleno para su aprobación, según fuentes del tribunal. El futuro varapalo del Constitucional al Congreso por las decisiones tomadas a raíz de la pandemia se une a la declaración de inconstitucionalidad del confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno en el primer estado de alarma. El ponente de esta sentencia, el magistrado Narváez, también deberá llevar al pleno del Constitucional su propuesta sobre los recursos contra el segundo estado de alarma. (El País)

La resaca política que deja el golpe del Gobierno a las eléctricas, en su plan de choque para rebajar el precio de la luz, coloca en una posición delicada la estabilidad de la coalición, principalmente en su relación con el PNV. La decisión complica el equilibrio de apoyos a Sánchez, porque los nacionalistas vascos critican la improvisación y desinformación: «Esto es de lo que hace caer a un Gobierno». El PNV coincide con el ala socialista más escéptica en dar por hecho que al Gobierno no le queda más alternativa que enmendar el Decreto que regula el hachazo a las eléctricas. «El decreto tiene que cambiarse, y cuanto antes mejor porque no sólo daña a las eléctricas sino también a otras empresas industriales que trabajan para las renovables, por ejemplo, o a los bancos, porque están financiando empresas que van a quebrar». En el caso del PNV hay que tener en cuenta que el hachazo afecta a Iberdrola, que tiene su sede y tributa en el País Vasco, lo que explica que los nacionalistas estén tradicionalmente alineados con sus intereses. (La Razón)

La nueva reforma energética emprendida por el Gobierno español de Pedro Sánchez ha hecho saltar todas las alarmas en la comunidad inversora internacional. Todos los informes de analistas financieros que se están publicando, y que sirven de referencia para la toma de decisiones de los grandes fondos internacionales, alertan del grave problema de inseguridad jurídica que se ha creado en el sector en España y sus consecuencias en un momento especialmente delicado de la economía de este país. No se trata solo del efecto concreto y multimillonario que pueda tener en las empresas energéticas tradicionales como Endesa, Iberdrola o Naturgy, o las renovables. Lo más grave es el incremento del riesgo país justo cuando España más necesita atraer capital extranjero. La riada de documentos analizando la reforma ha sido imparable. EXPANSIÓN ha seleccionado una decena. (Expansión)

El Gobierno intentó ayer sofocar de forma urgente el incendio creado en el sector de las renovables con la nueva reforma energética, matizando algunos puntos para que quedara claro que determinados proyectos de energía verde no estaban afectados. Según comunicados internos de la agrupación fotovoltaica Unef, a los que tuvo acceso EXPANSIÓN, los responsables de esta asociación se reunieron ayer con la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, quien les explicó que iba a matizar la regulación que se ha puesto en marcha para excluir a determinados proyectos de renovables de los recortes que se plantean en el nuevo real decreto- ley. (Expansión)

Las eléctricas demandarán al Gobierno por su intervencionismo. Nueva batalla judicial en ciernes del sector eléctrico contra el Gobierno con multitud de precedentes de condena al Estado. Las empresas eléctricas están ya recabando informes jurídicos para demandar al Gobierno por su decreto de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Su decisión es demandar, salvo cambio radical del decreto. «Estamos convencidos de su ilegalidad», afirman en una de las principales eléctricas del país. «No podemos impugnar un decreto, pero sí los actos administrativos que se deriven. Impugnaremos la primera liquidación que nos hagan en base a esa norma», coinciden en otros dos grandes grupos eléctricos del país. Entre los argumentos figura la intervención que supone el decreto en sus contratos de venta de energía que les coloca en pérdidas y riesgo de ruptura con los clientes. Argumentan que el Gobierno les obliga a pagar dinero al Estado por encima del precio al que han vendido al cliente lo que puede constituir una causa de fuerza mayor para cancelarlo en un caos regulatorio sin precedentes. (El Mundo)

El día 30 concluye la prórroga de los ERTE vinculados al coronavirus y en las negociaciones para su extensión el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá va a plantear una nueva rebaja en las exoneraciones de las cuotas que pagan las empresas por los trabajadores que se mantienen suspendidos para seguir incentivando su reactivación. (El País)

Maurice Obstfeld, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional y antiguo miembro del Consejo de Asesores Económicos bajo la Administración de Barack Obama, fue uno de los ponentes durante la última conferencia virtual de Jackson Hole (Wyoming) organizada por la Reserva Federal de Kansas City. Durante una conversación con elEconomista, este profesor de Economía en la Universidad de Berkeley avisa de que “los tipos de interés en Estados Unidos subirán en 2022, mucho antes que en Europa, donde las expectativas de inflación siguen estando mucho más contenidas”. (El Economista)

os minoritarios de Abengoa, encabezados por Clemente Fernández, expresidente de Amper, van a intentar de nuevo el asalto al consejo de Abengoa en la próxima junta, prevista para el día 1 de octubre. Reabren así la batalla por el control de la compañía, ahora en situación de administración concursal. Según un comunicado remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la junta de accionistas prevista para el 1 de octubre deberá votar el nombramiento como consejeros de Clemente Fernández, que aspira a presidir la compañía, y de José Joaquín Martínez Sieso, expresidente de Cantabria. Ambos han estado encabezando el ala más rebelde de los accionistas minoritarios, que se han estado oponiendo a los sucesivos planes de rescate planteados por el consejo. (Expansión)

Iberdrola ha presentado en Estados Unidos dos solicitudes para la adjudicación de 2.000 MW de generación por la vía de la eólica marina, adicionales a los proyectos de offshore que ya desarrolla en el país. A través de su participada Vineyard, en cuyo capital también está presente el fondo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), la petición tiene que ver con nuevas explotaciones renovables frente a las costas de Massachusetts. Las propuestas, denominadas Commonwealth Wind, consisten en dos parques de eólica marina de 800 MW y 1.200 MW de capacidad. Suponen cientos de millones de inversión en nuevas infraestructuras, cuya construcción generará miles de empleos, siempre desde el respeto al entorno, según fuentes cercanas a la operación. (Cinco Días)

Helvetia, Ibercaja y Unicaja han formalizado un préstamo subordinado de 175 millones de euros a su aseguradora Caser. Con esta inyección de fondos de sus accionistas, la entidad puede “continuar con su nivel óptimo de solvencia al cumplir los requisitos para ser fondos propios básicos de nivel 2”, según se explica en las últimas cuentas de la compañía. Caser tiene un margen de solvencia del 165%, con un excedente de 488,6 millones al cierre del año pasado. El tipo de interés aplicado a la nueva emisión es del 3,1%, “en términos de estricto mercado”, apunta la entidad. (Expansión)

Hasta 26 analistas, de los 34 que la siguen en Bloomberg, han revisado su posición en Inditex tras la presentación de los resultados. Y diez han cambiado su precio objetivo, siendo nueve los que lo han elevado (ver gráfico). De media, establecen un precio de 33 euros, un 2,8% más que antes de conocer sus cuentas semestrales. Estos diez analistas auguraban alzas hasta los 32,10 euros antes de los resultados. (El Economista)

Mahou-San Miguel inicia la senda de la recuperación. Después de haber conseguido mantener el año pasado los beneficios a pesar de la crisis y el cierre de los bares, el gigante cervecero español se acerca ahora ya a las cifras de ventas previas al inicio de la pandemia. (El Economista)

Los fondos de renta fija china emitida en yuanes ya están ofreciendo una exorbitante rentabilidad media del 8,12%, lo que supone ocho veces más de lo que se gana con los fondos de deuda global. (El Economista)

La reforma que limita las funciones del Consejo le impedirá proponer en junio a dos magistrados. Junto con los dos que corresponden al Gobierno, el Constitucional invertiría el 7-5 actual. (ABC)

Las víctimas del terrorismo de ETA se sienten «abandonadas». Hasta ayer conservaban esperanzas de que la Audiencia Nacional prohibiera el acto de homenaje que la izquierda abertzale rendirá a Henri Parot mañana en Mondragón. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha dado luz verde a los actos. «Se han cruzado todas las líneas y no queríamos permitir que se ensalzara a un asesino y se nos humillara sin levantar la voz». Quien habla es José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, actual diputado por Vox, y quien perdiera a un hermano y dos sobrinos por un atentado perpetrado por el homenajeado. Parot está condenado por 39 asesinatos. La Policía y la Guardia Civil le consideran el asesino más sanguinario y despiadado de la organización terrorista. Alcaraz, que estuvo al frente de la AVT, perdió a sus familiares en el atentado que dirigía el terrorista contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. (El Mundo) (ABC)

No se le cae de la boca la palabra agravio y se refiere con dureza y un punto de indignación a la actitud que Pedro Sánchez mantiene con su tierra. “Si el Mar Menor estuviera en Cataluña ya estaría recuperado. Es una cuestión de Estado”, señala. Pide una mesa bilateral para este asunto, “mucho más importante que lo que piden los independentistas”. (El Economista)

José Luis Moreno quiere anular el caso Titella en el que figura como director de una trama para defraudar a bancos que, según las diligencias, se hizo con 85 millones de euros de manera ilícita a través de 700 empresas fantasma. La defensa del showman pretende dar un vuelco al proceso para invalidarlo alegando que está viciado. En su recurso, solicita que queden sin efecto todas las actuaciones practicadas por los investigadores a partir del 23 de agosto de 2018 –que es cuando arranca Titella– al entender que provienen de un caso que, a su juicio, otro juzgado debió anular. Concluye que si se hubiera archivado, Titella no habría existido. (El Mundo)